Trescientos delegados participantes del Foro Internacional de Minería, Sociedad, Ambiente y Desarrollo, reunidos en Cajamarca, del jueves 11 al sábado 13 de septiembre del 2003 suscribieron un pronunciamiento público en el que demandan lo siguiente: Considerando: 1. La decisión de imponer la minería como una actividad económica prioritaria desconociendo los derechos de las comunidades a decidir sobre su propio desarrollo; 2. Que las actividades mineras están impactando negativamente sobre el ecosistema, la sociedad y la cultura de las comunidades. 3. La consolidación de un modelo económico global que asigna a nuestras economías un rol de producción de materias primas y la destrucción de las formas de vida tradicionales. Exigimos: · Que la minería respete las estrategias de desarrollo sostenible de nuestros pueblos y de las comunidades locales allí donde existan intereses mineros. · Que no se haga minería allí donde peligre la vida de los pueblos respetando las decisiones que hayan tomado las comunidades para elegir su propia vía de desarrollo: Casos Tambogrande, Cerro Quilish y otros. · Que el Estado Peruano asuma la responsabilidad de iniciar una reforma normativa tendiente a acabar con la violación sistemática de derechos humanos y daños ambientales, producto de las actividades mineras. · Que se cambie a las actuales autoridades del Ministerio de Energía y Minas y del Consejo Nacional del Ambiente, por que sus antecedentes pro mineros, no garantizan la protección ciudadana. · Que hayan mecanismos transparentes de gestión ambiental (en los EIAs, PAMAS, y en monitoreo ambiental) con participación efectiva de las comunidades en los programas de monitoreo. · Que se creen mecanismos institucionalizados de diálogo para la resolución de conflictos socio ambientales. · Que cese el financiamiento de las actividades mineras por las transnacionales y la banca mundial, allí donde no existe consenso por parte de las comunidades afectadas para dejar operar a las empresas mineras. · Que se respete los derechos humanos y que cesen las persecuciones de los líderes de las comunidades afectadas por la minería y de los representantes de organismos civiles que luchan en pro de ellas.