La ley 25.873 obliga a los proveedores de servicios de telecomunicaciones a captar las comunicaciones que transmiten y eventualmente derivarlas para su observación remota por parte del Poder Judicial o el Ministerio Público. Todo el tráfico que generamos vía Internet, sea por correo electrónico, navegación en la web, utilización de mensajeros instantáneos, etc. será guardado por diez años y podrá ser observado. La ley que estaba pendiente de reglamentación se ha tornado operativa a partir del Decreto del Poder Ejecutivo Nacional número 1563/2004. Dado que cada vez una mayor cantidad de asuntos de las personas transcurren por el ciberespacio, la Internet así reglamentada en la Argentina pondrá buena parte de nuestra vida privada en carpetas virtuales para que el Estado las utilice. Y si nos atenemos a las costumbres del Estado argentino podemos suponer que la Secretaría de Inteligencia será la depositaria de nuestra privacidad. "Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas a Dios, y exentas de la autoridad de los magistrados" dice el artículo 19 de la Constitución Nacional y fue escrito en tiempos en que el único medio técnico a disposición de los funcionarios para espiar a los ciudadanos era el abrecartas. El artículo 18 también declara inviolable la correspondencia epistolar y los papeles privados. La nueva ley de vigilancia equivaldría a que en tiempos de la Constitución se hubiera obligado al correo a copiar y guardar todas las cartas que circularan por diez años para que pudieran ser abiertas en cualquier momento. El valor que se invoca como fundamento en el decreto presidencial para justificar esta intromisión en la privacidad de todos los argentinos es el de la seguridad. Para prevenir el delito, nos dice el gobierno, se vigila a todos los ciudadanos. La excusa es muy endeble si tenemos en cuenta que las políticas específicas sobre el delincuente son blandas en contraposición con este duro trato a la sociedad en general. Pero aunque el delito pudiera ser prevenido colocando a un gendarme al lado de cada uno de nosotros, o revisando nuestros papeles o poniendo en peligro nuestros legítimos secretos por el mero hecho de que nuestras comunicaciones sean registradas, el precio a pagar sería mucho más alto que el costo de la delincuencia que soportamos. El Estado, nuestro defensor, se convierte así en un peligro mayor que cualquier agresor privado. Y si de prevenir delincuencia se tratara, la nueva ley y su reglamentación crean un jugoso botín para la extorsión y la persecución. Robar registros será más rentable y menos riesgoso que cualquier modalidad criminal actual. El delito se combate con políticas específicas sobre los criminales y no privando de vida privada a toda la población. Por Internet circulan relaciones personales, ideas políticas, secretos profesionales, diagnósticos médicos, proselitismo, creencias religiosas, planes de inversión, estrategias de competencia. No puede permitirse un ojo vigilante sobre los ciudadanos. bajo el riesgo de construir de la noche a la mañana un Estado totalitario.