La historia político-financiera pone en evidencia una preocupante correlación entre criminalidad financiera, endeudamiento y pobreza. En los cuatro puntos cardinales, diferentes actores han puesto en marcha un sistema bien aceitado de descapitalización tendiente a hacer quebrar a los estados y por ende toda política pública que garantice el bienestar de las poblaciones. Frente a esta constante, nada gratificante por cierto se plantea la pregunta: ¿podrá el siglo XXI ver primar la justicia por sobre la institucionalización de la acumulación de ganancias fraudulentas? Un caso ejemplificador: Argentina Argentina es conocida por ser una de las alumnas privilegiadas del FMI (Fondo Monetario Internacional) Desde los años 80 el país aplicó rigurosamente las cartas de intención de los expertos de Washington. Los objetivos de estos programas son bien conocidos por todos: desendeudar al país y ajustarlo estructuralmente al mercado mundial con el objeto de destruir definitivamente las políticas "dirigistas" del pasado, responsable de la crisis de la deuda desde comienzos de los 80. Siguiendo la teoría neoliberal "enflaqueció" el poder público, vendió las empresas a los capitales extranjeros, abrió sus puertas a los capitales internacionales y a las multinacionales. Hoy en día en que el 90% de los bancos y el 40% de la industria se hallan en manos de capitales internacionales, el país se halla desde julio de 1998 en la más grave de las recesiones. Su deuda externa pasó de 43 a 133 mil millones de dólares entre 1983 y el 2000, la salud y la educación están hechas jirones y el salario medio solo alcanza a la mitad del de 1974. El fracaso es dramático, tanto económica como socialmente. La razón, aunque casi no se menciona, es evidente: el FM I y el gobierno argentino no han resuelto los verdaderos problemas y han aplicado contrariamente medidas que los han agravado. Abundan las pruebas, surgidas de un juicio que por 18 años planteó el periodista Alejandro Olmos, a partir de 1982: la crisis argentina de la deuda tiene por origen un mecanismo de dilapidación y de desvío de fondos del que son responsables el Gobierno argentino, el FMI, los banco privados del Norte y la Reserva Federal Estadounidense. Por esta razón la Corte Suprema de Justicia argentina declaró "ilegítima" la deuda contraída por el régimen Videla, porque contraría la Constitución y la legislación del país. La Corte Suprema ha recomendado al Congreso utilizar esta sentencia para negociar la anulación de esta odiosa deuda. Un muy aceitado mecanismo de descapitalización. En 1976, la Junta Militar de Videla tomó el poder e instauró una dictadura que dduró hasta junio de 1983. Durante dicho período la deuda exterior argentina se multiplicó por cinco (pasando de 8 a 43 mil millones de dólares) mientras que la parte salarial en el PNB (Producto Nacional Bruto) pasó del 43 al 22%. La dictadura condujo a la crisis de la deuda y a la entrada oficial del FMI a la conducción financiera del país, con los resultados conocidos. La sentencia del tribunal argentino, de una extensión de 192 páginas, detalla la historia de este original endeudamiento. Varios actores condujeron el proceso: por un lado Videla en el rol principal, junto a su ministro de Economía, recomendado por el Consejo de Empresarios, Martínez de Hoz y el presidente del Banco Central, Domingo Caballo. Inmediatamente, a partir de 1976, el FMI otorgó un importantísimo préstamo a la Argentina planteando como garantía ante los bancos occidentales que la Argentina es un lugar privilegiado para reciclar el exceso de petrodólares. Pero el papel del FMI no se agota allí y pues se sigue encontrando a lo largo de toda la dictadura a Dante Simone, funcionario del FMI al servicio del régimen. El FMI lo justificaba diciendo que le había otorgado una licencia al señor Simone y que este se había puesto a disposición del Banco Central del país (P.127 de la sentencia) De modo que este último pagaba así los gastos de estada y los viáticos del experto. Queda por saber quién pagaba el salario. Quienquiera que sea Dante Simone le dirigió un informe a Domingo Caballo al Banco Central (se encontró su copia en el FMI) en que le aseguraba que aún existían importantes márgenes para el endeudamiento antes de que pudiera sobrevenir un mayor peligro económico (p.31 de la sentencia). El papel del señor Simone fue sin duda la búsqueda de importantes y discretas financiaciones externas. En realidad estas financiaciones externas no eran difíciles de conseguir dado que los bancos occidentales regurgitando petrodólares imposibles de ubicar, debido a la crisis, en los países ricos del Norte, estaban ávidos de encontrar nuevos emplazamientos. La investigación muestra también que el banco Central argentino pudo colocar discrecionalmente dichos fondos en los bancos estadounidenses, sin siquiera el acuerdo del ministro de economía, pero apoyado en la generosa intermediación de la Reserva Federal de los EEUU! Tal acuerdo hubo entre los diferentes protagonistas que los prestamos bancarios que le fueron otorgados al país, jamás llegaron a él. Sino que fueron derivados a los paraísos fiscales en nombre de sociedades pantalla. Por lo tanto la deuda no benefició a la población local sino tan solo a los banqueros del Norte y al régimen dictactorial, sostenida por una importante ingeniería financiera. Parte de los fondos fueron dilapidados en generosas subvenciones a grandes grupos privados amigos del ministro Martínez de Hoz. A pesar de los resultados positivos del juicio, el poder legislativo no abre la boca. Continua deliberando sobre el país empujado a extremos inéditos durante los años 90 por los sucesivos gobiernos de Carlos Menem, actualmente detenido, en compañía de cuatro de sus antiguos ministros, por una causa de tráfico internacional de armas durante la primera parte de su mandato (1991 a 1995) En lugar de usar la sentencia para repudiar la ilegitimidad de la deuda que mantiene al pueblo y a su economía en situaciones insostenibles el presidente De la Rua llamó de urgencia para nombrarlo como titular del Ministerio de Economía a Domigo Caballo, el mismo que dirigía el Banco Central bajo Videla y luego "super ministro" de economía de Carlos Menem durante los años 90, antes de que fuera desplazado en las lecciones presidenciales de 1998, frente a De la Rua!!! Una cultura bien anclada Si bien dicha sentencia muestra el carácter ilegítimo de la deuda argentina, el hecho de que la investigación haya durado 18 años, implica que los responsables permanecerán impunes, protegidos por la prescripción de los hechos. La imprescriptibilidad de los crímenes económicos debe ser un objetivo jurídico del siglo naciente. Pero no es el único. El mecanismo que viera la luz en la Argentina no es, lamentablemente, una excepción. Los Mobutu en el Zaire, Suharto en Indonesia, Houphouêt-Boigny en Costa de Marfil, Moussa Traoré en Mali, Marcos en Filipinas y Pinochet en Chile son ejemplos bien conocidos de jefes de estado a la cabeza de imperios financieros construidos con la ayuda de los bancos y a través de los paraísos fiscales. Todos estos países soportan hoy en día deudas insostenibles y están en manos de los neoliberales del FMI desde hace decenios. En cuanto a las poblaciones no tienen en su mayoría mucho que esperar, dado que una cultura ya muy bien anclada se ha visto fortalecida por la total apertura de las fronteras económicas y la supresión de los controles. Uno de los países más representativos en la materia es Rusia que pasó en un decenio de la esperanza de una emancipación democrática al pillaje institucionalizado. Diagnósticos convergentes La globalización de los mercados financieros liberalizados y la proliferación de paraísos fiscales han facilitado la descapitalización de los Estados de todo el mundo. Miles de millones de dólares han sido desviados y blanqueados con toda impunidad, a expensas de los ciudadanos y ciudadanas que deben sufrir los golpes de la austeridad presupuestaria. Combatir un tal estado de cosas no es fácil, por diferentes razones: La complicidad de los bancos: las operaciones de desvío de dinero se basan en una ingeniería financiera muy elaborada que solo poseen los bancos: sociedades pantalla, sociedades offshore, cambio de identidades monetarias y jurídicas, diversificación de las "colocaciones" en productos financieros complejos, etc. De modo que cuando las elites corruptas construyen un imperio financiero fraudulento, solo pueden hacerlo con el apoyo logístico de los bancos, largamente, pagados para hacerlo. La rapidez de ejecución de las investigaciones: siendo limitada a pocos meses la duración de un secuestro, la justicia se ve obligada a a trabajar con urgencia lo que permite a los criminales de cuello blanco reaccionar rápidamente si están bien organizados. Esto sucedió con el malí Moussa Traoré que a principios de los 90 pudo alertar a su cómplice embajador de Ginebra, quién en su representación pudo contactarse con el banco cantones suizo, de modo que este pudo transferir rápidamente los fondos hacia lugares más seguros ( leer " Africa: abolir la dette pour libérer le development" bajo la dirección de A. Zacharie y Eric Toussaint, 2001, p.235). La impotencia de la justicia: mientras que se necesita muy poco tiempo paraa desviar fondos a los paraísos fiscales, a un juez le hace falta no menos de dos años y medio para seguir la traza de una operación. Frente a esta ecuación a la justicia le resulta difícil responder eficazmente a este mecanismo de descapitalización globalizado. La falta de transparencia informativa: mientras que un banquero puede identificar fácilmente quién es el titular de una cuenta, con qué sociedad pantalla, con qué montaje financiero, etc. Normalmente se calla cuando se realiza una investigación. La razón es muy simple: las operaciones de desvío de dinero son fuertemente remunerativas para los bancos y se ha desarrollado una fuerte competencia. De modo que a un banco que cooperase con la justicia, sus clientes fraudulentos le darían la espalda en provecho de bancos más "comprensivos". La complejidad de los procedimientos: el hecho de que un procedimiento es largo y complejo (primera instancia, segunda instancia, etc.) permite a los criminales estar protegidos por la prescripción de los hechos. Pistas para una justicia financiera internacional Establecer un justicia financiera internacional se ha convertido en una necesidad para la subsistencia de los Estados. Requiere avances jurídico-económicos en los niveles nacional e internacional. Pueden explorarse ciertas pistas, aunque si en el panorama político actual, puedan parecer aleatorias. La deuda odiosa es ilegítima pero como vimos en el caso de la Argentina pueden realizarse investigaciones para determinar la ilegitimidad de la deuda externa de los países. Según el derecho internacional una deuda es ilegítima cuando ha sido contraída por un régimen no democrático, no ha beneficiado a las poblaciones locales y con la colaboración de los acreedores. Aunque el impacto de estas investigaciones pueda ser limitado por las razones invocadas anteriormente, pueden al menos permitir la toma de conciencia ciudadana e impulsar finalmente a los poderes legislativos a reaccionar. La Convención de Roma de 1998: cuando la Convención haya sido ratificada por una suficiente cantidad de estados, la Corte Penal Internacional entrará en vigor y cualquier estado podrá querellar a otro. Desde marzo de 1991 el ECOSOC (Consejo económico y social) considera el desvío de bienes públicos como una violación de los Derechos Humanos. De modo que se podrá perseguir la descapitalización como un delito internacional, aun cuando las denuncias estarán reservadas a los estados y no darán derecho a daños ni intereses civiles (hasta la sanción del delito). Poner bajo tutela internacional a las sociedades de clearing: se vio en el caso del Menadep, la utilización de cuentas secretas ofrecidas por una cámara de compensaciones internacional como Clearstream, que vuelve menos transparentes todavía cualquier operación de desvío de dinero. Como lo destaca el Llamado por una Justicia Financiera Internacional, lanzado el 30 de mayo pasado en Bélgica. Todos lo movimientos de fondos a partir de los paraísos fiscales pueden ser fácilmente reconstruidos lo que constituye un útil necesario a la lucha contra la criminalidad Financiera y los Paraísos fiscales. La tasación de las transacciones financieras estableciendo una tasa tipo Tobin, apoyada por muchas organizaciones, posibiltaría mayor transparencia y "trazabilidad" en las transacciones que podrían ser controladas por los poderes públicos y la justicia. Finalmente, los derechos económicos deben ser defendidos tanto como los civiles y políticos. Esto implica adoptar un protocolo como el solicitado en 1993 por la Conferencia de Viena para poder juzgar los crímenes económicos como crímenes contra la humanidad - imprescriptibles por naturaleza. (CADTM, septiembre de 2001) Informe completo http://www.transnationale.org/castillan/dossiers/tiersmonde/dette_profit... * Boletín de información del observatorio de las transnacionales, FRANCE, http://www.transnationale.org, Domingo 6 de enero de 2002