Uno de los mayores logros del proceso vivido por los negros de Colombia en la década de los noventa es el desarrollo organizativo y político del movimiento, y la toma de conciencia de los derechos que les asisten. En el marco de la reforma constitucional y la aplicación de la Ley 70 de 1993 se han efectuado movilizaciones, asambleas y talleres en las que se han expresado la voluntad de encarar la nueva realidad de manera unitaria. Fruto de ello, es el surgimiento de la Unión Nacional de Organizaciones Afro-Colombianas (UNO-AFRO) con cobertura en toda la nación. La UN0-AFRO se propone fortalecer la organización, identidad y unidad de las organizaciones y comunidades afrocolombianas y orientar las acciones conjuntas contra el racismo y la discriminación racial. Otro de sus objetivos es asumir la vocería y la representación nacional, regional y municipal en defensa de las aspiraciones y derechos comunitarios. La UNO-AFRO, en un artículo publicado en la revista Utopías de julio de 1995, hace un recuento de cifras y hechos que demuestran que "los pueblos afrocolombianos presentan los más altos índices de necesidades básicas en todos los servicios públicos, y en las condiciones sociales creadas por el Estado para el beneficio del ciudadano". La discriminación, la desigualdad y la exclusión que viven las comunidades negras se reflejan en la baja cobertura de servicios básicos, salud pública, seguridad social, educación y en los problemas de mortalidad infantil, analfabetismo y desempleo. Incumplimiento gubernamental Al evaluar el cumplimiento de la Constitución Nacional y la Ley 70 de 1993, la UNO-AFRO señala que el Gobierno no ha establecido en la instituciones del Estado la incorporación del componente afrocolombiano. "El pueblo afrocolombiano reivindica una relación y reconocimiento dentro del Estado desde la diversidad y la diferencia étnica y cultural, y no desde la marginalidad y la manipulación política", acota la organización. "El gobierno debe presentar un proyecto de Ley para reformar la Constitución Nacional creando la circunscripción especial para el ingreso al Senado de tres representantes del proceso organizativo autónomo de las Comunidades Afrocolombianas. Es discriminación cuando este justo derecho se reconoce a los Pueblos Indígenas y se le niega al 40% de la Nación". "No existen recursos para financiar el Plan de Desarrollo Afrocolombiano. Para el próximo año el Gobierno debe aprobar dentro del Presupuesto Nacional un Fondo para el Desarrollo de las Comunidades Afrocolombia-nas que permita financiar los proyectos y programas de los municipios. Así mismo es urgente la creación de una institución especial que coordine al más alto nivel la ejecución del Plan. "A pesar de las diarias protestas y peticiones, el Gobierno Nacional sigue indiferente ante las continuas agresiones y manifestaciones racistas contra la persona y la comunidad afrocolom-biana. El Gobierno Nacional en acuerdo con las organizaciones afro-colombianas y las ONGs defensoras de los Derechos Humanos, debe promover la elaboración de una reforma al Código Penal para tipificar la discriminación racial". "El Gobierno mantiene inmodificable el principio de la supremacía y la dominación blanca dentro de la administración pública: Los profesionales afrocolombianos siguen excluidos de los cargos altos y medios del Estado". "El gobierno también es cómplice de la discriminación y exclusión racista que se practica dentro de la empresa privada; en los niveles directivos y de cargos de altos ingresos es invi-sible la persona negra". "Los campesinos afrocolombianos son discriminados por las instituciones que fomentan el sector agropecuario, al ser excluidos y rechazados como beneficiarios de los programas de crédito, por no poder respaldar sus solicitudes de títulos de propieded sobre las tierras, y sus territorios estar dentro de los parques y reservas naturales", concluye la Unión Nacional de Organizaciones Afrocolombianas, UNO-AFRO. * Este documento es parte de "Afroamericanos: Buscando raíces, afirmando identidad", serie Aportes para el Debate No. 4.