Avatares de una historia por concluir:
Participación de la sociedad civil en la producción de una iniciativa legislativa ciudadana Ambiciones ético democráticas para mejorar la oferta de los medios y garantizar su independencia política Los peruanos estamos cansados de medios empobrecidos en calidad y creatividad comunicativa. Retratados en los porcentajes del rating, esos números no corresponden a nuestro hartazgo e indignación. Aunque descontentos, en estos tiempos terminamos aceptando que la comunicación es así. Desde años atrás la Veeduría analiza la oferta de medios y las mismas deficiencias se repiten, acrecentándose. Consultamos periódicamente a la ciudadanía y siempre se manifiesta contrariada. Entregamos resultados a dueños o productores y todo sigue igual. La responsabilidad social de los medios destacada por constituciones de otros países, aquí donde impera la jungla no se percibe salvo escasas excepciones. Los medios audiovisuales siguen grotescamente chistosos y chismosos, La desesperanza se anida día a día en noticieros y programas periodísticos chatos, palaciegos sin análisis ni investigación. El escándalo y la intimidad son las puertas noticiosas más importantes. Cero desconfianza y credibilidad en nosotros mismos, nada positivo ocurre en el país. No se diferencia país de gobierno. La conexión con el mundo se mantiene débil y descriptiva sin interpelarnos. El entretenimiento para niños es lamentable, igualmente el musical para los jóvenes. Las mujeres son siempre víctimas de melodramas y casos reales, sin salida, salvo su identidad de objeto sexual. La violencia emulada. Contradictoriamente, canales y emisoras nos repiten hasta el cansancio en sus spots publicitarios que son los mejores y van adelante en calidad. ¡Qué ignominia, cuánto cinismo!. Nos preguntamos cotidianamente ¿por qué nuestros medios no quieren cambiar pero sí exigen transformaciones en los demás?, ¿por qué esa intransigencia de no saber y querer escuchar-nos?. La autocrítica se escurre, porque cualquier cuestionamiento significa un atentando contra la libertad de prensa. Para muchos medios pasar de la dictadura a la democracia no ha sido un tránsito significativo para la construcción de una ética comunicativa de calidad, menos aún se han tomado a pecho esa búsqueda de una nueva sociedad. En ese clima, el proceso de buscar una legalidad básica se inicia con la aparición de videos que exponían sin vergüenza a ciertos empresarios de medios vendiendo como si nada al gobierno de Fujimori esa "libertad de expresión" que tanto defendieron verbalmente cuando alguien los cuestionaba. Gracias a ese negociado se había mentido al país sobre las bondades de la gestión gubernamental autoritaria y se abonó en desatar procesos destructivos contra líderes, candidatos y partidos. Se estuvo al servicio del autoritarismo vertical y los sistemas de corrupción, haciendo de "el chino" un personaje carismático, eficiente y honesto. Tales medios demostraron su escaso aprecio por la democracia y la ética informativa, mas bien las pusieron en cuestión. Hoy podemos afirmar que si bien hubo actos de reposición, poco se pudo sancionar a los culpables y sus empresas periodísticas, pues ni las normas administrativas ni el Poder Judicial o los convenios jurídicos internacionales lo posibilitaron. La impunidad se mantiene incólume hasta hoy en la mayoría de los casos y de alguna manera la legislación vigente no previene ni exige comportamientos éticos. Nuestro país corroído por la inmoralidad es y será un terreno fértil para que la independencia y la verdad no sean defendidas por nuestros "broadcasters". Se evidencia así que medios de comunicación y políticos están bastante entrelazados entre sí y con los gobiernos de turno. Comunicación y política ya son componentes interconectados en la construcción del poder y de cualquier sistema de corrupción. La sociedad debe cuidar con mucho celo que no haya desbordes ni se reiteren los pecados cometidos. Para ello, una nueva ley es imprescindible. Los Poderes Políticos se confrontan y se privan de legalizar El gobierno del Presidente Toledo, a fines del 2,001, ante semejante escándalo sobre la corrupción mediática, del cual en varios momentos fue él víctima en el pasado y en el presente, propuso una nueva ley de radio y televisión, apoyado por algunos asesores y líderes del país, que pretendían defender y mejorar la oferta mediática dada su importancia en la obtención de consensos políticos. Su formulación, casi nada consensuada con otros actores, en lugar de generar un sano debate, fecundó rasgaduras de vestiduras, acusaciones múltiples y hasta escándalos o pataletas indignadas de algunos empresarios y periodistas, volviendo a colocar la libertad de expresión no como un derecho a comprender y defender, sino como un argumento instrumental para desarmar el ímpetu de cambio de sus autores. Era evidente que para diversos medios no hay mejor ley que la que no existe, eximiéndose así de la legalidad democrática que todos los ciudadanos y las instituciones nos debemos. Los proliferantes discursos ocultaban el pasado vergonzoso de los medios, no se hacían cargo de lo sucedido. Se comprobaba que el gran argumento de la protesta estaba centrado en la libertad de empresa y no en la de expresión. Por lo tanto había que defenderla a como sea. Con lo cual quedaba la puerta abierta para reiterar nuevos pactos interesados entre políticos y medios sin legalidad alguna a cuestas, como en estos días lo estamos comprobando. El Congreso retoma la iniciativa y la redefine desde la comisión pertinente, presidida por el congresista Natale Amprimo, quien organiza algunas audiencias públicas en las que participamos, entusiasmados por supuestas buenas nuevas. En abril del 2,002 está listo el dictamen. La nueva propuesta expresa un interés público por guardar la ética y el orden pero con medidas menos severas y drásticas que las propuestas por el Ejecutivo. Este fue el espíritu general de la comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso, ciertamente imbuida por detentar una propuesta de unanimidad partidaria. Se admitió la posibilidad de constituir un Consejo de Radio y televisión de tipo consultivo, con la participación de la sociedad civil. Nosotros no estábamos contentos, habían avances pero limitados, los problemas a resolver eran demasiado gruesos y complejos para semejantes disposiciones. Para muchos medios la medida era peligrosa para sus intereses a pesar que no era una entidad vinculante y con poder. Nuevamente los lamentos y las imprecaciones se diseminaron, movilizando el ya constituido temor de los políticos hacia los medios y su necesidad de quedar bien con ellos. Ejecutivo, legislativo y medios logran negociar y la propuesta de ley queda recluida en el lugar de los secretos públicos. Mientras tanto continuaba la lentitud judicial frente a los casos de corrupción que comprometían a medios y se procesaba querellas entre empresas que disputaban tenencias de medios. Quedaba así demostrado que la política depende del poder público de los medios y esa influencia tiende a ser paralizante para cualquier cambio mediático. Los medios y periodistas más responsables con la democracia ética durante esta fase informaron objetivamente sin tomar aún posición. Una ley silenciada porque era embarazosa para el poder Durante todo el 2,002, el Congreso no colocó el dictamen en la agenda del pleno por el temor a la presión política de los medios o porque eran otros los temas priorizados. La afirmación general que circulaba por los pasillos convenía que era un tema complicado y levantaba polvareda. Era evidente que había temor. A fines de ese año la nueva comisión presidida por Eduardo Carhuaricra da otro dictamen que asume el anterior con ligeros cambios pero, tampoco ingresa al pleno durante buena parte del 2,003. Sin embargo, por anuncio del nuevo presidente del Congreso, Henry Pease, el tema sí ingresaría al pleno asumiendo la redacción de un nuevo dictamen desde la comisión conducida esta vez por el congresista Mario Ochoa. Se creía que a la tercera sí iba a dictarse la ley. Casi al mismo tiempo la Veeduría hace conocer su propuesta mediante un comunicado. Ambos hechos reinician el alboroto informativo que dura desde fines de noviembre hasta mediados de diciembre del año caducado. Finalmente en enero del 2,004 se discute por primera vez en el pleno del Congreso, casi de sorpresa. Ello generó nuevamente la consabida bronca y los repetitivos "rollos", cuya discusión estuvo marcada por una confusión informativa sin precedentes. Curiosamente, el periodismo actúa hoy en cadena y a veces el punto de origen noticioso e interpretativo está en medios con poco prestigio ético y democrático. Hasta periódicos y medios audiovisuales más serios tenían ya pauteado el guión de las críticas, basados en los llamados periódicos "chicha". Nos entrevistaron repetidas veces usando las afirmaciones de "La Razón". Increíble pero cierto. En ese período, sin embargo, se advirtieron sanas diferencias que nos alientan. Un ala altamente conservadora, especialmente sustentada por algunos congresistas y periodistas sigue proponiendo la asepsia legal, acusando a la propuesta de la Comisión presidida por el Congresista Mario Ochoa de intervensionista y estatista, entre otros calificativos de los que ya no se puede desprender el periodismo en el Perú. Se sugería que la propuesta de la Veeduría era la verdadera madre de la criatura. Así se mataba dos pájaros de un tiro colocándonos como del mismo fuero gubernamental, tan venido a menos. Otros, en cambio reclamaron calma y destacaron los puntos positivos de la propuesta de la Veeduría diferenciándola de la del Congreso, con mucha valentía y sosiego que admiramos y agradecemos. No faltaron quienes se mantuvieron al margen usando esta situación para cuestionar al gobierno por posiciones políticas específicas de coyuntura. Hubo también quienes se oponían sólo porque está de moda criticar y cuestionar al gobierno desde cualquier flanco, aunque no se esté bien informado. Hay quienes nos entrevistaron lanzando incendios contra nuestra propuesta, pero reconocieron que no la habían leído. Para algunos legisladores la propuesta era sospechosa porque venía de la sociedad civil haciendo uso de un cierto celo porque se usurpaba la competencia del Congreso de dar leyes. Los intereses y enfoques eran ya más plurales o diversos. Y a la vez, nunca habíamos sentido tanto apoyo de la sociedad civil y de entidades empresariales que nos alentaban con sus cartas y llamadas, configurando una fuerza ética sin precedentes que aún apuesta por un nuevo Perú, aún invisible para los medios. La Veeduría se lanza al ruedo con participación ciudadana: de un proceso paralelo a otro convergente A partir de la actitud inoperante del Congreso archivando el dictamen de la llamada comisión Amprimo, la Veeduría decide actuar desde mayo del 2,002 estudiando y proponiendo una ley desde su propio espacio, en el que no había interés político o económico alguno. Quienes participaron desde el inicio optaron por una real separación entre gobierno y medios, además de otorgar garantías mínimas que generaran un mejoramiento de la calidad en la oferta televisiva y radial. Se logra así producir un texto inicial, fruto de otros previos sometidos a discusión interna entre las instituciones socias, quienes cuentan con excelentes profesionales en el campo del derecho, de la comunicación, de la educación y del desarrollo, siendo sus competencias legales, comunicativas, sociológicas, educativas religiosas y éticas. Teníamos, entonces, en agosto de ese año una primera versión. Lo siguiente fue organizar foros ciudadanos en Arequipa, Cuzco, Puno, Trujillo y Lima. Los voluntarios de la Veeduría por primera vez se involucraban en una propuesta legal, más allá del monitoreo y del recojo de opinión ciudadana sobre medios, que venían ya desarrollando. Es decir, todos ingresábamos a proponer, valíamos y significábamos algo en el país, no éramos pasivos y anónimos. Profesionales, universidades y organizaciones sociales participaron en este proceso. En ese momento nos dimos cuenta que la ciudadanía estaba altamente desinformada sobre sus derechos comunicativos, los alcances de una ley, y más aún sobre la relación que existe entre frecuencias, estado y empresariado. Hasta la noción de espectro radioeléctrico era desconocida, más aún la historia de la legislación existente. Por ello, esta primera actividad necesitó ser más informativa que de debate, para luego dar pie a otras estrategias participativas. En esa vía se produce un video motivador y se organizan caravanas ciudadanas en plazas públicas de las mismas ciudades ya nombradas con el apoyo de nuestros voluntarios. La ciudadanía se confronta frente al video en pantalla gigante con nuevas informaciones y procesa el descontento que ya existía frente al comportamiento político y de entretenimiento de los medios, especialmente de la televisión. Se recolectan 12,500 apreciaciones fruto de la discusión y del uso de buzones (macroánforas), de grafichangas (en lenguaje escrito y gráfico usando papelotes grandes) y en grabaciones anónimas (rajecabinas). A la vez se lanzan encuestas de opinión cuyo resultado daba un cuestionamiento muy fuerte a los medios pero esta vez estadísticamente representativo. La gente quiere regulación siendo la tendencia sumamente clara y severa. Se considera que es urgente un cambio especialmente en la televisión. Este proceso participativo se recoge y sistematiza, cuyos resultados son enviados a medios y periodistas de diversas partes del país. Todo ese proceso participativo que sólo algunos medios como Frecuencia latina y canal N le dieron cobertura, dio lugar a nuevas correcciones que a su vez significaron una segunda vuelta de foros en las ciudades comprometidas, lo que esta vez sí generó sugerencias específicas a la propuesta de ley por parte de la ciudadanía asistente. Con ese material se hacen nuevas correcciones. Y se procede a organizar eventos cerrados que llamamos "Conversaciones democráticas" con políticos, empresarios y periodistas, con el apoyo directo y comprometido del Brtish Council y de la Asociación Nacional de Anunciantes. Nos acompañaron expertos de Colombia, Chile e Inglaterra en este esfuerzo. Recordamos a un periodista importante que en contacto con la información sobre regulación de medios en otros países, sostuvo impresionado que en el Perú estábamos peor que nadie. Se recogieron demandas explícitas, dentro de un ambiente democrático deliberativo pero sin confrontación, salvo algunos típicos peleones que intentaron alborotarnos pero no consiguieron su fin. Con tales aportes y nuevas discusiones internas en la Veeduría se lanza la tercera propuesta ya definitiva. Durante esta etapa se hicieron circular documentos varios entre políticos y medios. Recolectando firmas: una fiesta de participación callejera La propuesta ciudadana requería ser considerada como una iniciativa legislativa ciudadana cumpliendo con las normas pertinentes de la ley 26300 de Participación y Control Ciudadano. Se requería 45,000 firmas de apoyo debidamente sustentadas (hasta con huella digital), con padrones que llenar y normas electorales que cumplir. Se presenta la demanda al Jurado Nacional de Elecciones y se nos da un conjunto de pautas que seguimos a pie puntillas. Con los padrones en mano instituimos toda una inmensa organización. Desde Chimbote e Iquitos nos pidieron participar y pudimos involucrarlos. Rápidamente los insertamos pero ya no pudimos aceptar demandas de otras localidades pues no nos dábamos a basto. La ciudadanía voluntaria de siete ciudades que iba a colaborar requería estar informada y tener posición, para lo cual se realizaron talleres de capacitación en las ciudades involucradas. Se distribuyeron materiales de apoyo, un díptico que contenía los principales ejes de la ley, la propuesta impresa completa bajo el formato de un folleto de bolsillo, banderolas que se colocaron en todos los lugares de recolección. Y se inicia la recolección con pasacalles, teatro y ambientes de fiesta en cada ciudad provinciana. La creatividad estuvo a todo dar. Estábamos llamando a la gente para participar en una propuesta y eso merecía alegres celebraciones. A pesar de haber obtenido muchas firmas en universidades y locales institucionales, el principal escenario de obtención del apoyo fue la calle. La estrategia incluyó distribuir dípticos y motivar conversación en lugares más o menos concurridos, como por ejemplo el Jirón de la Unión en Lima o las plazas públicas o los mercados en provincias. Los peruanos teníamos algo que decir pues somos los grandes y principales consumidores de radio y televisión. Tuvimos contratiempos con algunos municipios, con otros no. Los voluntarios estaban premunidos de carnets y chalecos de la Veeduría, pero especialmente de mucho espíritu democrático. Los primeros días hubo ciertos brotes de agresividad. Se sospechaba que los voluntarios eran personas pagadas, agentes de Delgado Parker o del gobierno actual, según nos confesaron después. Hay empresas que recolectan firmas para partidos políticos sin discutir de qué se trata. Allí nos enteramos que se daba siempre algo a cambio, especialmente dinero. Con nuestra fuerza moral, fuimos sembrando el interés ético por los medios, apoyados como estuvimos por un periódico y por dos canales de televisión que al pasar imágenes y breves entrevistas callejeras sobre la recolección, aportaron a nuestra legitimación democrática en ese momento. Fueron cuatro meses intensos, donde pudimos almacenar críticas, indignaciones y desconfianzas frente a los medios, especialmente quejas severas contra la televisión. Reinaba un clima de furia y pesimismo que al confrontarse con la propuesta se transformaba en esperanza de cambio. No faltaron quienes al llevarse el díptico a su casa luego volvían con más personas para firmar, o se llevaban más padrones a su barrio, y hasta se inscribían para ser voluntarios. El gran mensaje era "al fin alguien hace algo", aunque la crítica era general, no sólo contra los informativos sino también contra los programas de entretenimiento y las ofertas musicales de las radios. Nos preguntábamos día a día como era posible que tanta gente estuviera en contra y no pasaba nada. Los empresarios y productores de los medios no tenían ojos para ver ni oídos para escuchar las demandas ciudadanas. Menos aún para ayudar a construir confianzas en el propio país para salir adelante. También nos dimos cuenta de muchos problemas. Por ejemplo, mucha gente no llevaba consigo su DNI . No lo usan porque no están suficientemente integrados a la vida económica y social del país. Tampoco se acordaban del número, se nota que no necesitan saberlo. Muchas veces ensayaban su frágil memoria numérica, pero no podíamos negarle las ganas de participar. Hubo policías que firmaron sin tener DNI, tuvimos que aceptarlos porque tan importante como cumplir el requisitito normativo era lograr que participaran. En provincias especialmente en zonas rurales mucha gente que quería firmar no podía hacerlo pues o no tenían DNI por pérdida o porque nunca lo adquirieron o porque ni siquiera tenían partida de nacimiento. Nos topamos con la exclusión que erosiona el país y atraviesa su débil democracia. Pero aún así también los ciudadanos más pobres querían firmar y ser parte del deseo de cambiar. Fue por ello una fiesta participativa que demuestra una disponibilidad no satisfecha de ciudadanía en nuestro país que debemos tomar en cuenta. Hubo también muchas llamadas de felicitación. Los ciudadanos nos animábamos unos a otros. Los paquetes de padrones llegaban de un lado y otro. Fueron días de arduo trabajo. Había, además, que procesar toda esa información en programas específicos. Los software del Poder electoral eran diferentes en cada una de sus instituciones, pero lo pudimos resolver. Se entrega una primera parte, había que ayudar y vigilar lo que los funcionarios hacían. Luego se entrega otra iniciando otro trámite porque no querían integrarlo a un solo expediente. Pero seguimos adelante con la convicción y el aprecio de que la participación ciudadana estaba allí viva con las imágenes de rostros concretos de la calle. Así llegamos a las 85,000 firmas, las que fueron revisadas por RENIEC. Se confirmaron 49,662 como legales y se procedió a declarala como Iniciativa Legislatica Ciudadana, entregándola al Congreso en el mes de enero del año 2,004. Luego vinieron casi 1,000 cartas institucionales de adhesión, de iglesias, de ongs, de organizaciones sociales, de prefecturas y municipios, de colegios profesionales, de asociaciones empresariales, de instituciones públicas y privadas de todo nivel. Hasta nos llegó una adhesión de una comunidad campesina que nadie conocía. Pero, la participación ciudadana en procesos no electorales es secundaria para el poder político Todo lo vivido importó poco cuando ingresó a la discusión pública en el Congreso. No se valoró semejante esfuerzo ciudadano, ni siquiera la cantidad de firmas. En otro país esta faena habría sido primera plana y tema de discusión política. Pero nuestros congresistas no estaban preocupados por establecer una relación valorativa con ese pueblo firmante. La comisión de Transportes y Comunicaciones ya la había recibido antes pero sin una categoría legislativa adquirida. Tuvimos que recurrir paralelamente a los congresistas Pease y Helfer para que presentaran nuestra propuesta de manera más formal y fuera tomada en cuenta antes de llegar al pleno. Efectivamente, el dictamen asumió algunos ítems menos conflictivos, pero no los más importantes. Pero en el pleno las alusiones a la propuesta de la Veeduría fueron escasas, casi inexistentes. La corta presencia del tema en el pleno fue aleccionadora. Estuvimos allí. Cuando un congresista interviene suele hacerlo de manera personal y hace esfuerzos por dar planteamientos interesantes, más aún si los legisladores tienen material de lectura que les ayuda y que la Veeduría les había enviado, aunque parece que no todos gustan de leer, a pesar de su formulación didáctica. Pero los conflictos aparecen cuando hay que decidir y votar, momento donde se reeditan las viejas prácticas políticas de la consigna. Igualmente cuando coordinas con anticipación y expones tus planteamientos a los grupos políticos hay mucha actitud de escuchar, pero cuando se está ya en el tapete, las fuerzas partidarias y los lobbys más directos del poder funcionan, por ello el uso del móvil y celular se acrecienta entre miles de campanitas, melodías y pititos, que inundan el recinto por doquier. La razón pública se somete así a la pugna o a el acuerdo político entre partidos y otras fuerzas de carácter económico. Los reporteros suelen entrevistar casi por costumbre sólo a los de posiciones opuestas. La libertad y la información matizada en nuestro país es aún una quimera. Unos medios sí, otro no: ¿dónde está la cultura deliberativa de toda democracia? En este momento, los medios resaltaron más nuestra iniciativa que los políticos, aunque a veces con malos entendidos e intenciones poco saludables. Es decir, la resaltaron para observar sus beneficios o para destruirla rechazándola en su totalidad. Para ciertos congresistas ésta era una propuesta más de las 19 recibidas, algunas de escasos artículos y hechos por una sola persona. En cambio para los medios, la propuesta era discutible pero interesante, o había simplemente que enterrarla dado su sentido hereje. Hay quienes simplemente la ignoraron salvo cuando se lanzaba una frase hiriente o burlona al mismo hecho de tener una ley. Allí ciertos medios nos demostraron que no están adscritos a la pluralidad, pues nunca nos entrevistaron, a pesar de las acusaciones que blandían contra la Veeduría. Fue curioso que en un programa nocturno de una radio muy importante, los ciudadanos llamaron para dar opinión sobre el tema, los primeros siguieron la línea del programa tal cual, pero la tortilla se volteó y entonces ciudadanos que había apoyado con su firma cuestionaron al medio con argumentos a favor de la regulación. Rápidamente terminó la participación. Resulta casi imposible una deliberación pensando en el país. Los intereses particulares son los que priman. Y la crítica periodística no va al conjunto de la propuesta, deteniéndose sólo en los detalles que pueden objetar y hasta en la redacción. Toda noticia o valora lo ocurrido o lo desautoriza, no selecciona temas para analizarlos y compararlos utilizando la experiencia de otros países. Por ejemplo sería muy útil discutir quien debe tener el poder de decidir sobre licencias y sanciones, explicando la legislación en comparación con otras. O como promover más calidad comunicativa. Sin embargo hubo medios que al recibir nuestros materiales de legislación comparada y el acopio de argumentos centrales sí los usaron profundizando más en unos temas que otros, nos pedían explicaciones, querían aprender. Repartimos mucha información, estableciendo una nueva relación de la sociedad civil con los poderes políticos y empresariales compartiendo aprendizajes. La Veeduría publicó en el 2,001 una propuesta de políticas comunicativas que sólo algunos docentes utilizaron, no sólo en el Perú sino en el extranjero. Ojalá pudiese también trabajarse apelando a la importancia de informarse para poder opinar. Queríamos mejorar la discusión, promover una cultura deliberativa, calificar la información, hacer pensar en el futuro, tener derecho a pensar la comunicación de manera más propositiva, pero no siempre fue posible. Muchos medios en lugar de incentivar la deliberación, suelen castrarla. En compás de esperanza Marzo llegará y esperamos que la discusión tome otro cariz. Discutir artículo por artículo hace perder la idea de conjunto. Un frío análisis nos da pocas opciones, pues una ley poco ambiciosa pues no da bases legales para un cambio significativo en los medios y en el ejercicio público de la política, no ayudará a que la democracia se asiente en el país. No olvidemos que para millones de peruanos la radio y la televisión son sus únicas fuentes de información y contacto con lo político. La Asociación Nacional de Anunciantes fue una institución que sí sabe dialogar, muchos de sus integrantes no oponen negocio a responsabilidad ética y social. Nos preguntamos ¿por qué es tan difícil hallar empresarios en los medios preocupados por mejorar su medio y aportar al país?. Fuimos los primeros y los únicos que recogimos su demanda de modernizar los medios garantizando una mejor economía para poder ofrecer mejores productos televisivos. Entendimos sus argumentos y propusimos la fusión de empresas y el ingreso de capital extranjero en nuestra propuesta de ley. Sin embargo, ellos no nos escuchan en nuestros argumentos éticos ni siquiera reconocen que existimos. Pero, aún no nos abandona la esperanza, casi por terquedad. Debemos reconocer que algunos medios nos llaman ahora no sólo para entrevistarnos sino para ayudarlos a capacitar a su personal. Señal de sana comunicación que ojalá se extendiera. Esa que no se conforma con la mediocridad y la corrupción. Felizmente hay mucha gente en el país que quiere cambios, esta crónica da evidencias de su existencia. En este mes de aparente descanso, dialogaremos con políticos y empresarios. Estamos organizando con el British Council un evento amplio "Comunicación y política en una democracia ética por construir" que congregará a expertos de diferentes países y a diversos actores de la sociedad peruana. Esperamos que en esa sana reflexión avancemos. Aún no entendemos por qué se prefiere casi militantemente dejar el poder al Ejecutivo y no se opta por crear una entidad autónoma con presencia de la sociedad civil, como existe en muchos países. Recoger las demandas y quejas ciudadanas será también una de sus más loables tareas, dando palabra al ciudadano concreto. Despejar las razones de esa cerrazón será clave para continuar en el debate democrático que nos merecemos.