Propuesta de la Comisión Consultiva Maya para resolver los problemas a corto, mediano y largo plazo
11/02/2002
- Opinión
1. Proceder a la creación inmediata de un Ente Indígena con capacidad de
incidencia, en la canalización, el control y fiscalización de los recursos,
tanto del Estado como del financiamiento externo, especialmente los
destinados al cumplimiento del Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los
Pueblos Indígenas.
2. Que en los órganos de decisión y ejecución de los Fondos Unificados debe
haber participación significativa y representativa de los pueblos indígenas,
propuestos por organizaciones que suscribimos la presente propuesta.
3. Destinar fondos para la creación e impulso de un Plan Nacional de
Desarrollo Integral, con visión indígena, dirigido y administrado por un Ente
Indígena, para evitar la mezcla de intereses políticos y grupos de poder.
4. Cumplir con las recomendaciones de la Comisión del Esclarecimiento
Histórico, especialmente la implementación del programa de resarcimiento a
las víctimas del conflicto armado interno, haciendo énfasis en los sectores
más vulnerables como mujeres, niños y ancianos, en contrapartida, el Gobierno
debe garantizar en el presupuesto general de la nación del año 2002 y
subsiguientes el pago de las reparaciones emanadas de las resoluciones de la
Comisión.
5. Iniciar de inmediato la recuperación de la Memoria Histórica del Pueblo
Maya y de los Pueblos Indígenas, mediante el fortalecimiento y
sistematización de sus sistemas propios, además de establecer prioridad a la
Reforma Educativa y otras políticas que tiendan a la revalorización y
consolidación de la identidad, valores, principios y formas de organización,
desarrollando programas y proyectos que aporten a la construcción de una
nueva sociedad.
6. Crear a mediano plazo el ente u órgano de los Pueblos Indígenas, que
viabilice la consulta permanente entre Pueblos Indígenas y el Estado, como lo
estipula el Convenio 169 de la OIT, en torno a la adopción de medidas
administrativas o legislativas que afecten la vida de los indígenas en
materia política, económica, jurídica, educativa, recursos naturales,
territorios, y otros derechos. Este órgano debe contar con poder de decisión
y con los recursos financieros para su funcionamiento y cumplimiento de sus
fines.
7. Fortalecer política y financieramente a los organismos gubernamentales y
no gubernamentales destinados a la atención y servicios de los Pueblos
Indígenas, que trabajan a nivel local, regional y nacional, así como las que
se dedican, a la promoción y defensa de los derechos humanos, y a la defensa
de los derechos de la mujer Indígena.
8. Garantizar la erradicación de la discriminación y el racismo existente en
todos los niveles a través de la promulgación y reformas a leyes necesarias
con y para la participación directa de los Pueblos Indígenas.
9. Aplicar con rigurosidad los mecanismos de fiscalización y de auditoría
externa, con la participación de los Pueblos Indígenas, sobre la utilización
de los recursos financieros destinados al cumplimiento de los Acuerdos de Paz
y administrados por parte del Gobierno.
10. Crear espacios de carácter vinculante de participación de los Pueblos
Indígenas en la elaboración del Presupuesto General de la Nación.
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