La nueva ATPA (ATPDEA) y los mandatos del imperio El 6 de agosto pasado, el Congreso USA convirtió lo que fue la Ley de Preferen-cias Comerciales Andinas (ATPA) en la nueva Ley de Promoción Comercial Andina y Erradicación de la Droga (ATPDEA), mediante la cual se renuevan y amplían beneficios arancelarios otorgados por el gobierno de EEUU a Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, que estarán vigentes 5 años, hasta el 31/12/06, pero la rebaja arancelaria en confecciones entrará en vigor recién el 1/10/02. Estos beneficios son positivos para los países andinos, pero no son un regalo. La política arancelaria norteamericana está muy lejos del sueño neoliberal. Los EEUU no solo subvencionan a muchas de sus ramas productivas, sino que las protegen con aranceles y otras medidas. Cada vez que lo creen necesario actúan al margen de los acuerdos internacionales establecidos dentro de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y convenios bilaterales, así lo han demostrado con el caso del acero. Los norteamericanos nunca dan puntada sin hilo, sostienen que la ATPDEA debe ayudar a consolidar valores y prácticas democráticas, a la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, al tiempo que reforzar la seguridad nacional de EEUU. Seremos "país beneficiario" si a criterio del Gobierno de EEUU cumplimos con varias exigencias, tal como mantener buena conducta ante la OMC (ellos debieran ser los primeros en respetar las decisiones de ese organismo). Dependeremos de las negociaciones para el Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA), de aceptar y aplicar sus criterios de defensa del derecho de propiedad intelectual, además de otros condicionantes relacionados con derechos laborales internacionalmente reconocidos (ellos debieran también reconocer estos derechos a los inmigrantes ilegales). Los requisitos son aún mayores, van desde apoyar a EEUU en la lucha para combatir el terrorismo y obtener su certificación en la lucha contra las drogas hasta garantizar transparencia y libre competencia en las compras del sector público (lo que significa que las empresas nacionales no tengan ninguna ventaja frente a las extranjeras para venderle al Estado). Casi, casi, tenemos que pedirle permiso al gobierno de W. Bush para estornudar. Pero ahí no termina la cosa. Adicionalmente tenemos que haber creado condiciones favorables para la solución de varios problemas que empresas norteamericanas tienen en nuestro país. De la empresa 3M, que pretende mantener un depósito construido en los Pantanos de Villa. Teleinfor, que perdió un arbitraje ante Telefónica, ahora quiere un nuevo arbitraje, EEUU vs España. La minera Engelhard, que exportó fraudulentamente oro de Madre de Dios para cobrar el reintegro del IGV, quiere que la Sunat le devuelva 28 millones de dólares. STM Wirles desea, de todas maneras, tener la concesión de telefonía rural por haber ganado una licitación que no fue definitivamente aprobada por el Ministerio de Transportes. Así estamos. El gobierno norteamericano nunca ha andado con contemplaciones, no tiene amigos, sino intereses. Sólo debemos tener un trato respetuoso si nos hacemos respetar y si avanzamos en la unidad latinoamericana. La República, Lima, 25 de Agosto del 2002