Bogotá, abril 24 al 26 de 2003 Colombia vive un conflicto social y armado que aflige a toda la nación. El derecho a la vida, el más elemental de los derechos humanos ha desaparecido prácticamente con la extensión de la confrontación a todas las regiones del país. El secuestro, la desaparición forzada, las innumerables masacres, los homicidios políticos, el desplazamiento forzado, la tortura y muchas otras atrocidades cometidas contra los seres humanos, son indicativos de la gravedad del conflicto actual y de su degradación en un inmenso holocausto. Desde la ruptura de las conversaciones entra el Gobierno y las FARC el 20 de febrero de 2002 el conflicto armado se ha intensificado con sus secuelas de muerte y destrucción. Calificar de catástrofe humanitaria la realidad del drama humano que padece Colombia es corto para los sentimientos de dolor, terror, inconformidad reprimida, desesperanza e indignación que viven millones de personas en el país. El fracaso de los procesos de paz y el abandono de sus logros por el endurecimiento de las partes, ha significado, de momento, un cambio desfavorable en la búsqueda de una salida política y de otras variantes de la negociación. Seguridad democrática: ¿al servicio de quien? La actual administración no tiene una política de paz e intenta ocultar, tras el planteamiento de la mediación internacional de la ONU, los cascos azules y otros distractores, su preferencia por la salida militar. Luego de la ruptura de los diálogos con las FARC y el ELN el actual gobierno asume como bandera para la solución del conflicto armado la derrota de la guerrilla o la creación de condiciones que le permitan imponer un acuerdo de paz sin concesiones ni cambios sociopolíticos. Un contexto tan pugnaz dificulta los acercamientos para un Acuerdo de Intercambio Humanitario El nuevo gobierno a ofrecido poner fin al conflicto armado con su política de "seguridad democrática". Sin embargo, esta estrategia no prevé un programa para combatir las violaciones de derechos humanos y las infracciones del derecho internacional humanitario. Evidentemente la mayoría de la población pide a gritos seguridad, pues la sistemática violación de los derechos humanos, los atentados contra la vida y la dignidad, la precarización del salario y el empleo, el deterioro veloz de la seguridad social, la persistente crisis de la justicia y la impunidad, la extensión del paramilitarismo y el alejamiento de unos acuerdos de paz con los movimientos insurgentes reflejan una enorme desprotección para los ciudadanos. De otro lado, la democracia restringida en Colombia se expresa en la ausencia de espacios de participación, la falta de garantías para las diversas agrupaciones sociales y políticas de la oposición, en limitaciones muy serias a los derechos de organización, expresión en los medios masivos y movilización ciudadana. Entonces la pregunta que surge es: ¿El modelo de seguridad democrática que está en curso, coincide con las necesidades de seguridad y democracia que anhela el conjunto del pueblo colombiano?, ¿Seguridad para quienes?, ¿al servicio de qué intereses? En desarrollo de la llamada "seguridad democrática" el gobierno decretó el estado de conmoción interior, las zonas de Rehabilitación y el recaudo de impuestos con destino a los operativos militares, entre otros. Adicionalmente se viene impulsando la participación de civiles en el conflicto armado con el reclutamiento de los soldados campesinos y las redes de informantes, con lo cual no solamente se tiende a legalizar el paramilitarismo sino que se propicia la polarización de la sociedad hasta amenazar convertir el conflicto actual en guerra civil abierta. No se limita esta política a la aplicación del régimen de excepción. La idea oficial es convertir en un nuevo ordenamiento constitucional y legal las normas de excepción que están en curso. Volver a la práctica del viejo estado de sitio, con sus secuelas de arbitrariedad, recorte de libertades, represión y deformación de varias instituciones surgidas de la reforma constitucional de 1991. El referendo y la constitución habrá un referendo y avanza en el Congreso la reforma política con propuestas que no toman en cuenta la necesidad de democratizar la vida política sino de cerrarla aún más. La reforma de la justicia apunta a suprimir el Consejo de la Judicatura, limitar las facultades de la Corte Constitucional, recortar el alcance de la tutela, liquidar las personerías y acabar los órganos de control, entre otros objetivos. Como si fuera poco, se vienen fusionando y suprimiendo ministerios y entidades oficiales, ejecutando más despidos, todo en nombre de la racionalización del gasto. Varias medidas de la conmoción podrán convertirse en legislación permanente. Los primeros meses de gobierno señalan un balance preocupante en tanto el conjunto de sus medidas no solo no arroja resultados apreciables en la confrontación con los grupos armados irregulares, y en la reducción de la violencia, sino que, por el contrario, se mantienen las violaciones a los derechos humanos. La principal afectada viene siendo la población civil, pues se han presentado graves atropellos de la fuerza pública que incluyen allanamientos a domicilios y sedes sindicales y sociales como las de la CUT Valle, la Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz, Terre des Hommes en Barrancabermeja y otras, así como el sucesivo y planeado incremento de intimidaciones y amenazas a lideres sindicales y defensores de derechos humanos. Se ha desatado una oleada de capturas momentáneas de población civil, bajo indicios o sospechas de ser delincuentes. En este progresivo desarrollo de la campaña intimidatorio inquietan no solo los casos de la comuna 13 de Medellín y Arauca; también son dramáticos los casos de urbanización del conflicto en ciudades como Cúcuta, Cali, Bogotá y Barrancabermeja, que son zonas de rehabilitación de facto, es decir, no están delimitadas por decreto o resolución alguna, pero se caracterizan por una densa presencia militar. Esta política va en contra de las recomendaciones formuladas por las Naciones Unidas (ONU) y por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el sentido de hacer frente a la impunidad en los casos de violaciones de derechos humanos, que combatan y desmantelen a los paramilitares respaldados por sectores del Estado, que respeten el derecho de la población civil a no verse arrastrada al conflicto y que adopten medidas para garantizar la seguridad de los sectores sociales vulnerables. Es cada vez mayor y sobresaliente la presencia de estructuras de tropa estadounidense en el territorio y en la asesoría de las acciones bélicas. Las fuerzas que lo apoyan derivan su cohesión de dos factores externos: el Plan Colombia, como estrategia y logística militares, impulsados por los Estados Unidos, y la nueva política de dominación global cuyo nervio es la estrategia antiterrorista del Presidente Bush en la escala mundial. Acuerdo humanitario y solución política del conflicto armado interno El gobierno ha emprendido contactos con los grupos paramilitares con la pretensión de su desmovilización e indulto. Somos partidarios del desmantelamiento total del paramilitarismo a partir del reconocimiento que debe hacer el Estado de su responsabilidad por la existencia y apoyo a estos grupos ilegales; la conformación de una comisión de la verdad, el juzgamiento imparcial de sus crímenes y el respecto al derecho de las victimas a la verdad, la justicia y la reparación. Las organizaciones que promueven iniciativas por la paz y los derechos humanos, los diversos sectores políticos y sociales, Las iglesias, los afrocolombianos e indígenas, el movimiento de mujeres y jóvenes, los familiares de los secuestrados y presos politicos, que han asumido la tarea de propender por los acuerdos humanitarios, el intercambio de prisioneros por presos políticos, los diálogos regionales y otras formas de acercamiento para el diálogo, tienen una labor prioritaria en la exigencia de una negociación directa, inmediata, que retome las agendas, recomendaciones y acuerdos alcanzados en anteriores procesos. Superar la guerra y trasegar el camino de la justicia social no será tarea fácil. Sin embargo es un imperativo persistir en la solución política del conflicto, pues partimos del convencimiento que no hay solución militar posible a esta confrontación. Impactos de la política económica sobre el nivel de vida de la población Como lo han manifestado los lideres sociales, todo el actual diseño de la economía busca descargar sobre el ingreso salarial el costo de la seguridad democrática. Este conjunto de medidas de ajuste fiscal destinadas a garantizar el pago de la deuda pública, las remesas de utilidades de los inversionistas extranjeros y a cubrir el incrementado gasto en guerra, es la base de los acuerdos con el FMI a cambio de créditos de standby. La reforma tributaria amplia el IVA a productos de la canasta familiar y a campos que estaban exentos; baja el nivel de los salarios gravables; aumenta el porcentaje del impuesto a la renta. Las reformas pensional y laboral también se afectan gravemente; la llamada flexibilización laboral reduce el valor de las horas extras, dominicales y festivos; prolonga la jornada laboral diurna, disminuye las indemnizaciones por despidos, desconoce el salario mínimo y crea condiciones precarias de contratación laboral, todo lo cual se traduce en menos salario y mayor inestabilidad, en lugar de más empleo como pregonan el gobierno y los gremios empresariales. Se repiten los argumentos con que se presentó la Ley 50 del 1990 y que han acompañado, desde entonces, los sucesivos discursos de cada gobierno al proceso de "flexibilización" del mercado laboral. Desde 1990 hasta nuestros días los "revolcones" de hecho y de derecho han sido el pan de cada día en materia laboral, con el consiguiente agravamiento de la situación. Por su parte, el ALCA es una estrategia económica de integración neo-colonial que busca fortalecer la economía de Estados Unidos y sus corporaciones, favoreciendo la circulación de sus bienes y servicios, en detrimento de las economías, la soberanía y el nivel de la población de América Latina. Así las cosas, el tema de la lucha por la democracia ocupa un primer plano. El X Foro se propone estimular la brega común contra el conjunto de estas medidas, comenzando por el levantamiento del estado de conmoción, y la supresión de todas las normas tomadas a su amparo. Propugnamos por la defensa de las libertades democráticas y los derechos fundamentales. El Referendo contiene medidas antidemocráticas y violatorias de los derechos humanos. La sociedad en su conjunto clama por una verdadera reforma política democrática que genere una apertura a la participación de los ciudadanos en las decisiones esenciales. En esta perspectiva, la lucha por los derechos humanos integrales, congrega la acción común de las organizaciones de derechos humanos y los sectores políticos y sociales. El X FORO NACIONAL POR LOS DERECHOS HUMANOS será escenario de unidad y convergencia democrática; punto de encuentro de los hombres y mujeres que propugnamos por un Estado social democrático y de derecho. Solo así se podrá comprender que la lucha por la defensa de los derechos humanos, en tanto es una aspiración legítima por un orden social democrático, justo y humanista, exige los cambios de fondo que Colombia requiere para consolidar la paz. Bogotá, Febrero 5 de 2003 Información e inscripciones: Carrera 10 N? 24-76 of. 805
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