Se los veía ancianos, algunos con paso dificultoso, otros manteniendo todavía el porte que se les conoció en los años duros, aunque el gesto era distinto, de preocupación, de cansancio, quizá de vergüenza. Así, varios de los 45 militares acusados de graves violaciones a los derechos humanos durante la dictadura que ensangrentó a la Argentina entre 1976 y 1983 pasaron ante las cámaras de televisión que registraron su arresto. Cuando el juez federal Canicoba Corral decidió hacer lugar al pedido del juez Baltasar Garzón, de España, quién solicitó la extradición de estos 45 militares acusados de estar implicados en la desaparición de ciudadanos españoles en Argentina, resurgieron viejas polémicas y volvieron a ver la luz las heridas que nunca cerraron. La mayoría de los militares se entregaron a la justicia en silencio y tratando de pasar desapercibidos por los medios. Siete de ellos, entre los que están los que pergeñaron el golpe militar del 76, Jorge Videla y Emilio Massera, ya estaban en arresto domiciliario por la causa del robo de bebés. El resto por el momento cumple arresto en guarniciones de las tres fuerzas armadas. Sólo dos están prófugos, uno de ellos desde mediados de la década del 80 y deberán ser buscados por la justicia. De los 45, es probable que sólo 11 permanezcan en las prisiones militares. Según las leyes argentinas, los mayores de 70 años tienen la posibilidad de acceder al arresto domiciliario, por lo que la mayoría de estos militares podrá gozar de este derecho. No obstante, ya están marcados por la sociedad que en silencio ha soportado durante 20 años que los responsables de tantos crímenes atroces vivan normalmente, circulen por las calles y continúen influyendo en la política argentina, como es el caso de Antonio Domingo Bussi, el general retirado responsable de la represión más atroz en el norte del país, quien en democracia llegó a gobernar nuevamente la provincia donde había librado una lucha encarnizada contra la oposición y pocas semanas atrás había sido elegido intendente de la ciudad de Tucumán. Ni el conocimiento de que había engrosado una importante cuenta bancaria en el exterior con dinero nunca declarado en el país, hizo que mucha gente amante de la “mano dura” dejara de votar a su favor en esta oportunidad. No faltaron los periodistas que preguntaran al aire si era necesario volver atrás de esta manera, abriendo viejas heridas, o si esta medida no significaba una regresión para el país. Pero es que las heridas nunca cerraron. Ni siquiera en la conciencia de los represores. El prefecto Pedro Asic, al conocer la orden de arresto, intentó suicidarse con un tiro en la boca con su pistola 9 milímetros. No tuvo suerte. Sobrevivió y está grave. Pero su acto desesperado permitió recordar públicamente una historia de terror que vivió una familia de opositores en sus manos. El ex prisionero que relató ante las cámaras de televisión las torturas sufridas bajo las órdenes de Asic no dejó lugar a la piedad. Asic fue el encargado de interrogarlo, luego de haberlo arrestado junto a su esposa y a su hijo de 20 días de vida. El ex prisionero contó que como él no respondía con la información solicitada, Asic tomó al bebé de los pies, boca abajo, y lo amenazó con estrellar a la criatura contra el piso. No conforme con esto, puso al bebé sobre el pecho de su padre, tomó la picana eléctrica y la pasó por el cuerpo del niño. La atrocidad del acto hizo que sus propios compañeros lo apartaran y obligaran a suspender el interrogatorio. Escenas como esta eran las que se vivían a diario en la Escuela de Mecánica de la Armada, cuya fuerza integraba Asic, bajo las órdenes de Emilio Massera. Miles de prisioneros políticos fueron asesinados en las cámaras de tortura o en los tristemente célebres “vuelos de la muerte”, utilizados para arrojar al río a los opositores, sedados pero con vida. La división de poderes Cuando el presidente Kirchner recibió a las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo a poco de asumir, estaba marcando una línea de gobierno comprometida con la vigencia del respeto a los derechos humanos y la necesidad de mantener viva la memoria de los hechos ocurridos en el país para que nunca más se repitieran. Durante la gira presidencial europea de hace apenas quince días, Kirchner se reunió con familiares y representantes de organismos de derechos humanos en el exterior que reclamaron por sus familiares y la necesidad de ejercer justicia al respecto. Para entonces, ya circulaba la información de que muy probablemente el nuevo presidente derogara el decreto que firmó el ex presidente De la Rúa dos años atrás que impedía la extradición de militares acusados por violaciones a los derechos humanos y solicitados por la justicia de otros países. El pedido del juez Garzón apuró las decisiones y Kirchner firmó un decreto derogando el anterior ni bien regresó de su viaje a los Estados Unidos. Las puertas están ahora abiertas para que la justicia argentina actúe sin trabas. ¿Podrá existir verdaderamente la división de poderes en Argentina? Luego de tantos años de ingerencia del Poder Ejecutivo en el Legislativo y el Judicial, todavía no termina de comprenderse bien la decisión del gobierno actual. Los voceros del gobierno, el jefe de Gabinete y los ministros de Interior y de Justicia y Derechos Humanos, no dejan de señalar que es el sistema judicial el que tiene que decidir sobre la cuestión de las extradiciones y ver si los militares deben ser juzgados en el país o en el extranjero. Cuando muchos observadores políticos comienzan a preguntarse por el principio de territorialidad, los funcionarios señalan una y otra vez que toda esta cuestión deberá ser tenida en cuenta en la decisión que tome la justicia. La idea de una justicia independiente del poder político ha sido siempre sostenida por los críticos de un sistema que se regodeó nombrando jueces amigos hasta en la propia Corte Suprema de Justicia, como ocurrió durante el gobierno de Carlos Menem, o que se dedicó a presionar a los magistrados para que fallaran de acuerdo con los deseos del gobierno. El proceso que acaba de iniciarse con el arresto de los militares será largo y complicado. En lo interno, las vigencia de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida que se dictaron en 1986 y 1987, durante el gobierno de Raúl Alfonsín, y que permitieron en ese entonces aquietar a las fuerzas armadas, comienza a ser discutida con más fuerza. Las leyes fueron derogadas por el Congreso Nacional, pero sus efectos continúan beneficiando a los militares implicados en violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. Dos jueces las declararon inconstitucionales y abrieron juicios sobre el tema en el interior del país. Pero las apelaciones a instancias superiores dilatan los procesos y las decisiones tardarán en llegar. No obstante, el panorama presenta señales positivas. Por un lado, prácticamente no quedan militares en actividad que hayan estado en la fuerza durante la dictadura. Los observadores señalan que las nuevas camadas quisieran ver cerrado el tema que las continúa afectando, sobre todo en su prestigio e imagen ante la población que nunca volvió a confiar en las fuerzas armadas. Por otro lado, las encuestas de opinión que se conocieron este fin de semana, señalan claramente que la mayoría de la población quiere que se revise el tema militar. Un 65% señaló que está de acuerdo con que se anulen las leyes de Punto Final y Obediencia Debida para que se pueda juzgar cabalmente a los militares en el país y un 61% cree que debe revisarse el tema militar porque considera que hay cuestiones pendientes que deben encontrar una solución.