Durante las últimas décadas, el eje de las demandas de las mujeres en torno a trabajo y empleo se ha situado en los asuntos de visibilización y revalorización. Era imperativo hacer visible la presencia de las mujeres en las actividades económicas y en el mercado de trabajo -largamente subestimada o desconocida-, poner de relieve las condiciones de desventaja, desigualdad y discriminación que han caracterizado dicha presencia; junto con ello, sacar a la luz el trabajo doméstico impago tradicionalmente a cargo de las mujeres, su importancia para la reproducción social, las condiciones casi siempre precarias en que se realiza, las limitaciones que impone a la hora de realizar tareas remuneradas. Al "revelarse" estos hechos, se ha puesto también énfasis en el reclamo de un impostergable reconocimiento económico y simbólico que la sociedad debe a tales aportes de las mujeres, conforme a elementales principios de justicia y equidad; como expectativa de más largo plazo se mantienen los planteamientos de transformación profunda del patrón de división sexual del trabajo que está en el origen de estas iniquidades. La información estadística disponible en Ecuador sobre el tema es aún incompleta e inadecuada, pero ya se está dando pasos para superar estas limitaciones. En este breve documento, se retoma algunas de las fuentes existentes para ilustrar las características y tendencias del empleo e ingresos de las mujeres en el Ecuador. Las mujeres como actoras económicas Las estadísticas oficiales, basadas hasta hoy en una perspectiva convencional de la economía, consideran Población Económicamente Activa (PEA) a las personas de 12 años y más que están en el mercado laboral, sea trabajando o en busca de trabajo, y Población Económicamente Inactiva (PEI) a quienes no participan de este espacio o están impedidos de hacerlo. Son definiciones que dejan fuera actividades permanentes u ocasionales de producción de bienes y servicios para la autosubsistencia o para el mercado -determinando un subregistro especialmente perjudicial para el trabajo de las mujeres rurales-, y que clasifican como inactividad a los quehaceres domésticos. Los datos así construidos en base al último Censo de Población (1990), señalan que la PEA estaba formada por un 26% de mujeres y un 74% de varones. A su vez, en la PEI el 77% eran mujeres y el 23% varones. Entre los inactivos varones predominan los estudiantes (79%), mientras que entre las mujeres la mayoría se dedica a los quehaceres domésticos (72%). Interesa resaltar este último dato, ya que en este rubro de inactividad se oculta y se quita valor económico a un importante componente del trabajo femenino, que como ya se indicó afecta no solo a las actividades reproductivas, sino también a algunas productivas, especialmente en el sector rural y en el sector informal urbano. Las mujeres en el mercado laboral Como es ya ampliamente reconocido, la presencia de las mujeres en el mercado de trabajo está determinada por factores específicos, que van más allá de los estrictamente considerados como de oferta y demanda; entre ellos destaca el rol reproductivo, a su vez relacionado con la situación familiar, el número y edad de los hijos o dependientes, etc. Las obligaciones domésticas constituyen un considerable obstáculo para la actividad laboral, pese a que, siguiendo una tendencia común a los países de la región, la participación femenina en el mercado ha experimentado un crecimiento sostenido, estimándose que en la actualidad alcanza tasas netas del 48.7% en el área urbana y del 53.2% en el campo. Las más altas tasas de participación, según datos censales, se dan en el grupo de edad de 25 a 44 años, esto es justamente en el período de más trabajo reproductivo, cuando la mayoría de mujeres tiene a sus hijos y se encarga de su cuidado. También se admite que en el ámbito laboral hay una dinámica de género, con aspectos materiales y simbólicos que definen una situación de desventaja para las mujeres, que se expresa fundamentalmente en fenómenos conocidos como segmentación o segregación ocupacional y discriminación salarial. Considerando la persistencia de estos fenómenos, Susan Joekes (en La mujer y la economía mundial, Siglo XXI/Instraw) plantea que el incremento del empleo femenino en los países llamados "en desarrollo", constituye "la última expresión de las ventajas comparativas" en el mercado internacional. Esta autora sostiene que el crecimiento y la competitividad de las exportaciones provenientes de estos países se basan en las bajas remuneraciones de las mujeres, fruto de la discriminación salarial imperante. Su análisis constata que los cambios económicos de los últimos años han determinado cambios en la estructura del empleo general y especialmente en el empleo femenino. La liberalización del comercio ha incidido en el sector industrial y la globalización en el sector servicios; en ambos han aumentado las oportunidades para el trabajo remunerado de mujeres, tanto no calificadas como calificadas, pero con persistentes desventajas salariales y de calidad de los empleos. La segregación ocupacional En el último período intercensal (1982-1990) se observó una tendencia generalizada de aumento de las actividades por cuenta propia y de restricción relativa del empleo asalariado; esto refleja que el crecimiento del mercado laboral se da por el lado de la oferta, ya que en el marco de la prolongada recesión económica la demanda más bien se ha estancado. En este marco se ratificó la tradicional estructura de concentración de mujeres en las ramas económicas de servicios y comercio. En la información censal recién referida es notable el subregistro de las trabajadoras del campo, que posteriormente ha empezado a ser corregido. Más aun, con frecuencia se habla del nuevo fenómeno de "feminización" de la agricultura, lo que parece contradictorio al considerar que, manteniendo una vieja tendencia, el índice de feminidad en el sector rural, a nivel del país y de la mayoría de provincias, es más bajo, debido a la migración de mujeres. La información sobre categorías ocupacionales es muy significativa respecto de la calidad de los empleos de las mujeres y de su acceso a recursos. Los datos más recientes (Encuesta de Condiciones de Vida -ECV- 1994) revelan que el grupo más numeroso (29.9%) se ubica como trabajadora sin pago (o trabajador familiar sin remuneración), luego están las trabajadoras por cuenta propia (23.2%), y en tercer lugar las empleadas privadas (21,3%); como patronas solo figuran el 2,3% de las mujeres activas (Cuadro No. 1). Puede considerarse que hay ocupaciones relativamente feminizadas cuando la presencia de mujeres es superior a la tasa de participación femenina global, esto es al 26% si se considera el Censo de 1990, o al 50,5% si la referencia es la Encuesta de Condiciones de Vida de 1994. Entre este tipo de ocupaciones tiene un lugar destacado la del magisterio. Si en términos generales hay mayoría de mujeres (58%), el predominio es total en el nivel pre-primario (90%), muy significativo en el primario (68%), y se revierte en el secundario (44%). Este comportamiento grafica bien el funcionamiento de las jerarquías ocupacionales, ya que a medida que asciende la remuneración y el estatus del empleo, baja la participación femenina. Además, la enseñanza a nivel pre-primario y primario es vista aún como una especie de prolongación del rol materno, por lo que se atribuye esa tarea preferentemente a las mujeres. Otra de las ocupaciones tradicionalmente asignada a las mujeres es el servicio doméstico, que en la actualidad da empleo al 8,2% de la PEA femenina (frente a solo el 0,2% de la PEA masculina), situándose por sobre el empleo en el gobierno. Es sin duda el más bajo escalón ocupacional, debido a la precariedad de las condiciones de trabajo, la casi ausencia de protección laboral, las remuneraciones bajísimas, y por otros factores como las situaciones de violencia y abuso que deben afrontar sobretodo las más jóvenes, casi siempre migrantes desde zonas rurales. Un nuevo segmento de ocupaciones feminizadas es el de las agroindustrias de exportación (especialmente floricultura), donde se estima que hay un 70% de mujeres, que se concentran en actividades de cosecha y post-cosecha, menos remuneradas que las de los varones dedicados a tareas de cultivo. Las condiciones de trabajo, otra vez, son precarias y riesgosas: exposición a agroquímicos, prolongación máxima de las jornadas laborales en temporadas altas, negociación individual de la remuneración que, no obstante, tiende a ser mayor que cualquier otra del sector agrícola. La discriminación en los ingresos El más significativo síntoma de la discriminación en los ingresos es la elevada proporción de mujeres registradas como trabajadora sin pago. Según la ECV de 1994, a nivel nacional este grupo es el más numeroso entre las categorías ocupacionales consideradas, representando el 29,9% de la PEA femenina; en el campo asciende al 48%, esto es casi la mitad de las mujeres económicamente activas. Entre quienes si perciben ingresos por su trabajo, predominan también brechas desfavorables a las mujeres. En 1990, (según la Encuesta Permanente de Hogares, Instituto Nacional del Empleo) las remuneraciones femeninas eran inferiores en el orden del 27% en el sector moderno, del 24.3% en el sector informal, del 26,6% en el sector agrícola, y del 33% en el servicio doméstico. Datos de la ECV 1994 indican que "las mujeres asalariadas ganaban en promedio 14% menos que los hombres asalariados, y las mujeres no asalariadas obtenían en promedio la mitad de los ingresos que los hombres" (1). Comparando los ingresos de jefes y jefas de hogar, esas últimas tenían una desventaja del 44% en 1994. Ya que estas diferencias de ingresos pudieran interpretarse como el resultado de un perfil laboral femenino más bajo (o menor capital humano), o de la concentración de mujeres en escalones ocupacionales inferiores, es muy reveladora la evidencia encontrada al construir indicadores de discriminación de género en la remuneración laboral, que estiman "la relación de ingresos medios de mujeres y hombres en igualdad de condiciones" de educación, experiencia, inserción y dedicación laboral, hallando diferencias que "pueden imputarse a la discriminación de género per se" (1). Las brechas de ingreso debidas a discriminación encontradas son en promedio del 29% para las mujeres asalariadas y del 51% para las no asalariadas. Según datos de 1996, relevados entre empresas grandes y medianas, el 22% de los puestos ejecutivos están actualmente ocupados por mujeres, 32% en el sector financiero, 29% en el industrial, 21% en el comercial y 18% en servicios. Dicha encuesta contempla 32 distintas posiciones ejecutivas, en 22 de las cuales el salario bruto promedio de las mujeres es inferior al de los varones, con diferencias que van entre el 15% y el 48%. En el ya mencionado caso de las agroindustrias de exportación, y según la misma fuente, las brechas en los ingresos entre mujeres y varones pueden llegar hasta el 70%. Siendo este un sector de gran movilidad de mano de obra, se ha observado que las mujeres prefieren la estabilidad antes que una eventual mejora de ingresos que implique el traslado hacia otra plantación. Como se dijo, no se trata de diferencias atribuibles al nivel del capital humano, ya que, en promedio, las mujeres activas tienen igual o mayor nivel de educación que los varones. Así, el nivel de escolaridad de la PEA de más de 24 años es similar para ambos sexos (7,7 años), mientras que el porcentaje con instrucción superior es de 19,4% para las mujeres y del 17,7% para los varones. Anexo Empleo y trabajo doméstico Como ya se señaló, el trabajo doméstico hasta hoy ha sido considerado como "inactividad" económica. Su realización está abrumadoramente concentrada en las mujeres, que desde tempranas edades van asumiendo progresivamente tal responsabilidad en los hogares. Si bien está pendiente la tarea de ponerle un valor a este trabajo (lo que ocurrirá cabalmente cuando se incorpore a las cuentas nacionales, como desde hace décadas han demandando las mujeres), alguna información disponible permite un acercamiento al tema. El tipo de responsabilidades, actividades, tiempo de dedicación y condiciones que supone el trabajo doméstico son sin duda variable según los sectores sociales, la presencia de niños pequeños, la forma de organización familiar, las pautas de consumo, etc. En el más amplio rango pueden ir desde una responsabilidad total y directa en la organización y ejecución de tareas, hasta su solo "gerenciamiento", pero prácticamente todas las mujeres adultas se ven abocadas a cumplir un rol doméstico. Por ejemplo: - En el área rural, las mujeres dedican en promedio 7.01 horas diarias a actividades productivas y 8.09 horas a actividades reproductivas. - En el otro extremo, una encuesta a altas ejecutivas ecuatorianas revela que en promedio dedican solo 30 minutos diarios a la realización directa de tareas domésticas, pero "gerencian" o administran todo lo relativo al funcionamiento hogareño y al cuidado de los hijos; asignan recursos, toman decisiones y hacen un seguimiento diario de su ejecución. Datos de la ECV 1994 establecen que el 16.2% de los hogares tienen jefatura femenina, 19.7% en el área urbana y 11.2% en la rural. Esta última cifra es notablemente modificada en la información del estudio BID/IICA, que encuentra que el 32.7% de las mujeres rurales son jefas de hogar. *********TABLA***** Porcentaje de la PEA por categoría de ocupación, según sexo (ECV, 1994) Categoría ocupacional M H T Empleada(o) gobierno 7,8 6,5 7,0 Empleada(o) privado 21,3 32,7 28,9 Peón agrícola 2,0 16,4 11,0 Patrón (a) 2,3 7,7 5,7 Empleada(o) cta. propia 23,2 15,9 18,7 Propia finca 5,2 9,0 7,5 Trabajo sin pago 29,9 11,4 18,5 Empleada(o) doméstico 8,2 0,2 3,3 TOTAL 100 100 100 Fuente: Indicadores para el análisis de las desigualdades de género, Reed et. al, 1997. * Una versión más extensa de este documento y la bibliografía completa está publicada en La Otra Mitad, No. 3, Fundación Mujer y Sociedad Quito, febrero 1998. (1) Reed, Carolina y otros. 1997. Indicadores sociales para el análisis de las desigualdades de género: Educación y empleo en el Ecuador, DINAMU/MBS/Secretaria Técnica del Frente Social, Quito.