El crimen del boliche de Once, con su saldo monstruoso de 185 muertos – en su mayoría jóvenes y niños – y cerca de 800 heridos, nos provoca un profundo dolor, una inmensa tristeza y el reclamo urgente de verdad y justicia. La masacre que conmueve a la sociedad argentina no ha sido producto de la fatalidad, sino de una conjunción de causas que será necesario analizar con profundidad, para sacar las conclusiones adecuadas y fijar las líneas de acción destinadas a producir todos los cambios legales, técnicos y culturales que impidan nuevas desgracias irreparables. Ante todo, es indispensable rodear a las familias destrozadas por la muerte de sus seres queridos, de la solidaridad activa de la comunidad y los organismos especializados. Asimismo, es oportuno destacar los múltiples gestos solidarios, conocidos y anónimos, y el esfuerzo y voluntad que desplegaron trabajadores estatales y no estatales que se pusieron de manifiesto desde el mismo instante en que se desató el infierno en la “República de Cromagnon”. A partir de ahora, tenemos el compromiso de no olvidar lo que ocurrió ese fatídico 30 de diciembre de 2004 y, mucho menos, permitir que una vez más se instale la impunidad sobre todos los responsables de semejante horror. Debemos ser claros y categóricos, esta tragedia sin precedentes tiene dos grandes causas: un Estado ausente, y por lo tanto cómplice, y la codicia voraz de empresarios inmorales. En efecto, la aplicación del modelo neoliberal implantada durante la última dictadura militar y profundizado a partir de los ´90 en nuestro país, transformó al Estado en un instrumento al servicio de los grandes grupos económicos y los intereses del privilegio, en perjuicio de las funciones esenciales destinadas a la protección de la vida de los habitantes, la preservación del patrimonio material y cultural de los argentinos y la garantía del respeto a los derechos constitucionales, tales como el trabajo, la alimentación, la salud, la educación y la vivienda digna. La falta de controles apropiados, la carencia de estructuras idóneas para ejercerlos y la ausencia de instrumentos aptos para enfrentar situaciones como las vividas en los últimos días, son el producto de políticas deliberadas fundadas en una ideología que privilegia al mercado y los negocios por encima de la gente. En ese marco, la vida es una mercancía y las personas son objetos descartables. Especialmente, si son jóvenes y pobres. La catástrofe de “Cromagnon” expresa crudamente la crisis de un sistema inhumano y perverso. Este ha sido uno de sus emergentes, visible y mediático, pero no el único. Allí están los centenares de chicos que mueren diariamente por desnutrición o falta de asistencia médica oportuna y apropiada. También están las decenas de víctimas del descontrol en la noche porteña, donde cotidianamente se produce la muerte de chicos y chicas por el gatillo fácil, las agresiones de los “pato vicas” o la violencia asociada con las drogas. Estas son otras de las expresiones crudas del mismo modelo, al que debemos cambiar sustancialmente y cuanto antes. Otra clave de la desgracia es la voracidad lucrativa de los empresarios inmorales, que burlan las normas más elementales de convivencia y aprovechan las fisuras de un Estado ineficiente, corrompen a sus agentes y acumulan ganancias a cualquier costo. El humo tóxico provocado por el incendio en el boliche no deja lugar a dudas: la codicia mata. Resulta imprescindible, entonces, que tanto el Estado nacional como los provinciales y el de nuestra Ciudad Autónoma recuperen su rol de contralor, como así también establecer una política de recuperación para el Estado de los bienes y servicios que le fueran despojados durante los años del furor neoliberal. Lo público, con una fuerte participación de la sociedad en la gestión, debe reemplazar a los empresarios que todos los días tienen a la vida de nuestros ciudadanos como variable para sus negocios. Se trata exclusivamente de vender entradas, o lucrar con el agua, la electricidad, el petróleo y la salud. La vida de la gente y el país nada importan según esa concepción mercantilista y nefasta. Frente a este escenario tan complejo y conmovedor, las entidades y personas que firmamos esta declaración, proponemos la constitución inmediata de una Comisión Investigadora, en el marco de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, abierta a los familiares de las víctimas, organismos de derechos humanos y otras organizaciones sociales que indague a fondo y sin pausa, toda la cadena de responsabilidades involucradas en este episodio (desde el Gobierno de la Ciudad, a la División de Bomberos, hasta el empresario organizador del evento), eleve a la justicia las imputaciones correspondientes y promueva las reformas necesarias a nivel de las políticas públicas, para que estos episodios lamentables no vuelvan a suceder. Al mismo tiempo, planteamos la necesidad de un debate amplio y profundo en todos los ámbitos de nuestra comunidad, para tomar conciencia de las causas que ponen en peligro la vida y el bienestar de los argentinos y, sobre todo, para ser protagonistas de los cambios impostergables que nos demanda la realidad. Finalmente, hemos dispuesto acompañar las actividades que se desarrollarán el jueves 6 de enero de 2005, a las 20 horas, en Plaza Miserere. Buenos Aires, 5 de enero de 2005 Adhesiones: CTA - Central de Trabajadores Argentinos APYME – Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios IMFC – Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos Movimiento Humanista Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos Partido Comunista en Izquierda Unida Liga Argentina por los Derechos del Hombre MEDH – Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos MTL – Movimiento Territorial Liberación Casa Abasto Centro de Integración Social Herman@s de Desaparecidos por la Verdad y la Justicia MOPASSOL – Movimiento por la Paz, la Soberanía y la Solidaridad entre los Pueblos Diálogo 2000 Centro Nueva Tierra Asociación de Empleados de Farmacias ATC – Asociación de Taxistas de la Capital APDH – Asamblea Permanente por los Derechos Humanos Asamblea Barrial de Floresta Observatorio Internacional de Prisiones Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas Servicio Paz y Justicia (SERPAJ) Personas: Adolfo Pérez Esquivel – Premio Nóbel de la Paz Rina Bertaccini (Coopresidenta del Consejo Mundial de la Paz) Claudio Lozano – Diputado Nacional Jorge Rivas – Diputado Nacional Ariel Basteiro – Diputado Nacional Mario Cafiero – Diputado Nacional Patricia Walsh – Diputada Nacional Alicia Castro – Diputada Nacional Lucrecia Monteagudo – Diputada Nacional Alberto Piccinini – Diputado Nacional Marcos Wollman – Diputado de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y siguen las firmas... Prof. Juan Carlos Sánchez Cs. Jurídicas, Políticas y Sociales (I.S.P."Dr. Joaquín V. González)