Hace quince meses el Grupo Consultivo se reunió en Washington donde resolvió que dos de los nueve compromisos adquiridos fueron dedicados a solucionar urgentemente la problemática agraria y rural del país. Hoy concluimos que poco se ha avanzado y, en cambio, la situación se ha agravado como resultado de la crisis política y económica. Por un lado, la sociedad guatemalteca no encuentra los caminos necesarios e ineludibles para reestructurar al Estado tampoco se aborde un modelo de desarrollo integral de la economía, la pobreza y la desigualdad. Esta compleja situación, lejos de encontrar cauce en el marco de los Acuerdos de Paz, se agudizó como producto del secuestro del Estado por los poderes fácticos y tradicionales que no quieren la democracia, la justicia y la paz. En el caso de los derechos humanos manifestamos: - El deterioro expresado por medio de amenazas, intimidaciones y asesinatos a dirigentes de distintos sectores sociales. - La remilitarización mediante la reorganización de las Patrullas de Autodefensa Civil y aumento de la presencia del Ejército en la seguridad interna y civil. - El fortalecimiento de la impunidad evidenciada por la falta de justicia en los casos de Monseñor Gerardi y Myrna Mack. En el caso de la situación agraria, las comunidades rurales hoy se ven amenazadas por la pobreza que ha llegado a sus límites máximos, poniendo en riesgo su seguridad alimentaria, la resolución de conflictos ancestrales y aumentado la confrontación ante la impunidad laboral. De lo anterior se constata: 1. La agudización de la conflictividad agraria y laboral. Se estima que en la región de las Verapaces existen cerca de 75 conflictos. Veintiséis son ocupaciones de fincas por problemas laborales (retención de salarios y prestaciones laborales). En San Marcos y Quetzaltenango se reportan cerca de 30 casos de conflictos por acceso a la tierra y laborales. Además, en Izabal se registraron asesinatos de dirigentes campesinos del Comité de Unidad Campesina. 2. El deterioro de las condiciones económicas y sociales de miles de trabajadores, micro y pequeños productores vinculados a la caficultura. Según la FAO, por la crisis del café han desaparecido entre 60 mil y 90 mil puestos de empleos. En las fincas de café se paga un 30% por debajo de lo establecido por la ley. Además, se registró un 50% menos de ingresos que el año anterior. La población más afectada es la de familias rurales, ex trabajadores de las fincas y del altiplano. 3. En Guatemala la crisis del café evidencia la estructura agraria latiminifundista agroexportadora de productos primarios que carece de mecanismos para reducir la dramática situación de pobreza rural y no garantiza los derechos económicos, sociales y culturales de las mayorías. 4. La población afectada por la crisis del café combina varios mecanismos: -Trabajar más (migra a las ciudades, México, USA, y cambia sus ocupaciones) -Reducir el gasto -Liquidar activos (descapitalización) -Utilizar el capital natural A seis años de la firma del Acuerdo de Paz Firme y Duradera, la institucionalidad creada para empujar las reformas socioeconómicas, específicamente las demandas de acceso a la tierra, de políticas públicas de desarrollo rural y resolución de conflictos, se muestra endeble e incapaz de reducir las tendencias crecientes de conflictividad en el agro del país: - El Fondo de Tierras, en los cuatro años de su funcionamiento, sólo ha respondido a un 5% de las demandas, a causa de su presupuesto limitado, la no existencia de un mercado de tierras, el sobre precio de tierras y anomalías en la administración, entre otras debilidades. - La administración actual ha propiciado inestabilidad y discrecionalidad en el manejo de la mínima institucionalidad existente. Por ejemplo, la Unidad Presidencial de Resolución de Conflictos (UPRECO) sólo ha resuelto conflictos puntuales y no los de trascendencia nacional. - El anteproyecto de Ley de Catastro se encuentra entre el Ejecutivo y el Congreso y se afirma que contiene alteraciones significativas a su propuesta original. Sería grave que se traslade un anteproyecto que cercene el carácter público de un Sistema Nacional de registro y catastro, y establezca una institución no acorde a la complejidad de la propiedad y seguridad jurídica en Guatemala. Su aprobación es urgente, pero debe responder a los contenidos consensuados por la sociedad civil. El Estado ha mostrado su falta de compromiso con el catastro al no asignar fondos para que se realicen los proyectos pilotos. Tanto la CNOC como la Plataforma Agraria, en el marco de la Emergencia Agraria, vienen realizando una serie de diligencias para que el Estado aborde la conflictividad desde un enfoque integrador. En tanto, el sector privado, junto con las instituciones de Gobierno, ha propiciado la penalización de la conflictividad, eludiendo la responsabilidad del Estado de construir un andamiaje jurídico y constitucional que garantice los derechos humanos, según los convenios internacionales, los Acuerdos de Paz y la Constitución nacional. La CNOC y la Plataforma Agraria creemos que es URGENTE evaluar profundamente la implementación de los Acuerdos de Paz en materia agraria y rural. No se puede avanzar en la discusión de la agenda agraria y rural, si no hay una revisión profunda sobre su cumplimiento. Como sociedad civil se tiene hoy la expectativa de discutir la política de desarrollo rural, por medio de la convocatoria que hace OEA-PNUD y el Gobierno. Para CNOC y Plataforma Agraria la política de desarrollo rural pasa por re-definir la política agraria y articularla con la política económica y social. Es decir, hacer un enlace entre el corto y largo plazo, lo que significa responder al hambre, desempleo y conflictividad. CNOC y Plataforma Agraria consideran inapropiado e inconsistente que caminen de forma paralela y desarticulada la estrategia de erradicación de la pobreza, las negociaciones comerciales, acuerdos regionales, los fondos sociales y la política de desarrollo rural. Por lo anterior, un aspecto crucial a resolver es la participación diversa y plural, el uso de mecanismos que aseguren el equilibrio en el ejercicio del poder y una conducción política que trasciendan las iniciativas de los gobiernos. EN CONCLUSIÓN, CNOC Y PLATAFORMA AGRARIA SOLICITAN AL GRUPO CONSULTIVO 1. Condicionar al actual y futuros Gobiernos la asignación de fondos y apoyo a proyectos de financiamiento, para que se sujeten a la problemática rural y agraria del país, esto implica: 1.1. Una política de acceso a tierra que trascienda los mecanismos de mercado y se atienda a los Acuerdos de Paz y propuestas vigentes en las realidades latinoamericanas. 1.2. El acceso a la tierra debe acompañarse con políticas y programas para asegurar el acceso a otros recursos productivos y enmarcarse en una política integral de desarrollo rural. 1.3. Hacer una revisión cualitativa de la incipiente institucionalidad derivada de los Acuerdos de Paz, asumiendo los errores y vacíos para construir una institucionalidad que brinde acceso al desarrollo social de las comunidades rurales. 1.4. Cumplir con los compromisos de la Reforma Cafetalera y del Plan de Atención Social a la crisis del café, para dar solución inmediata a la situación de hambre, desnutrición, pobreza e iniciar el cambio del modelo económico vigente. 1.5. CNOC y Plataforma Agraria respaldan la creación de la Comisión de Investigación de Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CICIACS), para el combate a la impunidad. Asimismo, respaldamos las demandas de la Coordinadora de Organizaciones Sociales con relación al cumplimiento en espíritu y letra de los Acuerdos de Paz.