La Red de Acción Ciudadana frente al Comercio y la Inversión, "Sinti Techan" en relación a la disputa protagonizada recientemente por las trasnacionales de las comunicaciones en El Salvador ante la amenaza de su desplazamiento del mercado por parte de empresas estadounidenses; y en ocasión de celebrarse la segunda ronda de negociaciones del Tratado de Libre Comercio Centroamérica-Estados Unidos (TLC CA-EU), en Cincinnati, Estados Unidos; al pueblo salvadoreño manifiesta que: 1. Rechazamos que el destino de las comunicaciones del país y otros servicios públicos esenciales, sean negociadas entre empresas trasnacionales bajo la "obsecuencia" del gobierno de El Salvador. a. La denuncia pública hecha por las empresas Telefónica de España, Telecom de Francia y Telemovil de Holanda para ser incluidas en las negociaciones del TLC, viene a confirmar que con negociaciones continúa el reparto que las grandes empresas trasnacionales están haciendo de Centroamérica. Las mismas empresas que se han beneficiado con la privatización de ANTEL, y que controlan las telecomunicaciones del país, ahora expresan su preocupación por la inminente llegada de la competencia de las empresas estadounidenses, que se abriría con el TLC. b. La privatización de las telecomunicaciones llevó a la sustitución del monopolio público por otro privado, permitió concentrar el sector en tres empresas europeas, sin que los argumentos con que defendían la privatización --menores tarifas, cobertura y eficiencia-- se hayan cumplido. La venta de estos activos del Estado se basó en la suscripción de acuerdos leoninos y lesivos para el interés público, que comprometieron el alza sostenida y desproporcionada en las tarifas de telefonía fija para los siguientes años. Así, entre 1998 y 2003 el cargo fijo de la tarifas se han incrementado en 41%). c. Los TLC, que representan verdaderas "cartas de derechos para las empresas trasnacionales", limitan a los gobiernos el establecimiento de requisitos de desempeño a las inversiones extranjeras. Paradójicamente, ahora los monopolios europeos que controlan las telecomunicaciones en el país, piden al gobierno que les proteja de la amenaza norteamericana, evitando se reforme la legislación en telecomunicaciones. ¿Cuándo el gobierno ha defendido en estas negociaciones los intereses de los millones de salvadoreñas y salvadoreños?. d. Las trasnacionales de las telecomunicaciones no se sienten representadas por la SIGET, tampoco las personas consumidores y usuarios de los servicios de telefonía percibimos que esta Superintendencia vele por nuestros intereses, y menos que asuma las funciones para las que fue creada. El hecho de contratar asesores estadounidenses para reformar la Ley de Telecomunicaciones, sugiere que la SIGET empuja los cambios a la medida de los intereses trasnacionales estadounidenses. e. Esta situación evidencia el carácter secretista, excluyente y antidemocrático de las negociaciones de los TLC, que la Red Sinti Techan ha venido denunciando. Si las grandes trasnacionales europeas han sido relegadas por el gobierno de las negociaciones, ¿cómo se puede aspirar que las micro, pequeñas y medianas empresas, que las personas consumidoras, que los trabajadores y trabajadoras, y que la sociedad salvadoreña en general sean actores protagónicos de las negociaciones?. f. Este caso expone la doble moral de las empresas de telecomunicaciones y del gobierno de El Salvador, pues mientras Costa Rica mantiene reservas sobre el capítulo de telecomunicaciones en el TLC porque NO está dispuesta a privatizar este sector; las trasnacionales que operan en El Salvador, demandan al gobierno no incluir este capítulo para seguir conservando su monopolio. La Red Sinti Techan expresa su oposición a los planes del gobierno de privatizar lo que queda del sector eléctrico: la transmisión (con la venta de la empresa pública ETESAL), la generación geotérmica (con la venta de la empresa pública GESAL) y la generación hidroeléctrica (con la venta de las presas hidroeléctricas). 2. Aunque formalmente el pasado 8 de enero se inició el proceso de negociaciones del TLC CA-EU --con la primera ronda en San José, Costa Rica y este día comienza la segunda ronda en Cincinnati--, en la práctica lo único que realmente se negocia es lo relativo al comercio de bienes y servicios, pues los principios y contenidos esenciales del Tratado ya están definidos y no serán modificados. a. Es evidente que los TLC son mucho más que tratados comerciales, aunque lo único que se "negocia" son los aspectos comerciales. Allí aparece la "garduña" de las grandes empresas por la obtención de tratos preferenciales o por quedar excluidos del tratado, ante su falta de capacidad por enfrentar la competencia. Según se conoce, algunos de los temas que se abordarán en la 2ª. Ronda son las disposiciones en acceso a mercado, salvaguardias, servicios e inversión, contrataciones de gobierno, además de los temas referentes al medio ambiente y cuestiones laborales. b. No cabe duda que ni en ésta, ni en las próximas rondas se discutirán los efectos nefastos de los capítulos de inversiones y compras gubernamentales que permitirán a las trasnacionales controlar los servicios públicos –como educación, salud y recursos hídricos--; y que dejarán indefensos a los mismos gobiernos que "osen" regular el funcionamiento de las empresas trasnacionales por violaciones laborales, ambientales o de derechos humanos; además de abrir la posibilidad de que los Estados centroamericanos sean demandados en tribunales internacionales por empresas trasnacionales estadounidenses. c. La ausencia de una lógica de derechos laborales que sea transversal en todo el TLC, excluye la posibilidad de definir los mecanismos e instrumentos concretos que planteen su exigibilidad –como sí queda establecido para los derechos de los inversionistas o los de propiedad intelectual—y traslada a los gobiernos, ya "maniatados" por el mismo tratado, la responsabilidad de enfrentar las violaciones a estos derechos. Sin embargo existen suficientes pruebas y denuncias internacionales y nacionales, como los contenidos en los reportes de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y de Human Rigths Watch, que el gobierno salvadoreño no juega este papel sino, por el contrario, es el principal violador de los derechos laborales. 3. Hacemos un llamado al pueblo salvadoreño y a los pueblos centroamericanos a mantener y profundizar sus acciones de resistencia frente a los TLCs, a potenciar la articulación de esfuerzos organizativos para impulsar una verdadera integración social que se construya desde abajo y con los actores territoriales y sociales. 4. Hacemos un llamado al pueblo norteamericano a continuar y acrecentar las voces de protesta en contra del TLC CA-EU y en contra de la guerra. Otro El Salvador es posible San Salvador, 24 de febrero de 2003.