Introducción El debate en el seno de la Comisión Mixta para el Pacto Fiscal ha empezado a virar en la dirección correcta: se aleja de la consideración del tema como un aspecto meramente contable y se empieza a analizar como parte sustancial de toda la política económica ejecutada en los últimos veinte años. Esa visión integral debe ser profundizada por los sectores populares. Es un buen momento para hacer un balance de los resultados de la política de ajuste estructural aplicada bajo los cánones del neoliberalismo y proyectar un verdadero modelo de desarrollo que ponga su énfasis en el desarrollo político, social y ambiental; y ubique los aspectos económicos en el campo de los instrumentos, desterrándole del de los objetivos. Bien se puede afirmar que la gran locura de nuestra época, la del capitalismo salvaje, es haber convertido la organización económica en un fin en si mismo, olvidando que la razón de ser de la organización económica es alejarnos de la caverna, servir al desarrollo de la humanidad y no el de conducirnos a la destrucción de la vida. La economía deber estar al servicio de los pueblos, no los pueblos al servicio de la economía. Planteado desde esa perspectiva el tema fiscal es amplio y complejo por lo que se hace bien en definir principios rectores que reduzcan el peligro de extraviarse. A nuestro juicio esos principios deberían ser los siguientes: 1. La política fiscal debe ser un instrumento de solidaridad social permitiendo la transferencia de recursos de los que más tienen a quienes menos tienen. 2. El gasto público debe ser el principal instrumento para que en el largo plazo nuestro país amplíe su capacidad de producción. 3. La política fiscal debe sustentarse en la ética y fortalecerla. 4. La política fiscal debe ser parte de la política económica y social, en función de impulsar el desarrollo nacional sustentado en la solidaridad nacional e internacional, la renovación de la democracia, la paz con la naturaleza, y el fortalecimiento de la independencia y autonomía de nuestro pueblo. En atención a esos principios nos manifestamos sobre el tema fiscal con el propósito principal de brindar otro aporte al debate planteado y con la esperanza de que la unidad y la coordinación de los sectores poipulares permita que en algún momento inmediato puedan recogerse las ideas y formalizarse en un ideario de los sectores populares, que sirva de apoyo a la lucha social y política. El modelo de los clavos de oro La situación fiscal es consecuencia de la toda la política económica aplicada en los últimos veinte años. Hacia inicios de los años ochenta Eduardo Lizano, presidente vitalicio del Banco Central, definió la política a ejecutar como una que permitiese a los empresarios hacer clavos de oro, era esa su receta para sacar al país de la crisis. Veinte años después los resultados son innegables: los ricos se han hecho más ricos y los pobres más pobres, se desarrolló de manera acelerada la corrupción a vista y paciencia de las autoridades y en casi todos los casos con su abierta participación, la exclusión social se incrementó y de su mano la violencia social crece desmesurada, la entrega de la riqueza nacional al capital extranjero es galopante, la explotación de los obreros, de los campesinos y de los sectores medios es asfixiante. El control extranjero sobre nuestra economía ha alcanzado niveles extraordinarios, de 1995 al 2001 creció en un 355%. Los pagos netos al exterior, remesas de utilidades, pasaron de ¢ 55.326,3 millones en el 95 a ¢304.726,5 millones en el 2001, un crecimiento del 450%. En seis años el déficit comercial del país con los EEUU pasó de $577,5 millones a $ 732,4 y con relación a México cambió de $164,9 millones a $324,1 millones. Como resultado de las presiones del FMI, del Banco Mundial y del Departamento de Estado de los EEUU, con la complacencia del bi- partidismo, Costa Rica perdió en los últimos años dos formidables instrumentos de política: El control del ahorro público y los aranceles a las importaciones. Con el pretexto de impulsar un sector financiero "moderno" se ha desregulado y privilegiado al capital financiero, sector que domina al bloque social hegemónico. La política monetaria ejecutada por el Banco Central inclinada a favorecer al capital financiero privado deja pérdidas que deben ser pagadas en última instancia por los trabajadores. Partiendo de cifras oficiales sobre los principales casos de corrupción, el saqueo a las arcas públicas asciende al 66% de la deuda pública. Si sumamos a los robos reconocidos oficialmente, lo de vivienda, las licitaciones amañadas, las pensiones exorbitantes, las consultorías falsas, el derroche, podemos afirmar a voz en cuello que si los ladrones no hubiesen gobernado el país no existiría deuda alguna, razón fundamental para oponerse de manera férrea a resolver ahora el problema creado con más cargas e impuestos sobre el pueblo. Además no ha existido transparencia en cuanto al porcentaje de la deuda pública que está en manos de los sectores privados, porque la sociedad no tiene garantías y seguridad de que esos fondos ingresaron efectivamente al erario; no se sabe a ciencia cierta, como lo afirmó el presidente Pacheco en campaña electoral, cuánto debemos y a quién se lo debemos. En ese sentido cobra importancia la demanda de una Auditoría confiable de la deuda interna. Una política fiscal perversa La política fiscal y la de salarios son los principales instrumentos de política para propiciar una equitativa redistribución del ingreso de los que más tienen a quienes menos tienen y por esa vía mejorar la calidad de vida de la población. Las estadística reflejan que en Costa Rica la redistribución ha operado a la inversa. Los ricos se han hecho más ricos y los pobres más pobres. En el último semestre, tomando en cuenta en reajuste salarial de Julio, los trabajadores han sufrido una disminución de sus salarios reales. En los últimos cinco años el desempleo abierto pasó de un 5,2% a un 6,1% y la precarización del empleo señalada en la tasa de subutilización pasó de 11% a un 13% afectando a 226.500 trabajadores. Quienes más inflan el globo de la crisis fiscal se desgañitan reclamando una reducción del gasto público. Esta posición debe ser rechazada. Bastaría constatar las carencias de cualquier centro educativo público o acercarnos aun más a los problemas del ambiente, a las dificultades de las personas con discapacidad, a la vulnerabilidad de miles de niñas y niños del campo y la ciudad, para darnos cuenta de la urgente necesidad de incrementar el gasto. Pero aparte de esas consideraciones de equidad y de solidaridad, hay que indicar que la reducción del gasto equivaldría a poner al país en la antesala de un peligrosa crisis como la que sacude otras sociedades latinoamericanas. Como porcentaje del PIB el déficit se ha reducido desde 1989, pero con mayor énfasis a partir de 1994 año que ascendió al 5,5%, el año pasado fue un 2,9%. Esta contracción del gasto ha sido acompañada de una política monetaria restrictiva que ha reducido la inflación desde un 22,56% en 1995 hasta un 10,9% en el 2001, asimismo las tasas de interés se han reducido en el mismo periodo de un 31,26% a un 15,1%. Estas políticas constrictivas han pasado la factura en el deterioro del empleo se señaló antes. Las presiones sociales y la creciente ingobernabilidad que enfrenta el bipartidismo, por un lado y las presiones de la oligarquía nacional y el capital internacional por otro, mantienen al país en una encrucijada histórica. El gobierno ha apostado por una serie de proyectos de corte neoliberal que dejan incólumes los intereses de los sectores económicamente poderosos y que buscan intensificar la carga tributaria sobre los trabajadores y de manera particular sobre los sectores medios. Además insiste en reducir el gasto público. El corazón del problema El corazón del problema radica entonces no solo en financiar el déficit actual sino en comprender que el desarrollo de Costa Rica exige de un mayor gasto público, esto es de una mayor presencia estatal orientada a satisfacer necesidades de los sectores pobres, a la protección del ambiente, a la investigación científica y tecnológica, y a la ampliación y mejoramiento de la infraestructura. El mayor gasto público debe financiarse con impuestos a los sectores ricos de la población, de manera que opere una verdadera redistribución de la riqueza. El sistema tributario actual opera a la inversa La carga tributaria recae de manera evidente sobre los sectores medios de la población puesto que prácticamente todo su consumo está gravado con el 13% del impuesto sobre las ventas, paga por planilla el impuesto sobre la renta, y debe hacer frente a los impuestos municipales, sobre los vehículos, el combustible, los seguros, y todas las cargas sociales. El 72,4% de los ingresos fiscales corresponde a impuestos indirectos y el 27,6 al impuesto sobre la renta. Dentro del impuesto sobre la renta está incluido lo que pagan algunas instituciones públicas como los bancos, y lo que se rebaja directamente a los trabajadores por la planilla. Cálculos basados en datos oficiales permiten afirmar que los empresarios tributan apenas un 13,64% del total recaudado por el Gobierno. En otras palabras de cada colón de ingreso fiscal los empresarios pagan menos de 0,14 céntimos. El sector empresarial jinetea la recaudación del impuesto de ventas y no pocos empresarios se los roban y evaden impuestos de aduana y de renta. Además el empresariado se beneficia de manera directa con subsidios, proteccionismo, créditos especiales, avales del estado, exenciones de impuestos y de ministerios que están a su exclusivo servicio. Se puede afirmar que los empresarios reciben más de lo que pagan, es decir su tributación es negativa. El secreto de los delitos La impunidad que facilita la corrupción se fortalece con dos arcaicos secretos: el bancario y el fiscal. Por imposiciones internacionales los bancos deben reportar a las autoridades del narcotráfico las operaciones sospechosas que se realizan en dólares, pero no reporta estas mismas operaciones, ni las que se realizan en colones a la tributación directa. Esos "secretitos" deben terminar, pero mientras se mantengan esa nefasta legislación nada impide que Hacienda informe al país de manera trimestral sobre la tributación de determinados sectores empresariales como los bancos privados, el gran comercio, y otros sectores industriales. La transparencia es indispensable para hablar con seriedad de un pacto fiscal. Los impuestos disfrazados La deuda del Gobierno con el resto del sector público constituye el 62% del total de la deuda pública interna. Esta deuda tiene dos componentes por una parte la imposición del Poder Ejecutivo a las instituciones de lograr excedentes de operación o utilidades en la caso de los bancos, y por otra la necesidad de las propias instituciones de colocar en el mercado financiero sus excedentes temporales o las reservas de los seguros de incapacidad, vejez y muerte de la CCSS y las reservas técnicas del INS. En el primer caso, de los excedentes obligados, se trata de un impuesto disfrazado, antidemocrático y absolutamente regresivo. Los excedentes pueden resultar de la paralización de inversiones fundamentales para dar sostenibilidad al desarrollo nacional, caso de electricidad y telecomunicaciones, salud; de tarifas calculadas sobre el coste real, o de ambas. Este proceder debe ser repudiado y combatido por los sectores populares por cuanto constituyen un impuesto antidemocrático y antipopular. Antidemocrático por cuanto no es aprobado en la Asamblea Legislativa, sino por el Regulador General, y antipopular por cuanto quién más paga es el pueblo. Debe además tomarse en cuenta que sobre los servicios telefónicos se paga un 13% de impuesto de ventas, de manera que una sobre tarifa, implica pagar impuesto de ventas sobre un impuesto. En el segundo caso, en el de la colocación obligada de las reservas, debe operar una política cristalina y los trabajadores deben vigilar que esas reservas se paguen de manera puntual, va en ello, en gran medida, el bienestar de los trabajadores y de sus familias. La dimensión ética A todos los aspectos señalados debe agregarse la dimensión ética. No es ético que la sociedad gire alrededor de la evasión y los negocios ilícitos. No es ético que políticos inescrupulosos se roben los fondos públicos o les utilicen para alienar la conciencia de los beneficiarios de los programas. No es ético que el gasto público esté operando en el sentido de transferir riqueza de los sectores pobres y medios a las clases adineradas. No es ético que se esté hipotecando el país al capital extranjero. El pacto fiscal Desde diversas ópticas se ha planteado la necesidad de un pacto fiscal en el que participen todos los sectores sociales. Frente a tales propuestas las organizaciones populares han reaccionado de manera diversa, pero ninguna de las posiciones asumidas hasta ahora se presenta como excluyente. Para garantizar la coordinación de acciones es indispensable respetar la diversidad de criterios, y al mismo tiempo comprender que un pacto fiscal solo podrá ser beneficioso para nuestro pueblo, si las organizaciones que representan a sus diversos sectores, hacen converger sus acciones hacia propósitos únicos. La unidad urgente Ante la situación planteada es urgente la unidad y la coordinación de todos los sectores populares. Profundizar el diagnóstico, afinar las propuestas alternativas, informar a todos los sectores populares, coordinar las acciones, y preparar las movilizaciones necesarias son todas tareas urgentes para avanzar en una lucha firme en defensa de la equidad, de la ética, del ambiente, del desarrollo nacional y del impulso del proceso de renovación de la democracia. El Foro de Acción Política aspira a ocupar un lugar en esa trinchera. San José, Costa Rica, 7 de setiembre de 2002. * José Merino del Río, Coordinador.