Protocolo de Cono Sur y Región Andina de las Américas frente a Reunión Ministerial de OMC (28 y 29 de agosto 2003) Considerando que los procesos de liberalización económica en las Américas, y en particular en el Cono Sur y la región Andina, buscan consolidar la hegemonía de los países desarrollados, a través de la creación de áreas de libre comercio, como son los acuerdos que la Unión Europea ha establecido con Chile y México, y que intenta establecer con el MERCOSUR, así como de la creación del ALCA, a través de las negociaciones regionales, y de los TLC que Estados Unidos está suscribiendo con diversos países del continente Considerando que en el caso de las relaciones con la Unión Europea, pese a que los acuerdos marco integran dimensiones políticas y sociales, como es la cooperación, el diálogo político y las cláusulas democráticas y sociales, los aspectos mercantiles han sido los predominantes. Considerando que en nuestros países, la presencia económica, comercial y financiera de los países europeos y de Estados Unidos ha avanzado en el último año con la firma y proyección de nuevos Tratados de Libre Comercio. Considerando la inclusión en las negociaciones comerciales de incorporar a los servicios públicos en un área de negocios internacionales; los anuncios de nuevas desregulaciones para educación, salud, empleo y seguridad social de hombres y mujeres; la explotación no sustentable del medio ambiente y los recursos naturales – en particular minería, pesca, agricultura y bosques – son utilizados como ventaja comparativa en el mercado externo. Considerando que los procesos de privatización y fusión de los servicios públicos entre capitales nacionales e internacionales, que tradicionalmente estuvieron bajo el control de la propiedad estatal, han sido desarrollados en la mayoría de los países de la región, sin regulaciones que cautelen los Derechos Humanos, Económicos , Sociales y Culturales de los Pueblos, y no han aportado al desarrollo de nuestra región. Considerando que la Doctrina Internacional de Derechos Humanos ha ligado indisolublemente los Derechos Civiles y Políticos a los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, puestos estos últimos, en serio peligro por los procesos de privatización y transnacionalización de los Derechos Colectivos de los Pueblos y los Derechos de Propiedad Intelectual Considerando que ninguno de los supuestos beneficios que la Organización Mundial de Comercio (OMC) previó que se producirían por la profundización de la liberalización comercial, desde el momento de su fundación en 1995, como el aumento cuantitativo y cualitativo en el acceso que los consumidores tendrían de bienes y servicios y el consecuente mejoramiento en su calidad de vida, crecimiento de la economía y profundización democrática. Que lejos de esto, nuestros países han experimentado un significativo deterioro del crecimiento del PIB, por lo que la región completa un "sexenio perdido" en tiempos de la OMC; un aumento de la vulnerabilidad y dependencia de nuestras economías de los mercados especulativos internacionales. Reafirmamos nuestro rechazo a las políticas neoliberales dictadas por Organismos multilaterales regidos por los principios de la OMC, sin legitimidad recurrible dentro del Derecho Internacional de Naciones Unidas, que han sido impuestas en el Cono Sur y la Región Andina y que han significado aumento del desempleo, empobrecimiento, flexibilización e inestabilidad laboral, violaciones a los derechos humanos, y derechos colectivos de los pueblos, vulnerando en forma coercitiva los derechos de los pueblos originarios y comunitarios tradicionales. Ratificamos que es necesario considerar los monopolios de los recursos naturales y la explotación de los recursos naturales como servicios que los Estados no pueden enajenar bajo ninguna forma, ya que constituyen patrimonio social colectivo y son bienes comunes. Hacemos énfasis en que las políticas de privatización y transnacionalización de los servicios , recursos naturales, sociales y culturales y la ausencia de políticas públicas tendientes a cautelar el rol regulador del Estado y la comunidad, sólo pueden traducirse en una pérdida efectiva de posibilidades para el desarrollo de nuestros pueblos. Corroboramos que la experiencia de los últimos ocho años, desde la ronda de Uruguay que diera nacimiento a la OMC, sólo se han traducido en pobreza y mayores desigualdades sociales y de género para nuestra región. Estimamos como ciudadanos y ciudadanas, imprescindible la existencia de un sistema multilateral de administración del Comercio Internacional, cuyo centro esté constituido por las necesidades básicas de las personas y la humanidad toda. Los acuerdos multilaterales deben servir para superar los problemas más urgentes que enfrentan nuestras sociedades y para sentar las bases que posibiliten un desarrollo equitativo sustentable de la región. Asimismo, reafirmamos que las reglas del sistema de comercio internacional deben existir para posibilitar el control y regulación de la grandes corporaciones y no para limitar las capacidades de los Estados. Rechazamos la decisión de los países desarrollados que en vez de avanzar en la "Ronda del Desarrollo", concentran sus esfuerzos en tratar de incorporar los llamados "nuevos temas", especialmente los relativos a inversión y compras gubernamentales. Nos parece inaceptable avanzar en estos temas, mientras pierden relevancia otros tan vitales para nuestro desarrollo como trato especial y diferenciado, obligatorio a los países en desarrollo; fin de los subsidios de los países desarrollados; y desmantelamiento de las normas de fiscalización y protección que daban estabilidad y seguridad a nuestros ciudadanos, . Confiamos en las capacidades de la sociedad civil para exigir y demandar el cumplimiento de los Pactos Internacionales sobre Derechos Humanos, así como para exigir la participación en las negociaciones de futuros Acuerdos de Libre Comercio. Exhortamos a los gobiernos a: 1. Tomar en consideración las reflexiones de este "Segundo Encuentro", así como a integrar y resguardar en las negociaciones en curso y en las reuniones en Organismos Internacionales las garantías necesarias para los servicios públicos, en tanto Derechos Humanos y no materias comercializables. 2. Tomar los resguardos necesarios para garantizar la dotación de los servicios públicos entre la ciudadanía 3. Resguardar nuestra soberanía alimentaria, rechazando las imposiciones comerciales que atentan contra ella, y tomando los resguardos legales disponibles 4. Cautelar por la Soberanía popular, rechazando los intentos de los Organismos Internacionales por definir políticas económicas que posponen una agenda de desarrollo y respeto de los Derechos de todos 5. Exigir el Trato Especial y Diferenciado para los países en Desarrollo 6. Exigir a sus negociadores la supresión de todos los subsidios a la exportación agrícola y la eliminación de las barreras de entrada a sus mercados por parte de los países desarrollados 7. Reconocer la supremacía del Derecho a la salud, la educación la seguridad alimentaria y los derechos colectivos de los pueblos indígenas por sobre cuestiones comerciales 8. Reconocer la soberanía de todos los países para regular sus servicios, recursos naturales, sociales y culturales y evaluar los procesos de liberalización antes de proceder a un incremento de éstos. 9. Rechazar las patentes de organismos vivos, y aprobar la producción e importación de medicamentos genéricos 10. Rechazar la negociación de los "nuevos temas" en la OMC: compras gubernamentales, 11. Mantener informados plenamente a la sociedad civil, haciendo transparentes y socializando las diferentes perspectivas de todos los actores sobre los compromisos que los estados adquieren en materia comercial y financiera. Incluir o facilitar el derecho a la participación vinculante de la ciudadanía en la toma de decisiones sobre estos temas 12. Ratificar y dar cumplimiento de la legislación internacional relativa a los derechos de los pueblos indígenas. 13. Adoptar y cumplir las resoluciones y conclusiones de la Unión Europea, relativas a los pueblos indígenas: resolución de la UE del 30 de noviembre de 1978; Conclusiones del Consejo de la UE del 25 de junio de 2001; Conclusiones del Consejo de la UE del 18 de nov. 2002. Reclamamos a los Parlamentos nacionales e internacionales: Mantener informada a la sociedad civil, haciendo transparentes los mecanismos y procesos de negociaciones comerciales. Fiscalizar y modificar, los tratados que no cumplen con las normas del Derecho Internacional de Derechos Humanos y del Derecho Internacional, asegurando la participación ciudadana. En el caso de las normas nacionales, consideramos que estas son prioritarias, siempre y cuando sean concordantes con el sistema de derecho internacional. A los Parlamentarios internacionales, a estar atentos a no aprobar acuerdos de esta naturaleza que a los países del área, y a hacer un seguimiento estricto de las cláusulas democráticas de los acuerdos que ya se han firmado y así mismo a ampliarlas y profundizarlas en los acuerdos que se firmarán. Instamos a las Sociedades Civiles A crear redes de socialización y seguimiento de la información de los conflictos, así como a un seguimiento del comportamiento de las empresas transnacionales y de los estados que son parte de estos procesos de privatización. A formar y generar alianzas en materias específicas, relativas a estos temas. A buscar nuevas formas de organización, movilización y generación de propuestas que nos permitan actuar globalmente ante este tipo de conflictos, comprometiendo el apoyo de las fuerzas populares y de los actores de otras naciones, que sufran estos mismos problemas, incluyendo los países a que pertenecen las empresas multinacionales o donde se origina la inversión. A impulsar un sistema que cautele que las necesidades humanas se alcancen a través de un comercio justo, tendiente a la integración y desarrollo de nuestros pueblos. * Organizaciones nacionales participantes: Alianza Chilena por un Comercio Justo, Etico y Responsable (Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios de Chile, CONADECUS; Consumers International, Red Internacional de Género y Comercio, RIGC; Instituto de Ecología Política, IEP; Organización de Consumidores y Usuarios, ODECU; Asociación de Inmigrantes por la Integración Latinoamericana, APILA; Corporación Ayún; Centro de Estudios de la Realidad Contemporánea, CERC; Liga De Consumidores Conscientes; Facultad de Ingeniería Comercial, Univ. Bolivariana ) Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas, ANAMURI Central Unitaria de Trabajadores, CUT Centro de Educación y Tecnología para el Desarrollo del Sur, CET Sur Centro de Estudios y Capacitación Mujer y Trabajo Confederación Nacional de Empleados Municipales de Chile, ASEMUCH Confederación Nacional de Pescadores Artesanales de Chile, CONAPACH Confederación Nacional de Trabajadores de la Industria Alimentaria, COTIACH Corporación de Mujeres Mapuche Aukinko Zomo, Temuco Departamento de Derechos Humanos y Estudios Indígenas, Universidad ARCIS Federación Nacional de Trabajadores de Obras Sanitarias, FENATRAOS Identidad Territorial Lafkenche, IX Región Sindicato de Trabajadores de ESSAL, Puerto Montt Universidad Bolivariana Vicaría de la Pastoral Obrera, Concepción * Organizaciones Internacionales participantes: Coordinadora de Integración de Organizaciones Económicas Campesinas, CIOEC – Bolivia Departamento Intersindical de Estadística y Estudios Socio-Económicos, DIESSE – Brasil Equipo Nizkor – España Foro para la participación de la sociedad civil, FOCO - Argentina Programa laboral de desarrollo, PLADES – Perú