La pobreza, desigualdad y concentración de la riqueza, siguen siendo una constante en América Latina y el Caribe, se vienen promoviendo acuerdos comerciales y de inversión que limitan seriamente las posibilidades de desarrollo y erradicación de la pobreza en los países de la región. El Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) pretende sellar un acuerdo que privilegia los intereses de las grandes corporaciones por encima de los derechos de la población de las Américas. La agricultura es una fuente crucial para los medios de subsistencia en América Latina y el Caribe, y un catalizador potencial clave para las estrategias de reducción de la pobreza y el desarrollo en la región. La agricultura es también una de las industrias más grandes del mundo, aunque su alcance internacional es más limitado de lo que inicialmente puede aparentar, dado que apenas el 10% de la producción agraria se comercia internacionalmente. Sin embargo, la región encara una crisis crónica de seguridad alimentaria y de crecimiento de la pobreza en las áreas rurales. En toda América Latina y el Caribe, 54 millones de personas sufren de desnutrición (11% de la población total), en su mayoría mujeres y niños, debido en gran parte a los flagrantes dobles estándares en las políticas de liberalización del comercio agrícola –que mantienen subsidios y protección en los países ricos y obligan a una liberalización en los países en desarrollo, combinado con el retiro de la inversión pública en los países en desarrollo y la caída de los precios e ingresos. Alrededor de 123 millones de personas viven en las áreas rurales (25% del total de la población) y dependen directa o indirectamente de la agricultura. De estos, 77 millones (63.7%) viven en la pobreza, 47 millones de ellos en extrema pobreza. En los EE.UU. y Canadá también existe un gran número de pequeños productores que vive en la pobreza. En EE.UU. el 14.2% de la población rural es pobre, y más de 500 pequeñas empresas agrícolas van a la quiebra cada semana. La actual política y práctica de comercio agrícola y la acelerada liberalización propuesta bajo las reglas del ALCA, ignoran esta dimensión importante de la agricultura, actúan en favor de la producción a gran escala para la exportación, e incrementan en los países de América Latina y el Caribe la dependencia de alimentos importados. Los dobles estándares de la liberalización comercial Las políticas de liberalización agrícola representan un evidente ejemplo de los dobles estándares en el comercio internacional. Mientras que los Estados Unidos (EE.UU.), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) promueven la liberalización indiscriminada de los mercados agrícolas en los países en desarrollo, en los países ricos se mantienen políticas de subsidio y protección. Tanto los EE.UU. como la Unión Europea, continúan otorgando volúmenes masivos de pagos directos a los agricultores. En América Latina y el Caribe, la liberalización comercial comenzó con el mandato del FMI de implementar programas de ajuste estructural a mediados de los años 80. Al final de la Ronda Uruguay de negociaciones del Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT por sus siglas en inglés), en 1994, justo cuando estaba a punto de crearse la OMC, todos los países de la región ya habían recortado significativamente sus aranceles y eliminado muchas de las barreras no arancelarias a las importaciones. Comparada con otras regiones en desarrollo, América Latina y el Caribe tienen los aranceles más bajos. El límite promedio del arancel agrícola para todos los países en desarrollo es de 59%, para la región es de 40% (desde 25% en Chile hasta 52% en Colombia). El promedio del arancel agrícola aplicado –que es el arancel que se implementa en la práctica– para todos los países en desarrollo es de 21%; mientras que para la región es de 14% (desde 9.8% en Chile a 20% en República Dominicana). La mayoría de los gobiernos de la región también han eliminado las medidas no arancelarias, tales como los permisos de importación, cuotas y precios mínimos, que les permitían mecanismos para manejar los niveles de importación. Las políticas de apoyo interno a la agricultura en América Latina y el Caribe también han sido socavadas. Los mismos programas de ajuste estructural que buscaban equilibrar los presupuestos exigieron el desmantelamiento del crédito rural e instituciones de comercialización y otros servicios estatales de apoyo, de los cuales dependían los pequeños agricultores, así como la reducción de la inversión pública en infraestructura rural. En Bolivia, la inversión pública agrícola cayó drásticamente de un 10% del total de la inversión pública nacional en 1989 a sólo un 4.45% en 1997, durante los años cruciales de aplicación del ajuste. Particularmente, el desmantelamiento de las estructuras crediticias y de comercialización, ha perjudicado a las mujeres rurales, que por tener menos garantías y titulación sobre la tierra, han perdido acceso a recursos claves para su desarrollo. Estos dobles estándares han llevado a resultados predecibles: un incremento en el dumping agrícola con la caída de precios y deterioro de los medios de vida de las y los pequeños agricultores a lo largo del continente, un creciente control corporativo de la agricultura y concentración de la riqueza, y un aumento en la pobreza y la desnutrición en las áreas rurales. El dumping agrícola Una de las causas más importantes de pérdida de medios de subsistencia rural en América Latina y el Caribe es el dumping por parte de las transnacionales de los EE.UU., esto es, la exportación de productos por debajo del costo de producción, que compiten injustamente con los productores locales y fuerzan a la baja de manera artificial los precios mundiales. Los EE.UU. exportan trigo a un 46% por debajo del costo de producción y maíz a un quinto por debajo del mismo costo. Y, cuando los países pobres adoptan las políticas de mercados abiertos, como lo han hecho en mayor o menor medida todos los de América Latina y el Caribe excepto Cuba, el precio mundial se convierte en el precio local y los agricultores locales son privados del acceso a sus propios mercados nacionales con efectos devastadores sobre sus ingresos. El ALCA y la agricultura Las posibilidades de que el ALCA pueda ordenar estas injustas prácticas de comercio, están mitigadas por la increíble asimetría de poder entre los países que toman parte en sus negociaciones. Significativamente, el borrador del capítulo sobre agricultura del ALCA perpetúa esta asimetría al plantear una acelerada eliminación de aranceles, impuestos y otras herramientas de la política agrícola nacional; la no utilización de la salvaguarda existente en la OMC; y el mantenimiento de los programas de crédito para la exportación (las cuales contribuyen al dumping). El tratamiento especial y diferenciado sólo es considerado para ofrecer un plazo más largo para la eliminación de los subsidios en los países en desarrollo y permitir la no derogación de los derechos de apoyo interno que los países más pequeños de la región reciben en la OMC. Así las cosas, la propuesta del ALCA es incompatible con la promoción del desarrollo sostenible en las Américas. Por eso resulta necesario una propuesta integral y radicalmente distinta, que brinde la flexibilidad política requerida para que los gobiernos de los países en desarrollo de la región, protejan y promuevan los intereses de sus agricultores, trabajadores, mujeres, pueblos indígenas y ciudadanos, y de esta manera, restaurar su capacidad de elegir sus políticas de desarrollo y reducción de la pobreza. Convenio La Juventud - Rel-UITA
30 de mayo de 2003