Ante la invasión de la comunicación en todas las esferas de la vida, entre las organizaciones ciudadanas ha ido creciendo la comprensión de que se trata de una área estratégica para la acción a favor de una sociedad más democrática y pluralista. Fue lo que motivó la organización del Foro de Comunicación, en el marco de la II Cumbre de los Pueblos, realizado en Quebec, Canadá, en la tercera semana de abril, previo a la Cumbre presidencial para discutir el acuerdo del Área de Libre Comercio de las Américas. Se trata de un tema nuevo en este marco, pues no fue tratado en la Primera Cumbre de los Pueblos, que tuvo lugar en Santiago de Chile, en 1998. En sus conclusiones presentadas a la plenaria de la Cumbre de los Pueblos(*), el Foro subrayó que, siendo el derecho a comunicar un derecho humano fundamental, que sirve y sostiene todos los demás derechos, éste debe ser preservado y extendido en el contexto de los nuevos desafíos de la globalización. Al respecto, se señalaron cuatro grandes tendencias que han ido madurando desde la realización de la Primera Cumbre. La primera es la concentración y monopolización de la comunicación, en manos de grandes conglomerados que se están constituyendo en el puntal de la economía neoliberal. La segunda es el control que esta concentración implica sobre la información y el conocimiento, y la homogeneización de la opinión, control que pasa, entre otros, por la imposición de los derechos de propiedad intelectual. Una tercera tendencia es el empuje de la revolución tecnológica, que es también uno de los pilares del proceso de globalización. Y la cuarta, la mercantilización de la información, el conocimiento y la cultura, hecho que anula cualquier posibilidad de ejercer derechos en este plano. Se señaló, además, (haciendo eco a las conclusiones del Taller de Comunicación y Ciudadanía, del Foro Social Mundial, Porto Alegre, enero 2001 -Ver ALAI 327, 13/02/01) que se ha impuesto un tipo de información "universal neutro", que niega el pluralismo y la diversidad cultural, lingüística y de género. No obstante estas tendencias, se destacó el aporte de los medios independientes y comunitarios, subrayando la contribución de estos últimos para la democratización de los sistemas políticos, como por ejemplo el derrocamiento de regímenes represivos. El Foro invitó a la Cumbre de los Pueblos a reconocer a la comunicación como un sector crítico de la lucha social, que debe ser incluido en sus acciones futuras, a nivel teórico y práctico. Enfatizó además en las siguientes recomendaciones: Que el derecho a comunicar sea reconocido como un derecho humano, tanto por parte de la sociedad civil como de las instancias gubernamentales e internacionales. Que todos los acuerdos económicos internacionales garanticen la soberanía de los estados a regular sobre asuntos que tienen que ver con el sector de la comunicación (en proceso y contenido). Que el derecho a comunicar sea reconocido constitucionalmente, y debidamente legislado y puesto en vigencia mediante las regulaciones y políticas (ej. Leyes antimonopolios). Considerando que la comunicación es parte del bien común, las corporaciones deben pagar por el uso de este espacio público. Los fondos deberían utilizarse para asegurar la sustentabilidad de medios de comunicación comunitarios e independientes y deberían ser distribuidos y administrados de acuerdo a los principios de la economía solidaria y bajo control de la sociedad civil. Que la economía de mercado no es el único modelo para moldear la infraestructura de comunicaciones. Se debe considerar a la gente como productores y contribuidores de información, y no únicamente como consumidores. Que el acceso universal debería ser el estándar para toda tecnología nueva y que el acceso a las tecnologías establecidas debe mantenerse. Llamar a una discusión y debate público permanente con respecto a los nuevos problemas concomitantes a las nuevas tecnologías, incluyendo los derechos de privacidad, propiedad intelectual y un proceso transparente de decisión al interior de las corporaciones y los gobiernos. Que la sociedad civil y las ONGs deben reapropiar los términos de discusión para la formulación de políticas y regulaciones en materia de comunicación. La presentación concluyó que ?la cultura y el conocimiento no están a la venta?. (*) NDLR.- Esta presentación estuvo a cargo de Sally Burch (ALAI) y Elizabeth Robinson (AMARC).