En el Segundo Comité Preparatorio (o Prepcom) de la segunda fase de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información, que se está realizando en Ginebra del 17 al 25 de febrero, los diferentes “caucus” o grupos de trabajo temáticos están desarrollando sus propuestas temáticas en respuesta a la nueva fase de negociaciones gubernamentales sobre los documentos de la Cumbre. Los documentos oficiales que se adoptarán en Túnez, en noviembre próximo, incluyen, entre otros, un pronunciamiento político (conocido como el “chapeau político”) y un capítulo operativo, donde se expondrán los mecanismos y las responsabilidades organizativas para garantizar el seguimiento e implementación de los acuerdos de la primera fase de la Cumbre, que concluyó en Ginebra a finales del 2003. Dos temas que recibirán una atención especial son: los mecanismos de financiamiento para las TIC (tecnologías de la información y la comunicación) en relación al desarrollo, y la gobernanza global de las TIC. Sobre ambos, desde el año pasado, vienen funcionando grupos de trabajo multisectoriales. Siendo que el primer Prepcom de esta fase de la Cumbre, realizado en junio pasado en Túnez, fue acaparado en buena parte por la polémica en torno a la situación de derechos humanos en el país sede –tema que sigue estando muy presente-, para la mayoría de delegaciones de sociedad civil, es solo en estos primeros días en Ginebra que han comenzado a reorganizarse en torno a los contenidos, a través de la docena o más de grupos de trabajo temáticos que aquí se han reconvocado. No se ha dado, hasta ahora, un intento por consolidar posiciones comunes de conjunto, que fue una de las fortalezas de la primera fase, donde la sociedad civil produjo varios pronunciamientos de consenso y una declaración final. En cambio, los resultados de la primera fase son palpables en términos de una mayor apertura del proceso oficial intergubernamental a recibir y considerar los aportes de la sociedad civil, a fin de mejorar la calidad de los documentos, cuyos primeros esbozos son bastante vagos y generales. En tales circunstancias, ha tenido sentido dar prioridad a desarrollar aportes para su entrega oportuna a los gobiernos. Un consenso más amplio será necesario más tarde, a medida que se hagan evidentes los temas críticos y las áreas donde hay bloqueos. Entre las propuestas que el proceso oficial ha recogido para su consideración en los documentos, (aún bajo discusión), están aquellas sobre el financiamiento aportadas por la Campaña CRIS, junto con otras organizaciones. Estas se basan en los siguientes principios: que la información, la comunicación y las redes son un bien público global, -en particular en lo que se refiere a la extensión de la infraestructura en los países en desarrollo y para las poblaciones excluidas, en todas partes-; la centralidad del rol de las finanzas públicas en el área de la Información y la Comunicación para el Desarrollo (ICD); y el rol de las iniciativas impulsadas por y en manos de las comunidades, para contribuir al desarrollo sustentable y al empoderamiento social. El grupo propone también la formación de una Facilidad Global de Políticas y Financiamiento para ICD, diseñada para: - ayudar a los países en desarrollo a utilizar de manera más efectiva los mecanismos financieros existentes para la ICD - proveer información y consejos y reforzar capacidades, en materia de políticas, a los países en desarrollo, sin condicionamientos. - explorar nuevos mecanismos financieros para apoyar a las ICD; mecanismos que eviten el desvío de los fondos existentes (ej. la asistencia externa al desarrollo). Tales mecanismos podrían consistir en un impuesto global, sea voluntario o obligatorio, y contribuciones de los tenedores comerciales de nombres de dominio en Internet. Túnez bajo observación Una vez más, Túnez figuró en la agenda de sociedad civil hoy, cuando la red sobre libertad de expresión, IFEX, presentó un informe sobre su reciente misión de indagación en Túnez. Los resultados, contenidos en un informe de casi 60 páginas, se puede consultar en el sitio Web de IFEX (ver www.ifex.org) Las principales conclusiones de la misión incluyen, entre otros: - En encarcelamiento de individuos relacionado con sus opiniones o actividades mediáticas - El bloqueo de sitios Web y la vigilancia policial del correo electrónico y de los cafés Internet - Restricciones sobre la distribución de libros y publicaciones. - Restricciones a la libertad de asociación. - Impedimentos al desplazamiento libre de defensores de derechos humanos y disidentes políticos. - Falta de pluralismo en la propiedad de los canales de radio y televisión. - Censura a la prensa y falta de diversidad en el contenido de los periódicos. - Uso regular de la tortura por parte de los servicios de seguridad. La misión ha hecho varias recomendaciones a las autoridades tunesinas. La paradoja de realizar una Cumbre sobre la Sociedad de la Información en un país donde varios jóvenes cumplen sentencias de 13 años, bajo medidas antiterroristas, por el simple “crimen” de haber navegado en Internet, fue subrayada. Los/as defensores de derechos humanos de Túnez acogen favorablemente, sin embargo, la realización de la Cumbre en su país, como una oportunidad para que esta situación se ponga bajo la lupa internacional. Las preocupaciones sobre las condiciones en Túnez también se abordaron en un intercambio esta mañana en la plenaria de la sociedad civil, con el jefe del Secretariado Ejecutivo de la Cumbre, Charles Geiger. El respondió a alegaciones de que algunas ONGs habían recibido la negación o postergación de su acreditación al proceso de la Cumbre, al explicar que el motivo ha sido, sea que no son entidades con registro legal, o que no han presentado la documentación completa. Declinó, sin embargo, comentar el hecho de que varias asociaciones tunesinas no pueden registrarse legalmente. Garantizó que todas las organizaciones acreditadas a la conferencia podrán obtener visas de entrada al país. E informó que los participantes acreditados tendrán inmunidad y privilegios, según el acuerdo firmado con el país sede. Mientras que las delegaciones gubernamentales tienen privilegios especiales e inmunidades que son parte del derecho internacional, para la sociedad civil y el sector privado, regirá una “inmunidad funcional”, cuya aplicación sería diferente, según si se esté en los locales de la conferencia de la ONU y en la ciudad de Túnez. Geiger admitió que podría haber cierta ambigüedad en cuanto a lo que se considere territorio de la ONU. * Sally Burch, ALAI/CRIS