Del 26 al 28 de marzo del año en curso nos reunimos en la Ciudad de San Salvador, El Salvador, representantes de organismos no gubernamentales internacionales, organizaciones sociales, servidoras y servidores públicos, víctimas y especialistas en derechos humanos de México, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Colombia, Perú, Argentina, Inglaterra, Estados Unidos de América, España y El Salvador. Nos encontramos en un ambiente fraterno y solidario, no obstante la actual situación que ofende y afecta profundamente a la humanidad entera. Este espacio contribuyó a renovar nuestro compromiso con la verdad, la justicia y la paz; además, propició las condiciones para construir –mediante un enriquecedor esfuerzo común– el diagnóstico sobre el estado en que se encuentran aquéllas así como los retos que del mismo se derivan y las acciones a impulsar para superar los problemas que impiden su vigencia. Sabemos que, con muchas dificultades, en la mayor parte de nuestros países se han hecho intentos por instaurar la democracia y dejar atrás –de una vez por todas– las guerras, los autoritarismos y las prácticas sistemáticas e institucionales de violación a los derechos humanos. Entre los obstáculos más grandes para avanzar en tal dirección, se encuentran el rechazo de la verdad y el desprecio de la justicia por parte de sectores poderosos. Por eso, al diseñar los procesos específicos de transición, en algunas ocasiones se consideró necesario adoptar medidas en torno a los graves hechos de violencia ocurridos durante el pasado reciente, considerando que verdad y justicia son –sin más– los pilares insustituibles de una paz sólida y duradera. Sin embargo, los resultados no han sido los esperados y en general persiste una inaceptable situación de desamparo ante la justicia, sobre todo en el caso de las mayorías populares. Sin duda, eso pesa mucho de forma negativa para la restauración de los tejidos sociales rotos e impide que la democracia y la paz se instalen en la región con posibilidades de perdurar. A lo anterior se suman la baja participación ciudadana, la corrupción, el crimen organizado y la falta de una institucionalidad estatal creíble y confiable. Las brechas entre lo rural y lo urbano, entre ricos y pobres, entre indígenas y ladinos, entre mujeres y hombres, mantienen a esas mayorías en un estado de iniquidad permanente que sólo se altera –para agravarse– cuando ocurren fenómenos naturales que se vuelven desastres por la misma vulnerabilidad de aquéllas. Es necesario reconocer que durante los últimos veinte años del siglo pasado, el panorama de América Latina cambió. Países que habían padecido el rigor de las guerras internas pudieron finalizarlas a través de negociaciones políticas; otros que fueron escenario de crueles dictaduras, iniciaron intentos por transitar a la democracia. Se aprobaron nuevas constituciones o se reformaron las existentes, para tratar de consolidar los avances en esa dirección. Pero también fue el tiempo de la implantación del esquema neoliberal con sus privatizaciones y aperturas, reformas y ajustes estructurales. En estos veinte años, como nunca antes, ha crecido la pobreza entre nosotras y nosotros. Son ya más de 200 millones las personas que sobreviven en esa condición dentro de nuestro continente, al tiempo que ha aumentado vertiginosamente la concentración de la riqueza en manos de las multinacionales y sus socios locales. Al amparo de un limitado sistema político, empresas que se construyeron con el ahorro y el esfuerzo de varias generaciones pasaron a ser propiedad de particulares; importantes sectores de la industria y el agro se arruinaron en la apertura abrupta a una competencia para la que no fueron preparados y en la que sus rivales gozaban de protecciones asimétricas; la deuda externa y eterna continuó llevándose buena parte de los presupuestos nacionales en forma de tributo a su servicio; los recursos naturales fueron entregados a la voracidad del capital transnacional; y la fuerza laboral siguió siendo agotada –hasta el límite– en las maquilas, en el trabajo fuera de las fronteras o en todas las otras formas imaginables de empleo precario. Estas son las razones de la ruina de nuestras economías y de la miseria creciente de nuestra gente, que llenan el ambiente de violencia, deterioran la convivencia y dificultan las relaciones civilizadas en nuestras sociedades. Hoy en día, para mantener el estado de cosas que sólo favorece a unos grupos privilegiados se viene impulsando en la región un sordo retorno al autoritarismo. Nuestros países se militarizan, crece el control policial y se sofistican las formas de vigilancia privada. Ha resurgido la intolerancia social que sanciona con la muerte al diferente por el solo hecho de serlo, pero que no es otra cosa que uno de los mecanismos para mantener el control social absoluto. Frente a ese panorama, pues, decidimos reunirnos para reflexionar y establecer acuerdos sobre las acciones concretas a impulsar en aras de lograr –de una vez por todas– una paz justa y verdadera para nuestros pueblos. Eso pasa, sin duda, por exigir el conocimiento de la verdad y la realización de la justicia en sus dimensiones más amplias: de cara a lo que ocurrió en el pasado, a lo que está ocurriendo en el presente y a lo que puede ocurrir en el futuro si no trabajamos con la imaginación, la inteligencia, la creatividad y la ternura de las víctimas que –aun maltratadas– siguen siendo capaces de amar a sus seres queridos y luchar por devolverles su dignidad. Así, en este encuentro de mujeres y hombres comprometidos con las mayorías, consideramos fundamental conocer la verdad sobre las violaciones a los derechos humanos ocurridas en nuestros países en épocas pasadas y en el presente. Sólo así se puede garantizar que el sufrimiento de centenares de miles de personas no se repita y que se eleven la conciencia humana, la dignificación de nuestras sociedades y la autoestima de las víctimas. La recuperación histórica de tantos hechos dolorosos, también contribuye a construir la verdadera democracia, la justicia y la paz. Reconocemos que las comisiones de la verdad –en los países donde se instalaron– cumplieron un importante papel en este esfuerzo cuando plantearon el reconocimiento oficial de las prácticas sistemáticas de violaciones a los derechos humanos ocurridas, cuando le permitieron a las víctimas expresar sus testimonios y cuando colocaron el tema en las agendas nacionales. Sin embargo, es necesario señalar que las recomendaciones hechas por estas entidades no fueron acogidas debidamente por los gobiernos, sobre todo en lo concerniente a la depuración y el buen funcionamiento de los sistemas de justicia, y en el tema de la reparación para las víctimas. Entre las limitaciones propias de estas comisiones, destaca el que no se haya profundizado en la exclusión económica y social de las grandes mayorías como una situación de grave violación a los derechos humanos, en sí misma, y como causa de otras graves violaciones; tampoco se estableció el papel jugado por las administraciones estadounidenses en estos dramas. Con todo lo anterior, se plantea la urgencia de superar los múltiples obstáculos que –a nivel interno e internacional– se alzan como muros que impiden acercarnos a la verdad. De igual manera, consideramos que la impunidad y la arbitrariedad de los sistemas domésticos de justicia no se sustentan únicamente en la falta de voluntad política de los Estados para brindársela –de manera pronta y cumplida– a las víctimas de violaciones de derechos humanos, sino que existe un conjunto de obstáculos de diverso tipo que impiden el procesamiento de los responsables. Se plantean, entonces, grandes retos dentro de nuestros países y fuera de éstos. En lo interno, el fortalecimiento de los sistemas de justicia empieza por el uso constante de sus mecanismos con el fin de superar las trabas que impiden su funcionamiento adecuado. Asimismo, el trabajo por la justicia también precisa de la utilización de todos los recursos posibles que incluyen tanto la impugnación de leyes que lesionan los derechos humanos, como la participación de la sociedad civil en la propuesta, discusión e incidencia para la aprobación de las normas nacionales e internacionales que los favorezcan. De igual forma, se considera fundamental aprovechar el funcionamiento de los sistemas internacionales de promoción, protección y defensa de derechos humanos, a fin de influir directamente sobre los Estados para la corrección de comportamientos lesivos o para evitar que éstos se produzcan. En este marco, conscientes de las limitaciones actuales de los importantes organismos que integran dichos sistemas internacionales, se debe apoyar su fortalecimiento para beneficio de las víctimas de violaciones a derechos humanos. Especial atención merece la necesidad de compartir entre nuestras organizaciones todos aquellos criterios, argumentos y procedimientos exitosos en la lucha contra la impunidad. Es este un valioso patrimonio que debe hacerse común. Finalmente, en este encuentro se consideró que la "paz alcanzada" y la "democracia conquistada" hasta ahora en algunos de nuestros países, están en deuda con las mayorías. Hoy vuelve a ponerse a la orden del día la construcción de sociedades realmente en paz, al estar reconciliadas con la verdad y la justicia. Ese esfuerzo supone el compromiso de todas y todos para asegurar el pleno disfrute de todos los derechos, la dignidad para nuestros pueblos y la soberanía de nuestras naciones. Nuestros anhelos de una paz justa y verdadera son parte de la corriente universal que hoy se pronuncia contra la guerra. Desde la especificidad latinoamericana aportaremos a esta causa mundial nuestro concepto de una paz con justicia, de una paz amasada por los brazos de nuestros pueblos, de una paz auténtica por la plena vigencia de todos los derechos humanos. Hoy la agresión imperialista es la mayor amenaza para la humanidad. La supremacía militar se ha convertido en argumento para pisotear la legalidad internacional, arrasar la institucionalidad de las Naciones Unidas y acabar con la autodeterminación de los pueblos. Algunos gobiernos de la región, sin consultarle a la gente ni respetar sus mejores tradiciones, han dado apoyo a la aventura guerrerista contra mujeres, niños y niñas, ancianos y hombres inocentes en Irak. Por todo lo anterior, ACORDAMOS: 1. Impulsar la recuperación de la dignidad de las víctimas, sus familiares y nuestras sociedades en general, mediante la participación organizada en la búsqueda de: a. El rescate de la memoria histórica mediante símbolos permanentes tales como monumentos, nombres de calles y plazas, eventos, memoriales, fechas conmemorativas, exhumaciones y otros rituales. b. El esclarecimiento pleno de la verdad, el reconocimiento sincero de la misma y su difusión amplia mediante investigaciones e informes que sean incorporados dentro de los sistemas educativos a todo nivel. c. La acción de la justicia sobre los responsables de las graves violaciones de derechos humanos y crímenes contra la humanidad, que permita a las víctimas la posibilidad de perdonar por voluntad propia. Para ello, se debe buscar la activación y el funcionamiento de los sistemas internos e internacionales de promoción, defensa y protección de derechos humanos. d. La reparación moral, jurídica y material de las víctimas y sus familiares. 2. Demandar a todos los Estados la firma y ratificación del Estatuto de Roma que creó la Corte Penal Internacional; además, exigir la anulación de los convenios bilaterales entre gobiernos que desvirtúan la vigencia de dicho Estatuto. 3. Rechazar la agresión al pueblo irakí, por ser contraria a la legalidad internacional y absolutamente ilegítima –pues niega la autodeterminación de los pueblos– además de inmoral e injusta, al ocultar la verdad de sus mezquinos motivos. Al rechazarla, llamamos a una reestructuración de la comunidad de las naciones con base en la plena igualdad y el respeto a la autodeterminación. 4. Trabajar por la construcción de un concepto de paz que consulte nuestra experiencia en sus aciertos y errores, la agenda de nuestros pueblos y lo mejor del pensamiento social latinoamericano. Este esfuerzo conjunto de movimientos y actores sociales y políticos es un reto fundamental en la coyuntura presente, cuando se agota el modelo neoliberal y nuestras sociedades están urgidas de una profunda transformación. 5. Formar una Comisión de Seguimiento encargada de establecer las condiciones para la creación del Foro de San Salvador "VERDAD, JUSTICIA Y PAZ", en un plazo de seis meses a partir de esta fecha. Dicho Foro deberá reunirse como tal, por primera vez, en marzo del 2005 durante la conmemoración del XV aniversario del Martirio de San Romero de América, patrono de los derechos humanos. Dada en la Ciudad de San Salvador, El Salvador, a los 28 días del mes de marzo del año 2003.