Un análisis político de la situación de los derechos humanos Comisión de Derechos Humanos de Guatemala en los Estados Unidos (GHRC/USA) Fundación para los Derechos Humanos de Guatemala (FHRG) Oficina de Nueva York de la Fundación Rigoberta Menchú Tum Red por la Paz y el Desarrollo de Guatemala (RPDG) Carta a los participantes en el grupo consultivo de donantes al Proceso de Paz de Guatemala Guatemala, 10 de mayo de 2003 Distinguidos Delegados: En nombre de la Comisión de Derechos Humanos de Guatemala en los Estados Unidos (GHRC/USA), con sede en Washington DC, la Fundación para los Derechos Humanos en Guatemala (FHRG), con sede en Chicago, la Oficina de Nueva York de la Fundación Rigoberta Menchú Tum y la Red por la Paz y el Desarrollo de Guatemala (RPDG), una red de guatemaltecos y amigos de Guatemala en el Canadá, México y los Estados Unidos, tenemos el gusto de dirigirnos a ustedes con relación a la próxima reunión del Grupo Consultivo de Donantes al proceso de paz de Guatemala. El propósito de esta carta es someter a su consideración el documento titulado "Guatemala: La corrupción del Estado y de la sociedad. Un análisis político de la situación de los derechos humanos", en español e ingles, que las cuatro organizaciones arriba mencionadas hemos preparado conjuntamente. Aunque el documento que presentamos se centra particularmente en la situación de los derechos humanos, también destacamos las consecuencias de la situación política sobre dos cuestiones de interés para el Grupo de Donantes al proceso de paz de Guatemala: la necesidad de controlar la violencia y las violaciones de los derechos humanos; y la necesidad de reactivar el proceso de aplicación de los Acuerdos de Paz. Con independencia de todas las excusas y justificaciones que el Gobierno de Guatemala pueda presentar en la próxima reunión, el hecho es que el Presidente Portillo y el Estado de Guatemala, en su totalidad, han tenido un paupérrimo desempeño con relación a estas cuestiones esenciales. Debido a este hecho, y pese al documento que el Gobierno de Guatemala ha circulado --"January 2000-February 2003. Advances and Perspectives of the National Agenda"-- el proceso de paz no muestra ningún progreso significativo y la situación de los derechos humanos sigue en retroceso. De manera particular, llamamos su atención a la Sección V de nuestro documento, en donde presentamos algunas conclusiones y proponemos recomendaciones específicas. Instamos a la comunidad internacional a ejercer presiones firmes sobre el Gobierno de Guatemala, así como a enviar un mensaje claro de apoyo a la sociedad civil de Guatemala. Luego de casi 7 años de gozar del apoyo irrestricto de parte de los donantes y de la comunidad internacional en su conjunto, los dos gobiernos que han dirigido los destinos de Guatemala desde 1996 no han respondido de forma adecuada ni a la confianza desde el exterior ni a las expectativas de la población guatemalteca. La paz está nuevamente en riesgo en Guatemala y la comunidad internacional debe desempeñar una vez más un papel muy importante en el país. Agradecemos su amable atención y quedamos a la espera de su respuesta a nuestro documento. Atentamente, Phil Anderson, GHRC/USA, Washington DC David Lindstrom, FHRG, Chicago Raúl Molina-Mejía, Oficina de Nueva York, Fundación Rigoberta Menchú Tum Carlos Gómez, RPDG, Canadá, Estados Unidos y México **** Guatemala: la corrupción del Estado y de la sociedad Un análisis político de la situación de los derechos humanos Mayo de 2003 Comisión de Derechos Humanos de Guatemala en los Estados Unidos (GHRC/USA) Fundación para los Derechos Humanos de Guatemala (FHRG) Oficina de Nueva York de la Fundación Rigoberta Menchú Tum Red por la Paz y el Desarrollo de Guatemala (RPDG) I. Presentación Este es un análisis político de la situación de los derechos humanos en Guatemala, que cubre algunos acontecimientos de 2002 y las percepciones sobre los mismos, así como los hechos más significativos de la primera parte de 2003*. Presentan este documento la Comisión de Derechos Humanos de Guatemala en los Estados Unidos, con sede en Washington DC, la Fundación de Derechos Humanos en Guatemala, con sede en Chicago, la Oficina de Nueva York de la Fundación Rigoberta Menchú Tum y la Red por la Paz y el Desarrollo de Guatemala. Las cuatro organizaciones han venido aumentando sus esfuerzos por defender los derechos humanos en Guatemala, teniendo en cuenta que durante los últimos tres años la violencia generalizada y las violaciones de los derechos humanos se han incrementado. Para nosotros, es evidente que el gobierno actual del Frente Republicano Guatemalteco (FRG), presidido por Alfonso Portillo, no solamente ha demostrado su incapacidad de brindar seguridad a sus ciudadanos, sino carece también de la voluntad de ejercer control sobre la delincuencia común y política. El propósito principal de este análisis es alertar a la comunidad internacional acerca de la situación de los derechos humanos que rápidamente sufre retrocesos. Subrayamos el hecho de que éste es un análisis de las causas esenciales de la violencia y de las violaciones de los derechos humanos que han ocurrido durante 2002 y los primeros meses de 2003; no es, en esencia, un "informe" de la situación de los derechos humanos. Este documento se presentará ante el Grupo Consultivo de los donantes que contribuyen al proceso de ejecución de los Acuerdos de Paz. Este grupo se reunirá en Guatemala, a principios de mayo de 2003, para evaluar el cumplimiento por parte del Gobierno de las exigencias que se le presentaron el año pasado con relación a la aplicación de medidas urgentes para cumplir plena y prontamente con los Acuerdos de Paz, así como respetar plenamente los derechos humanos y las libertades fundamentales. El documento también se presentará ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el sistema de las Naciones Unidas, incluyendo las instituciones financieras, las organizaciones internacionales de derechos humanos, otras organizaciones internacionales y regionales, organizaciones de iglesia, fundaciones y ONG. Este análisis se centra en la violencia con motivaciones políticas, que es apenas la punta del iceberg conr respecto a todas las violaciones de derechos humanos que siguen ocurriendo en Guatemala. Hay irrespeto de la situación de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, y la situación de los derechos colectivos, tales como los derechos de la niñez, de las mujeres y de los pueblos indígenas, es aún peor. De hecho, Guatemala debería convertirse en el foco de atención de los relatores temáticos y los grupos de trabajo de las Naciones Unidas, que deberían aprovechar la invitación permanente del estado de Guatemala de vigilar constantemente la situación. Estamos convencidos de que al permitirse que la violencia, las acciones represivas ilícitas y violaciones graves de los derechos humanos continúen en Guatemala solamente puede llevar a la reactivación de los conflictos internos y al final del proceso de consolidación de la paz. Para nosotros, la aplicación de los Acuerdos de Paz o la falta de aplicación de los mismos tiene consecuencias, en cualquiera de los casos, con respecto a la situación de los derechos humanos. Por ejemplo, si no se desmilitarizan el estado y la sociedad como lo establecen los Acuerdos de Paz, las fuerzas armadas reforzarán su posición, aumentando su poder y conservando su impunidad. Si no se atienden los problemas de tierra en forma apropiada, los campesinos y los pobladores seguirán ocupando tierras ociosas, solamente para ser expulsados por la fuerza, reprimidos y perseguidos por los terratenientes y la fuerzas de seguridad. Si no se ejecutan programas sociales, con el objetivo de paliar los efectos de la aplicación de las políticas neoliberales, los sindicatos seguirán recurriendo a la huelga y a las medidas de confrontación para buscar algunas condiciones esenciales y normas laborales mínimas. Aun más, la profundización de la pobreza llevará a niveles mayores de delincuencia común, lo cual a su vez producirá mayor represión estatal. De seguir ausente el respeto por la identidad y los derechos de los pueblos indígenas, la población mayoritaria indígena (70%, según las organizaciones indígenas) seguirán percibiendo que viven en un apartheid de hecho y lucharán contra el mismo con todos los medios. Según el Informe de Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Guatemala ha caído de la posición 117 en la lista, en el año 1999, a la posición 120, en 2002. Debemos recordar que el conflicto armado interno de 36 años de duración, que terminó en 1996, fue la respuesta a la represión, la opresión, la discriminación y la explotación, cuatro condiciones que están todavia por erradicarse de la Guatemala de hoy. II. La situación en materia de derechos humanos en 2002 2.1 El frente de batalla en el ámbito de los derechos humanos en 2002 y 2003 Los científicos políticos han reconocido ampliamente que la violencia de origen político aparece en una sociedad cuando ciertos sectores poderosos tratan de detener los movimientos sociales y/o políticos que amenazan sus privilegios. Se utilizan a la intimidación y el miedo como herramientas de control para demostrar la vulnerabilidad de la gente común mediante una combinación de amenazas, hostigamiento y ataques. Al comienzo los ataques son selectivos, perfectamente elegidos de acuerdo con las repercusiones que pueden tener en la sociedad, y luego, si los sectores poderosos se sienten verdaderamente amenazados, comienzan los ataques masivos. Guatemala esta atravesando nuevamente la primera etapa, pero el número de víctimas y las características de las acciones revelan un nivel de violencia cada vez mayor que puede pronto quedar fuera de control. Por ese motivo, es importante reconocer cual es hoy el frente de batalla en Guatemala. Creemos que los problemas más apremiantes que provocan los sectores violentos son los siguientes: el pedido de impunidad en los casos de violaciones de derechos humanos que ocurrieron en el pasado; el pedido de impunidad para la actual violencia; los problemas relacionados con las tierras y los recursos naturales; y las acciones de "depuración social" contra los sectores vulnerables de la sociedad. 2.1.1 Impunidad de los crímenes cometidos durante el conflicto armado interno Los responsables de más de 200.000 muertes en Guatemala entre los años 1960 y 1996, entre ellos 45.000 "detenidos-desaparecidos", no han logrado protegerse a sí mismos al amparo de una amnistía. Los Acuerdos de Paz no contemplan ninguna amnistía ni perdon, y ni siquiera la Ley Nacional de Reconciliación, que fue promulgada en 1997 por el Congreso, prevé el perdón o el "olvido". A pesar de que el FRG domina el Congreso desde el año 2000, hasta ahora no se ha propuesto aprobar ley de amnistía alguna. En este sentido, la única manera en que los responsables de anteriores violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos pueden lograr la impunidad es hacer que quienes se atreven a exigir justicia queden envueltos en un clima de intimidación y temor. Como se expresa en un artículo sobre la impunidad de 1999: "Si el pueblo cree que no puede haber justicia, se resigna a las realidades políticas, se adaptan y se ajustan con el fin de sobrevivir" (The Struggle agaisnt Impunity in Guatemala, Raúl Molina Mejía, en Justicia Social, Vol.26, N°4, (1999) sobre la Impunidad en América Latina) Todos los esfuerzos por exigir verdad y justicia con relación al genocidio y las amplias violaciones de los derechos humanos que tuvieron lugar durante el conflicto armado interno (1960-1996) recibieron respuestas violentas. El signo más visible fue el brutal asesinato de Monseñor Juan Gerardi el 26 de abril de 1998, dos días después de presentar el informe de la Iglesia Católica "Nunca Más", el primer informe exhaustivo sobre delitos motivados por razones políticas durante ese período. Actualmente, todas las organizaciones y las personas que intentan buscar la paz y la justicia sufren constantemente amenazas, hostigamiento y ataques, desde los antropólogos forenses que excavan tumbas colectivas en busca de restos de personas asesinadas en masacres, hasta los testigos y los fiscales en casos de violaciones graves de los derechos humanos, incluidos los juicios por genocidio contra Ríos Montt, Lucas García y otros tramitados en tribunales guatemaltecos y extranjeros. Las fronteras no son una limitación, como demuestra la experiencia de Barbara Boceck, un testigo de Amnesty International en Guatemala, que denunció haber sufrido un ataque violento en el estado de Washington, y Otoniel de la Roca, un testigo clave en el caso de Jennifer Harbury contra el Estado de Guatemala, que ha recibido reiteradas amenazas en su domicilio, en los Estados Unidos. Las organizaciones de derechos humanos, las cuales respaldan o realizan actividades para aclarar las violaciones a los derechos humanos del pasado, han estado trabajando en un clima de intimidación. En el curso del año, la inmensa mayoría de las organizaciones de derechos humanos sufrieron allanamientos de sus sedes, sus archivos y sus computadoras fueron robados y todos sus dirigentes recibieron amenazas de muerte. Los esfuerzos de Helen Mack para obtener justicia por el asesinato de su hermana -la antropóloga Myrna Mack, asesinada el 11 de septiembre de 1990- han sufrido marcados altibajos, en que los buenos resultados quedan anulados por crueles retrocesos. En el primer semestre de 2002, los miembros de la Asociación de Antropología Forense de Guatemala fueron obligados a exilarse. Entre las decenas de ataques contra las organizaciones de derechos humanos se destacan dos casos: el asesinato de Guillermo Ovalle de León, de la Fundación Rigoberta Menchú Tum, por un escuadrón de la muerte en Guatemala el mediodía del 29 de abril; y el caso de Álvaro Pop, un abogado y defensor de los derechos indígenas, que en octubre fue secuestrado en Alta Verpaz. Su cuerpo fue hallado en un pozo el 17 de diciembre de 2002. 2.1.2 Impunidad por los crímenes en el presente La impunidad de las violaciones de los derechos humanos que tuvieron lugar en el pasado se ha convertido en impunidad de los actos de violencia que se cometen en la actualidad. La defensa de quienes participaron en el asesinato de Gerardi ha sido intensa, tanto desde el punto de vista jurídico como extrajurídico. Se apeló la sentencia original que se dictó contra tres oficiales del ejército y un sacerdote, lo que obligó al sistema judicial a reabrir la causa y suscitó temores de que el fallo fuera anulado. Queremos subrayar que se está atancando a todo el sistema judicial, ya sea por medio de la violencia como de la infiltración y la corrupción; cualquier reapertura de la causa tiene lugar en condiciones aún más dificiles. Muchos jueces han sido asesinados, atacados, amenazados u obligados a exilarse. Muchos testigos en causas importantes han buscado refugio en los Estados Unidos o en el Canadá o ya han muerto, asesinados a veces en motines carcelarios. En febrero pasado, hubo un motín en la prisión más importante de la ciudad de Guatemala, con el resultado de que cinco personas fueron decapitadas, entre ellas, el Sr. Obdulio Villanueva. Éste había sido declarado culpable de participación en el asesinato del Obispo Gerardi, e insinuó que tenía pruebas contra personas que seguían prófugas. Los fiscales, así como las víctimas y sus familares, a menudo viven en un clima de miedo constante, ya que son víctimas de amenazas y hostigamiento, y debido a que ni el Gobierno ni el sistema judicial les brindan la protección necesaria. 2.1.3 Ataques contra los sectores que cuestionan los abusos de poder Los personajes políticos que han criticado al Gobierno también han sufrido ataques o han tenido extraños accidentes, como el accidente automovilístico que sufrió el General Julio Balconi a fines de año, causado por otro vehículo, y que provocó la muerte de su hija. El testigo principal contra el Vicepresidente Reyes en un caso muy difundido de abuso de poder, fue asesinado en circunstancias muy misteriosas. Jorge Rosal Zea, un dirigente del Partido Patriota, fue asesinado en la Ciudad de Guatemala el 16 de marzo de 2002; en los primeros meses de 2001, el General Otto Pérez Molina, fundador de ese partido, y sus parientes cercanos, sufrieron una serie de ataques armados. Algunos periódicos han desafiado a Portillo y el FRG, haciendo públicos casos de corrupción y de abuso de poder y denunciando los esfuerzos que realizan los agentes estatales para garantizar la impunidad de todo tipo de delitos. Han tenido que enfrentar una intensa reacción por parte de las "fuerzas oscuras", y muchos periodistas han sufrido ataques. Los campesinos siguen haciendo frente a la represión de los sectores poderosos. La cuestión de la tierra y los recursos naturales es el eje de los conflictos permanentes en Guatemala. A pesar de la intensificación de la crisis económica debido a la caída del precio del café en los mercados internacionales, los terratenientes siguen aferrados a sus tierras, más por razones ideológicas que por los beneficios comerciales. Hace años que en Guatemala es necesaria una reforma agraria para dar respuesta a la presión que proviene del vasto sector campesino de la población, que padece los niveles más altos de hambruna en América Latina. Si bien en los Acuerdos de Paz no se menciona la "reforma agraria", se establece en ellos una serie de disposiciones para abordar la injusta, desequilibrada e inhumana situación agraria. Sin embargo, tanto el Gobierno de Arzú como el de Portillo han tomado muy pocas medidas relativas a la cuestión de la tierra y los recursos naturales. Existen importantes conflictos en todo el país, y en la mayoría de los casos los campesinos tienen documentos que prueban que las tierras son suyas. No obstante, los tribunales y el poder ejecutivo prefieren ignorar sus exigencias y beneficiar a los terratenientes. Por lo tanto, los campesinos se han organizado en grandes movimientos tales como el CUC, el CONIC y el CNOC, y han ejercido presión ocupando tierras, tomando carreteras y desfilando en las calles. La violencia criminal y la represión policial con sanción legal han sido las respuestas que recibieron sus reclamos. 2.1.4 Sectores vulnerables de la sociedad guatemalteca Los "grupos marginales" de la sociedad guatemalteca, en especial los "niños de la calle", los trabajadores del sexo, los "maras" (jóvenes pandilleros guatemaltecos), las personas encarceladas, los delincuentes menores, los migrantes de otros países de paso hacia México y los Estados Unidos, y otros ciudadanos siguen perteneciendo al submundo de los que carecen de derechos. Los agentes del Estado y ciertos sectores privilegiados de la sociedad consideran que habría que eliminar a esos grupos y los hacen objeto de violencia y malos tratos. La MINUGUA ha señalado en repetidas oportunidades que la mayoría de las violaciones a los derechos humanos, es decir, las acciones de los agentes del Estado que violan los derechos humanos fundamentales de los ciudadanos de Guatemala, son perpetrados por la policía, entre otras, el asesinato de "niños de la calle" dormidos en las calles de la ciudad de Guatemala. Cuando en Guatemala se menciona a los "niños de la calle", es preciso tener en cuenta que no se trata de un fenómeno reducido. Intervida, uno organización no gubernamental guatemalteca, señaló en un informe en marzo último que, para poder sobrevivir, 800.000 niños (1 de cada 8 niños) venden mercaderías en las calles, trabajan en empresas peligrosas y de poca monta, rescatan deshechos o participan en la prostitución. Todos ellos están en peligro constante, tanto en cuanto a su vida como a su integridad personal. Esa situación ha abierto la puerta a los negocios ilícitos tales como el robo y el tráfico de niños, ya sea para la adopción o para el tráfico de órganos. 2.1.5 La responsabilidad del FRG La conclusión evidente es que además del delito común y la delincuencia organizada, y bajo su cortina de humo, los sectores de poder han tomado como blanco a ciertos sectores de la sociedad por una razón política fundamental: mantener el poder y los privilegios para perpetuar la impunidad de sus acciones pasadas y presentes. Esos sectores, que actúan mediante grupos clandestinos y estructuras ilícitas de seguridad, han logrado ubicar a cuadros y establecer vínculos en el Gobierno y otras instituciones del Estado, a fin de asegurarse acceso a la información, recursos abundantes, mecanismos de intimidación y, lo que es más importante, la impunidad por medio de la protección, el encubrimiento y la obstaculización de la investigación y del procesamiento. Es evidente que el FRG, incluido sus dirigentes Ríos Montt y Portillo, el actual Presidente de Guatemala, no han hecho practicamente nada para combatir estos grupos poderosos. Más conflictiva aún es la opinión generalizada que existe en Guatemala de que el FRG y los dirigentes del Estado mantienen relaciones con estos grupos y alientan sus operaciones, opinión que tiene sus fundamentos en numerosos informes que se presentan más adelante, en este documento. 2.2 El papel actual de los Estados Unidos en Guatemala 2.2.1 Un manto de confianza Según todos los testimonios en Guatemala, Alfonso Portillo disfrutó de una estrecha relación con la ex Embajadora de los Estados Unidos de América en Guatemala, la Sra. Barbara Bushnell. Por ese motivo, el Gobierno de los Estados Unidos y Alfonso Portillo trataron de cooperar en muchos ámbitos, a pesar del deterioro evidente de los derechos humanos y del estancamiento en la aplicación de los Acuerdos de Paz de Guatemala. De hecho, cuando CACIF (la principal organización del sector privado, que tradicionalmente disfrutó de un considerable respaldo en los Estados Unidos) lanzó una ofensiva política contra Alfonso Portillo y el FRG por abusos de poder, y esperó que Washington ejerciera una presión adicional, la respuesta se centró más bien en desactivar el movimiento. Una posible explicación para esto en el caso de Guatemala es que el país se ha convertido en una herramienta útil en el ámbito de las relaciones exteriores de los Estados Unidos. 2.2.2 Leve cambio de posición de los Estados Unidos En junio, ante un nuevo aumento de las violaciones de derechos humanos y la continuación de importantes niveles de corrupción que originaron duras críticas de la comunidad internacional, el gobierno de los Estados Unidos comenzó a transimitir algunas señales de preocupación. En la segunda mitad de 2002, la reaparición de las ex-PAC, la falta de una buena gestión pública y la libertad de movimiento de la delincuencia organizada, en particular en asuntos relativos al tráfico de drogas, obligaron a la Embajada de los Estados Unidos en Guatemala a manifestar críticas más abiertas. Al final de 2002, el Gobierno de los Estados Unidos negó su certificación a Guatemala por no cooperar lo suficiente en la lucha contra el tráfico de drogas y rescindió las visas de ciudadanos guatemaltecos que presuntamente participaban en tales actividades ilícitas. Sin embargo, debido a los planes para invadir al Iraq y la necesidad de contar con un apoyo incondicional de los países dependientes, como los países de América Central, la decisión de no otorgar la certificación a Guatemala no entrañó sanción concreta alguna; se trató más bien de un tenue llamado de atención. Sin embargo, la evaluación más reciente de la situación de los derechos humanos en Guatemala por el Departamento de Estado, que analizaremos en este documento, representa una posición muy crítica y puede marcar la decisión de abandonar al FRG en las próximas elecciones. Sin embargo, sigue existiendo la posibilidad de que los Estados Unidos decidan utilizar una vez más un enfoque dual, aceptando y apoyando al FRG, así como a otro partido de la derecha política. 2.3 La participación de la comunidad internacional 2.3.1 Crítica creciente al Gobierno de Guatemala La comunidad internacional ha expresado una posición más crítica respecto de la situación de los derechos humanos gracias a las declaraciones y los informes oportunos formulados por la MINUGUA, las iniciativas de ciertos defensores de derechos humanos guatemaltecos y de sus contrapartes y partidarios internacionales, así como la permanente preocupación de los Estados que están apoyando las iniciativas de consolidación de la paz en Guatemala. El año pasado, una primera medida concreta fue la decisión que el Grupo Consultivo de Donantes adoptó en su última reunión celebrada en Washington. Entre otras cosas, éste pidió abiertamente al Gobierno de Guatemala que garantizara la vida y la seguridad de los defensores de derechos humanos y que mejorara la situación general de los derechos humanos. La Unión Europea formuló también importantes declaraciones, y los órganos del sistema interamericano de derechos humanos adoptaron decisiones sobre la necesidad de poner fin a las violaciones de derechos humanos, resolver los abusos anteriores de los derechos humanos y resarcir a las víctimas de graves violaciones de derechos humanos. En diciembre último, por primera vez desde la firma de los Acuerdos de Paz de fines de 1996, la Asamblea General de las Naciones Unidas incluyó proecupaciones y disposiciones concretas en materia de derechos humanos en la resolución aprobada para ampliar el mandato de la MINUGUA para 2003. El mecanismo de las Naciones Unidas para la defensa de los derechos humanos, una vez más, está avanzando quizás lentamente, pero se está acercando a la decisión de incluir a Guatemala en su lista de Estados delincuentes. Más recientemente, el 10 de abril, el Parlamento Europeo adoptó una declaración por consenso en que se insta al Gobierno de Guatemala a que "elimine la impunidad, mejore la seguridad civil y garantice los derechos humanos." En Guatemala se acogió con satisfacción esa posición, así como la reciente decisión por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de ampliar sus actividades en el país abriendo una oficina específica en Guatemala, apenas su tercera oficina en todo el mundo, para vigilar la situación de los derechos humanos. 2.3.2 Contradicciones que sorprenden Sin embargo, lamentablemente, mientras la situación de los derechos humanos en Guatemala sigue deteriorándose, algunos mensajes de la comunidad internacional han resultado consternantes. Reflejan sea un absoluto desconocimiento de los acontecimientos en Guatemala, sea un desprecio total de los derechos humanos en el país. El Centro Internacional con sede en Washington otorgó al Presidente Portillo -decisión que algunos calificaron de "broma macabra"- el "Premio de la Libertad" por su supuesto compromiso con los derechos humanos y su apoyo a la creación de una comisión para investigar a grupos ilícitos y estructuras clandestinas de seguridad. Esa organización no gubernamental aparentemente no puso en tela de juicio los cabildeos de diplomáticos y asesores guatemaltecos, ni investigaron los intentos de Portillo de debilitar la labor de la comisión por cuya creación se le premiaba. En otro ejemplo, el 29 de abril, el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC), reeligió a Guatemala como miembro de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (2004 a 2006). Guatemala ya está sugiriendo "reformas" a la Comisión que pueden obstaculizar las investigaciones de los Estados que cometen graves violaciones de derechos humanos. Unos días antes, en Viena, Guatemala fue elegido como miembro del Comité sobre las Drogas de las Naciones Unidas en momentos en que se critica a ese país como lugar crucial para el trasbordo de drogas y en que ha perdido la certificación de los Estados Unidos. Además, en Guatemala existe un vínculo firme entre las violaciones de los derechos humanos y las operaciones de tráfico de drogas. III. Percepciones acerca de las situación de los derechos humanos en 2002 Además de nuestro propio análisis, consideramos importante incluir los análisis principales y las conclusiones de otras organizaciones que presentaron informes con relación a la situación de los derechos humanos en Guatemala durante 2002. En primer lugar, señalaremos los resultados y las conclusiones que el Grupo de Apoyo Mutuo (GAM, la organización principal para enfrentar la práctica de las desapariciones forzadas o involuntarias y sus terribles consecuencias), con sede en la ciudad de Guatemala, presentó en su reciente documento que se titula "Informe sobre las violaciones de derechos humanos en Guatemala, enero a diciembre de 2002". En segundo lugar, citaremos algunas de las observaciones más notables que Amnistía Internacional hiciera en su informe "El legado letal de Guatemala: la Impunidad del pasado y las renovadas violaciones de los derechos humanos". En tercer lugar, presentaremos otras cuestiones sobresalientes que se incluyen en el informe de derechos humanos de MINUGUA, de fecha 22 de agosto de 2002. Finalmente, analizaremos las opiniones del Departamento de Estado de los Estados Unidos que aparecen en su más reciente informe de marzo pasado. [Las citas son traducciones del autor de los textos originales en inglés] 3.1 Análisis del GAM El informe más completo de Guatemala fue elaborado por el GAM, con un excelente resumen de todo tipo de violaciones de derechos humanos, que incluimos en el Anexo "A" de este documento. Consideramos que vale la pena mencionar algunos de los resultados más importantes del trabajo del GAM: "La realidad socioeconómica del pueblo de Guatemala ha empeorado durante el año reciente. El FRG nunca cumplió su famoso plan de 180 días, que, en teoría, iba a terminar con la criminalidad y restablecer el orden público. Por el contrario, este gobierno ha demostrado una incapacidad increíble para controlar la violencia. Por ejemplo, el gobierno ha admitido la existencia de los grupos clandestinos pero ha hecho hincapié en la imposibilidad de poder investigarlos y procesarlos. El propio Presidente Portillo declaró en un programa de radio que era virtualmente imposible para el gobierno la erradicación de estos grupos. Estos grupos clandestinos pueden definirse como una red que se origina a partir de las estructuras militares de inteligencia. Estos grupos también se han extendido al sistema judicial y las agencias de aplicación de la ley para proteger a individuos poderosos, a fin de impedir investigaciones judiciales a fondo por medio de la intimidación de testigos y funcionarios del Poder Judicial. La violencia que estos grupos producen se disfraza siempre de delincuencia común, pero se han encontrado diversos nexos entre los criminales "comunes" y los miembros activos y de baja en el ejército". "El año 2002 estuvo lleno de amenazas, intimidaciones, persecuciones, vigilancia y aún asesinatos (Guillermo Ovalle, Jorge Rosal Zea, Antonio Pop Caal y otros), allanamientos y robos contra los activistas sociales y de derechos humanos, particularmente contra quienes trabajan en el esclarecimiento de las violaciones del pasado y que luchan contra la impunidad por medio de exhumaciones, investigación académica y la promoción de casos judiciales contra los responsables. Se han dado ataques contra la Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG), Casa Alianza, la Asociación para el Avance de las Ciencias Sociales (AVANCSO), la Auxiliatura de la Procuraduría de Derechos Humanos en Escuintla, y otras...Además, han habido ataques contra los campesinos que participan en las tomas de tierra. Hay una tendencia evidente de violaciones de derechos humanos de este tipo de activistas...En muchos casos, los terratenientes les pagaron a miembros del ejército o de la policía para intimidar, perseguir sin dar respiro, amenazar, atacar y hasta matar a esos campesinos". "La lista no tendría fin. A la luz de estas violaciones resulta obvio que el gobierno no tiene la voluntad ni el interés de garantizar la seguridad de los activistas sociales, ya que el Estado tiene la obligación de proteger a sus ciudadanos y no lo ha hecho. Aun más, no cabe duda de que las amenazas y las intimidaciones provienen de estructuras vinculadas al Estado". "Adicionalmente, resulta evidente que en la agenda oculta del gobierno la prioridad principal es fortalecer al ejército en tiempos de paz y fortalecer los poderes ocultos para que se institucionalicen dentro de la maquinaria del estado. Se ha probado fehacientemente que durante el año pasado ha continuado la participación de miembros de las fuerzas armadas y policías en el crimen organizado, el secuestro, el narcotráfico y el contrabando. La militarización se ha producido junto con el fortalecimiento de los poderes ocultos y ambos han venido ocupando espacios extremadamente importantes dentro de las diversas esferas del estado. Al mismo tiempo, la corrupción en el sistema judicial ha quedado demostrada y la misma no ha permitido el encausamiento de los responsables (la mayoría de los cuales son militares) de los crímenes cometidos durante el conflicto armado". "El partido en el gobierno ha creado, prácticamente, su propio ejército de seguidores que están dispuestos a hacer cualquier cosa a cambio de compensación económica. Las ex-PAC han tenido a su cargo las amenazas, los acosos y los ataques de opositores y activistas de derechos humanos en el campo, y han amenazado con hacer el boicot a las próximas elecciones". 3.2 Amnistía Internacional Debemos darle crédito a Amnistía Internacional (AI) por poner la situación de los derechos humanos en Guatemala en primera fila de las preocupaciones de derechos humanos. En un informe extraordinario emitido el 28 de febrero de 2002, AI evaluó el sistema judicial de Guatemala, "describiendo el abismo entre lo que debería ocurrir según la ley y lo que ocurre en realidad". AI no solamente vincula las prácticas del terrorismo de estado del pasado con la grave situación de hoy, tanto en materia de crímenes como de violaciones de los derechos humanos, sino introduce el concepto que define las estructuras secretas y violentas del poder político-militar-económico: el estado de la mafia corporativa. En su capítulo 5 sobre la impunidad y el "estado de la mafia corporativa", AI afirma: "Una categoría de abusos incluye los crímenes perpetrados por el llamado 'estado de la mafia corporativa" o en su nombre. Este término abarca la 'no santa alianza' entre sectores tradicionales de la oligarquía, algunos 'nuevos empresarios', elementos de la policía y de los militares y delincuentes comunes. Miembros de todos estos sectores se unen para controlar lucrativos negocios 'negros', 'sucios' o ilícitos, incluyendo el tráfico de drogas y de armas, el lavado de dinero, bandas para el robo de autos, el negocio de las adopciones, los secuestros por rescate, la tala ilegal de árboles y otros usos prohibidos de las tierras protegidas por el estado. También conspiran para asegurarse el control monopólico de industrias lícitas tales como la del petróleo". AI señala que dichos crímenes fueron siempre un hecho en el país, pero que ahora resultan más evidentes en la Guatemala posterior al conflicto. Las prácticas tipo mafia se explican en el informe: "Quienes se encuentran involucrados utilizan sus conexiones -- políticas y con los militares y la policía-- para extraer provecho e intimidar o aun eliminar a los que se ponen en su camino, saben demasiado, compiten con ellos o tratan de investigar sus actividades...Ello, más el hecho de que agentes del estado son cómplices en los crímenes o ayudan a encubrirlos, quiere decir que...tales actos [deberían ser]motivo de preocupación no solamente para los guatemaltecos sino también para la comunidad internacional". El informe de MINUGUA El 22 de agosto de 2002, la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Guatemala (MINUGUA) presentó su décimo tercer informe sobre los derechos humanos, que cubre el período de julio de 2001 a junio de 2002. La conclusión principal fue: "durante el período bajo estudio, la situación de los derechos humanos en Guatemala de hecho se deterioró. MINUGUA verificó casos de amenazas o asesinatos de defensores de los derechos humanos, religiosos, jueces, testigos, periodistas, activistas políticos y sindicalistas. Continuó el fenómeno de los linchamientos y la violencia de multitudes. Grupos ilegales y estructuras clandestinas operaron con impunidad. Los hechos de violaciones de los derechos humanos perpetrados por la policía aumentaron drásticamente. La impunidad siguió siendo sistemática, al desatender el estado su obligación de investigar los crímenes y aplicar sanciones a los responsables, al mismo tiempo que sus propios funcionarios obstruían la aplicación de la justicia". Esta terrible situación en términos de la falta de respeto de los derechos civiles y políticos es solamente una parte de la crisis de los derechos humanos, la cual también "abarca la violación constante y vasta de los derechos sociales, económicos y culturales". MINUGUA también fue muy crítica con las ex-PAC (que en el documento se identifican como comités voluntarios de defensa civil, es decir, CVDC): "muchos de los ex-comisionados militares y miembros de los ex-CVDC siguen estando en posiciones de liderazgo en sus comunidades, y no han cambiado ni su discurso ni sus métodos, incluida la incitación a la violencia de multitudes y los linchamientos". También criticó enérgicamente la respuesta del gobierno a los pedidos de compensación por parte de las ex-PAC: "En junio de 2002, miembros de los ex-CVDC escenificaron protestas masivas en el Departamento de El Petén para exigir indemnización por sus servicios durante el conflicto armado interno como fuerza auxiliar bajo la dirección del ejército. El gobierno señaló que buscaba fondos para responder a sus exigencias, provocando la crítica de que el hacerlo equivaldría a premiar a gente por cometer abusos de los derechos humanos durante el conflicto. Al mismo tiempo, el plan nacional de compensación para las víctimas de los derechos humanos durante el conflicto armado...aún no se ha establecido y algunos proyectos piloto quedaron estancados por falta de fondos". Otra cuestión importante fue el cambio del papel y de los recursos del ejército: "Contrario al espíritu de los acuerdos de paz, se dio una ampliación del papel del ejército en la seguridad pública y en otras esferas de acción gubernamental...las repetidas transferencias financieras hacia el presupuesto del ejército contrastaron con cortes en el presupuesto social del gobierno, el presupuesto para la administración de la justicia y los fondos para la compensación de las víctimas del conflicto, en violación flagrante de los acuerdos de paz". Además, los efectos de la mentalidad contrainsurgente trascienden las fuerzas armadas y de seguridad, como lo evalúa MINUGUA: "Muchos ex-policías y ex- soldados fueron incorporados en la nueva Policía Nacional Civil...en donde han cometido abusos que hacen recordar las prácticas del conflicto armado...Hay indicios de que algunos ex- miembros de las fuerzas contrainsurgentes son ahora miembros de los grupos ilegales y las estructuras clandestinas que se dedican al crimen organizado". 3.4 El informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos Como indica en su documento "Guatemala: informe del país sobre las prácticas de derechos humanos, 2002", el Departamento de Estado de los Estados Unidos está de acuerdo, en general, con las opiniones de todos los que critican la situación de los derechos humanos en Guatemala. En primer lugar, el Departamento de Estado no observa ninguna voluntad política de aplicar los Acuerdos de Paz: "Pese a sus reiteradas promesas, el gobierno de Portillo y el Congreso no tomaron sino limitadas medidas para aplicar los Acuerdos de Paz que se finalizaron con las guerrillas de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) en 1996. El sistema judicial es independiente; sin embargo, padece de ineficacia, corrupción e intimidación". En segundo lugar, hay una evaluación de que el país se está remilitarizando: "El gobierno ordenó al ejército con frecuencia que apoyara a la policía, ya que ésta carece de recursos y está pobremente equipada. La Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Guatemala (MINUGUA) informó que esta práctica constituye un grave revés para la desmilitarización de la seguridad pública, que es exigida por los Acuerdos, y que no habían indicios de que las operaciones conjuntas disminuyeran los niveles de crimen...Algunos miembros de las fuerzas de seguridad cometieron abusos de derechos humanos. Varios oficiales retirados del ejército con vínculos ampliamente conocidos al crimen organizado y violento siguen teniendo influencia importante dentro del ejército, la policía, el sistema judicial y el poder ejecutivo". Aunque el Departamento de Estado le da mas crédito al Gobierno de Guatemala de lo que merece, el cuadro que presenta claramente señala el fracaso del estado de proporcionar seguridad y condiciones para la justicia: "El gobierno generalmente respetó los derechos humanos de sus ciudadanos; sin embargo, siguen existiendo graves problemas y la situación de los derechos humanos se deterioró en algunas esferas. Hubo varios informes de ejecuciones extrajudiciales por parte de las fuerzas de seguridad. Hubo cada vez más informes de muertes violentas, asesinatos y "limpieza social", actos en los cuales las personas consideradas como indeseables para la sociedad (por ejemplo, miembros de pandillas, delincuentes comunes, niños de la calle, prostitutas y homosexuales) fueron muertas...en muchos casos, los sistemas de procuración de la justicia y judiciales no fueron capaces de asegurar investigaciones plenas y oportunas, juicios justos o el debido proceso. Las detenciones arbitrarias y las detenciones prolongadas previas a los juicios siguieron siendo problemas. Los jueces y otros funcionarios de aplicación de la justicia fueron sometidos a intimidación y corrupción. En mayo, el Relator Especial de las Naciones Unidas para los defensores de los derechos humanos destacó el deterioro significativo de la seguridad de los que trabajan en derechos humanos. Las cada vez más frecuentes amenazas contra el personal del organismo judicial, los periodistas, los testigos, los asesores laborales, los religiosos y los sindicalistas elevaron los niveles de inseguridad pública. La obstrucción de la justicia, las amenazas y la intimidación también tuvieron su origen en 'fuerzas paralelas' o 'grupos clandestinos' relacionados con el gobierno. MINUGUA encontró que la mayoría de las violaciones de los derechos humanos fueron el resultado de la falta de investigación y castigo para quienes han violado la ley...la impunidad fue sistémica". Como comentario final, el Departamento de Estado admite que los defensores de los derechos humanos parecen ser el blanco primario de la violencia con motivaciones políticas: "Los ataques contra los activistas de los derechos humanos aumentaron durante el año. Si bien algunos de estos ataques pueden haber sido casos de delincuencia común, el número de los ataques y sus características señalan la existencia de esfuerzos deliberados y sistemáticos para intimidar a los activistas de derechos humanos. En marzo, miembros de una coalición de grupos de derechos humanos exigieron que el gobierno tomara medidas para garantizar la seguridad de los activistas de derechos humanos, investigara y procesara a los autores intelectuales y materiales de los ataques, investigara la existencia de grupos clandestinos y fuerzas paralelas vinculados a las instituciones del estado que se creía que estuvieran detrás de los ataques y que los desmantelara. La Secretaría de Análisis Estratégico (SAE) elaboró un informe sobre la existencia de tales grupos, aunque otros funcionarios públicos refutaron sus conclusiones. Los grupos de derechos humanos se retiraron del diálogo, afirmando que el gobierno no respondió de manera adecuada a sus preocupaciones y no aceptaron los ofrecimientos del Presidente de reunirse con ellos. Algunos funcionarios públicos hicieron comentarios públicos desestimando a los activistas de derechos humanos y a los observadores internacionales, y afirmaron que algunos de ellos habían inventado los supuestos abusos". IV. Actualización sobre la situación de los derechos humanos y el contexto político a la altura de abril de 2003 4.1 Los derechos humanos y las elecciones Analizamos acá el deterioro mayor que tiene lugar en Guatemala a principios de 2003. Creemos que además de las condiciones estructurales que llevan a la violencia y a las violaciones de derechos humanos, la situación se agrava porque éste es un año crucial en términos políticos. En primer lugar, habrán elecciones generales a finales de 2003, y las dos corrientes principales de la derecha que han estado en el poder, una de 1996 a 1999 y la otra a partir de 2000, se enfrentarán con fuerza una a la otra para disputarse el control del gobierno de 2004 al 2007. Además de estos dos partidos, más de una docena de otras organizaciones políticas, incluida la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG, la ex-guerrilla que firmara los Acuerdos de Paz y que es ahora partido político) y otras organizaciones de izquierda intentarán fortalecer su presencia política en todo el país. En segundo lugar, luego de más de 6 años, el país se encuentra casi al final del período de aplicación de los Acuerdos de Paz. Pese al hecho de que el proceso de aplicación de los Acuerdos de Paz se ha visto estancado por más de dos años y que casi la mitad de sus disposiciones todavía no se han hecho efectivas, las Naciones Unidas seguirán vigilando su cumplimiento, de manera directa, solamente hasta el 31 de diciembre de 2004. Sin el acompañamiento de las Naciones Unidas, los Acuerdos de Paz pueden terminar siendo un proceso de paz incompleto o quizás un fracaso. Los actores en favor de la democracia seguirán exigiendo que el gobierno cumpla plenamente con los Acuerdos, pero sectores poderosos preferirán que se descarten. Es importante, entonces, comprender el contexto político y sus implicaciones para los derechos humanos. Los actores en favor de la democracia están bajo ataque, al prepararse el país para las próximas elecciones del 9 de noviembre, en las cuales se elegirán Presidente, Vicepresidente, Congreso y autoridades municipales. A menos que una amplia alianza pro-democracia reconozca que el objetivo estratégico clave es derrotar en las elecciones al Frente Republicano Guatemalteco (FRG), se consolidarán el proyecto y la ideología del General Ríos Montt. La situación general se ha empeorado en los últimos tres años bajo el Presidente Alfonso Portillo, al tiempo que el FRG ha fortalecido el poder del partido. Pese a la existencia de una prohibición constitucional, Ríos Montt puede ser elegido Presidente para el período 2004-2007. La situación política de Guatemala es en verdad alarmante. En primer lugar, la violencia en aumento y las violaciones de los derechos humanos generan un clima de terror. En segundo lugar, el estancamiento del proceso de aplicación de los Acuerdos de Paz de 1996 ha frustrado las expectativas de una vasta mayoría de guatemaltecos, particularmente de las poblaciones indígenas y de los movimientos sociales. Al finalizar su visita a Guatemala, en su condición de coordinador de una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Sr. José Zalaquett afirmó el 30 de marzo: "La Comisión ha encontrado señales alarmantes de que han sufrido retroceso los esfuerzos por proteger los derechos humanos". Señaló a las amenazas de muerte contra los jueces y la corrupción de la policía como factores importantes, pero también subrayó que jugaban un papel importante la proliferación de los grupos clandestinos armados que están vinculados al narcotráfico, al secuestro para obtener rescate y al contrabando, combinado con la falta de cumplimiento de las disposiciones de los Acuerdos de Paz que establecen la desmilitarización de Guatemala. 4.2 El movimiento de derechos humanos se encuentra bajo ataque El 7 de abril de 2003, doce organizaciones de derechos humanos de Guatemala denunciaron que la casa de Mario Polanco, dirigente del Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), y de Nineth Montenegro, fundadora del GAM y actual congresista del partido en formación Alianza Nueva Nación (ANN), fue allanada por hombres armados, ese día a las 12:30 horas. Los hombres armados preguntaron por el paradero del Sr. Polanco y se llevaron archivos y equipo de computación. Apenas cuatro días antes, otro miembro del GAM, Diego Xon Salazar, fue secuestrado y asesinado en su aldea de Chichicastenango. Como reacción a esto, los defensores de los derechos humanos insistieron en la necesidad de desmantelar todos los grupos clandestinos y exhortaron al gobierno a acelerar el proceso para establecer la Comisión para la Investigación de Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CICIACS). El 13 de marzo, el Procurador de los Derechos Humanos, Sergio Morales, y el representante del Presidente Portillo firmaron el acuerdo para la creación de CICIACS, la cual originalmente había sido propuesta por el movimiento de derechos humanos de Guatemala. En este acuerdo, el Presidente se comprometió a solicitar a la Organización de los Estados Americanos y las Naciones Unidas que nombraran representantes ante la comisión, pero una de las disposiciones indicaba que el trabajo solamente comenzaría en septiembre. Además de este tardío inicio, representantes del gobierno han dado a entender que la falta de fondos podrían socavar la composición y las funciones de CICIACS o podrían retrasar más sus operaciones. La necesidad de investigar y desmantelar los escuadrones de la muerte que han resurgido fue provocada por la ola constante de acosos, amenazas de muerte y ataques que han venido soportando durante los tres últimos años los defensores de los derechos humanos y las personas que participan en casos de búsqueda de la verdad. A lo largo de febrero y marzo de 2003 hubo un aumento agudo de los casos de violencia con motivación política, y a la fecha, en abril, la ola no se ha abatido, como lo informa constantemente la Comisión de Derechos Humanos de Guatemala en los Estados Unidos (GHRC/USA), con sede en Washington DC. Esa violencia trascendió los sectores de derechos humanos y de búsqueda de verdad y justicia. 4.3 Otros sectores son blancos evidentes Los activistas campesinos María Antonia Asencio y Romero López denunciaron amenazas de muerte luego del asesinato del compañero activista Pedro Méndez, el 2 de febrero, en Izabal; y el dirigente campesino Juan Tiney denunció que su casa en la ciudad de Guatemala fue rodeada por 20 policías, el 8 de marzo, para intimidarlo y acosarlo. El Sr. Tiney y otros líderes campesinos han sido llevados a los tribunales por terratenientes bajo la acusación de incitar a los campesinos a cometer acciones ilegales. El 4 de abril, el Comité de Unidad Campesina (CUC) condenó el asesinato de Jorge Gómez, en Izabal. La tierra sigue estando en el centro de los conflictos del país y se han intensificado las acciones violentas y los casos judiciales por parte de los terratenientes y del estado en contra los activistas campesinos. Sus familias también están en riesgo: el 19 de marzo, un intento de ataque en contra de Marcelino Choc, de la Unión Verapacense de Organizaciones Campesinas (UVOC), dejó herida por varias balas a su hija de 7 años; y Daniel Chanchavac, el hijo de 16 años de uno de los dirigentes de la Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (CNOC), fue secuestrado el 4 de abril y sigue estando desaparecido. Los líderes políticos también se están convirtiendo en blancos. La diputada Anabella de León informó que había sido víctima de un ataque armado en la ciudad de Guatemala. Arturo Méndez, alcalde de Colotenango, de la URNG, escapó ileso luego de un atentado en su contra; y un dirigente de la Alianza Nueva Nación, Arnulfo Gutiérrez, fue muerto a tiros en Chiquimula. Los periodistas y personas vinculadas a los medios de comunicación social también están bajo ataque. En la última semana de febrero, Isabel Enríquez, Maricely Enríquez y Carmen Judith Morán fueron agredidas y amenazadas en la sede de CERIGUA, la agencia de noticias en que trabajan; y el 9 de abril, la Directora de la agencia, Ileana Alamilla, sufrió el robo de su vehículo y documentos enfrente de su oficina. El 2 de marzo, varios asaltantes allanaron la casa de Marielos Monzón, columnista de Prensa Libre. Anteriormente, luego de que ella escribiera en su columna acerca de la desaparición de Antonio Pop Caal en diciembre pasado, se le dijo por teléfono que a menos que dejara de escribir sobre este caso, ella encontraría el mismo destino (el cuerpo decapitado de Pop Caal fue encontrado después, el 17 de diciembre de 2002). A partir de principios de 2003, ha habido un escalamiento de los ataques a los jueces y a otra gente que tiene que ver con casos judiciales. El 11 de enero, el periódico Prensa Libre indicaba que en los últimos dos años 134 jueces habían recibido amenazas de muerte: luego de que la magistrada Jackelin España fuera atacada el 9 de enero, habiendo recibido su carro 26 impactos de bala, la Junta Directiva de la Asoación de Jueces afirmó que en el año 2001 habían recibido amenazas de muerte 56 administradores de justicia y que en 2002 habían sido 76. El 14 de febrero, Dina Ochoa, Presidenta de la Asociación de Jueces, denunció que su hijo había sido atacado por dos personas, a mediodía, en un centro comercial de la ciudad de Guatemala. El 18 de febrero, el juez Francisco Coz, de Todos Santos Cuchumatán, Huehuetenango, y otros 9 administradores de justicia habían informado de limitaciones en el cumplimiento de sus funciones debido a amenazas de muerte. El Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Larios Ochaita, informó el 26 de febrero que ni siquiera el personal de seguridad especial ni las denuncias han impedido que sigan las amenazas de muerte contra los jueces; para finales de febrero, 31 administradores de justicia habían sido amenazados. Más recientemente, el 8 de abril, Amnistía Internacional expresó su preocupación por la seguridad de Waldemar Barrera, representante de la Procuraduría de Derechos Humanos en Izabal, luego de que se entraran a su carro y de que su oficina fuese asaltada. El 10 de abril, hombres armados en el oriente del país atacaron al conocido fiscal Manuel Barquín, rociando su carro con docenas de balas. Un día después, hombres armados con máscaras de ski atacaron a Roderico Tello, juez de paz de Quetzaltenango. Siguieron más casos en la segunda mitad de abril, pero el más notable fue el de Karen Fischer, fiscal para casos de corrupción, quien renunció a su cargo luego de que el Procurador General de Guatemala le ordenara detener las investigaciones de las cuentas secretas supuestamente abiertas en Panamá por el Presidente, el Vicepresidente y personas cercanas. Debido a amenazas de muerte, la Sra. Fischer dejó el país pocos días después. 4.4 El enfoque de "laissez-faire" del gobierno del Presidente Portillo Los resultados obtenidos tanto por Amnistía Internacional como por la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Guatemala (MINUGUA) señalaron claramente que grupos secretos se encontraban acumulando poder y de manera creciente ejerciéndolo. Todos los hechos descritos anteriormente suceden sin que exista ninguna acción gubernamental para restingir las actividades criminales. El reciente informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos afirma: "También se pudo seguir la pista de los actos de obstrucción de la justicia, las amenazas y la intimidación a 'fuerzas paralelas' o 'grupos clandestinos' relacionados con el gobierno". La falta de acción del gobierno con relación a las violaciones de los derechos humanos y la violencia está vinculada al comportamiento del Presidente Portillo y del FRG. El gobieno ha mostrado el más alto nivel de flagrante corrupción desde que el gobierno civil se iniciara en 1986. Como indica el Global Corruption Report 2003 (Informe Mundial sobre la Corrupción, 2003), publicado por Transparencia Internacional, la corrupción ocurrió de varias maneras: se hicieron contratos fantasmas en el Ministerio de Comunicaciones y Obras Públicas, se sobrevaloraron las placas de circulación de los automóviles, fondos públicos fueron succionados por funcionarios del Ministerio del Interior y hubo hallazgos de que millones de dólares estaban siendo sobregirados en bancos estatales. Aun el Presidente, el Vicepresidente y su hijo se encontraban bajo investigación por haber supuestamente transferido docenas de millones de dólares a cuentas personales en bancos panameños, como se mencionó antes. 4.5 El Presidente Portillo y la aplicación del doble rasero Portillo fue electo en 1999 principalmente porque la población se encontraba encolerizada con el gobierno del Presidente Arzú y con su Partido de Avanzada Nacional (PAN), por sus políticas neoliberales, que habían beneficiado a los grandes ricos y habían afectado negativamente a las capas medias y las clases pobres. Dado que las capas medias han seguido encongiéndose, gracias a la continuidad de las políticas neoliberales y a los agudos problemas económicos generados por la crisis del café, Portillo concentra ahora sus esfuerzos electorales en los sectores más pobres. Eso explica su desdén ante la reciente huelga de maestros que interrumpió el año escolar durante casi dos meses. Mientras que 62,000 maestros (80 % del total) exigían un aumento en sus salarios y mejores condiciones para la educación, Portillo elaboraba un plan para derrotar el movimiento y reemplazar el sistema actual de escuelas con un sistema decentralizado basado en un modelo de privatización, a ser dirigido por los padres de familia. Solamente el fuerte apoyo de otros sectores de la sociedad civil forzó al gobierno y al Congreso a dar respuesta finalmente a algunas de las exigencias económicas de los maestros, concluyendo la huelga el 13 de marzo. Desafortunadamente, el movimiento de maestros tuvo que pagar con sangre los beneficios alcanzados. El hermano de Moisés Fuentes, dirigente de la Asamblea Nacional de Maestros, fue secuestrado y asesinado, en forma de ejecución, el 9 de marzo; y Enma Aguilar Durán, maestra de escuela primaria que apoyaba la huelga, que tenía 7 meses de embarazo, fue asesinada por tres hombres desconocidos en presencia de su hijo de 6 años de edad, el 27 de marzo, en la ciudad de Quetzaltenango. Al mismo tiempo que los maestros encontraban oídos sordos, Portillo y el FRG finalizaban un plan financiero para compensar a los ex-miembros de las PAC (Patrullas de Autodefensa Civil), la organización paramilitar utilizada por el ejército para controlar a la población durante la guerra, por "los servicios prestados al país". El sistema de las PAC supuestamente fue desmantelado durante la fase final del proceso de negociaciones de búsqueda de la paz, pero nunca existió la verificación del proceso. Hay abundantes evidencias de que muchos de los grupos de las PAC siguieron estando vinculados a las fuerzas armadas, respondiendo a ellas en caso de necesidad. En su informe especial sobre el flagelo de los linchamientos, MINUGUA declaró que había verificado que la autoría por instigación, que estaba presente en muchos de los casos de linchamiento, correspondía a personas que anteriormente habían pertenecido a las PAC. En 2002, las PAC reaparecieron oficialmente como "ex-PAC", tomándose el aeropuerto de Tikal, reteniendo a los turistas como rehenes y exigiendo compensación personal por haberle prestado servicios al estado guatemalteco. Pese al hecho de que las víctimas de las políticas represivas del estado están todavía a la espera de que el gobierno las compense, debido a que dicho goiberno no ha aplicado todavía las recomendaciones pertinentes de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH), Portillo respondió prontamente a las ex-PAC, le dio validez a sus reclamos y ofreció pagarles. Era evidente para todos, tanto opositores como amigos del gobierno, que ésta era una maniobra política con el propósito de garantizarse los votos de las ex-PAC y de sus familiares, y por medio de expectativas infundadas y del temor, también los votos de las comunidades rurales pobres. 4.6 Cría cuervos y te sacarán los ojos De alguna manera, sin embargo, la maniobra con las ex-PAC parece ahora estarse convirtiendo en un tiro por la culata, porque el gobierno ha encontrado grandes dificultades para cumplir las exigencias de las ex-PAC. En primer lugar, se dio un problema financiero, dado el hecho de que los patrulleros exigían $ 2,500 por persona y el gobierno sufría una crisis financiera. Todos los esfuerzos realizados por Portillo y el FRG por encontrar los fondos necesarios fracasaron: la comunidad internacional y los donantes se negaron a dar recursos para ese propósito; se rechazaron posibles nuevos impuestos; y la colocación de bonos especiales en el mercado financiero, no obstante la utilización impropia de los recursos nacionales de instituciones del estado, no ha producido el dinero suficiente. Un revés mayor ocurrió cuando aquellos que fueron forzados a servir al ejército y participar en el sistema de las PAC contra su voluntad también solicitaron compensación. Así, el gobierno se encontró a finales de 2002 con exigencias de aproximadamente 628,000 ex patrulleros, para lo cual se requería un monto de $ 1570 millones. El gobierno ofrece ahora pagar una cantidad menor --menos de $ 700 (Q 5,241), con un pago a ser efectuado por el gobierno de Portillo y dos pagos por el futuro gobierno-- y solamente a cerca de 250,000 patrulleros. Como respuesta, durante la primera semana de abril ex-PAC se tomaron carreteras, puestos fronterizos y estaciones de bombeo de petróleo y enfrentaron violentamente a la policía. Ahora, las fuerzas armadas y el Presidente amenazan con el uso de la fuerza en contra de cualquier tipo de exigencias violentas adicionales y la situación luce bastante inestable. Los primeros pagos para las ex-PAC comenzaron a finales de abril para grupos cercanos al gobierno y, al mismo tiempo, el Presidente Portillo alabó públicamente a los patrulleros como salvadores de la patria. No cabe duda de que existe ahora una división entre las ex-PAC vinculadas al ejército y el resto de los ex-patrulleros. Vale la pena mencionar que, con base a encuestas y expresiones públicas, la mayoría de los guatemaltecos se oponen a la compensación de las PAC por asuntos de principios: resultaba increíble pagarle a los victimarios, los responsables de las masacres y otras violaciones graves de los derechos humanos, al tiempo que se ignoraba a las víctimas. 4.7 El ejército vuelve a ser factor de poder Como se afirmó anteriormente, el ejército también regresa a la vida pública. Aunque el Presidente Arzú recobró, tempranamente en su período, el derecho de que un presidente civil por lo menos nombre al Ministro de la Defensa, y una de las principales enmiendas a la Constitución que exigían los Acuerdos de Paz era eliminar el papel del ejército en la seguridad interna, ésta y otras enmiendas fueron derrotadas en el referendo de 1999, con la intensa participación del FRG y de otras fuerzas de derecha. Desde entonces, todas las recomendaciones que se refieren a la transformación del ejército han sido ignoradas. El Ministerio de la Defensa sigue en poder del oficial de más alto rango del ejército; el siniestro Estado Mayor Presidencial (EMP) no ha sido desmantelado y sigue a cargo de asuntos de seguridad para la presidencia e inteligencia interior; la doctrina y la educación militares no han sido modificadas; las tropas siguen desempeñando funciones en la seguridad interna, tales como el patrullaje de pueblos y ciudades y la vigilancia de prisiones; y el presupuesto militar vuelve a aumetarse drásticamente (24% en la segunda parte de diciembre de 2002). Si bien es cierto que muchos generales y otros oficiales se han retirado desde 1996, la mayoría de ellos siguen teniendo cuotas de poder militar y económico tanto al interior como fuera del ejército. Ex oficiales del ejército ocupan altos puestos en la mitad de los partidos políticos que se encuentran inscritos en la actualidad. Los Generales Ortega Menaldo y Alfonso Callejas, por ejemplo, utilizan la organización de oficiales veteranos para promover sus agendas político-económico-militares. De manera institucional, sin embargo, las alianzas principales dentro de las fuerzas armadas parecen ahora moverse en dirección al General Ríos Sosa, hijo de Ríos Montt y potencialmente el próximo Ministro de la Defensa. Mediante rotaciones internas en los años pasados el FRG se ha garantizado de que todos los comandantes de tropa sean leales y lo apoyen. 4.8 La estrategia del FRG versus la falta de estrategia de la Oposición Con el objetivo de consolidar su imagen populista, el FRG y su dirigente máximo, el General Ríos Montt, han nombrado a puestos de gobierno a varios izquierdistas y figuras democráticas durante los últimos tres años, utilizando una estrategia que combina varios factores: cooptando figuras de la oposición, enfrentándose con el sector privado y los medios de comunicación asociados con el mismo, ganándose a la comunidades rurales pobres con alguna infraestructura y suministros de alimentos y agrícolas, garantizándose el apoyo de la línea dura dentro del antiguo sistema de las PAC, provocando temor entre las comunidades rurales por medio de acciones de las ex-PAC, incluidos los linchamientos y asesinatos, manteniendo un clima de intimidación y temor mediante los grupos secretos y estructuras de inteligencia clandestinas, fortaleciendo los sectores militares incondicionales y dividiendo a la oposición. Es importante destacar que, aunque la mayor parte del sector privado, particularmente CACIF, se opone al gobierno, el FRG ha acumulado una cantidad sustancial de fondos. Hay nuevos ricos que han acumulado fortunas por medio de la corrupción y los negocios ilícitos, que tienen vínculos estrechos con el FRG. Además, al igual que en las elecciones de 1999, el FRG tendrá acceso a fondos de los Estados Unidos, tanto de la extrema derecha como de muchas iglesias fundamentalistas. También existen sospechas bien fundadas de que recursos del estado y la ayuda exterior sean utilizados para la campaña electoral. Por último, no sería una sorpresa que el FRG recurriera al fraude generalizado para ganar las elecciones. Mientras tanto, la Oposición de Guatemala se encuentra fragmentada en múltiples partidos políticos, con cerca de 15 ya inscritos en el Tribunal Supremo Electoral y 10 más a la espera de su admisión final. Peor aún, tienden a creer ciegamente en las encuestas, que al apoyarse en muestras en los centros urbanos presntan al FRG más débil de lo que es. La mayoría de estos partidos son de la derecha y actúan bajo la premisa de que el FRG será derrotado y que la población busca una nueva opción; varios caudillos se ven a sí mismos como la nueva opción. Sobre la base de estas suposiciones irrealistas, no toman en cuenta el apoyo del que el FRG aún goza con las masas pobres apolíticas. La URNG es probablemente la expresión más fuerte de la izquierda, pero otros partidos más pequeños pueden atraer a algunos de los disidentes de la URNG y algunos grupos progresistas nuevos. El movimiento social, que sigue autoidentificándose como progresista, también se partirá, con alguna organizaciones deseosas de apoyar aun a partidos del centro-derecha. Por consiguiente, aunque algunas alianzas empiezan a tomar forma, los analistas políticos no prevén una coalición pro-democracia amplia antes de la primera ronda de elecciones, el 9 de noviembre. Al día de hoy, parece como que si el FRG será la primera o la segunda fuerza. Aunque es muy temprano como para llegar a conclusiones acerca del próximo proceso electoral, todo parece indicar que ningún partido o coalición de partidos alcanzará la necesaria mayoría para ganar. El sistema electoral considera una segunda elección para Presidente y Vicepresidente, entre las dos primeras fuerzas políticas, si no existe mayoría en la primera vuelta, la cual ha sido programada para el 21 de diciembre. Ese momento será crucial para los próximos cuatro años. Si la Oposición no se da cuenta de que el objetivo estratégico deberia ser el del "cambio de régimen", Guatemala, bajo un nuevo gobierno del FRG, sin lugar a dudas entrará en un período más violento, regresivo e inestable, que pondrá en peligro el joven sistema democrático guatemalteco. V. Conclusiones y Recomendaciones Conclusión 1. La única manera en que Guatemala puede salir de su actual crisis política es actuando de inmediato para enfrentar las causas profundas de la violencia y de las violaciones de los derechos humanos fundamentales y reactivar el proceso de aplicación de los Acuerdos de Paz. Para que ambas cosas ocurran, es evidente que las acciones de los diversos agentes de la sociedad civil han demostrado ser insuficientes para hacer que el gobierno tome las acciones necesarias. Guatemala necesita de nuevo el firme apoyo de la comunidad internacional y la solidaridad de otros pueblos. Recomendación. Es fundamental que la comunidad internacional actúe de cara a la situación de los derechos humanos en Guatemala y garantice la terminación exitosa del proceso de aplicación de los Acuerdos de Paz. Con ese propósito, todos los mecanismos posibles, políticos, económicos y financieros, deberían ser utilizados, con sentido de urgencia, incluyendo sanciones de ser necesario. Conclusión 2. Dadas las nuevas condiciones internacionales, no resulta fácil para ningún estado o grupo de estados involucrarse en la situación de los derechos humanos de Guatemala. Se ha sugerido por parte de algunos representantes que la crítica fuerte del gobierno puede ser contraproducente para el proceso de aplicación de los Acuerdos de Paz. Esto podría ser solamente una excusa; pero ninguno de los países interesados en Guatemala quiere ser percibido como uno de los factores que contribuyen al fracaso de la aplicación de los Acuerdos de Paz. Sin embargo, es claro que la falta de crítica hacia el gobierno por sus políticas contrarias a los derechos humanos y la consolidación de la paz ha contribuido a la crisis actual. La comunidad internacional tiene la responsabilidad de prevenir cualquier deterioro adicional de la situación general de Guatemala. Recomendación. Todos los mecanismos posibles para la protección de los derechos humanos deberían aplicarse de inmediato en Guatemala, tanto por parte de las Naciones Unidas como de la Organización de los Estados Americanos. Entre otros, recomendamos los siguientes aspectos: a) Dado el hecho de que el estado guatemalteco ha firmado ya una carta de invitación permanente para que todos los Relatores Especiales y Grupos de Trabajo visiten el país, las Naciones Unidas deberían organizar visitas de manera que cada año Guatemala pudiese contar con la presencia de dos Relatores Especiales o Grupos de Trabajo, como mínimo; b) Se le debería dar un mandato apropiado y recursos suficientes a la Oficina de Guatemala del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que según noticias de prensa debe funcionar en julio próximo, para enfrentar enérgicamente las violaciones de los derechos humanos. Sin embargo, la apertura de esta Oficina no debería poner en riesgo la extensión y la calidad del mandato irreemplazable de MINUGUA; c) El mandato de MINUGUA con relación a la vigilancia de los compromisos sobre los derechos humanos debería fortalecerse y financiarse apropiadamente, y se debería estudiar la posibilidad de prorrogar dicho mandato en la esfera de los derechos humanos hasta el año 2005. Conclusión 3. El movieminto más sólido de oposición a la violencia y a las violaciones de los derechos humanos ha surgido del movimiento de derechos humanos de Guatemala. A fin de intensificar sus actividades y sostener el movimiento, las organizaciones de derechos humanos harán peticiones concretas a la comunidad internacional, que son esenciales para mejorar las condiciones y el entorno de las luchas por los derechos humanos. Recomendación. La comunidad internacional debe responder de la manera más apropiada posible a las peticiones del movimiento de derechos humanos de Guatemala. En este momento, el llamamiento esencial de las organizaciones de derechos humanos es a que las Naciones Unidas y la OEA nombren cada una un integrante de la CICIACS. Es importante que se nombren personas que puedan producir efectos sobre la situación de los derechos humanos en Guatemala, como ocurrió en el pasado. El Sr. Christian Tomuschat fue un excelente Representante Especial para Guatemala, habiendo sido después el Coordinador de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, y la experta argentina Mónica Pinto desempeñó un papel esencial com Representante Especial de las Naciones Unidas para Guatemala a cargo de vigilar la situación de los derechos humanos. Conclusión 4. Luego de la firma de los Acuerdos de Paz en 1996, la mayoría de los fondos que la comunidad internacional aportó para su aplicación fueron transferidos al Gobierno de Guatemala. Sin embargo, es evidente que los fondos son utilizados inadecuadamente o desviados, y percibimos la necesidad de cambiar dicha situación. Los fondos para el gobierno deberían estar sujetos a controles muy estrictos, a fin de impedir su utilización para campañas políticas. Además, se deberían encontrar canales para enviar los fondos a organizaciones de la sociedad civil que sean totalmente representativas. Recomendación. Los fondos y el acompañamiento a la sociedad civil de Guatemala son fundamentales. El Grupo Consultivo de Donantes debería preparar planes concretos para potenciar a las organizaciones de la sociedad civil para que asuman el papel más amplio posible en las acciones de consolidación de la paz, aun en el caso de que se logre un cambio de régimen por medio del próximo proceso electoral. La comunidad internacional y las organizaciones en solidaridad con el pueblo de Guatemala deberían proporcionar acompañamiento a Guatemala en esta difícil etapa. Conclusión 5. Evidentemente, la situación de los derechos humanos en Guatemala no mejorará significativamente, y puede de hecho deteriorarse más, si el Frente Republicano Guatemalteco (FRG) resulta reelegido para el gobierno o logra mantener su control. La comunidad internacional, y en particular los Estados Unidos, debería estar consciente de que la continuación del FRG en el gobierno tendrá como resultado el fin de los esfuerzos de consolidación de la paz en Guatemala. Recomendación. La comunidad internacional debería abstenerse tanto de acciones económicas como de acciones políticas que el FRG pudiese utilizar para aumentar sus posibilidades de ganar las próximas elecciones. Adicionalmente, debería cooperar con las autoridades electorales de Guatemala para impedir todo tipo de fraude electoral. Deberían existir esfuerzos vigorosos y sostenidos por garantizar la participación libre de todos los ciudadanos guatemaltecos, así como por vigilar de manera apropiada el proceso electoral. A este respecto, exhortamos a la comunidad internacional, de manera particular, que proporcione los fondos necesarios para garantizar la más amplia inscripción de ciudadanos antes de las elecciones y proporcionar transporte en el día de las elecciones para que todos los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto. Conclusión 6. Una conclusión final, que es muy importante para los 1.2 millones de guatemaltecos que, según una estimación oficial reciente, viven fuera del país, es que los ciudadanos en el exterior deberían estar capacitados para ejercer su derecho de participar en la vida política de Guatemala y su derecho al voto. Actualmente, la fuente principal de divisas para Guatemala la constituye el envío de dinero de los guatemaltecos que trabajan en los Estados Unidos y otros países. Es inconcebible que este sector importante de la población guatemalteca esté marginada por la Ley Electoral de la vida política de Guatemala. Recomendación. El Gobierno de Guatemala, todos los partidos políticos y la comunidad internacional deberían garantizar que el proceso electoral de 2003 sea el último que prohiba la participación directa de los guatemaltecos en el exterior. Los guatemaltecos deberían gozar, al igual que lo hacen ciudadanos de muchos otros países desarrollados y en desarrollo, el derecho al voto y a determinar el futuro del país, aun cuando viven en el exterior. 30 de abril de 2003