Dos asuntos fundamentales ponen en un complejo escenario la candidatura del ministro del interior José Miguel Insulza para la secretaría General de la Organización de Estados Americanos OEA. La primera se refiere a las alianzas internacionales de Chile en el hemisferio y la segunda a las cuestiones indígenas. La Organización de Estados Americanos en tanto foro político, enfrenta una evidente crisis de credibilidad ante y a posterior de lo sucedido con el ex Secretario General Rodríguez de Costa Rica. A raíz de las denuncias de corrupción en contra del ex Secretario General, los Estados se están tomando el tiempo necesario para una decisión más analizada sobre el futuro de la organización regional. Esta situación, da lugar para armar y desarmar alianzas entre las subregiones, poniendo de relieve la posición que ha tomado cada país en determinados hechos que han afectado el hemisferio. Sin embargo, es importante subrayar que la crisis de la OEA radica en el ámbito político, no así, en el sistema interamericano de protección a los derechos humanos, tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana (CI), siguen efectuando sus actividades en materia de derechos humanos con total normalidad. Uno de los desafíos importante para Chile consiste en conseguir el apoyo de la Comunidad del Caribe -CARICOM-. Esta situación está dada por los hechos que sustituyó el gobierno de Jean Bertrand Arístide en Haití. Los hechos no fueron lo suficientemente clarificados, ni creíbles para la comunidad internacional. A raíz de lo mismo, el CARICOM planteo en su tiempo una fuerte resistencia a la presencia de una fuerza multinacional en Haití. El CARICOM, además de resistir la presencia de una fuerza multinacional, cuestionó la legitimidad del gobierno sucesor de Bertrand Arístide. En este escenario, hasta ahora no superado, subyace una crítica implícita a los gobiernos que participan en la alianza multinacional, es decir, entre otros a Chile. La presencia de una fuerza multinacional en Haití, ha generado múltiples consecuencias tanto a nivel de la Organización de Estados Americanos como de las Naciones Unidas. Una de las consecuencias se refleja en la falta de apoyo económico de los organismos multilaterales al proceso en Haití, pero, no es una cuestión casual, sino, el resultado lógico de un panorama regional con posiciones diversas, en donde el propio Heraldo Muñoz, embajador de Chile ante Naciones Unidas ha manifestado sus preocupaciones. El embajador ha sido muy claro al identificar que el Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano del Desarrollo, no han cooperado económicamente como se esperaba, pero es más elocuente cuando afirma: “Sin un dialogo y un proceso de reconciliación que incluya a los partidarios de Arístides la situación continuará siguiendo inestable”. La falta de cooperación de los organismos multilaterales son consecuencias de las diversas posiciones que tienen los gobiernos sobre lo sucedido en Haití. El asunto económico y político que plantea el embajador Muñoz, indica claramente que la misión de militares chilenos seguirán permaneciendo por un tiempo no definido en Haití, con los costos económicos que el Estado chileno debe cubrir, con el erario nacional. Evidentemente la participación de Chile en una alianza multinacional en el caso de Haití, no le ha traído los dividendos esperados para los fines de la diplomacia internacional a la hora de tomar decisiones, al contrario, la falta de consenso en las subregiones, aleja las posibilidades de apoyo de los países del Caribe y de otras subregiones en la candidatura del ministro Insulza. Además, Estados Unidos, principal gestor de la alianza multinacional en Haití, tiene su propio candidato. La segunda cuestión, aunque no en la misma dimensión anterior, se refiere a los asuntos de derechos humanos con la población en general y los Pueblos Indígenas de Chile. El país es conocido internacionalmente por sus logros económicos, pero con mucha falta de compatibilidad en el goce y disfrute de los derechos humanos de sectores importantes de la población nacional y de los Pueblos indígenas en particular. Excepcionalmente Chile es conocido en el hemisferio como un país en donde las legítimas reivindicaciones de derechos humanos de los Pueblos indígenas, han sido criminalizadas, aplicando un régimen jurídico proveniente de la dictadura militar como son la Ley de Seguridad Interior del Estado y la Ley Antiterrorista. A nivel interno pareciera que la aplicación de las leyes especiales se ha convertido en una práctica, pero a nivel internacional esta situación llama poderosamente la atención, considerando que se trata de un “Estado Democrático” y no una dictadura. En otro contexto la señora, Mónica Madariaga tenía en su tiempo una posición más cómoda ante la Organización de Estados Americanos, porque la comunidad internacional no se preguntaba los mismos asuntos, sencillamente porque se trataba de una dictadura militar, en donde no se reconocía la jurisdicción de los organismos de protección a los derechos humanos. La situación indígena tiene relativa importancia a la hora de revisar las políticas de los Estados en materias de derechos humanos. En este caso, el informe del Relator Especial Rodolfo Stavenhagen que afirma que “bajo ninguna circunstancia se deben criminalizar las legitimas protesta indígenas por el derecho a la tierra”. Esta misma situación esta ampliamente consignado en las conclusiones y recomendaciones del Comité Internacional del Pacto de Derechos Económicos Sociales y Culturales “El Comité Recomienda al Estado parte que no aplique leyes especiales, como la Ley de seguridad interior del Estado [Nº 12927] y la Ley antiterrorista [Nº 18314], a actos relacionados con la lucha social por la tierra y las reclamaciones legitimas de los indígenas” . Ambos instrumentos dan cuenta de la contravención en materia de derechos humanos la aplicación de instrumentos jurídicos “sacados de otros contexto”. Lo anterior tiene estrecha relación con las preguntas que se le formuló al ministro Insulza en la sesión del Consejo Permanente, oportunidad en que presentaba sus ideas sobre la Organización de Estados Americanos. En vista que el ministro no incluyó los asuntos indígenas en su discurso, los representantes gubernamentales le consultaron su posición sobre los “Pueblos Indígenas”. La respuesta fue en un lenguaje en desuso según la práctica jurídica internacional, al referirse a las “Etnias”. A nivel del sistema interamericano, el concepto de Pueblos Indígenas está introducido y aceptado. Este constituye el primer logro y consenso internacional del Grupo de Trabajo para la redacción de un Proyecto de Declaración Americana. El concepto de Pueblos Indígenas, jurídica y constitucionalmente esta lo suficientemente respaldo con los reconocimientos constitucionales con los Pueblos Indígenas y sus derechos en la región. Además, la Asamblea General de la OEA, mediante varias resoluciones, se ha propuesto adoptar una Declaración Americana que cubre todos los derechos colectivos de los Pueblos Indígenas. Este objetivo constituye el desafío más relevante que se ha propuesto la OEA en el marco del sistema interamericano. El concepto etnias está en desuso a nivel internacional y en el sistema interamericano. Incluso en el Instituto Indigenista Interamericano, organismo que creo y acuño éste concepto, se prevé su eliminación en el marco de la reforma institucional de la OEA por su falta de aporte y funcionalidad para el sistema interamericano. En otro aspecto, uno de los meritos importantes que ha tenido la diplomacia Chilena, es haber conseguido el apoyo de Venezuela a la candidatura del ministro Insulza. A pesar que el presidente Hugo Chávez manifestó “que no reconocía el gobierno que sustituyó a Bertrand Arístide”. Este logro en el escenario internacional podría ayudar a sensibilizar la posición de los gobiernos del CARICOM, que hasta ahora sigue siendo incierta con Chile. Efectivamente, las candidaturas tanto del Canciller mexicano Luis Derbez, como la Francisco Flores, ex presidente de El Salvador, y la de Insulza no tienen asegurado los votos necesarios para la Secretaria General de la OEA. A raíz de la indiscutible falta de consenso, ha aparecido en los últimos días la candidatura del canciller del Perú Manuel Rodríguez, aunque se ha desmentido su inscripción, no se desmentido su interés. En diplomacia internacional, se entiende que la falta de consenso genera un escenario propicio para la emergencia nuevas propuestas –con sentido de consenso- a la que se está asistiendo en torno a la ansiada Secretaria General de la OEA. * Aucán Huilcaman, Werken internacional del Consejo de Todas las Tierras (Chile).