Las y los representantes de las Coaliciones de Costa Rica, El Salvador, Estados Unidos Mexicanos, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana, por la Corte Penal Internacional reunidos en la ciudad de San Salvador, El Salvador durante los días 7 y 8 de mayo de 2003, CONSIDERANDO: I. Que el 17 de julio de 1998, reunidos en Roma, en una votación sin precedentes, 120 Estados votaron a favor del Acta Final en el que se incluye el Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional (CPI). II. Que el 11 de abril de 2002, se depositaron más de 60 ratificaciones necesarias para la entrada en vigor del Estatuto de Roma y en tanto el 1 de julio de 2002 la comunidad internacional celebró la entrada en vigencia de la CPI. III. Que el 11 de marzo de 2003 fueron juramentados en la Haya Holanda las y los 18 magistrados seleccionados por la Asamblea de Estados Partes (AEP) para integrar la CPI y el 21 de abril de 2003 la AEP eligió al Fiscal que habrá de procesar a fin de deducir la responsabilidad penal a quienes cometan crímenes de competencia de la CPI. IV. Que los Estados, al respaldar la Creación de la CPI, demuestran la firme decisión de apoyar la lucha contra la impunidad de los autores de los crímenes de guerra, genocidio y lesa humanidad, orientado además a prevenir la comisión de los delitos más graves que denigran al género humano y en forma desproporcionada a las mujeres. V. Que a la fecha, el Estatuto de Roma ha sido firmado por 139 Estados, de los cuales 89 lo han ratificado. En el área centroamericana, aún no se han adherido la República de El Salvador, Guatemala y Nicaragua, los Estados Unidos Mexicanos y la República Dominicana lo firmaron y tan sólo Costa Rica, Honduras y Panamá lo han ratificado. VI. Que los Estados de la región deben demostrar su voluntad política en favor de la paz y el respeto de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, tomando acciones concretas que demuestren su vocación democrática: EN CONSECUENCIA, Las coaliciones nacionales arriba mencionadas y las y los activistas de Derechos Humanos por la CPI, RESUELVEN: 1. Exhortar a los gobiernos de El Salvador, Guatemala y Nicaragua a que se adhieran o ratifiquen con prontitud el Estatuto de Roma y tomen las acciones constitucionales y legales necesarias para adecuar sus normativas jurídicas nacionales al Estatuto. 2. Exhortar a los gobiernos de los Estados Unidos Mexicanos y de la República Dominicana, a que ratifiquen e implementen el Estatuto de Roma. 3. Instar a los gobiernos de Costa Rica, Honduras y Panamá a que adopten las medidas legislativas necesarias para implementar y garantizar la eficacia de la CPI en sus respectivos países. 4. Recomendar a los gobiernos de Costa Rica, El Salvador, Estados Unidos Mexicanos, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana, a no suscribir, y llegado el caso a no ratificar, ningún tipo de acuerdo bilateral con el gobierno de los Estados Unidos de América u otros países, que vulneren o menoscaben la integridad del Estatuto y la competencia de la CPI. 5. Instar a los gobiernos de la región, a que reconozcan la inmunidad de los Funcionario(a)s de la CPI mediante la firma y ratificación de El Acuerdo de Privilegios e inmunidades de la CPI. 6. Exigir al gobierno de los Estados Unidos Mexicanos a que vote en contra de la renovación de la resolución 1422 del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas aprobada el 1° de junio de 2002. Asimismo, las Coaliciones y activistas de Derechos Humanos signatarios de la presente Declaración, nos comprometemos a implementar estrategias a nivel nacional y regional, haciendo todos los esfuerzos para involucrar a toda la sociedad civil en su diversidad que incidan en la voluntad política de nuestros gobiernos, a fin de que se adhieran, ratifiquen e implementen el Estatuto de Roma. Igualmente, nos comprometemos a realizar campañas de difusión, educación y concientización, con la finalidad de lograr que nuestros pueblos comprendan la inmensa importancia que tiene la CPI como un organismo creado para que los crímenes más graves en contra de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario no queden impunes y, en la práctica, se convierta en un instrumento preventivo y disuasivo para todas aquellas personas que en algún momento piensen en vulnerar los derechos inherentes al ser humano. Dado en la ciudad de San Salvador, República de El Salvador, a los 8 días del mes de mayo de 2003.