Una nueva agresión en contra de la prensa guatemalteca se presentó el pasado fin de semana, cuando cuatro periodistas de Prensa Libre y dos trabajadores de la Procuraduría de los Derechos Humanos fueron tomados como rehenes por los grupos paramilitares conocidos como ex Patrullas de Defensa Civil. Los ejemplos y el mensaje del partido en el gobierno, el Frente Republicano Guatemalteco, han incitado a la comisión de este tipo de delitos, que ponen en gravísimo riesgo la vida de trabajadores de la prensa y de defensores de derechos humanos. En reiteradas ocasiones, se ha exigido a las distintas instituciones que integran el sistema de justicia, que se tomen acciones que constituyan precedentes para disuadir a quienes infringen la ley y pretenden coartar el libre ejercicio del periodismo, sin que a la fecha se conozca de resultados efectivos para evitar la reiteración de estos acontecimientos. Los reporteros y los delegados de la Procuraduría de Derechos humanos fueron retenidos y agredidos por miles de ex Patrulleros de Autodefensa Civil (PAC), en el departamento de Huehuetenango, quienes reclaman el pago de una indemnización ofrecida por el Presidente Alfonso Portillo. Los periodistas fueron retenidos cuando llegaron al lugar a dar cobertura a un mitin del candidato presidencial del FRG, Efraín Ríos Montt y al capturarlos ilegalmente los ex Pac indicaron que no los liberarían hasta no recibir la indemnización ofrecida. Los paramilitares advirtieron que, hasta que el gobierno no les pague Q 20 mil a cada uno, no liberarán a los detenidos, suma que se constituye en la más alta de la historia reclamada, como rescate de un secuestro. Esta acción ha sido criticada por todos los sectores sociales y por la comunidad internacional, que responsabilizan al gobierno de dichos actos, por haber reactivado a estos grupos, responsables de masacres y hasta de genocidio, según lo documentó la Comisión del Esclarecimiento Histórico (CEH). Las PAC, engendro del FRG y del general, continúan creando zozobra en la población. Es urgente que de una vez por todas se asuma el compromiso, del próximo gobierno, de no pagar esa ilegal e ilegítima indemnización ofrecida por Portillo, que con sus irresponsables promesas, hereda un problema más al país. Es urgente que el gobierno acceda a la solicitud reiterada que varias instituciones de prensa hemos hecho para que invite al país, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y al Relator de la Libertad de Emisión del Pensamiento de la OEA, doctor Eduardo Bertoni. No hay excusa para seguir retrasando esta indispensable visita. Si realmente quieren demostrar su voluntad de respetar las garantías individuales, deben permitir esta verificación internacional.