Realizado en Lima los días 11 y 12 de marzo 2004 Los asistentes al Seminario internacional "La Deuda Externa y su impacto en los Derechos Humanos", en el marco de la campaña "El Impacto de la deuda externa en el Desarrollo Humano en el Perú" impulsada por la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD) - Capítulo Perú; conjuntamente con la Red Jubileo Perú y la Mesa Deuda y Desarrollo, contando con la participación de representantes de los capítulos de la PIDHDD de Bolivia, Ecuador y Argentina; de las Redes Jubileo de Ecuador y Bolivia; y expertos internacionales de los mencionados países, bien como con la presencia del Profesor Fantu Cheru, de la American University de Washington D.C., Ex Experto Independiente de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre los efectos de las políticas de ajuste estructural en el goce de los derechos económicos, sociales y culturales y con la presencia de más de 200 líderes sociales, señalamos: Reconociendo la importancia de analizar la situación de la deuda externa en la Región Andina y en el Mercosur, con el propósito de medir su impacto en el desarrollo humano y en el cumplimiento efectivo de las obligaciones derivadas del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales; la formulación de propuestas de desarrollo encaminadas a solucionar el problema de la deuda externa, e incorporar el debate de este tema en las agendas públicas de nuestros países, así como promover acciones y gestiones ciudadanas orientadas a enfrentar esta dura realidad; Conscientes de que la deuda externa es un problema global que afecta a todos los países en desarrollo por igual, limitando sus posibilidades de crecimiento y con una incidencia que limita la realización de los derechos consagrados en el Pacto Internacional de los derechos económicos, sociales y culturales, y cuyas secuelas se expresan en el deterioro de la calidad de vida de sus pobladores; Comprendiendo que este problema se ha convertido en un "círculo vicioso" para las economías de nuestros países, haciendo que cada vez se destine un mayor porcentaje de nuestros recursos fiscales para el pago de las obligaciones derivadas del endeudamiento externo; Reiterando que los efectos de la deuda externa en términos económicos y, sobre todo, para la realización de los derechos económicos, sociales y culturales de nuestras poblaciones son graves, por cuanto los recursos que se utilizan para pagar el principal y los servicios de la misma, trae como consecuencia la imposibilidad de invertir en los programas sociales tendientes a cumplir con la realización de los derechos humanos, dando lugar a situaciones de frecuentes violaciones de estos derechos, afectando la dignidad de la personas y, con mayor incidencia, en aquellas de menos recursos por ser las más vulnerables de nuestras sociedades; Remarcando que el problema de la deuda externa es sistémico y está ligado a los ciclos económicos globales; siendo que actualmente se manifiesta en las emisiones de bonos, principalmente globales, que la hacen más onerosa, incentivando así la adquisición de nueva deuda que es utilizada para seguir pagando la anterior, financiar el déficit fiscal, el gasto corriente, entre otros; Recalcando que la problemática de la deuda externa se combina con nuevas prácticas de endeudamiento interno, que igualmente comprometen recursos públicos e in viabilizan el cumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales de los pueblos; Preocupados porque el Banco mundial ha perdido el sentido original para el cual fue creado, ya que su postura actual es más conservadora, aplicadora de los programas de ajuste estructural y no responde a las demandas de los países miembros, sino a intereses particulares de los bloques económicos más poderosos; Considerando la necesidad de iniciar procesos judiciales en tribunales nacionales e internacionales a efectos de obtener sentencias que impliquen a las autoridades públicas responsables de actos de corrupción en el manejo de negociaciones relacionadas con el endeudamiento externo de nuestros países, individualizar a los responsables y que califiquen dichas deudas como "corruptas" y no generadoras de obligaciones a luz del derecho internacional; Concientes de que los gobiernos vienen adoptando prácticas que apuntan a maximizar el valor presente de la deuda externa en dirección contraría al legítimo interés de los pueblos de gozar de sus derechos humanos, merced a prácticas que institucionalizan procesos de negociaciones basadas en "modelos de corrupción", como se evidencian en varias de las negociaciones realizadas en las últimas décadas por los gobiernos de la región. Reconociendo que en muchos casos la deuda externa es utilizada como instrumento político por los gobernantes frente a presiones económicas externas e internas. Recordando que la repercusión interna de todo este fenómeno en nuestros países tiene como denominador común el permanente circulo vicioso de nuevos endeudamientos, constante que es alimentada por los grupos de poder económico como formas de resistencia a procesos de auténticas reformas tributarias en las que primen los principios de equidad y progresividad en las acotaciones tributarias; PROPONEMOS: Reconocer que el problema de la deuda externa es un problema político y por ello es necesario desarrollar una estrategia política. Seguir alentando una ciudadanía activa y vigilante en materia de deuda externa, desendeudamiento, lucha contra la pobreza, respeto a los derechos humanos y por el desarrollo sostenible. Para ello, se deben alentar los procesos de vigilancia, prevención y cuestionamiento de la deuda; plantear topes al endeudamiento en los que se respeten los derechos económicos, sociales, culturales y el desarrollo de los pueblos de la región, y que los recursos del desendeudamiento sean aplicados a la satisfacción y realización de todos los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales que ponen como prioridad la reducción de la pobreza y la promoción del desarrollo integral. Aportar a la construcción de nuevos indicadores que midan la sostenibilidad de las deudas externas, insistiendo por el análisis de factibilidad real de los proyectos de financiamiento. Evaluando si dichos proyectos podrán efectivamente generar desarrollo y no sólo represente un peso más a las economías de los pueblos. Rescatar la experiencia argentina y sus grandes esfuerzos por gestionar su economía fuera de los parámetros del programa de ajuste del FMI; así como, ver la vinculación de estrategias al respecto con Brasil para promover una estrategia continental frente al problema de la deuda externa, la cual debe ser apoyada por el conjunto de nuestros países. Diferenciar las deudas ilegítimas de las legítimas, a través de procesos transparentes, que cuenten con la participación de la sociedad civil. Además de impulsar la judicialización de las deudas ilícitas, ilegítimas y odiosas en vistas a su anulación y sanción a los responsables. Proponer a la Corte Interamericana de Derechos Humanos un pronunciamiento sobre la base de una solicitud de opinión consultiva, formulada por alguna de nuestras cancillerías, sobre los efectos de las políticas de ajuste y el pago de la deuda externa en el goce efectivo de los derechos humanos de nuestros pueblos. Desarrollar nuevas políticas económicas y financieras, que incluyan nuevas alternativas y nuevas instancias internacionales, tales como la creación de: (a) Un Banco Central Mundial que tenga autonomía en la toma de decisiones en materia de política monetaria mundial el mismo que esté supeditado a un sistema de gobierno democrático y equitativo por parte de los países; (b) Una Superintendencia Mundial de Bancos, una de cuyas tareas sería la de levantar el secreto bancario a nivel mundial, además de asegurar que los límites de crédito se encuentren dentro de parámetros internacionales justos; y (c) un código financiero internacional. Vigilar que la deuda privada no se transforme en deuda pública y poner un límite al pago del servicio de la deuda externa de acuerdo con nuevos indicadores económicos y sociales de sostenibilidad de la deuda externa. Para ello, es importante impulsar referéndums en nuestros países para lograr incluir los topes de pago de la deuda en nuestras constituciones. Continuar con la labor de incidencia política de manera articulada entre los países de la región, orientada a un proceso de arbitraje justo y transparente de las deudas externas soberanas; mientras se establezca el mencionado código financiero internacional que regule los arbitrajes internacionales en esta materia. Desarrollar una estrategia regional con enfoque en los derechos humanos, donde jueguen un papel importante los organismos promotores y defensores de los derechos humanos. Articular las propuestas, por el desendeudamiento de los movimientos de la sociedad civil del norte y sur del continente. Enfocar estas propuestas dentro de la construcción de un nuevo orden económico mundial, con la característica de que los países tengan una representación justa en la toma de decisiones, entre otras, respecto de las agencias multilaterales de finanzas y comercio, que se encuentren dentro de la competencia del Consejo Económico y Social dependiente de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de conformidad con los artículos 57, 58, 60 y 63 de la Carta de las Naciones Unidas. Lima, 12 de marzo del 2004