EEUU fuera de la Comisión de Derechos Humanos

Asociación Americana de Juristas

Como resultado de una votación realizada el 3 de mayo en el Consejo
Económico y Social (ECOSOC) Estados Unidos perdió su puesto en la Comisión
de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que detentaba sin interrupción
desde 1947. Esto debe interpretarse como una sanción de la comunidad
internacional a la persistente política de dicho país, opuesta al respeto de
los derechos humanos.

En marzo del 2000 la Asociación Americana de Juristas denunció ante la
Comisión de Derechos Humanos "la violación generalizada y persistente de los
derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales en los
Estados Unidos de América, agravada por el hecho de que sus gobernantes
consideraban que dicho país puede colocarse por encima y al margen del
derecho internacional" e instó a la Comisión a "expresar su profunda
preocupación por este estado de cosas y a indicar al Gobierno de ese país
que el derecho internacional y los derechos humanos existen para ser
respetados por todos los Estados Miembros de la comunidad internacional,
grandes y pequeños, sin excepción alguna".

En efecto, los Estados Unidos de América no han adherido a buena parte de
los instrumentos internacionales de derechos humanos vigentes, entre otros,
al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; a
ninguno de los dos Protocolos del Pacto de Derechos Civiles y Políticos; a
la Convención contra el Apartheid; a la Convención sobre la
imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad; a la
Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra
la mujer; a la Convención sobre la supresión del tráfico de personas y la
explotación de la prostitución de terceros; a la Convención sobre el
estatuto de los refugiados; a la Convención sobre los derechos de los
trabajadores migrantes y sus familias; a la Convención de Ottawa de 1997 que
prohibe las minas antipersonal y se niega a respetar el protocolo de Kioto
sobre reducción de la contaminación de la atmósfera.

Tampoco votó por la creación de una Corte Penal Internacional, pese a que
sus nacionales tendrán garantizada la impunidad, pues la actividad del
tribunal estará en buena medida subordinada a las decisiones del Consejo de
Seguridad.

Sobre más de 170 Convenios de la Organización Internacional del Trabajo, los
Estados Unidos adhirieron sólo a 12 y no es parte de los principales, entre
ellos los números 87, sobre libertad sindical, 98 sobre el derecho de
negociación colectiva y 138 sobre edad mínima (trabajo de menores). Al
ratificar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, formuló
reservas a numerosos artículos, entre ellos al articulo 6.5, que prohibe la
aplicación de la pena capital por delitos cometidos antes de los 18 años y,
en nombre de la libertad de expresión, al artículo 20, que prohibe la
propaganda de guerra y la apología del odio nacional, racial o religioso.
Es uno de los dos países del mundo (el otro es Somalia) que no ratificó la
Convención de los Derechos del Niño.

En 1994, James Grant, que era entonces Director Ejecutivo del UNICEF, al
presentar en una conferencia de prensa la publicación "El Progreso de las
Naciones 1994", dijo que la situación de los niños en los Estados Unidos de
América del Norte era la peor de todo el mundo industrializado. En efecto,
en dicho país el 20% de los niños viven por debajo del umbral de pobreza,
mientras en otros países industrializados ese porcentaje varía entre
aproximadamente el 5% en Europa occidental y el 10% en Canadá, Australia y
el Reino Unido. También se estima que en Estados Unidos son víctimas de
abandono, malos tratamientos o violencias sexuales tres millones de niños
por año, tres veces más que en 1980. En el informe de 1996 de la Relatora
especial de la Comisión de Derechos Humanos sobre la venta de niños, la
prostitución infantil y la utilización de niños en pornografía, se citaba un
informe del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos
de América del Norte, en el que se estima en 300.000 el número de niños
prostituidos en dicho país. La misma cifra, aunque de distinta fuente, se
cita en la publicación del UNICEF "El Progreso de las Naciones 1995". La
Relatora reiteró dicha cifra en su Informe de 1997 sobre su misión a Estados
Unidos realizada en diciembre de 1996, en la que agregaba que, en ese país,
el 22,7% de los menores de 18 años viven por debajo del umbral de pobreza.
El trabajo infantil, aunque no tiene la magnitud que alcanza en algunos
países del tercer mundo, existe en gran escala en talleres clandestinos o
más o menos clandestinos en Nueva York, Los Angeles y otras ciudades y es
habitual en el campo.

Desde 1992, casi todos los Estados de los Estados Unidos han aprobado leyes
que permiten juzgar a los menores como adultos. Varios Estados han fijado en
10 años la edad límite, salvo Michigan que no ha establecido límite alguno.

En los últimos diez años han sido ejecutadas 12 personas que habían sido
condenadas por delitos cometidos siendo menores de edad. Unas 70 personas
que delinquieron cuando eran menores de edad aguardan en prisión el momento
de ser ejecutados.

Desde que se restableció la pena de muerte en 1976, han sido ejecutadas en
Estados Unidos más de 600 personas, de las cuales cerca de 200 en el Estado
de Texas.

En Estados Unidos hay dos millones de presos (el doble que hace diez años),
lo que constituye la mayor población carcelaria del mundo en proporción al
total de habitantes. Las prisiones privadas (120 con 120.000 detenidos) son
un excelente negocio, en detrimento de los derechos, la salud y seguridad de
los alojados en ellas.

El trato en las prisiones es brutal, tanto en las prisiones urbanas como en
las "work farms", verdaderos campamentos de trabajos forzados, como el de
Silverdale, Tennessee. En los Estados de Texas, Arkansas y Louisiana los
prisioneros están forzados a trabajar en el campo gratuitamente. Es
frecuente el abuso sexual contra las mujeres encarceladas.

El trabajo en las prisiones para empresas privadas está generalizado, por un
salario bruto en torno a los cinco dólares por hora (que neto se reduce a
unos dos dólares, pues los descuentos pueden elevarse hasta el 80 por ciento
del salario) y de él se benefician grandes y conocidas empresas.

Los inmigrantes ilegales cuya orden de expulsión no puede cumplimentarse
quedan internados en centros de detención o en prisiones sin derecho alguno
y en condiciones deplorables, situación que puede prolongarse
indefinidamente.

Se estima en 13.000 el número de personas en esa situación. La Corte Suprema
ha confirmado una decisión de una Corte de Apelaciones que sostuvo que
dichos internados no son titulares de ningún derecho constitucional porque
en realidad no están en los Estados Unidos, sino simplemente a cargo del
Servicio de Inmigración y Naturalización (INS).

Para reprimir a movimientos sociales, los métodos empleados van de los
asesinatos, como ocurrió con los "panteras negras", hasta los procesos
judiciales amañados, como es el caso, entre varios otros, de Leonardo
Peltier, condenado a una larga pena de prisión y de Mumia Abu Jamal,
condenado a muerte.

En Estados Unidos de América se ha reconocido oficialmente que se hicieron
experiencias con materiales radioactivos con enfermos mentales, mujeres
embarazados y ciudadanos corrientes; y también se ha reconocido oficialmente
haber utilizado durante años a 400 personas de raza negra como cobayos para
experiencias médicas (se los privó de tratamiento contra la sífilis para
estudiar la evolución de la enfermedad en esas condiciones).

Estados Unidos ha asumido la representación de los intereses de las
sociedades transnacionales farmacéuticas ante la Organización Internacional
del Comercio con su reclamo contra Brasil (actualmente en curso) a fin de
impedir a este último país producir medicamentos esenciales a bajo precio,
entre ellos los destinados a combatir el sida.

Pese a la existencia de una Convención Internacional (a la que Estados
Unidos no adhirió) contra el reclutamiento, la utilización, la financiación
y el entrenamiento de mercenarios, los Estados Unidos de América utilizan
ampliamente los mercenarios tanto en el plano interno como en Colombia y en
las misiones así llamadas de mantenimiento de la paz en Croacia, en Bosnia-
Herzegovina y en Kosovo.

Los Estados Unidos violan sistemáticamente el derecho internacional y los
derechos humanos manteniendo el bloqueo contra Cuba desde hace casi 40 años
y forzando al Consejo de Seguridad a mantener el embargo contra Irak y en la
invasión a Panamá y las guerras del Golfo y de Yugoslavia ha violado los
Convenios de Ginebra sobre derecho humanitario en tiempo de guerra.

Con el Plan Colombia y con sus bases militares y presencia militar en varios
países americanos (Manta, Ecuador, Vieques, Puerto Rico, Guantánamo, Cuba,
etc.) y en países de otras regiones, crea zonas de tensión, agrava
conflictos internos y crea las condiciones para la internacionalización de
algunos de ellos.

Por todo ello, la Asociación Americana de Juristas expresa su satisfacción
por la decisión del Consejo Económico y Social de excluir a los Estados
Unidos de la Comisión de Derechos Humanos y espera que la misma sirva como
advertencia a dicho país para que ponga un freno a la arrogancia con que
trata a la comunidad internacional y para que cese de menospreciar los
derechos humanos de su propio pueblo y de los demás pueblos del mundo.