Señores y señoras diputadas: Como ciudadanos y ciudadanas costarricenses miramos con honda preocupación la posibilidad de que la Asamblea Legislativa apruebe el proyecto de Ley 15.215 tendiente a la creación en nuestro país de la Academia Internacional para el cumplimiento de la Ley (ILEA). El proyecto de la Academia se enmarca dentro de los planes de expansión estadounidense y de homogenización de los aparatos de seguridad en América Latina, respondiendo exclusivamente a los intereses económicos y políticos de Estados Unidos en la región. Tan es así que su creación ha sido rechazada en diferentes países entre ellos El Salvador. El texto menciona el fortalecimiento de las "fuerzas del orden" , que en América Latina han sido los ejércitos y los cuerpos policíaco- militares y sugiere que el programa de los cursos confiere un carácter represivo-militar a las actividades de la escuela. Este aspecto es sumamente preocupante pues el énfasis a la formación militar como solución de conflictos no resuelve los problemas de seguridad que enfrenta nuestra sociedad y más bien los acentúa como lo ha demostrado la dolorosa experiencia vivida por los países centroamericanos y latinoamericanos en las décadas 70 y 80. La inversión militar por la que optaron durante años los regímenes militares de la región dejaron secuelas que viven millones de personas excluidas del acceso a la educación, salud y vivienda de calidad y miles de personas asesinadas, desplazadas, refugiadas, víctimas de tortura, de desapariciones forzosas, detenciones arbitrarias y agresiones físicas y psicológicas. La experiencia de la formación militar a través de la "Escuela de las Américas" que funcionó durante décadas en Panamá, con el supuesto fin de defender la democracia, produjo torturadores y dictadores que conculcaron los mismos principios y valores que la Escuela pretendía tutelar. Les preguntamos ahora en su condición de legisladores costarricenses ¿qué garantías tenemos como habitantes de la República que esa experiencia no se repita sobre todo cuando en los contenidos propuestos en los cursos de la ILEA como el manejo de "armas de fuego, explosivos y antiterrorismo", impartidos por la ATF y el FBI, a quienes hemos visto ejecutando esos temas, en acciones muy de corte militar como en Waco-Texas? Nos preocupa que el Gobierno de Estados Unidos, nación que no reconoce la jurisdicción de los organismos multilaterales, ni de la Corte Penal Internacional, ni de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sea quien defina unilateralmente los programas de formación en la mencionada escuela. Igualmente es un sinsentido que la nación más poderosa del mundo y que se niega a firmar los instrumentos internacionales de Derechos Humanos, sea la que proceda a formar a policías, fiscales y jueces en nuestro país donde el tema de derechos humanos atraviesa la normativa constitucional y la formación profesional de policías y administradores de justicia. La aprobación de la ILEA pondrá en juego la tradición civilista, la declaratoria de neutralidad y apoyo que siempre hemos dado a la normativa internacional, y al sistema internacional de Naciones Unidas. Además contraria el espíritu de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, al otorgárseles a los funcionarios policiales extranjeros del ILEA el rango y privilegio diplomático. Esta disposición es un contrasentido pues ni siquiera se ha legislado en el país para conceder tales prerrogativas ni al Instituto Interamericano de Derechos Humanos, parte esencial de nuestra política internacional, ni a la Unión Europea, el conjunto de Naciones que tanta ayuda y colaboración prestan a Costa Rica, ni a la UNESCO, organismo de Naciones Unidas para la educación, uno de los fundamentos esenciales de nuestro proyecto nacional. La inmunidad diplomática propuesta en el proyecto cubre con un fuero impropio de la administración activa al que por ley no tienen derecho, crea una desigualdad entre nuestros ciudadanos y los coloca en un rango de privilegiados, lejos de controles judiciales, administrativos, contables, y otros de carácter social. Además excluye de aplicación del ordenamiento jurídico costarricense, a un grupo de ciudadanos, en franca violación al principio de igualdad consagrado por la Constitución Política. Nos preocupa además que con el ILEA se pretenda atar al Poder Judicial, a través de la obligada participación de policías, jueces, fiscales y defensores públicos, en programas de estudio en los que no tendrán injerencia las autoridades judiciales del país. Además se menosprecia la formación que desde las escuelas de derecho de la Universidad de Costa Rica y otros centros de educación superior privados se ofrece a los administradores de justicia en el país. Consideramos que Costa Rica cuenta con espacios propios para la formación de policías, fiscales y jueces con un alto contenido de derechos humanos. Ese es el caso de la Academia Nacional de Policía, Escuela Judicial y los organismos conocidos como la Universidad para la Paz, el Instituto Interamericano de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre otros. En momentos en que la discusión sobre temas fiscales domina buena parte del quehacer legislativo, es incongruente con la búsqueda de soluciones en ese campo, que se apruebe todo tipo de exenciones y privilegios fiscales a los funcionarios extranjeros y a la academia tal como se consigna en los artículos 10 y 11. El texto en discusión exime del pago de derechos de aduana, importación y valor agregado y obvía el pago de permisos o visas de residencia a instructores y estudiantes de la academia y no contempla el el pago de las cuotas al seguro social, uno de los baluartes de nuestro Estado Social de Derecho. La aprobación de la ILEA además de onerosa es innecesaria si se toma en cuenta la urgencia de recursos que tienen las instituciones públicas cuyos presupuestos son constantemente recortados por las autoridades de Hacienda, pudiendo destinarse los recursos que se pretenden para la Academia a la mejora de los servicios públicos incluida la seguridad ciudadana y dotar de mejores condiciones laborales y salariales a los policías entre otros. Consideramos que la aprobación de la ILEA y su funcionamiento en territorio costarricense contraviene los atributos que hacen de nuestra Nación un país civilista, soberano, respetuoso del derecho internacional y partícipe de la solución pacífica de los conflictos entre los Estados. Recordamos que como nación hemos apostado por la multilateralidad, la preeminencia del derecho internacional y a los instrumentos internacionales en materia penal y de derechos humanos. Creemos que la Academia duplicará iniciativas que de manera bilateral ya se están impulsando en cada uno de los países de América Latina entre las agencias de seguridad y cooperación estadounidenses y los operadores de justicia de cada país. Al existir ya convenios y tratados internacionales para el combate al narcotráfico, terrorismo, lavado de dinero, delitos financieros, etc. e instituciones nacionales como la Academia Nacional de Policía, por lo que el establecimiento de dicha Academia se presenta como innecesario. Cosideramos que el ILEA sitúa peligrosamente a Costa Rica en el marco de políticas externas a nuestro ámbito, lo que podría hacernos objeto de acciones y decisiones que afecten la soberanía y seguridad nacionales. Nos preocupa que el acuerdo carezca de concreción y precisión en el tratamiento de los temas medulares referentes a los compromisos que el Gobierno de Costa Rica adquiere mediante su firma. Dichos compromisos quedarían plasmados en los protocolos de menor rango que se acuerden con posterioridad a la entrada en vigencia del acuerdo, tal como queda previsto en su articulo 3, con la gravedad de que estos instrumentos no tienen que ser sometidos a la Asamblea Legislativa para su aprobación. Finalmente, llamamos la atención por la no definición de la estructura con que operará la Academia y cuáles instancias de Costa Rica o Estados Unidos formarán parte de ella con lo cual se corre el peligro de fortalecer un virtual "Estado Paralelo", donde nuestro sistema jurídico estaría "atado y sujeto" al Departamento de Estado de los Estados Unidos, perdiendo nuestro país soberanía y autonomía sobre su propia agenda ciudadana en materia de seguridad. Señores y señoras diputadas les pedimos votar negativamente la aprobación del proyecto de ley que creará el ILEA: Por lo anterior reiteramos nuestro compromiso como ciudadanos y ciudadanas de velar por el fortalecimiento de la democracia y la defensa de los principios que permitieron a nuestro país transitar por las sendas de la civilidad y el diálogo frente al conflicto en vez del ejercicio poder sin consulta y la opción militar. En espera de la debida respuesta a los mejores valores que inspiran nuestra civilidad, nos suscribimos de ustedes, San José, 19 de agosto 2003