En Chiapas el gobierno del estado ha entrado al proceso de la privatización del agua donde no ha mediado ninguna acción de consulta sobre este proceso tan delicado. El gobernador Pablo Salazar Mendiguchia firmo el 30 de enero del 2003 el convenio con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) y la Comisión Nacional del Agua (CNA) que también administra las represas hidroeléctricas del país. El objetivo central del convenio es "establecer condiciones que propicien la participación del sector privado, para mejorar los sistemas de agua y saneamiento en las entidades federativas, incrementar su eficiencia y ampliar su cobertura". Esto se hará con fondos de deuda que al mismo tiempo subsidiara a las empresas que compren el control del agua. Como antecedentes podemos mencionar que en 1995 el Gobierno Federal creo el Fondo de Inversión en Infraestructura, y a partir del 2001 se amplia su cobertura para el agua y saneamiento. Así, en agosto del 2001 el comité técnico del Fondo aprobó la creación del "Programa para la Modernización de los Prestadores del Servicio de Agua y Saneamiento" (PROMAGUA), cuyos objetivos son el impulsar "a través del otorgamiento de apoyos financieros, cambios estructurales en los sistemas de agua y saneamiento en los municipios, para mejorarlos, incrementar su eficiencia, ampliar su cobertura (...) mejorar su infraestructura (...) propiciar una estructura tarifaria adecuada (...)". En otras palabras, el objetivo es modificar las leyes sobre el control que el estado tiene sobre el agua, mejorar la infraestructura con fondos públicos y por medio de mayor deuda que pagara la ciudadanía, aumentar los costos del servicio y lograr privatizar la administración, operación y mantenimiento del sistema de agua, saneamiento y alcantarillado de las ciudades de mas de 50 mil habitantes que son potencialmente buenos negocios para las grandes empresas, ya que son lugares donde se concentran los negocios, las empresas, maquiladoras, el turismo o el mayor consumo domestico. Todo el servicio de una ciudad puede quedar incluso en manos de una sola empresa según lo estipula el mismo convenio. En Chiapas las ciudades que rebasan esta población son la capital Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, Comitán y San Cristóbal de Las Casas. Esta estrategia esta destinadas a las zonas urbanas que registrarían buenas ganancias y no para poblaciones pequeñas o rurales. Esto contraviene el articulo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que estipula que las autoridades municipales tienen a su cargo el servicio publico de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales. Ahora resulta que será el libre comercio quien, en la lógica de las políticas neoliberales, sea la que distribuya el vital liquido incorporándolo a la lógica del mercado. Pero como sucede con todos los procesos de privatización, los gobiernos se endeudan con mas prestamos con la banca multilateral ya que esta exige que los gobiernos elaboren los diagnostico de las empresas del gobierno para que las empresas privadas tengan los criterios para invertir. Así, el gobierno con los impuestos de los ciudadanos les paga el estudio diagnostico a las empresas, remodela y mejora la infraestructura y luego se las vende a bajos costos como ha sucedido con la telefonía, las carreteras, los ingenios azucareros, los bancos, etc. Posteriormente, si a las grandes corporaciones transnacionales no les resulta el negocio por su corrupción o mala administración, o porque simplemente el mercado no les dio suficiente ganancia, los gobiernos los "recuperan" pagándoles por la misma empresa en malas condiciones. Banobras maneja el Fondo de Inversión en Infraestructura que es alimentado por el Banco Mundial. Junto con la CNA, en el marco del PROMAGUA, se comprometen en el convenio a cubrir el 75% del costo del Estudio de Diagnostico y Planeación integral sobre el sistema de agua potable de la ciudad en cuestión. Luego, los estados y los municipios ponen el 25% restante. Así, la empresa obtiene un estudio detallado de la situación del sector donde va a invertir. El sector privado no pone un centavo en el diagnostico, este lo ponen los ciudadanos de sus impuestos. Identificados los problemas del sistema de agua y saneamiento de la ciudad, Banobras como CNA regalan el dinero de los contribuyentes para llevar a cabo obras que mejoren la infraestructura. El convenio lo dice de una manera mas elegante: "realizar aportaciones financieras no recuperables en inversiones de corto plaza incrementar la eficiencia de los sistemas de agua y saneamiento de los municipios (...)". Luego regalan mas dinero para ampliar el sistema: "realizar aportaciones financieras no recuperables, en inversiones de proyectos específicos, para nuevas fuentes de abastecimiento e incremento de cobertura de los sistemas de agua y saneamiento de los municipios (...)." (Segunda Cláusula) En el siguiente paso, el gobernador del estado en coordinación con los municipios y sus presidentes municipales, y los prestadores de servicio municipales en este caso el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (SAPAM), se ponen de acuerdo para aumentar los costos del servicio del agua, consolidar la institución que prestara el servicio, crear una instancia que regule el agua y al fin impulsar una cultura del cuidado del agua y la ecología. El convenio lo dice de esta forma: "revisar la estructura tarifaria de los servicios de agua, saneamiento, tratamiento y disposición de aguas residuales (...) adoptar medidas tendientes a la consolidación del prestador del servicio (...) creación de una instancia reguladora (...) impulsar el cuidado del medio ambiente (...)." (Tercera Cláusula) Posteriormente viene el paso de la modificación jurídica y legal para que el proceso de privatización sea posible, y si es necesario poner recursos, hacerlo. En palabras del convenio: "promover y adoptar los cambios necesarios en el marco legal y regulatorio (...) promover la participación del sector privado (...) aportar, en su caso, los recursos financieros a su cargo (...)." (Cuarta Cláusula). Luego de este convenio entre el estado y la federación, vienen los convenios con los municipios. En el caso de la Ciudad de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, el borrador del convenio va en los términos mencionados. Este convenio se celebra entre BANOBRAS, la Comisión Nacional del Agua, la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento (CEAS) y el Sistema de Agua y Alcantarillado Municipal (SAPAM) de San Cristóbal de Las Casas. En el anexo de adhesión al convenio se estipula que el objetivo será cumplir con las metas de PROMAGUA. En este borrador de convenio, "El municipio de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, y el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal, en su calidad de prestador del servicio de agua y alcantarillado en dicho municipio, expresan su voluntad de adherirse al convenio a que se refieren los antecedentes del presente documento". (Primera Cláusula). Para esto, el municipio de San Cristóbal se compromete a vender al sector privado el sistema de agua y alcantarillado y promover los recursos financieros necesarios para este proceso de privatización. El convenio lo dice así: "Realizar los cambios estructurales (...) promover la participación del sector privado (...) aportar, en su caso, los recursos financieros (...)". Lo mismo haría SAPAM además de realizar con fondos públicos el estudio sobre la situación que priva en el sistema de agua potable de la ciudad. (Segunda Cláusula). La privatización del agua tiene dos modalidades en el convenio. El "contrato parcial" es donde una empresa o varias asumen parte de la responsabilidad de la administración, operación y mantenimiento del sistema de la ciudad, y la otra parte la asume el gobierno por lo que se convierte en una inversión mixta. La otra es el "contrato integral" donde una sola empresa o entre varias asumen toda la responsabilidad y se les dará el "Titulo de concesión". (Décima Primera Cláusula). El gobierno, a través de PROMAGUA, entregaría recursos financieros "no recuperables" entre un 35 y 49% del costo para incrementar la eficiencia del sistema de agua potable y alcantarillado de la ciudad. Pero esto lo hará si una o varias empresas adquieren la compra total del sistema o convierten con el gobierno siendo los mayores accionistas. Mientras mas inviertan mas ayuda les dan, lo que significa un incentivo para acelerar la privatización del agua. En otros esquemas, el aporte subsidiado del gobierno oscila entre el 20 y 30%. (Décima Tercera Cláusula). Lo mismo hará PROMAGUA con la fase II que implican proyectos para crear nuevas fuentes de abastecimiento e incremento de coberturas del sistema de agua potable y alcantarillado de la ciudad. Si una o varias empresas compran todo el sistema, o convierten con el estado, pero mantienen la participación mayoritaria en la inversión, se le otorgaría hasta un 30% en los proyectos de abastecimiento de agua potable y un 49% en saneamiento y alcantarillado. (Décima Cuarta Cláusula) Es de este modo como la privatización del agua pretende avanzar en Chiapas. Los gobiernos deben entender que este recurso estratégico no debe estar en manos de las empresas cuando del vital liquido depende la sobrevivencia de toda la humanidad. Un servicio publico como el acceso al agua potable debe estar regulado por los gobiernos y no por las leyes del mercado cada vez menos legal y cada vez menos mercado. Decimos esto porque las leyes comerciales no están hechas para satisfacer las necesidades sino que están en función de las ganancias de las grandes corporaciones transnacionales. Y menos mercado porque lo que se esta generando con esto son grandes monopolios gigantescos que controlan cada vez mayores recursos, mas allá que los mismos gobiernos. Por ejemplo, tan solo las empresas WallMart, Ford y General Motors tienen ganancias mayores a todo el Producto Interno Bruto (PIB) de todos los países del Continente Africano. El acceso al agua potable es un recurso que mide también el acceso a los derechos humanos. Una mala calidad del agua o la carencia de ella repercute sobre la salud y la calidad de vida de la población. Todos y todas tenemos derecho a este recurso. Es obligación de los gobiernos regular la rapina que pretende hacer de este recurso una mercancía mas en el mercado que puede ser comprada solo por el que tenga dinero. Ciertamente es necesario crear una cultura del cuidado del agua y de la ecología. Es necesario cobrar por el servicio y el recurso a quien lucra con ella, como es el caso de las empresas que usan grandes cantidades de agua subsidiada por los contribuyentes para crear refrescos, venta de agua purificada, o la industria textil o minera, entre otros sectores. Esto significa establecer un sistema tarifario justo, implementar programas de rescate y conservación de los mantos acuíferos; y de impulsar programas de reforestación y conservación de áreas verdes. Pero para realizar todo lo anterior no se puede justificar que solo es posible si la iniciativa privada invierte porque el gobierno no tiene los recursos. Son los mismos argumentos que se esgrimen para justificar la inversión y privatización del sector eléctrico. Si los gobiernos no vendieran sus fuentes de ingresos (empresas estatales), no perdonara a las corporaciones transnacionales de pagar su cuota por exportar sus productos (aranceles), entre otras medidas, dinero habría para invertir en los sectores que son grandes fuentes de ingresos gubernamentales. Por eso la telefonía, Telmex, se vendió, y ahora Carlos Slim es el rico mas rico de toda América Latina. Fuentes y para mayor información: copias de los Convenios, Anexos y formatos ya mencionados. Privatización del agua (Primera Parte) BOLETIN "CHIAPAS AL DIA" No. 358
CIEPAC; CHIAPAS, MEXICO