Maracay, 09 de Diciembre de 2002. Ciudadano:
Dr. CÉSAR GAVIRIA.
SECRETARIO GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS "OEA"
Presente. Distinguido Dr. Gaviria, Mensajero de la Paz de América Toda, para Venezuela. Nosotros, representantes de organizaciones no gubernamentales de la sociedad civil nacional, preocupados por el curso de los acontecimientos políticos que embargan al país y conscientes de que la solución al conflicto de gobernabilidad debe partir de un acuerdo político pacífico y que respete la normativa legal y los derechos e intereses del colectivo nacional; nos dirigimos a usted con la finalidad de ser solicitar nos tome en cuenta en la Mesa de Diálogo Nacional que usted promueve, en la cual solo están participando la representación de la oposición y del gobierno. Fundamentalmente, para presentar el siguiente papel de trabajo para lograr el acuerdo de las partes en conflicto, al cual solicitamos que, adicionalmente, sea suscrito también por la representación de los sectores religioso, militar, económico y político, como un gran ACUERDO POR LA PAZ NACIONAL. Esta propuesta es un borrador que nos permitimos hacerle llegar informalmente, pero que está siendo revisado para su firma por más de cincuenta organizaciones sociales pertenecientes a los sectores vecinales, culturales, ecologistas, campesinas, indígenas, de derechos humanos, de estudiantes, de trabajadores, de protección a la mujer, de protección al anciano, de protección a la infancia y la adolescencia, de protección civil, de deportes, de medios de comunicación alternativos, libres y comunitarios, entre otras, pertenecientes al centro del país; pero que podrá ser adherida por cualesquiera otras organizaciones de la sociedad civil oportunamente. En consecuencia, rogamos sus buenos oficios a fin de convocar a las partes en conflicto a considerar las salidas jurídicas, democráticas y pacíficas que aquí proponemos. Agradecidos de su atención y en espera de su urgente intervención, quedamos de Usted, Atentamente, SOCIEDAD PROFESIONALES DE LA INGENIERÍA Y ARQUITECTURA EN LIBRE EJERCICIO
Edwards Castillo R. C.I. 6.355.303 CONCEJO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DEL ESTADO ARAGUA
María Parada. C.I. 9.645.242 FUNDACIÓN DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO ECOLÓGICO INTEGRAL
Luís C. Rodríguez A. C.I. 7.293.592 COLEGIO DE ARQUITECTOS DEL ESTADO ARAGUA
Teresita Zambrano C. C.I. 2.851.677 ASOCIACIÓN COOPERATIVA DE OBRAS ARQUITECTÓNICAS "ACOA"
Andrés E. Castro C.I. 8.867.797 ESCUELA DE AUTOEDUCACIÓN VITALICIA
Magali Rodríguez C.I. 2.849.620 REDES SOCIOCULTURALES DE ARAGUA
Larry Alvarez. C.I. 7.273.724 FRENTE ECOLÓGICO REGIONAL ARAGUA-CARABOBO
José Manuel Hurtado C.I. 7.224.214 ESCUELA DE FUTBOL MENOR DE LA UCV- ARAGUA
Luis Fernández C.I. 6.219.467 COMUNIDAD CRISTIANA BIBLIA ABIERTA DE SAN JOSE
Bárbara de Castillo C.I. 887.070 COMISIÓN INTERSECTORIAL PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO ARAGUA.
David Muñoz C.I. 7.684.588 CENTRO EXCURSIONISTA "KUYAIMÁ"
Aitor Achutegui. 4.232.239 GRUPO DEPORTIVO SIGLO XXI
Pedro Cimoza C.I. 3.452.891 GRUPO DE TEATRO BOANERGES
Weston Liscano C.I. 12.342.886 FUNDACIÓN COMUNITARIA RADIO VOZ TACARIGUA
Guillermo Alzualde C.I. 3.189.244 REVISTA LA ERA ECOLÓGICA
Alfredo Lascoutx C.I. 4.081.193 CENTRO CULTURAL HIGUARAYA CAPANAPARO
Maruja Flores A. C.I. 3.162.953 GRUPO ECOLÓGICO INDIGENISTA AMAZONAS
Isabel Gómez. C.I. 9.655.154 REVISTA ÁMBITO CIENTÍFICO
Ramzi Soukí Atrach C.I. 7.228.620 TEATRO KARITAS
Carmen Linarez C.I. 3.748.603 SOCIEDAD CIENTÍFICA AMIGOS DEL PARQUE NACIONAL HENRI PITTIER
Ernesto Fernández B- C.I. 3.842.563 LIBRE TEATRO
Laila Colmenarez. C.I. 10.736.552 ASOCIACIÓN CIVIL ENSAMBLE SENCILLO
Omaira Serrano C.I. 4.164.432 TEATRO ESTABLE DE MARACAY
Elías Osorio C.I. 7.189.293 SOCIEDAD DE CULTIVADORES DE ORQUÍDEAS DEL EDO. ARAGUA
Jesús A. León C.I. 346.099 CORAL FILARMÓNIOCA DE ARAGUA
María Teresa de Pereira C.I. 923.322 EQUIPO ARTEA
Antonio Defitt C.I. 4.223.260 FUNDACIÓN LA ERA AGRÍCOLA
César Díaz C.I. 2.028.284 MOVIMIENTO DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA
Emma R. Ortega. C.I. 4.430.436 UNITEATRO DE ARAGUA
Alejandro Bastidas C.I. 8.131.366 GRUPO DE TEATRO TIC TOC
Simón Añez C.I. 7.192.634 GRUPO RECICLAJE EL LIMÓN
Santana Cedeño Z. C.I. 11.083.540 ESCUELA TALLER DANZAS NACIONALISTAS EL MILAGRO
Cira Cimoza C.I. 11.980.911 DANZAS FOLKLÓRICAS SAN VICENTE
Antonio Salazar C.I.: 7.231.113 ASOCIACIÓN DE FUTBOL DE SALÓN DE ARAGUA
Giovanni Pirillo. C.I. 12.340.068 Y TODAS LAS DEMÁS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL QUE SE ADHIERAN .../... ACUERDO POR LA PAZ NACIONAL PROPUESTA QUE PRESENTAN DIVERSAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES DE LA SOCIEDAD CIVIL VENEZOLANA ANTE LA MESA DE DIÁLOGO QUE PROMUEVE EL DR. CÉSAR GAVIRIA, SECRETARIO GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS, "OEA", COMO ACUERDO DEMOCRÁTICO PARA RESOLVER LA ACTUAL CRISIS POLÍTICA DE GOBERNABILIDAD EN LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ACUERDO 1°: REPUDIAMOS TODA FORMA DE VIOLENCIA. Todos los factores políticos, económicos y sociales declaramos nuestro rechazo absoluto a las manifestaciones de violencia en todas sus formas. Repudiamos por igual la violencia física que atenta contra la salud y seguridad personal. Repudiamos la violencia material, dirigida contra bienes del dominio publico y privado, sea por actos vandálicos, sabotajes y boicot de operaciones, por acción y omisión. Repudiamos la violencia psicológica dirigida por verbos enardecidos, ofensas personales, términos despectivos que despiertan discriminaciones sociales, raciales, religiosas, o de género y cualquier forma de ataque verbal, especialmente la transmisión y difusión masiva de imágenes, palabras, textos, abuso de efectos sonoros o visuales que induzcan al dolor, el odio, la venganza y demás formas de guerra psicológica embestida por cualquier medio de difusión masiva en nombre de cualesquiera de las partes en conflicto. ACUERDO 2°: NOS COMPROMETEMOS A NO USURPAR LA REPRESENTACIÓN DEL PUEBLO DE VENEZUELA NI DE LA SOCIEDAD CIVIL VENEZOLANA. El Pueblo de Venezuela es el único depositario del poder constituyente originario y único que tiene la decisión en la democracia participativa y protagónica, la cual puede manifestarse por todos los medios previstos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y los poderes creadores del pueblo. El Pueblo Soberano se puede manifestar en forma parcial mediante la organización de una sociedad civil, entendida ésta como el colectivo social afiliado o adscrito a una organización en razón de su conexión espacial o funcional, siempre que no pertenezca a instituciones del Estado, ni militares, ni religiosas, ni del sector económico, con quienes pueda tener conflicto de intereses, ni esté subordinado o mantenido por entes extranjeros. Las organizaciones de la Sociedad Civil solo se manifiestan por órgano de sus autoridades, en decisiones colegiadas; por lo cual quienes ejercen su representación son simples voceros que solo pueden difundir estas decisiones de su colectivo, sin que les sea permitido asumir posiciones o emitir declaraciones que no han sido decididas por las vías de consulta de ese colectivo. Las organizaciones de la sociedad civil no pueden estar subordinadas, alienadas, controladas o depender en forma alguna de personas o entidades extranjeras, ni foráneos a su naturaleza. Solo pueden ser voceros o representantes de las organizaciones de la sociedad civil las personas que hayan sido designadas en forma democrática por el colectivo que dicen representar, mediante los mecanismos establecidos en sus estatutos y, a falta de éstos, los previstos en los reglamentos electorales afines dictados por el Consejo Nacional Electoral o la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política. No pueden estar dirigidas o representadas por personas ni organizaciones políticas, ni por quienes han ejercido actividad político-partidista, militar, religiosa, o que ejerzan alguna función pública o económica que genere conflicto de intereses con los del colectivo que representan. Por consiguiente, los términos Sociedad Civil y Pueblo de Venezuela no serán utilizados por ninguna persona, organización o sector sino solo después de ser ejercida la voluntad popular mediante los instrumentos previstos en sus estatutos internos y en las normas legales sobre participación popular y sufragio. ACUERDO 3°: NOS COMPROMETEMOS EN RESPETAR Y ACATAR LA CONSTITUCIÓN, LAS LEYES Y LAS DECISIONES DEL PUEBLO SOBERANO HASTA TANTO SEAN CAMBIADAS EN FORMA LEGAL Y DEMOCRÁTICA. Todos los factores políticos, económicos y sociales convenimos en respetar y acatar la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y todas las leyes y demás normas; así como las decisiones tomadas por el Pueblo Soberano mediante el sufragio y demás medios de ejercicio soberano y participación ciudadana. Por consiguiente, como factores políticos, económicos y sociales, nos comprometemos a encontrar soluciones pacíficas, pero dentro del marco jurídico establecido, en el entendido que las formas de participación democrática establecidas en nuestro ordenamiento constitucional son enunciativas y no taxativas, por lo que no se descartan nuevas formas de decisión del Pueblo Soberano, siempre que no menoscaben los derechos y garantías constitucionales individuales, colectivos y difusos, y que no contraríen la letra y espíritu del texto constitucional. Asimismo, nos comprometemos a respetar la voluntad popular manifestada en las elecciones en las que resultaron electos y electas quienes hoy representan el poder constituido; siendo posible removerlos de sus cargos solo mediante los mecanismos democráticos establecidos o que se establezcan en la Constitución y las Leyes para el ejercicio de la voluntad popular. Mientras estas soluciones civilizadas, pacíficas y constitucionales se ejerzan aceptamos la permanencia de quienes han sido elegidos o elegidas en los cargos actuales y nos comprometemos a respetar sus investiduras y mandatos dentro del marco legal. Igualmente, las leyes, decretos y demás decisiones de los órganos del poder nacional serán acatados mientras se ejerzan dentro del marco de la legalidad y la democracia. ACUERDO N° 4: RECONOCEMOS LA NECESIDAD DE REESTRUCTURAR EL PODER ELECTORAL ACTUAL A LA MAYOR BREVEDAD, PARA GARANTIZAR LA IMPARCIALIDAD Y TRANSPARENCIA DE TODA SOLUCION DEMOCRÁTICA. Toda vez que corresponde al Poder Electoral ejecutar las acciones tendientes a facilitar el ejercicio de la voluntad popular mediante el sufragio y las demás formas de participación democrática, las partes reconocemos que en la actualidad las autoridades que rigen el Consejo Nacional Electoral no están legitimados para actuar, toda vez que no se cumplen los requisitos legales para su constitución y funcionamiento. En tal sentido, los factores políticos, económicos y sociales acordamos dar prioridad a la reestructuración del Consejo Nacional Electoral en cumplimiento de los artículos 292 y siguientes de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y en consenso acordamos reconocer la suspensión de los efectos de las decisiones tomadas por las actuales autoridades, desde el mismo momento en que se incumplieron las condiciones constitucionales para la validez de sus decisiones; debiendo la nueva directiva pronunciarse sobre las materias afectadas por tales decisiones y tomar las acciones conducentes, que las partes se comprometen a acatar. Asimismo, desde este momento declaramos abierto el lapso para presentación de postulaciones, de conformidad con la Constitución y la Ley, a fin de proceder a la brevedad a la restructuración del Consejo Nacional Electoral. Las partes aceptan los conceptos enunciados sobre las organizaciones de la sociedad civil, extendidos a los de toda organización no gubernamental que pretenda participar del Comité de Postulaciones o presentar postulaciones a tales cargos. En todo caso, no podrán presentar postulaciones las organizaciones no gubernamentales y las organizaciones de la sociedad civil que pertenezcan al comité de postulaciones, ni las que estén representadas o constituidas sin cumplir las exigencias enunciadas en el punto respectivo, ni las organizaciones que en forma pública y notoria han venido haciendo activismo político en los dos últimos años. A efectos del Comité de Postulaciones y de la presentación de postulaciones no podrán formar parte las organizaciones vinculadas a instituciones públicas, militares, religiosas y económicas, ni las que vienen recibiendo subsidios o financiamiento de entes extranjeros, ni las que estén representadas por personas que han hecho activismo político-partidista en los dos últimos años. El Comité de Postulaciones estará integrado por una persona representante de las organizaciones sociales pertenecientes a los sectores siguientes: ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL
REPRESENTATIVA DE LOS SECTORES: COLEGIOS PROFESIONALES, TRABAJADORES, CULTURA, DEPORTE, CAMPESINO, INDIGENISTA, DERECHOS HUMANOS, PROTECCIÓN DE LA MUJER, PROTECCIÓN ANCIANOS(AS), JUBILADOS(AS) Y PENSIONADOS(AS), PROTECCIÓN A LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA, ECOLOGISTA, PROTECCIÓN CIVIL, MEDIOS DE COMUNICACIÓN, SECTOR PRODUCTIVO, SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS, SECTOR ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO Y TECNOLÓGICO, ENTRE OTROS. FACULTADES DE CIENCIAS JURÍDICAS Y POLÍTICAS (UN REPRESENTANTE)
UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA
UNIVERSIDAD DE CARABOBO
UNIVERSIDAD DEL ZULIA
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
UNIVERSIDAD DE ORIENTE
UNIVERSIDAD CATÓLICA
UNIVERSIDAD SANTA MARÍA
ENTRE OTRAS. PODER CIUDADANO (UN REPRESENTANTE)
DEFENSORÍA DEL PUEBLO
MINISTERIO PÚBLICO
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Para el mejor desenvolvimiento de estas designaciones, se deberá abrir públicamente lapsos breves para: presentación de organizaciones con su respectiva acreditación, un lapso de oposición o aceptación de acreditaciones, un lapso de presentación de postulaciones por sector, un lapso de oposición o aceptación de postulaciones por sector, un día de elección de la representación de cada sector, y un lapso de impugnación o proclamación de representantes electos(as). Una vez designados todos los representantes sectoriales se constituiría el Comité de Postulaciones para recibir las postulaciones y revisar acreditaciones de personas postuladas por cada sector, en cuyo cronograma se establecerá también breves lapsos para la presentación de candidaturas con su respectiva acreditación, lapso de oposición o aceptación de candidaturas y un día para la designación de los respectivos representantes que corresponden a cada entidad y sus suplentes. Designados los representantes, principales y suplentes, se constituirá de inmediato el Consejo Nacional Electoral, cuyo Directorio pasará a estudiar y decidir las materias con decisiones anteriores que deben legitimarse o anularse, así como las demás decisiones pendientes para la determinación de la voluntad popular. ACUERDO 5°: NOS COMPROMETEMOS A QUE CUALQUIER SOLUCIÓN DEMOCRÁTICA DENTRO DEL MARCO CONSTITUCIONAL SERÁ VINCULANTE. Las partes reconocen que todas los medios de participación democrática son para la toma de decisiones en materias de especial trascendencia local, estadal o nacional, por lo cual se comprometen en aceptar la decisión de la voluntad popular, siempre que se cumplan con todas las formalidades de ley y se garantice la imparcialidad y transparencia, cualitativa y cuantitativa, para cada medio de participación previsto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. La decisión democrática del Pueblo soberano, cumplidas tales formalidades y hechas la pregunta pertinente a la decisión que se quiere tomar, será vinculante para las partes. ACUERDO 6°: ACEPTAMOS ACATAR LAS EXIGENCIAS PARA LA SOLICITUD Y VALIDEZ DEL REFERÉNDUM REVOCATORIO DE MANDATO ANTICIPADAMENTE, EN CASO QUE UN REFERÉNDUM CONSULTIVO PREVIO LO AUTORICE. En torno a la consulta popular solicitada previamente ante el actual Consejo Nacional Electoral por parte de la representación opositora al actual gobierno nacional, las partes convienen que si bien la decisión popular en un referéndum consultivo es vinculante, la pregunta formulada versa sobre un referéndum revocatorio, que es distinto en cuanto a las formalidades legales y finalidad política. En tal sentido, la representación del sector opositor al gobierno nacional se compromete en completar y acreditar el número de firmas mínimo exigido para la solicitud del referéndum revocatorio previsto en el artículo 72 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, para lo cual disponen de todo el tiempo requerido para la constitución de la nueva directiva del Consejo Nacional Electoral y del lapso adicional que éste les conceda, una vez constituido. Por otra parte, la representación del actual gobierno nacional y el Presidente de la República aceptan renunciar al beneficio del lapso que en su favor concede la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela para la realización del referéndum revocatorio previsto en su artículo 72, correspondiente a la mitad del período del mandato, por lo cual dicha consulta revocatoria se podrá realizar en la primera oportunidad que fijen las nuevas autoridades del Consejo Nacional Electoral, en caso que sea aprobado su anticipación en un referéndum consultivo previo o en caso que sus titulares renuncien al beneficio de la mitad del lapso que la misma les concede. Para la realización de cualesquiera referendos se establecerán también los lapsos perentorios para verificación de firmas y del cumplimiento de las formalidades de ley. Pero una vez realizada el referéndum que se trate, las partes aceptamos acatar la voluntad popular, sin perjuicio de aplicar sobre sus resultados o sobre las formalidades del proceso, los recursos electorales que tengan a bien presentar. Asimismo, las partes acuerdan que serán las nuevas autoridades del Consejo Nacional Electoral quienes tomarán la decisión sobre las demás solicitudes de referéndum revocatorios iniciadas o por iniciar sobre otros cargos de elección y se acogerán a la normativa que al efecto resulte aplicable. ACUERDO 7°: ACEPTAMOS LIMITAR Y REGULAR EQUITATIVAMENTE LA CAMPAÑA ELECTORAL DE LOS REFERENDOS A REALIZAR. Las campañas públicas para la postulación de representantes por sector, postulación a los cargos directivos del Consejo Nacional Electoral y para los referendos tendrán limitación de tiempo, espacios y medios publicitarios, sin que se permita la descalificación agresiva, la competencia desleal, la manipulación mediática, o la preferencia en cuanto a cobertura, espacios, formas o cualesquiera discriminaciones y limitaciones sobre la información que debe conocer el electorado antes de decidir. ACUERDO 8°: ACEPTAMOS QUE PARA CUALQUIER RESPUESTA QUE IMPLIQUE ELECCIONES GENERALES ANTICIPADAS DEBERÁN SER CUBIERTOS LOS EXTREMOS LEGALES DENTRO DEL MARCO DE LA CONSTITUCIÓN ACTUAL Y SUS AMPLIAS POSIBILIDADES DEMOCRÁTICAS. Las partes reconocemos que el Poder Constituido en forma legal y legítima por el Pueblo Soberano solo pude ser removido en cualquier momento y con las formalidades de ley mediante al ejercicio del Poder Constituyente Originario depositado en el Pueblo de Venezuela, el cual solo puede manifestarse mediante el procedimiento de la Asamblea Nacional Constituyente previsto en los artículos 347 y siguientes de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como mediante la vía del Referéndum Revocatorio previsto en el artículo 72 ejusdem, en su oportunidad legal. La vía de invocar el Poder Popular Constituyente Originario para realizar elecciones generales anticipadas sin la formalidad de la revocatoria de mandato es posible mediante la invocación de una Asamblea Nacional Constituyente que incluya una primera disposición transitoria que modifique el texto constitucional para incluir el ejercicio de una nueva forma de participación popular, denominada "Reestructuración del Poder Constituido", que podrá ser total o parcial; o bien que autorice el acortamiento del lapso de todos los mandatos vigentes del poder constituido mediante cargos de elección, sea por razones de conmoción pública, estados de excepción política o económica, y motivaciones similares, tanto como por inclusión de un referéndum especial para elecciones generales anticipadas, sea a nivel nacional, estadal o local, en cualesquiera de los órganos del poder constituido de libre elección. Una disposición transitoria siguiente ordenará la relegitimación de todos los poderes públicos de libre elección en ella indicados, mediante la modalidad electoral que establezca la ley, para proceder a realizar dichas elecciones generales anticipadas. En todo caso, los cargos legal y legítimamente designados seguirán siendo ocupados por sus titulares, salvo que aspiren nuevamente a la candidatura al cargo, en cuyo caso deberán renunciar al menos un mes antes de ser iniciada la campaña electoral. ARTÍCULO 9°: LAS PARTES RECONOCEN LA ESTRATÉGICA Y VITAL IMPORTANCIA DE TODAS LAS EMPRESAS BÁSICAS DEL PAÍS, Y EN PARTICULAR PETRÓLEOS DE VENEZUELA Y SUS FILIALES, POR LO CUAL SE COMPROMETEN EN NO UTILIZAR ESTAS EMPRESAS, NI SUS CUADROS GERENCIALES, NI SUS TRABAJADORES Y CONTRATISTAS, NI SUS BIENES DENTRO DEL DEBATE POLÍTICO PARTIDISTA QUE PONGA EN PELIGRO LA ESTABILIDAD ECONÓMICA, OPERATIVA Y GERENCIAL DE LAS MISMAS. Toda vez que el país depende de sus empresas básicas, las partes se comprometen a no interferir ni intervenir negativamente en las decisiones y operaciones de estas empresas, salvo por las causas legalmente establecidas. La representación de la oposición al gobierno acepta que es competencia del Poder Ejecutivo la designación de los cuadros directivos principales de dichas empresas y se compromete a aceptarlos, sin perjuicio de los recursos administrativos y legales que sus legitimados activos puedan ejercer; sin que exista intervensionismo foráneo de la política partidista en ellas. Las partes aceptan que para la legitimación y legalización de las designaciones de personas profesionales idóneas en los cargos gerenciales de estas empresas deberán hacerse por las vías legales al instituir los modos de designación, sin perjuicio de las acciones de supervisión y control que deberá ejercer el Estado a través de sus órganos. Tampoco se podrá permitir la intervención de empresas o naciones extranjeras en la designación de los cuadros gerenciales de estas empresas nacionales. Las partes reconocen que todas y cada una de las empresas básicas nacionales no son objeto ni materia de negociación alguna, sino que estarán siempre al servicio de los más altos intereses y derechos de la nación y del Pueblo de Venezuela. Las partes aceptan que mientras no sea legislada la forma transparente, objetiva e idónea para la designación de los cuadros gerenciales principales y suplentes de las empresas básicas del país, se mantendrán las designaciones de la actual re estructuración, transitoriamente, hasta tanto sea ratificada por el próximo Poder Ejecutivo o por los órganos del poder soberano que la respectiva legislación acuerde. ACUERDO 10°: AMNISTÍA ADMINISTRATIVA, POLÍTICA Y ECONÓMICA FRENTE AL PROCESO DE CRISIS POLÍTICA ACTUAL. Las partes acuerdan que no se tomarán medidas impositivas de sanciones administrativas, políticas o económicas a las personas naturales o jurídicas que participaron activamente a favor o en contra del reciente Paro General Indefinido, tanto en el sector público como el sector privado, salvo las acciones penales o civiles que establezcan los tribunales de la República, en caso de verificarse tales procesos por los hechos que pudieran constituir ilícitos penales o exigencias de responsabilidad civil. ACUERDO POR LA PAZ NACIONAL EN VENEZUELA
ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES DE LA SOCIEDAD CIVIL VENEZOLANA