Se terminó la impunidad de los genocidas, de los torturadores, de los criminales que atentan contra toda la humanidad, de los grandes violadores de derechos humanos. El primero de julio de este año, se abrió la mejor puerta a la esperanza para los más débiles y desprotegidos frente a los poderosos, con la entrada en vigor del Estatuto del Tribunal Penal Internacional aprobado el 18 de julio de 1998, después de su ratificación, a fecha de hoy, por 89 países, incluidos todos los de la Unión Europea. Se culminaba, el trabajo y esfuerzo, que emergía desde el final de la "guerra fría", fruto del consenso entre estados de todo el orbe, con la dificultad añadida de aunar e integrar en un mismo texto, sistemas políticos y jurídicos conformados por culturas y costumbres tan dispares como las existentes en todo el planeta. El mensaje que, en esta señalada fecha, se enviaba a todo el mundo desde la Conferencia de Roma, fue a la par tan sencillo como hermoso. Nace, con carácter permanente, un Tribunal independiente que amparará la dignidad de todos los ciudadanos del mundo, frente a los responsable, sea cual fuere su nombre y apellidos, de los crímenes más graves y de mayor trascendencia para la Comunidad Internacional. Pero una vez más, Estados Unidos -Bush, significados países- Rusia. Pakistán, Israel, China o la India-, han destrozado esa posibilidad real, aunque sea provisionalmente. EEUU, con anterioridad, ya hizo gala de su despotismo habitual, cuando "con gran pesar"- según su embajador ante la ONU- retiró la firma del "Estatuto de Roma", que había plasmado in extremis la administración Clinton. Además exigió, recordemos, mediante chantaje y amenazas-con la retirada de los cascos azules de los Balcanes -, que la justicia universal, aceptada y anhelada por todo el mundo civilizado, no se aplicase a sus conciudadanos militares y funcionarios. El desprecio de la Superpotencia, recordaba la desgraciada frase del norteamericano Jesse Helms, cuando no vaciló en calificar al Tribunal como un monstruo al que hay que descuartizar y aniquilar. El día 12 de marzo de 2003, las dieciocho togas que velarán por la Justicia mundial, ofrecieron la esperanza de una nueva jurisdicción, tantas veces negada. El vacío de Estados Unidos o la ausencia de nuestra Ministra, "por avería en el avión", no mermará el efectivo despegue de la nueva Corte. El Tribunal, es un bebé al que hay que cuidar, mimar y acompañar en sus primeros pasos. Con el tiempo, habrá que pulir sus deficiencias que podrían jugar en beneficio de la impunidad. Como botón de muestra, la Corte solo actuará cuando los Tribunales internos, o no puedan, o no quieran, hacerlo. El monopolio de la acusación residirá exclusivamente en el "todopoderoso Fiscal", eludiendo la posibilidad de su ejercicio directo por parte de las víctimas; o el relevante papel del Consejo de Seguridad de Naciones Unidades, que puede, paralizar una investigación del Tribunal. La justicia que dictará el Tribunal será respecto de crímenes acaecidos después del 1 de julio de 2002. Pero esto no significa que los horrendos crímenes anteriores, deban permanecer impunes para siempre, cuando en los estados en que se han perpetrado no han sido ni perseguidos ni enjuiciados. Los impedimentos expuestos y el carácter irretroactivo del Estatuto, en modo alguno, son sinónimos de impunidad. Aprovechemos la feliz experiencia, de distintas, pero cada vez más, jurisdicciones internas, que aplican en sus Tribunales nacionales con eficacia el principio de Justicia Universal en la persecución de los crímenes de lesa humanidad. Es precisamente este principio, el que desde la solidaridad universal, habilita a un Tribunal interno a traspasar sus fronteras, y enjuiciar hechos ocurridos en otro Estado, con independencia de la nacionalidad de los autores de los crímenes y de la de las víctimas. Esta legitimidad por lograr la Justicia, en la persecución de los crímenes más graves e intolerables -a pesar de lo que se pueda pensar desde una óptica interesada y partidista- la determina el derecho internacional con carácter imperativo, porque así lo ha decidido toda la comunidad internacional. No son juicios contra un determinado estado, sino, procesos contra los autores de crímenes cometidos contra toda la humanidad. Como acaba de declarar Kofi Anan Sin Justicia no hay lugar para la Paz. No discuto que el mundo en el que vivimos está compuesto de diferentes sistemas legales y puede ser difícil tanto la concepción como la praxis de las ideas expuestas, pero no tengo la menor duda de que por encima de sistemas de justicia, de creencias o religiones, y de culturas, toda la humanidad está obligada a respetar los postulados de la declaración Universal de los Derechos del Hombre. Y, desde la ilusión por un mundo donde impere el respeto y la solidaridad, gritemos, desde los cinco continentes que el mundo puede cambiar para que este siglo que comenzamos, tengamos un nuevo orden internacional de Paz y Libertad. Alentemos y apoyemos al Tribunal, y respetemos la independencia de los dieciocho magistrados y del fiscal, porque, sin duda alguna, la más bella de todas las reparaciones, a crímenes tan aberrantes, es la "Justicia". Ojalá que el canto de Benedetti, sea una realidad: "... la sorpresa es que allí nunca hubo indultos, ni dispensas ni olvido ni fronteras, y de pronto se hallan, con que el lugar del crimen, los espera implacable, en el vedado de sus pesadillas..." * Manuel Ollé Sesé, profesor de Derecho Penal y abogado.