(Fragmento de las resoluciones del III Simposio Internacional sobre la Autonomía de la Costa Atlántica de Nicaragua) La autonomía emerge como principio constitucional en 1987. Surge como una alternativa para lograr la paz y fortalecer la unidad nacional dentro de la diversidad. Es el resultado de amplias luchas de todos los sectores de la Costa Atlántica, que pugnaron desde diversas formas (desde la beligerancia cívica y política, hasta la lucha armada) por las conquistas de sus reivindicaciones históricas. Debido a las condiciones prevalecientes en ese período, la Constitución sólo enunció un conjunto de principios básicos, ampliados posteriormente en el Estatuto de Autonomía y más recientemente en las Reformas Constitucionales de 1995. La autonomía es además un modelo de desarrollo económico y social para las regiones de la Costa Caribe, una alternativa democratizadora y participativa que fortalece las posibilidades de desarrollo nacional con progreso social. La experiencia autonómica en la Costa Atlántica ha significado la conquista de logros notables, particularmente ha contribuido a la paz, la tolerancia y a la unidad de sus habitantes. La autonomía se representa una experiencia novedosa en América Latina por su trascendencia en materia del ejercicio de derechos históricos de los Pueblos Indígenas y Comunidades Etnicas. Aunque los principios generales están adecuadamente recogidos en el texto constitucional y en la Ley de Autonomía, una parte importante de ellos se encuentra sin forma concreta de ejecución, a falta de una legislación particular, reglamentos, programas y acciones de gobierno o simplemente de financiamiento para su realización. En otros casos, la legislación vigente y la misma práctica de distintas instancias del Estado contradice estos principios, lo que dificulta y obstaculiza el desenvolvimiento y desarrollo de la autonomía. Son numerosos los problemas que acosan a las regiones de la Costa Caribe: desempleo masivo, explotación irracional de los recursos naturales, pobreza extrema de gran parte de las comunidades, incremento del tráfico y consumo de drogas e inseguridad ciudadana, para mencionar los principales. Los costeños y las costeñas hemos tenido expectativas en la gestión de los Consejos Regionales Autónomos y los órganos de gobierno regionales, pero hay una creciente inconformidad con los resultados obtenidos hasta ahora. Los Consejos Regionales y una parte de los concejales han perdido representatividad y vínculo con las comunidades; su respuesta a las necesidades locales es deficiente y se perciben tímidos y poco eficaces en su relación con el gobierno central y otras instancias del Estado. Por otro lado, los Consejos y Coordinadores Regionales han tenido muy poca capacidad en el último año de garantizar la asignación de suficientes recursos para inversión de infraestructura económica y social en la Costa Atlántica. La crisis de representatividad por la que atraviesan las actuales autoridades y los partidos políticos, puede buscar una salida a través de las elecciones regionales que se realizarán este año, pero las nuevas autoridades electas enfrentarán también los mismos problemas y similares limitaciones, a menos que la autonomía cobre un nuevo impulso. La falta de legalización de las tierras indígenas y comunidades étnicas, les impide a las comunidades obtener los réditos de su propiedad y mejorar sus condiciones de vida. Este problema también afecta el desarrollo de un sano proceso inversionista en la costa Atlántica que sea efectivamente beneficioso para los costeños y las costeñas y para el país. La falta de delimitación y titulación de las tierras comunales es además fuente de distintos problemas y conflictos entre particulares y comunidades, entre las mismas comunidades, y entre estas y el Estado. El manejo actual de los recursos naturales no ofrece verdaderas garantías de aprovechamiento racional menos aún de su contribución al desarrollo integral de las comunidades. Este es un problema cada vez más acuciante, si entendemos a la autonomía no solamente como un proyecto político electoral sino como una expresión genuinamente democrática, vía del fortalecimiento de la unidad nacional y una alternativa de desarrollo económico y social para la Costa Atlántica en particular y para el país en general. * Este documento es parte de "Autonomías Indígenas - Diversidad de Culturas, Igualdad de Derechos". Serie Aportes para el Debate No. 6.