La Alianza Social Continental (ASC), una red de organizaciones sindicales y de coaliciones ciudadanas que representan a más de 45 millones de personas en el continente americano, está elaborando un análisis a profundidad del borrador del capítulo de inversiones del Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (ALCA). El capítulo filtrado de inversiones es la única sección del borrador del ALCA disponible al público, a pesar de la promesa de los gobiernos del continente de publicar el texto completo. Según la Declaración Ministerial de Buenos Aires, del 7 de abril de 2001, "conforme nuestro compromiso de transparencia, hemos acordado publicar el borrador de Acuerdo ALCA en los cuatro idiomas oficiales, después de la Tercera Cumbre de las Américas." Ya casi dos meses después de la Cumbre, la Secretaría del ALCA todavía no ha publicado el texto. Héctor de la Cueva, Secretario Ejecutivo de la ASC, declaró que, "Si nuestros gobiernos realmente están comprometidos con la transparencia, deben publicar el texto y además comprometerse a publicar borradores futuros. Los pueblos de las Américas tienen el derecho de saber qué tipo de acuerdo están negociando e intentando imponer en el continente." El análisis de la ASC sobre inversión provee fuertes razones para preocuparse. Concluye que los negociadores del ALCA no han aprendido de la preocupante aplicación de las reglas en torno a inversiones en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), mismas que disminuyen la capacidad de los gobiernos para proteger y promover el bienestar público y el medio ambiente, así como su capacidad de asegurar que las inversiones ayuden a alcanzar objetivos sociales. De hecho, los negociadores parecen buscar un ALCA que otorgue a los inversionistas protecciones aún más fuertes respecto de las que ya gozan ahora con el TLCAN. Anexo se encuentra un resumen del análisis. El informe completo está disponible en español y inglés en www.asc-hsa.org. La crítica que la ASC hace al capítulo de inversiones del ALCA es el primer paso de un esfuerzo más amplio de una coordinación conjunta para analizar las negociaciones en torno al ALCA. El texto actual es producto del esfuerzo conjunto de personas activas en redes ciudadanas de los tres países miembros del TLCAN y que están afiliadas a la Alianza Social Continental. Estas redes nacionales son: la Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio (RMALC), la Alianza por un Comercio Responsable (Estados Unidos) y Fronteras Comunes (Canadá). CONTACTOS: Manuel Pérez Rocha L., Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio (tel: 52 5271-78-64, email: mprl66@hotmail.com y mprl@webtelmex.net.mx)
Steve Porter, Center for International Environmental Law (tel: 202/785-8700, email: sporter@ciel.org)
Sarah Anderson, Institute for Policy Studies (tel: 202/234-9382x227, email: saraha@igc.org)
John Dillon, Ecumenical Coalition for Economic Justice (tel: 416/462-1613, email: ecejjd@accessv.com)
Marc Lee, Canadian Centre for Policy Alternatives (tel: 604/801-6920, email: marc@bcpolicyalternatives.org)
Scott Sinclair, Canadian Centre for Policy Alternatives (tel. 902-652-2598, email: sinclair@isn.net)
Steven Shrybman, Sack, Goldblatt and Mitchell (tel: 613/233-4897, email: shrybman@gattlaw.com)
Ken Traynor, Canadian Environmental Law Association (tel: 416-960-2284, email: traynork@lao.on.ca) El ALCA y los derechos para inversionistas: un TLCAN plus Resumen del Análisis del Borrador del Capítulo de Inversiones del ALCA, realizado y patrocinado por la Alianza Social Continental El 18 de abril del 2001 los ciudadanos del hemisferio americano pudieron ver por primera vez las posiciones de los negociadores del ALCA. Una ONG de los Estados Unidos, el Institute for Agriculture and Trade Policy, hizo público el borrador del capítulo de inversiones del ALCA al poner en su página de Internet una copia del documento que se logró filtrar. Ha existido una gran especulación sobre las negociaciones en torno a inversiones en el ALCA, particularmente en torno a que tan parecido es el proyecto al Tratado de Libre Comercio de América del Norte. El Capítulo 11 del TLCAN va más allá que ningún otro acuerdo o tratado comercial en el mundo al extender una serie de derechos y protecciones a los inversionistas internacionales. El aspecto más controversial del acuerdo es que permite a inversionistas privados demandar a los gobiernos miembros del TLCAN de manera directa y exigirles compensaciones cuando estos incumplan cualquiera de las muchas obligaciones del Capítulo 11. Este poder sin precedentes otorgado a las corporaciones restringe la capacidad de los gobiernos para proteger el bienestar público y el medio ambiente, así como los imposibilita para asegurar que las inversiones ayuden a alcanzar objetivos para el desarrollo económico y social de los pueblos. En 1998, la preocupación por los efectos del Capítulo 11 del TLCAN alimentaron una gran oposición mundial que contribuyó a derrotar el Acuerdo Multilateral para las Inversiones (AMI o MAI por sus siglas en inglés), que los países miembros de la OCDE negociaban a puertas cerradas. El texto filtrado del ALCA revela que los gobiernos tratan de nuevo de expandir las reglas sobre inversión del TLCAN, ahora a través del ALCA. A pesar de que prácticamente todo el texto está entre corchetes (lo que indica puntos y áreas en las que los gobiernos aún no llegan a un consenso oficial), el borrador del capítulo se asemeja bastante al texto del Capítulo 11 del TLCAN, incluyendo la cláusula relativa a la nueva relación entre "inversionistas y Estado". La Alianza Social Continental ha elaborado propuestas alternativas a las reglas en inversiones para asegurar que éstas respeten los derechos humanos, los derechos laborales, el medio ambiente y los derechos de los pueblos indígenas, tal y como se define en los protocolos internacionales (que deben tomarse como un precedente): es decir, que los derechos sociales deben estar por encima de los derechos de los inversionistas. Sin embargo, el borrador del ALCA demuestra que se están ignorando estas recomendaciones. Más aún, tal parece que los negociadores no han aprendido nada de la derrota del AMI o del preocupante uso que se le ha dado al capítulo de inversiones del TLCAN, en el sentido de que se ha permitido que se ponga en riesgo a las regulaciones legítimas que defienden el interés público. De hecho, en varias áreas, los negociadores están tratando de usar el ALCA para otorgar a los inversionistas protecciones aún más fuertes que aquellas de que ya gozan con el TLCAN. Las posiciones de los negociadores reflejan las exigencias de las corporaciones más grandes y poderosas del hemisferio. El 19 de abril del 2001, 29 corporaciones de Estados Unidos y sus asociaciones, incluyendo a las firmas petroquímicas y farmacéuticas, firmaron una carta dirigida a los funcionarios de más alto rango de los Estados Unidos, haciendo manifiesto su apoyo para que las cláusulas del ALCA tuvieran como modelo al TLCAN. Esta carta describe una lista de propósitos que incluye las cláusulas del TLCAN que han sido más criticadas por el público. El análisis de la ASC se centra en estas áreas controversiales, recalcando los aspectos del borrador filtrado del ALCA que más ponen en riesgo la democracia, la justicia social y la sustentabilidad ecológica en nuestro hemisferio. El análisis llega a la conclusión de que lo más positivo en el documento filtrado son los cientos de corchetes que demuestran que aunque los negociadores van en la dirección incorrecta, aún nada esta escrito en firme. Por esto, aún es tiempo para que las organizaciones de la sociedad civil hagan públicas sus preocupaciones en torno a los aspectos referentes a la inversión en el ALCA y para demandar caminos diferentes. Sin embargo, si estas preocupaciones y el interés público continúan siendo ignorados por los negociadores, las organizaciones sociales y civiles de todo el hemisferio no tendrán otra opción que comenzar una movilización para vencer este acuerdo de inversiones injusto y sin equilibrio social. Principales hallazgos Mecanismos de solución de controversias: el texto del borrador incluye prácticamente una copia fiel de los mecanismos de solución de controversias del TLCAN, que son antidemocráticos y sin ningún balance social pues atienden tan sólo a los intereses de las grandes corporaciones. Estos mecanismos otorgan a las corporaciones extranjeras derechos especiales para el uso del arbitraje internacional en forma por demás secreta y al margen de verdaderos controles públicos. Este arbitraje internacional sustituye a las legislaciones nacionales y por ende a las cortes jurídicas de los países huéspedes de la inversión extranjera. De esta manera el hemisferio corre el riesgo de que, como en el TLCAN, se deroguen de hecho leyes y regulaciones nacionales erigidas a través de años de procesos democráticos. Expropiación: El borrador del capítulo de inversiones del ALCA propone definiciones de expropiación tan amplias como en el TLCAN. Estas definiciones cubren tanto expropiaciones directas como indirectas, e incluso cualquier medida pública cuyos efectos puedan ser considerados equivalentes a una expropiación por las corporaciones, ya que afectan sus intereses. De esta manera, las corporaciones podrán, como en el TLCAN, demandar a cualquier gobierno cuyas acciones provoquen una disminución de las ganancias esperadas. Nivel mínimo de trato: El borrador del capítulo de inversiones del ALCA incluye también una obligación abierta e indeterminada del TLCAN en cuanto a niveles mínimos de trato, que las corporaciones han utilizado con mucho éxito hasta la fecha. Esta obligación es particularmente problemática pues los inversionistas han intentado utilizarla dentro del TLCAN para expandir el ámbito de la cláusula "inversionistas y el Estado" y llevar estos privilegios más allá de las regulaciones puramente en torno a inversión extranjera. Controles de capital: El borrador del capítulo de inversiones del ALCA propone ir más allá del mismo TLCAN en el sentido de prevenir que los gobiernos utilicen formas de control de movimientos de capitales. Esto a pesar del aparentemente creciente consenso entre funcionarios financieros en el sentido de que estas medidas son necesarias para combatir efectivamente las crisis financieras internacionales. El texto del ALCA expande el tipo de transferencias de capital que deben ser permitidas y a las cuales no se les debe poner obstáculo alguno para su inmediata transferencia. El texto incluye contribuciones al capital, regalías, honorarios y cualquier otro pago relacionado con derechos de propiedad intelectual y regalías derivadas de la explotación de los recursos naturales. Trato nacional: Igual que el TLCAN, el ALCA obligará a los gobiernos a dar a los inversionistas extranjeros el mismo o mejor trato que a los inversionistas domésticos. Actualmente los gobiernos tienen una oportunidad única de negociar excepciones en esta cláusula para sectores específicos. Sin embargo, las perspectivas de obtener excepciones significativas son casi nulas dada la ausencia de consultas públicas entre los negociadores y la población en general en la mayoría de los países, así como con los parlamentos y los gobiernos sub-nacionales. Requisitos de desempeño: El borrador del capítulo de inversiones del ALCA es asimismo prácticamente una copia fiel del TLCAN y de su amplia serie de prohibiciones a los requisitos de desempeño a la inversión extranjera. Estos requisitos deberían servir para asegurar que las inversiones sirvan para alcanzar objetivos económicos y sociales en los ámbitos nacionales y locales. Sin duda, el prohibir que los gobiernos puedan imponer estos requisitos se traduce en que no puedan promover en forma soberana y democrática el desarrollo económico y social para sus pueblos y, por lo tanto, es una amenaza para la formulación democrática de las políticas públicas. Definición de inversión: El actual borrador del capítulo de inversiones del ALCA incluye en forma alternante ocho definiciones de "inversión". Esto revela que hay un nivel de desacuerdo considerable entre las partes negociadoras en torno a qué y quién debe ser protegido por las reglas del ALCA. Sin embargo, casi todas las definiciones proponen ir más allá del TLCAN. Por ejemplo, algunas definiciones extienden la cobertura a derechos de propiedad intelectual, derivados, licencias y contratos comerciales. En muchos casos las propuestas replican el lenguaje contenido en el derrotado AMI. -- Sarah Anderson
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