El Servicio Paz y Justicia - Uruguay desea expresar la profunda preocupación de esta institución defensora de los Derechos Humanos, ante la crisis económica que atraviesa nuestro país, que profundiza estructuralmente la pobreza de muchos y la riqueza de unos pocos. Debemos recordar, ante esta grave situación que nos interpela, que la misma fue causada por la política económica que han implementado los sucesivos gobiernos, y que lamentablemente se traduce en la conclusión de los derechos más básicos de gran mayoría de la población uruguaya, como son el derecho al trabajo, a la salud, a vivienda digna, a alimentación adecuada, a la educación, entre otros. La insistencia del gobierno actual en seguir implementando esta política que profundiza las brechas económicas y sociales, impuesta por organismos internacionales que solamente exigen recortes de los gastos del Estado, aumento de precios y tarifas que golpean a la gente , sin reactivación de la producción para generar empleo, y sin contemplar las desigualdades a través de políticas sociales, es evidente que sólo conduce a la marginación social, al desempleo, a la emigración de miles de uruguayos, en definitiva a una crisis social sin precedentes y cuyas consecuencias son el menoscabo progresivo de los derechos fundamentales de los individuos. SERPAJ considera que son formas de violencia también, la exclusión , la marginación, la desocupación, la infantilización de la pobreza, el hambre, la inseguridad en las calles, el aumento de la delincuencia que trae también como consecuencia el hacinamiento y la violación sistemática de los Derechos Humanos en las cárceles, tal cual lo hemos estado denunciado desde hace años. Asimismo, asistimos al deterioro progresivo de la educación pública y del sistema de salud, situación aún más agravada con el cierre de la emergencia del Hospital de Clínicas que cumple un servicio fundamental para los más necesitados y para gran parte de la población del interior del país. La continuada persistencia de esta línea económica, rechazada por amplios sectores de la sociedad desde hace tiempo, conduce a la desintegración social en forma progresiva, a la desvalorización del ser humano, a la pérdida de los valores más caros, a la corrupción en sus múltiples expresiones que va desde el vaciamiento de los bancos generando daños económicos incalculables a nuestro país, que se debe endeudar aún más con organismos internacionales para salvar al sistema financiero, hasta la corrupción de funcionarios del Estado, que desprestigian la función que cumplen y en muchos casos terminan procesados. Con su inconsistencia y falta de solidez atentan nada menos que contra la base de la sociedad: la familia, generando la desintegración de la misma con la consecuencia de la emigración, la separación de las parejas y los hijos. Además las consecuencias psicológicas afectan a cantidad de uruguayos desocupados que se quedan en nuestro país pero sin perspectivas o sin futuro para ellos y sus familias. El gobierno ha ido perdiendo credibilidad con su política económica ya que, así como hoy aconsejan y pronostican determinadas situaciones, al poco tiempo hacen lo contrario, generando perjuicio a la gente que creyó y luego fue engañada. Es fundamental en estos momentos de dificultades y desesperanzas, donde existe la sensación generalizada de que casi todo puede venderse, percibir señales de coherencia y verdadero compromiso, en este sentido, consideramos que el nuevo Ministro de Economía debería dar señales claras, en forma inmediata a través de la próxima Rendición de Cuentas, en aras de satisfacer los reclamos de los sectores más afectados. EL RESPETO A LA DIGNIDAD HUMANA La crisis del sistema revela una dimensión no solamente económica y política sino también ética y espiritual, así la falta de sensibilidad demostrada por quienes ocupan cargos de poder, generando hambre y desocupación creciente, ha atentado contra la esperanza y los sueños de los uruguayos. Se tardará muchos años en poder recuperar todo lo que se ha deteriorado en este tiempo, en superar las graves secuelas sociales y restaurar la desintegración de nuestra sociedad, por eso es imperativo comenzar una etapa de cambios en la política económica lo antes posible. Es nuestra tarea recordar que los Derechos Humanos son inherentes a la condición humana e inalienables, tal como han sido consagrados por las naciones civilizadas en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, en el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y en el Pacto de San José de Costa Rica entre otros y constituyen pues la más preciada garantía que poseemos todos los seres humanos ante el Estado, por lo que no admiten excepciones a la hora de su plena vigencia y no admiten tampoco ningún tipo de discriminación a la hora de garantizarlos. Los Derechos Humanos deben concebirse indivisibles e interdependientes , derivados de la dignidad humana, la cual sólo puede ser garantizada mediante la efectiva protección de los mismos, y sin lugar a dudas, deben ser las personas las llamadas a ocupar el primer lugar en cualquier proyecto económico, político o social que se precie de basarse en ideales de respeto, progreso y democracia. Es fundamental tener en cuenta que es la dignidad inherente lo que le otorga al ser humano el derecho a contar con determinadas circunstancias fomentadas o garantizadas desde el Estado que posibiliten su desarrollo integral, porque la realización de una persona de manera completa sólo es posible en el disfrute de sus libertades civiles y políticas, en un contexto donde se propicien condiciones de vida digna y humana. Es el Estado quien tiene la obligación ineludible de garantizar los derechos fundamentales de todos sus habitantes pues son los que hacen a la dignidad humana: el trabajo, educación, alimentación, salud, vivienda y seguridad social. Para garantizar estos derechos se deben implementar políticas económicas y sociales que combatan la desigualdad social, generen empleo y eliminen la pobreza, mientras esto no suceda se estarán menoscabando los Derechos Humanos de la gran mayoría de los uruguayos. Montevideo, 29 de julio de 2002