El Tratado de Libre Comercio (TLC) de Costa Rica con Estados Unidos es un instrumento jurídico para la administración del intercambio de bienes, servicios y factores de producción entre los dos países. En lo fundamental, el TLC incluye dos categorías de acuerdos. Una primera categoría incorpora aquellas disciplinas relacionadas directamente con el comercio y las inversiones, es decir, las normas que regulan de manera específica el acceso a los mercados: aranceles, cuotas, procedimientos aduaneros, medidas sanitarias, etc. En la segunda categoría están los acuerdos que tienden a modificar las relaciones de producción y las estructuras de mercado, que tienen características propias en cada país y se desarrollan dentro de un determinado marco institucional: política económica, propiedad intelectual, estándares laborales y ambientales, etc. La razón por la que se incluye esta segunda dimensión de acuerdos es porque el comercio se ve afectado por las especificidades de las estructuras productivas y por la forma en que funcionan los mercados. Esas particularidades se reflejan tanto en el precio de los bienes y servicios como en la mayor o menor participación que puedan tener en la oferta y la demanda de un país las empresas y personas del otro país. Desde luego, los acuerdos para modificar las estructuras productivas y el marco institucional de los mercados también alteran los esquemas distributivos del ingreso y la riqueza en los países. Es por ello que se señala, con toda propiedad, que el TLC no es neutro, sino que redefine ganadores y perdedores. Si eso es así y la estructura productiva, el marco institucional y el esquema distributivo de Costa Rica se verán modificados por el TLC, entonces resulta fundamental poder evaluar adecuadamente las ventajas y desventajas de esos cambios. ¿En qué nos benefician y en qué nos perjudican? Desafortunadamente, existen grandes dificultades conceptuales para poder evaluar "objetivamente" el TLC con Estados Unidos. Dos de esas dificultades tienen que ver con el ámbito de referencia de la evaluación y con la ponderación que se les conceda a los aspectos positivos y negativos. Así, no es lo mismo un análisis sectorial que tome en cuenta los intereses empresariales, que una valoración desde el punto de vista macroeconómico que considere el efecto del TLC sobre las cuentas fiscales, la balanza de pagos, el crecimiento y el empleo. Aun en la dimensión sectorial-empresarial, ¿cómo apreciar y comparar correctamente los beneficios esperados en una actividad con las pérdidas posibles en otra rama productiva? ¿Cómo juzgar las ganancias de los textileros o los azucareros en relación con los quebrantos de los arroceros o los porcicultores? Los resultados también podrían ser diferentes si la evaluación no solo examina los aspectos económicos, sino también el impacto social y distributivo, especialmente si se considera que mayores inversiones y exportaciones no necesariamente se reflejan en menor pobreza y reducción de la desigualdad. Finalmente, ¿cómo valorar la apertura del mercado de telecomunicaciones y de seguros? ¿Es positivo porque permitiría mayor competencia o es negativo porque pone en riesgo una historia solidaria de servicios de acceso universal? Si a estas dificultades conceptuales para evaluar "objetivamente" el TLC añadimos la insuficiencia de información básica, la distorsión y manipulación interesada de cifras, la carencia de estudios razonablemente serios sobre impacto económico y social y la incertidumbre respecto al futuro de acuerdos comerciales actualmente vigentes con Estados Unidos, verdaderamente nos enfrentamos a una situación nebulosa en que la decisión sobre el TLC se sustentará en concepciones ideológicas, intereses y sentimientos y no en criterios sólidos y consistentes. Ante esa realidad, yo quiero votar el TLC. Exijo que se me permita hacer uso del derecho que me otorga la Constitución Política de votar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos en un referendo. No quiero delegar esa responsabilidad, que compromete el presente y el futuro de los míos, a 57 diputados cuyo voto no será objetivo sino ideológico e interesado y que, además, sobre este tema no me dijeron absolutamente nada en la anterior campaña electoral. Si el TLC constituye un hito para el desarrollo futuro de nuestro país, debemos ser todos y cada uno de los costarricenses los que, por la vía democrática del voto, decidamos en un referendo nuestro futuro. Por eso, señalo hoy e insistiré mañana, yo quiero votar el TLC. * Juan Manuel Villasuso. Catedrático de la Universidad de Costa Rica y ex ministro de Planificación y Política Económica.