A pocos días de dejar el cargo, la Presidenta panameña Mireya Moscoso, volvió a avergonzar a su país, esta vez ante el resto del mundo. Tras negar reiteradamente que tuviera intención de indultar a cuatro conocidos terroristas cubano-americanos que los tribunales estaban procesando, en un típico “madrugonazo” los sacó de prisión y, bajo fuerte escolta armada, los envió a Miami (dejando uno en Honduras) en un jet ejecutivo que los estaba esperando. Acto seguido, telefoneó personalmente a un conocido abogado de esa ciudad para informarle que ya los sujetos habían partido. La suspicacia sobre las intenciones de la Moscoso llevaban varios días, pues la inminente salida de esos criminales era un secreto a voces en las cafeterías de Miami Dade. Sin embargo, la mandataria saliente negó toda información al Presidente electo, Martín Torrijos, como la más elemental ética política lo exigía, para evitar que él pudiera interponerse. Cometida con cínica desvergüenza y varias torpezas, la acción no solo generó críticas en el país y el exterior, sino la inmediata ruptura de relaciones de Cuba con Panamá y el retiro del Embajador venezolano. Los cuatro favorecidos eran parte de un equipo terrorista que en el año 2000 entró clandestinamente a Panamá para ejecutar un atentado con explosivos al Presidente Fidel Castro durante la Cumbre Iberoamericana de ese año. Cada uno de ellos tenía un largo prontuario de crímenes cometidos en otros países, por lo que Cuba había solicitado oficialmente la extradición de los cuatro y Venezuela la de su cabecilla, ya condenado y prófugo en ese país. Como es de rigor, ambos Estados ofrecieron tratar a esos extraditables conforme a la legislación panameña. Sin embargo, la señora Moscoso rechazó entregarlos aduciendo que antes debían ser juzgados y cumplir condena en Panamá. Ahora, repentinamente los excarceló sin notificarlo a los países interesados, y por medio de un indulto legalmente impugnable. Aunque la Constitución panameña faculta al Presidente para liberar a condenados por motivos políticos -lo cual obviamente no es el caso-, estos cuatro criminales aún estaban bajo proceso, pues su sentencia había sido apelada. Cuba recién había advertido mediante nota diplomática que dictar el indulto conllevaría la inmediata ruptura de relaciones entre ambos países. La nota incluyó calificativos muy duros, lo que le facilitó a la Moscoso darse por ofendida y usarlo como pretexto una felonía que de hecho ya estaba en ejecución. Pero, con su habitual torpeza, dio la excusa de que los indultó “por razones humanitarias”, ya que de no hacerlo el siguiente gobierno panameño podía extraditarlos a Cuba o a Venezuela, “donde los iban a matar”. Así, a la ruptura cubana se agregó la protesta de Venezuela, que retiró su Embajador. Martín Torrijos señaló desde el primer día que los delitos imputados a estos terroristas eran demasiado graves para indultarlos, y que el proceso judicial debía completarse sin interferencia presidencial. Ahora, agrega que normalizar las relaciones con Cuba será una de las prioridades del nuevo gobierno. A éste le tocará restaurar no sólo esas relaciones sino toda la política exterior del país, como parte de la situación de desastre que la Moscoso ha dejado en las finanzas nacionales, la moralidad pública, la seguridad ciudadana y todo lo demás. Al respecto, la población no tiene dudas: según encuesta del mayor periódico del país, el 77 % de los panameños cree que ella debe ser personalmente investigada por los numerosos casos de corrupción denunciados. El nuevo gobierno tendrá que ser uno de reconstrucción nacional. Porque si bien la señora ¡por fin! se ha marchado, nos dejó el rancho ardiendo.