Organizaciones de derechos humanos y de desarrollo rechazan pronunciamiento militar Las organizaciones de derechos humanos y de desarrollo abajo firmantes, preocupadas por la presencia de violencia discursiva y no discursiva en la vida política del país, y ante la reciente manifestación pública de un grupo de oficiales activos de la Fuerza Armada Nacional, convocando a desconocer la autoridad del Presidente de la República, manifestamos lo siguiente: - Rechazamos categóricamente el pronunciamiento militar realizado el día de ayer, 22 de octubre, por un grupo de 14 oficiales de alto rango de la FAN, por constituir una invitación explícita a la ruptura del orden constitucional en Venezuela. En tal sentido, coincidimos con el comunicado del Secretario General de la OEA, en el que se plantea la necesidad de respetar el Estado de Derecho por parte de todas las entidades y sectores de la sociedad y recuperar la debida subordinación que deben a las autoridades civiles los integrantes de la Fuerza Armada Nacional, en todo régimen democrático. - Exigimos a los poderes públicos que, en un marco de estricto respeto a los derechos humanos consagrados en nuestro ordenamiento legal, tomen medidas orientadas a investigar y sancionar cualquier acto que atente contra el hilo constitucional. Una de las razones fundamentales que ha contribuido a agudizar la confrontación política en Venezuela es la impunidad de numerosas violaciones a los derechos humanos; de delitos graves que atentan contra la ciudadanía, incluyendo atentados por motivos políticos contra periodistas, líderes sociales y medios de comunicación; y de quienes abrogándose un supuesto apoyo popular, como estos militares que ayer se pronunciaron, han invocado el artículo 350 de la Constitución de la República para violentar la misma Constitución y la voluntad expresada en las urnas electorales - Reiteramos nuestra opinión, hecha pública desde el proceso constituyente de 1999, en cuanto a los riesgos y el daño sustancial que sufriría la FAN al convertirse en un actor político, lo cual se ha evidenciado en el actual conflicto que vive la sociedad venezolana. Aceptar la invitación que diversos sectores le formulan a la FAN para que asuma las riendas políticas del país, significaría crear condiciones para una gravísima situación de violaciones a los derechos humanos. En este sentido reiteramos la necesidad de activar los mecanismos legislativos necesarios para subrayar, en nuestro ordenamiento, el carácter no deliberante y subordinada al poder civil de la FAN. - Finalmente exigimos al Gobierno y a todos los sectores en pugna, resolver las diferencias que hoy nos aquejan como colectivo, a través de vías democráticas, constitucionales, respetuosas en la diversidad de ideas y de opciones, y poniendo por encima de los intereses de grupos, partidos o sectores los legítimos intereses del colectivo nacional. En ese proceso, es fundamental el reconocimiento del Otro político como interlocutor en un mecanismo de negociación. – Red de Apoyo por la Justicia y la Paz
– Oficina de Derechos Humanos de San Fernando de Apure
– Servicio Jesuita para los Refugiados
– Equipo de Formación-Información y Publicaciones (Efip)
– Instituto de Investigación y Defensa Integral Autogestionaria (India)
– Colectivo de Asistencia y Servicio Integral a los Trabajadores (Aportes)
– Federación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos de América Latina (Fedefam)
– Comisión de Derechos Humanos "Derecho y Justicia" de la Arquidiócesis de Ciudad Bolívar
– Comisión de Defensa delos Derechos Ciudadanos de la Universidad de Carabobo (Coddeciuc)
– Cátedra de la Paz y los Derechos Humanos "Monseñor Romero" de la Universidad de los Andes
– Centros Comunitarios de Aprendizaje (Cecodap)
– Asociación por la Vida (Asovida/Mérida)
– Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea)