Los Jefes de Estado y de Gobierno se reunirán en Monterrey (México) los días 21 y 22 de marzo de 2002, para discutir la forma de hacer frente a los problemas de la financiación para el desarrollo en el mundo, en particular en los países en desarrollo. La meta propuesta es "erradicar la pobreza, lograr un crecimiento económico sostenido y promover un desarrollo sostenible al tiempo que se avance hacia un sistema económico mundial basado en la equidad y que incluya a todos". Tal es el preámbulo del documento de base de la conferencia internacional conocido como "Consenso de Monterrey" y que es el producto de los debates entre representantes de los gobiernos de los países en desarrollo y de los países industrializados del norte. En vista de la importancia del proceso, vale la pena mencionar los límites y las posibilidades que éste llevará consigo en la etapa posterior de seguimiento. Los límites 1. El fallido intento de elaborar una respuesta global a los problemas del desarrollo llevó a la elaboración de un documento que es más una declaración de intenciones y menos una declaración de principios o medidas con carácter obligatorio. 2. El documento de Monterrey no da respuestas concretas sobre la cantidad y la calidad de los recursos que los países ricos están dispuestos a poner a la disposición para lograr los objetivos internacionales del desarrollo. Solo como ilustración de la situación actual del mundo, valga mencionar que mientras los funcionarios gubernamentales negociaban sobre generalidades, la pareja más rica del mundo Bill y Melinda Gates anunciaban en la revista Newsweek la donación de 24 mil millones de dólares para financiar proyectos de salud en beneficio de los niños de los países pobres. 3. El Consenso de Monterrey es un consenso entre desiguales, entre los que tienen mucho y los que tienen poco o casi nada. Para movilizar los recursos propios los débiles se obligan a aceptar las normas de los fuertes que definen el buen gobierno bajo los abstractos principios de "libertad y fomento de la iniciativa privada". 4. El consenso de Monterrey no supera el llamado Consenso de Washington que es más normativo y actúa más como instrumento de coherción desde hace más de una década de políticas macroeconómicas bajo la dirección del FMI y el Banco Mundial. Al no admitir el fracaso de los programas de ajuste, especialmente en los países menos adelantados y los efectos empobrecedores de las políticas monetarias restrictivas, renuncia a la posibilidad de superar dicho consenso basado en la teoría neoclásica del equilibrio económico. 5. Está marcado por el Zeitgeist de la mundialización hegemonizada con una construcción piramidal en la que el capital financiero ejerce la hegemonía sobre las inversiones productivas. 6. Su motivación no es la promoción del desarrollo sino el manejo de la crisis. Las estrategias que intenta esbozar son defensivas y nunca llegan a manifestar una intención transformadora del statu quo. 7. Pone demasiado énfasis en un flujo financiero orientado por la desregulación y el mercado de capitales privados en lugar de definir un proceso ordenado y transparente por medio del cual se eliminen los riesgos del caos y la especulación. 8. No saca experiencias consistentes de las crisis financieras recientes (México, Asia del sudeste, Brasil, Rusia y más recientemente Argentina) que ponen en cuestión los efectos de los flujos financieros de corto plazo a los llamados mercados emergentes. 9. No hace una crítica sistemática del fracaso de las estrategias internacionales de desarrollo anteriores y los objetivos definidos en el marco de las Naciones Unidas, por ejemplo el tan tristemente celebre 0.7% del PIB que reaparece en el documento más como una frase formal que como una perspectiva seria. Las posibilidades 1. Las posibilidades de obtener resultados positivos del consenso de Monterrey están dadas más en el largo que en el corto plazo en vista de que el consenso destruyó la sustancia de medidas estratégicas vitales. 2. Reconoce la existencia de un enorme déficit de recursos para poder lograr los objetivos establecidos para lograr el desarrollo y establece algunas normas generales para superar tales obstáculos. 3. La implementación de medidas concretas en casos concretos dependerán del carácter y del desarrollo de la actual crisis de recesión en las economías de los países industrializados y de las contradicciones que de ella se originan. 4. Las estrategias regionales dependerán del éxito de las economías emergentes en los países en desarrollo que pugnan por nuevas posiciones en la economía mundial: Brasil, México (en América Latina), India y China en Asia y quizá Sudáfrica en Africa. Conclusiones generales Dentro del consenso de Monterrey falto de concresión, resultan preocupantes una serie de aspectos que pueden tener un impacto negativo en la situación de los pobres en los países en desarrollo: - Hay un acuerdo explícito de los gobiernos que puede reconocerse en la necesidad de estimular las inversiones extranjeras directas como un elemento importante en la promoción del desarrollo. El documento recoge las exigencias de las grandes empresas transnacionales por mejorar el clima para las inversiones en los países en desarrollo pero no recoge la preocupación de los sectores sociales de estos por los efectos negativos que implican la repatriación de las ganancias en la balanza de pagos de los países receptores y la volatilidad creciente de los capitales internacionales. Por presión del grupo de los G-77 no se incluyeron las orientaciones referentes a las Guidelines de la OECD y el llamado Global Compac respecto a las compañías multinacionales. Las exigencias de las ONG para fijar deberes y estándares para los inversores internacionales fueron rechazadas por casi todos los gobiernos. - Serios conflictos pudieron ser percibidos en el tema comercio internacional en cuyo contexto fracasaron las intenciones de la Unión Europea por imponer posiciones que sobrepasarían los acuerdos de Doha al parecer de los representantes del G-77. - Uno de los puntos neurálgicos en las negociaciones se refiere a la cooperación internacional para el desarrollo. Es verdaderamente lamentable que por las fuertes presiones de los Estados Unidos no se hayan concretado los objetivos estipulados en la Declaración del Milenio que se refieren por ejemplo a redoblar en 50 mil millones de dólares la asistencia oficial para el desarrollo (AOD). En lugar de definir las etapas concretas de un plan de financiamiento al desarrollo, el documento no hace más que "instar a los países desarrollados que aún no lo hayan hecho a que adopten medidas concretas para dedicar el 0.7% de su PIB como AOD para los países en desarrollo...". Es lamentable que se hayan eliminado completamente los pasajes referentes al financiamiento de los bienes públicos globales a pesar de contar con el apoyo del gobierno francés y del gobierno sueco. La idea de un impuesto a los negocios con divisas (la tasa Tobin) como una fuente adicional de recursos para el desarrollo ni siquiera fue mencionada en vista de el evidente rechazo por parte de la delegación norteamericana. - Tampoco en lo referente al importante tema de la deuda externa el consenso de Monterrey produjo resultados innovadores. Más aun podría decirse que en vista de las discusiones sobre un "derecho internacional de insolvencia" ventiladas en las declaraciones de la Sra. Anne Krüger, el consenso de Monterrey queda por debajo del FMI y con éste del consenso de Washington al plantear la difusa propuesta de "mecanismos innovadores para hacer frente a los problemas de la deuda de los países en desarrollo". Es una verdadera lástima que la segunda versión del documento sea incluso más difusa que la primera en este punto. Las exigencias de las ONG para el establecimiento de un proceso de arbitraje justo y transparente que encuentre una salida de la crisis de la deuda en beneficio de los pobres, fueron simplemente ignoradas. De igual manera la evaluación de los alcances de la iniciativa para los Países pobres muy endeudados (HIPC) del Banco Mundial queda también muy por debajo de las ya conocidas autocríticas de dicha institución respecto a las limitaciones de tal iniciativa y la poca probabilidad de que los cálculos de sostenibilidad propuestos por la misma contribuyan a una reducción sustancial de la pobreza hasta el año 2015. - Por último es de hacer notar que las llamadas cuestiones sistémicas se ahogan también en el vacío de un consenso que no puede ser más que el resultado de un mundo unipolar. Tanto los Estados Unidos como la Unión Europea se opusieron desde el principio hasta el final a las exigencias por una reforma del sistema financiero internacional y la creación de una nueva arquitectura financiera internacional. Los llamados para fortalecer el rol de los países en desarrollo dentro de las instituciones financieras internacionales no pueden sustituir los efectos negativos provenientes de las asimetrías existentes en el plano internacional. El consenso de Monterrey es en resumen el mínimo denominador común en una comunidad internacional caracterizada por las profundas asimetrías en lo político, lo económico y, por que no decirlo, lo militar. Desgraciadamente hay que hacer notar que no solo los países en desarrollo han perdido influencia; también las tan respetadas ONG deberán aceptar que de hecho ninguna de sus exigencias fue seriamente considerada en el proceso de Monterrey. Lo más dramático de todo es que en momentos de crisis y de creciente pobreza tampoco las instituciones y las correspondientes convenciones del sistema de las Naciones Unidas resultan fortalecidas con la política unilateralista de las naciones más poderosas de la tierra. * El Dr. Pedro Morazán (Hondureño) es economista del Instituto SÜDWIND de Alemania, colaborador de FOSDEH/ASONOG y miembro del comité ejecutivo de la Campagna "erlassjahr.de" (Jubileo 2000, Alemania). Ponencia presentada en Roma, Italia en la Conferencia de Social Wacht sobre el proceso de Monterrey.