El acuerdo sobre medicinas que se tomó el pasado 30 de agosto en el Consejo General de la Organización Mundial de Comercio ha sido propagandizado por la OMC como una victoria para los países más pobres. Se nos quiere hacer creer que con este acuerdo esos países tendrán acceso más fácil a medicinas, cuando en realidad les será aún más difícil. Pascal Lamy, comisionado de la Unión Europea, se apresuró a declarar: "Esto es una demostración de que la Agenda de Doha para el Desarrollo es más que sólo lindas palabras". Pero en realidad ni siquiera son lindas, porque el nuevo acuerdo es otra trampa que establece regulaciones que van mucho más atrás de las excepciones que ya existían dentro de la OMC. Y justamente se toma ahora para tratar de salvar la imagen de que las negociaciones en Cancún serán un fracaso, sea por desacuerdos entre los poderosos o por la resistencia que les espera. El tema de fondo es que las trasnacionales farmacéuticas luchan denodadamente por extender en todo el mundo la vigencia de sus patentes monopólicas, eliminando así el derecho de los países a producir sus propias medicinas o a comprarlas al que las produzca más barato. Para ello lograron enorme privilegio cuando en 1994 se introdujeron en la OMC los acuerdos sobre Aspectos de Propiedad Intelectual Relacionados al Comercio (Adpic). No por casualidad también incluyen la obligación de otorgar patentes sobre seres vivos, legalizando así la biopiratería de recursos genéticos indígenas y campesinos que esas mismas trasnacionales ejercen. El argumento de las trasnacionales para defender sus patentes es que deben recuperar los gastos de investigación y desarrollo de medicamentos. Sin embargo, un estudio de la Oficina de Evaluación Tecnológica de Estados Unidos, que abarcó 25 años de producción farmacéutica, mostró que 97 por ciento de los productos lanzados al mercado no eran más que copias de medicinas ya existentes, a la que se hicieron arreglos cosméticos para prolongar el monopolio de la patente, cuando la original estaba por expirar. Del 3 por ciento restante, 70 por ciento había sido producido por laboratorios públicos. Y de las medicinas realmente nuevas, producidas por el sector privado, la mitad tuvieron que ser retiradas del mercado debido a efectos secundarios que no habían sido estudiados previamente. Eso es lo que vale la "investigación" de las trasnacionales farmacéuticas. Desde la firma de los Adpic en la OMC, debido a la polémica que suscitaron se incluyeron excepciones en la aplicación de patentes por razones de salud pública: los países podrían importar medicinas donde se produjeran más baratas y se podrían emitir licencias obligatorias, lo cual permite que los países que tengan la capacidad puedan obligar a las empresas farmacéuticas a ceder los derechos de patente y producir sus propias medicinas genéricas con costos mucho menores. En el acuerdo ahora presentado para su adopción en la próxima ministerial de la OMC en Cancún, del 10 al 14 de septiembre, se restringen considerablemente estas excepciones, tanto desde el punto de vista de las propias condiciones que deben cumplir los países para poder utilizarlas, como por tener que someter a la supervisión y aprobación del secretariado de la OMC, del consejo de los Adpic y el presidente del mismo, la decisión sobre si estas condiciones realmente se cumplen. Los nuevos requisitos impuestos por el acuerdo (tales como diferencia de presentación y etiquetado con respecto a otros productos y controles de distribución en el país) limitan seriamente a quienes están en condición de producir. Actualmente los medicamentos genéricos más baratos son producidos en países del tercer mundo. Desde ahora podrán ser bloqueados como exportadores por países como Estados Unidos, Canadá, Japón o Europa -sede de las trasnacionales farmacéuticas-, arguyendo que no se cumplen con algunas de las nuevas condiciones ahora impuestas. Una vez más, en nombre del "libre" comercio se establece un sistema de proteccionismo descarado en favor de un puñado de trasnacionales. Antes las excepciones se aplicaban a todos los miembros. Ahora un grupo de países industrializados renunciaron voluntariamente al carácter de importadores. Otro grupo, que encabeza México, se colocó también "voluntariamente" como países que sólo harán uso de esas importaciones en casos de extrema urgencia. Sería interesante que las autoridades de salud de México explicaran a su población que sufre permanentes desabastos por qué renunciaron de antemano a esta posibilidad. Como si fuera una gran concesión, se exime a 27 de los países más pobres de presentarse a revisión para ser aprobados por la OMC como importadores de medicinas. Pero como los exportadores sí estarán restringidos, la posible compra de esos medicamentos caerá otra vez en manos de los mismos que producen medicamentos patentados y, aunque hagan versiones genéricas -si las hacen, porque no quieren-, podrán seguir controlando precios y disponibilidad. Supachai Panichtpakdi, director de la OMC, declaró que "este acuerdo prueba de una vez por todas que la OMC puede encargarse de temas humanitarios tan bien como de temas comerciales". Tiene toda la razón: en temas comerciales ha empeorado sistemáticamente la situación para el tercer mundo, particularmente de campesinos, jóvenes, trabajadores, mujeres e indígenas. Y en temas humanitarios acaba de demostrar que seguirá por el mismo camino. * Silvia Ribeiro es investigadora del Grupo ETC.