Antes del anochecer del octavo día de huelga general decretada por la alianza CTV-Fedecámaras en Venezuela, los rumores de golpe se sucedían de una a otra línea telefónica. Como tantas otras veces a lo largo de los últimos meses, los venezolanos esperaban -con alegría o tristeza, según el bando político de su preferencia- un desenlace de fuerza al largo conflicto político que vive el país. Sin embargo, esta vez la batalla no se libró a las afueras del Palacio de Gobierno sino a las puertas de los principales medios de comunicación. El frontal enfrentamiento entre los principales medios privados de comunicación nacional y el gobierno de Hugo Chávez es ampliamente reconocido. En los últimos tiempos, los medios venezolanos se han revelado como actores de primera línea, heroicos combatientes contra el régimen o cómplices de intereses de clase, según una u otra tendencia. En este marco, la población venezolana se ha visto cada vez más bombardeada de información claramente contradictoria, según sintonice un medio estatal o privado. Esta circunstancia se fue agravando a partir de la huelga general decretada por la alianza entre la principal central obrera del país -la CTV- y su equivalente empresarial -Fedecámaras-, líderes de la llamada Coordinadora Democrática, que incluye también a organizaciones de la sociedad civil y a militares disidentes, algunos de los cuales participaron en la fallida intentona golpista del 11 de abril. Día tras día, los canales de televisión transmitían imágenes que mostraban media cara de la realidad: la ciudad paralizada, a través de las privadas; actividad normal en las calles, a través de la televisora estatal. Con encendidos discursos, los líderes refrendaban una y otra versión, negando rotundamente no ya la fuerza sino la existencia de los otros. Día tras día el paro fue ganando en calor: los opositores a Chávez recorrían las calles del este de Caracas, obligando a quienes no acataban el paro a cerrar sus comercios "de forma pacífica", según los medios. Diariamente, grupos de opositores se apostaban a las puertas de la televisora estatal, hostigando por igual a periodistas, técnicos y obreros; los adeptos al gobierno comenzaban a concentrarse en distintos puntos de la capital, sin que estas manifestaciones fuesen reseñadas por medio alguno, salvo, vale repetir, el canal oficial. La huelga se iba resquebrajando en las calles, mientras se reportaban nuevos incidentes contra comerciantes renuentes al paro y se incrementaba la brecha de intolerancia entre uno y otro bando. Finalmente, al quinto día, mientras se anunciaba la continuación del paro y la adhesión de PDVSA, la petrolera estatal, tres personas son asesinadas y unas veinte resultan heridas, en medio de una concentración en la Plaza Altamira, bastión de los militares disidentes desde hace varias semanas. Entre escenas de sangre y confusión, como en una cruel parodia de los reality shows de emergencias médicas, los venezolanos vimos morir en cámara a una adolescente de 17 años, mientras los líderes militares recorrían la plaza de un extremo a otro, mostrando un profuso arsenal de armas de guerras que, sorprendentemente, no lograron disuadir ni neutralizar a un solo hombre, ahora señalado de haber efectuado los disparos. Las cámaras de televisión mostraron los rostros desencajados de ciudadanos clamando venganza contra "el asesino", Hugo Chávez, mientras reporteros y especialistas señalaban la inequívoca y comprobada responsabilidad del Presidente en estos hechos. Comenzó así un fin de semana que se caracterizó por el incremento de los niveles de violencia y por contundentes demostraciones de apoyo y rechazo al gobierno. Una gran concentración chavista, y numerosas manifestaciones de oposición, que se acercaban agresivamente a las instituciones oficiales y a las sedes del partido oficialista, algunas de las cuales sufrieron destrozos de consideración. La tensión crecía frente a la amenaza de desabastecimiento de alimentos y combustibles, mientras la gente se mantenía en las calles. El lunes por la tarde, y pese a la reanudación de la mesa de diálogo presidida por el Secretario General de la OEA, César Gaviria, la continuación del paro y la débil actuación gubernamental auguraban una nueva salida violenta. Los medios privados mantenían su apología del paro, estimulando a las masas a mantenerse en la calle, mientras el canal oficial denunciaba el sabotaje a la industria petrolera e instaba a la población a no hacerse eco de invitaciones a la violencia. Las líneas telefónicas transmitían, una vez más, rumores de golpe, en medio de las cacerolas que sonaban a uno y otro lado de la ciudad. Sin embargo, por una vez, no fue el ruido de los tanques sobre el asfalto sino las voces de centenares de personas que, poco a poco, fueron marchando para rechazar la violencia ejercida desde el otro lado de la pantalla: cuatro de las cinco televisoras privadas nacionales se vieron sucesivamente rodeadas por centenares de partidarios del gobierno en actitud, reconocida hasta por los mismos canales, pacífica aunque "intimidatoria". Poco a poco, las consignas en contra de los medios y los graffitis en las paredes difundían un mensaje que desde hace meses puede leerse en varios muros de la capital: Cuando los medios digan la verdad las paredes callarán. Consecuentemente, la televisora estatal volvió a ser rodeada por un grupo de opositores, quienes incluso dispararon contra la planta. Hechos similares se registraron al menos en cinco estados del interior del país, con un tinte, eso sí, más violento. En Táchira y Aragua, los manifestantes tomaron momentáneamente dos televisoras regionales. En el estado Zulia, al occidente del país, se registraron destrozos a la sede regional de Globovisión, una de las señales más pugnaces contra Chávez. Entonces sí, los medios se apresuraron a llamar a la calma y a pedir a la ciudadanía que se mantuviera en sus casas, al tiempo que mostraban públicamente su estupor frente a un hecho para ellos inexplicable. No podían entender por qué esas mismas masas, "a quienes durante cincuenta hemos llevado entretenimiento e información, no sólo a través de las telenovelas" los elegían ahora como blanco. Sin embargo, no se trata de un fenómeno difícil de entender. Los medios privados acusan a Chávez de gobernar para un solo estrato de la población: los más empobrecidos; ellos han construido un mensaje exclusivamente dirigido a la estratos medio y alto, exacerbando el odio entre clases y criminalizando a priori a los seguidores de Chávez. Por citar apenas un ejemplo reciente, siete personas fueron detenidas inmediatamente después del tiroteo en Plaza Francia; todos fueron brutalmente golpeados ante las cámaras de televisión. Sin embargo, este hecho no fue destacado por ningún medio, a excepción de uno, RCTV. Dos de estas personas eran vendedores informales y otros dos eran trabajadores de la zona, culpabilizados por su aspecto humilde, distinto al de los manifestantes habituales de la plaza. A lo largo del conflicto, los medios privados se han empeñado en negar o minimizar la fuerza de apoyo al gobierno tanto como los estatales insisten en hablar de normalidad. Más de una vez los oficialistas tomaron masivamente las calles sin que este hecho fuese reseñado por los medios privados que, en cambio, magnifican las manifestaciones de la oposición. Negar al otro para reafirmar la propia fuerza; eso es lo que han hecho los medios venezolanos. Sólo que esta vez, esa realidad negada con tanta insistencia llegó hasta sus puertas. La imagen muda mostraba a los manifestantes gritando a los micrófonos de los reporteros. Tardamos horas en escuchar lo que decían: "Queremos transmisión", "queremos respeto a nuestra libertad de expresión", "queremos que los medios digan la verdad". * Marieva Caguaripano, activista de derechos humanos