Algunas lecciones aprendidas En este documento Plataforma Agraria resume el contexto en que se estableció en Guatemala el Plan de Atención Social por la Crisis del Café, sus escasos resultados, las obligaciones adquiridas por entidades gubernamentales y el significado de su incumplimiento; asimismo, hace unas consideraciones acerca del papel de los medios de comunicación y da pormenores del proceso de auditoría solicitada a la Contraloría General de Cuentas. Previo a este recuento, para Plataforma Agraria es importante resaltar que los 30.9 millones de quetzales no reembolsables entregados a 12,485 familias campesinas pobres, a través del Plan, contribuyeron a paliar la crisis generada por la baja de los precios internacionales del café, representaron ingresos complementarios que contribuyeron a garantizar la seguridad alimentaria y solventar algunos gastos de ropa, salud y educación. El Plan de Atención Social representa una experiencia a través de la cual el diálogo entre Estado y sociedad civil dio como resultado el diseño de una política pública que contenía mecanismos de solución a diferentes demandas planteadas por agrupaciones campesinas. En tal sentido, propuestas de mujeres y hombres organizados fueron tomadas en cuenta en un programa que buscaba fortalecer el tejido social y las pequeñas economías campesinas. Éste es un enfoque alternativo a las limosnas esporádicas o los trámites burocráticos que generan dependencia, inmovilidad social o desesperanza a los cambios. De tal manera que el Plan tiene la potencialidad de ser una fuente de aprendizaje e innovación en la construcción de políticas públicas con intervención de la población a la que se pretende beneficiar, siempre y cuando los funcionarios públicos estén dispuestos a escuchar y entender las dinámicas sociales comunitarias. El propósito de este escrito es explicar a la opinión pública cómo en un proceso de lucha de organizaciones sociales en este país, en lugar de tener como resultado la solución a las demandas planteadas, se violan los derechos humanos de sus integrantes. Esto sucede porque las instituciones del Estado conciben a las organizaciones del movimiento social como una amenaza, no como un actor que puede desempeñar un rol importante para avanzar hacia una sociedad más cohesionada. Además alientan la existencia de una sociedad civil débil y fragmentada, ya que carecen de mecanismos y no les interesa crearlos en la perspectiva de entender, respetar y aplicar las dinámicas organizativas de las comunidades rurales e indígenas. Plataforma Agraria aspira con este documento a contribuir con el libre acceso a la información y al ejercicio del derecho a la libertad de expresión. En especial va dirigido a personas interesadas en la problemática agraria, al igual que a medios de comunicación, reporteros y columnistas. Plan de Atención Social, resultado de acción política Plataforma Agraria solicitó desde finales de 2001 una política pública para beneficiar a 50 mil familias afectadas por la crisis del café. Después de participar durante un año en mesas de trabajo con representantes gubernamentales (en diálogos tensos y conflictivos), desarrollar una estrategia de medios y realizar diversas acciones de presión social, esta alianza multisectorial logró que el entonces presidente de la República, Alfonso Portillo, aprobara el Plan de Atención Social en diciembre de 2002. Conciente que en ese tiempo se encontraba próximo un año electoral, Plataforma Agraria propuso mecanismos a fin de que la ayuda económica para cada familia (establecida en el Plan de Atención Social) se canalizara a través de sus comunidades y organizaciones con personería jurídica. Con ello se buscaba impedir que el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) y/o las municipalidades intervinieran en su ejecución a fin de evitar que se politizara la entrega de fondos no reembolsables. Pese a que el Plan de Atención Social fue diseñado como una acción de urgencia nacional, el gobierno tardó cinco meses en aportar los primeros 15 millones de quetzales. El retraso en la entrega de fondos motivó a las organizaciones de Plataforma Agraria a convocar a nuevas acciones de presión y denuncia. En julio otorgó 6.1 millones y en diciembre 9.8 millones de quetzales. La suma total recibida ascendió a 30.9, mismos que fueron distribuidos entre 12,485 familias campesinas pobres, que aportaron ideas para diseñar el Plan, participaron en el proceso de negociación y se movilizaron para lograr que se institucionalizara. Obligaciones y responsabilidades estatales Con la publicación del Acuerdo Gubernativo 475-2002, el Plan de Atención Social se convertía en una política pública de interés nacional y urgencia social, que respondía a las necesidades de la población más afectada por la crisis generada por la caída de los precios del café. Se concebía como un instrumento para alcanzar la coordinación interinstitucional y de soporte para exigir los recursos financieros requeridos. En suma, establecía obligaciones y responsabilidades para el Estado de Guatemala y su gobierno. Con ese enfoque, el Plan daría cumplimiento a los derechos humanos universales contemplados en la Constitución de la República, los Acuerdos de Paz y convenios internacionales, principalmente el derecho a la alimentación. En su diseño se especificaban las siguientes responsabilidades: coordinar de manera urgente a nivel interinstitucional y multisectorial las acciones definidas en el Plan de Atención Social; garantizar la seguridad alimentaria de las personas afectadas por la crisis; reducir la conflictividad agraria en área cafetaleras; resolver los problemas laborales en las fincas afectadas por la crisis; comprar y entregar fincas del Estado a los trabajadores y campesinos afectados; ejecutar proyectos productivos y generar empleo en áreas cafetaleras. También se establecía que la compra de fincas y los proyectos productivos eran responsabilidades del MAGA. Los estudios técnicos para garantizar la idoneidad de las fincas y proyectos, así como la asesoría y el acompañamiento a las organizaciones sociales estaban a cargo de la Secretaría de Asuntos Agrarios. A su vez, el Ministerio de Finanzas debía dar soporte financiero a la ejecución del Plan; y el Ministerio de Trabajo tenía la prioridad de verificar el pago del salario mínimo y las prestaciones laborales, conforme lo establece la legislación guatemalteca. Ninguna de estas obligaciones fue cumplida por el gobierno, ya que el único resultado del Plan de Atención Social fue la entrega limitada y con importantes retrasos de 30.9 millones de quetzales. Cabe señalar que en los municipios productores de café -en zonas bajas- aproximadamente el 74% de la población vive en estado de pobreza, de ese total, dos terceras partes sobreviven en pobreza extrema. Es importante tomar en cuenta que el 14 de mayo de 2004, en el Palacio Maya de San Marcos, representantes del MAGA(1) suscribieron el acta de una reunión sostenida entre representantes gubernamentales, líderes sociales y como testigo de honor, Pedro Marchetti, de la Universidad Rafael Landívar. En dicho documento se afirma que el Plan es un proyecto viable y novedoso que viene a resolver parcialmente el problema del desempleo y hambre de la crisis alimentaria, así mismo se reconoce el esfuerzo de administración realizado por las organizaciones, para poder llegar a 12,485 familias campesinas del interior de la República, haber generado 6,238 (equivalentes a 580,134 jornales) empleos directos y se cubrió el 8.0% del total de desempleo provocado por la crisis. ¿Qué significan los incumplimientos del Estado? El incumplimiento del Acuerdo Gubernativo 475-2002 representa la violación a cuatro derechos fundamentales de las personas y de las organizaciones beneficiarias que se consignan en el mismo:  Derecho a la organización social  Protección de las mujeres y las organizaciones de mujeres  Derecho al trabajo  Derecho al comercio y a la propiedad privada. Con la llegada de la GANA a la presidencia de la República tales derechos se siguen violando, ya que la administración de Óscar Berger desconoció la política pública contenida en el Plan de Atención Social, producto de un proceso de negociación entre Estado y organizaciones sociales. Después de conocer el contenido del Plan, el Congreso de la República, en el Punto Resolutivo No. 16 del año 2004, recomendaba al presidente Berger cumplir con el Acuerdo Gubernativo 475-2002. En lugar de cumplir las obligaciones establecidas en el Plan, el gobierno de Berger decidió de manera unilateral, ya sin la intervención de la sociedad civil, otro programa que consistía en dar recursos no reembolsables junto a un crédito pagadero a nueve meses y con garantía de la cosecha. En éste ya no participó Plataforma Agraria. Según el Informe de Ejecución Agosto 04-Febrero 05, el fideicomiso MAGA y FONTIERRAS benefició a 10,814 familias con 22.4 millones de quetzales no reembolsables y 12 millones en créditos. Hasta la fecha se desconoce si éste fue auditado y el monto de los créditos pagados. Papel de algunos medios escritos En este periodo de lucha, Plataforma Agraria ha analizado el papel que juegan los medios de comunicación en el proceso democrático y, en particular, la presencia que tienen las voces críticas de actores sociales en los mismos. Durante el gobierno de Alfonso Portillo, de manera frecuente se publicaban denuncias contra su gestión. Para las fuentes sociales se abrieron espacios a fin de dar a conocer sus señalamientos por los incumplimientos de las instituciones estatales, así como para difundir sus acciones y propuestas. Los medios en ese entonces contribuyeron sin duda a mostrar las irregularidades y actos de corrupción de funcionarios gubernamentales, así como a difundir las acciones de protesta contra esa administración. A partir del 2004, con la llegada del nuevo gobierno, algunos medios disminuían de manera significativa los espacios críticos. Conforme pasaban los meses se notaba la falta información balanceada, que diera cuenta de las acciones y opiniones de agrupaciones sociales opositoras al gobierno de la GANA; por el contrario, cuando éstas mostraban su capacidad de movilización y protesta, se llegaron a publicar reportajes que dañaban su imagen y por tanto afectaba su representación en el escenario político. Para fundamentar lo anterior, a continuación presentamos tres ejemplos: 1. Plataforma Agraria realizó el 28 de abril del 2004 una manifestación masiva para exigir recursos no reembolsables para las familias afectadas por la crisis del café, como continuación del Plan de Atención Social. Esta actividad captó la atención de los medios de comunicación varios días y recibió reacciones favorables por parte de la opinión pública. Sin finalizar los procedimientos de rendición de cuentas de los fondos ejecutados en 2003, el 10 de mayo elPeriódico publicaba un reportaje (páginas 2 y 3) en el que señalaba a Plataforma Agraria de cometer actos de corrupción y tener estrechos vínculos con el FRG. 2. El 14 de diciembre, tras un año de diálogos y negociaciones sin resultados, Plataforma Agraria publicó un campo pagado en el que acusaba al presidente Berger y su gobierno de mentir y responder a los intereses de empresarios y finqueros. El día 20 de ese mes, de nuevo elPeriódico (páginas 2 y 3) tituló un reportaje: ASUDI, ONG que integra la Plataforma Agraria, con anomalías contables. En esta publicación el titular del MAGA, Álvaro Aguilar, afirmaba que tales irregularidades se referían a la administración de 12 millones de quetzales y responsabilizaba directamente a Juan Tuyuc, uno de nuestros dirigentes nacionales. 3. En enero de 2005, mientras pobladores de Sololá manifestaban su rechazo a la minería y las acciones represivas del gobierno dejaban un campesino muerto, Plataforma Agraria exigía al mandatario Berger, en un campo pagado (día 11), respetar las decisiones de los pueblos indígenas y los Acuerdos de Paz. Entre los días 13 y 14, en La Hora, elPeriódico, Prensa Libre y Siglo Veintiuno se difundieron las declaraciones del presidente de la República en las que dejaba entrever la posibilidad de que monseñor Álvaro Ramazzini era promotor de las manifestaciones contra la minería. El 16 de enero, Siglo Veintiuno publicó en primera plana Fraude en alquiler de finca, organización de Plataforma Agraria será demandada mañana. Hermano de Rosalina Tuyuc dirige la entidad señalada por el MAGA. En la página 4 se anunciaba que el ministro de Agricultura, Álvaro Aguilar, iniciaría un proceso legal ante el Ministerio Público. En este lapso Plataforma Agraria rechazaba como solución la entrega de créditos para las familias más pobres afectadas por la crisis en el campo y exigía la distribución de recursos no reembolsables para las pequeñas economías campesinas. Para Plataforma Agraria, el papel de los medios de comunicación es fundamental para contribuir al proceso democrático. Si todas las voces y la problemática nacional se ven reflejadas en los mismos estarán cumplimiento con su función social, si –por el contrario- privilegian las fuentes empresariales y las voces de gobernantes empresarios entonces sus enfoques serán parciales, lo que afecta la democracia. Negación del derecho de respuesta y solicitud de auditoría Plataforma Agraria demandó el derecho de respuesta a las notas publicadas con información sesgada, pero ninguno de los medios cumplió con dicha obligación, según se especifica en la ley respectiva. Por su parte, e Periódico publicó en su lugar, las reacciones de Plataforma Agraria en su sección de cartas al lector y no en las páginas 2 y 3, en las que se publicaron los reportajes mencionados. Según la Ley de Emisión del Pensamiento de Guatemala, los periódicos están obligados a publicar las aclaraciones, explicaciones o refutaciones que les sean enviados por cualquier persona individual o jurídica, a la que se atribuyen hechos inexactos, se hagan imputaciones… deberá insertarse gratuitamente en la misma página, columna y caracteres tipográficos en que apareció la alusión o inculpación, en la edición siguiente al día en que se presenta. A fin de aclarar ante la opinión pública el manejo de recursos, Plataforma Agraria solicitó en febrero de 2005 a la Contraloría General de Cuentas que auditara los fondos públicos ejecutados en 2003. Además requirió que la Coalición por la Transparencia fiscalizara el proceso. La auditoría se inició en marzo a 10 de las 13 organizaciones que recibieron los recursos no reembolsables. En los primeros resultados la Contraloría General de Cuentas cuestionó la manera en la que dos organizaciones administraron 9 millones. De este monto, 8 millones fueron ejecutados por la Asociación Sololatecos Unidos por el Desarrollo Integral (ASUDI). Los principales reparos se referían a los documentos de soporte de gastos (planillas, recibos, cartas de entendimiento con finqueros), modalidad acordada y aceptada en 2003 por el MAGA, a partir de reconocer las dinámicas de la realidad rural; entre ellas, que los finqueros no emitían facturas por el arrendamiento de tierras. Sin concluir el proceso, se presente denuncia al MP El 19 de octubre de 2005, Prensa Libre publicó una nota que involucra a tres dirigentes de Plataforma Agraria de cometer anomalías por nueve millones de quetzales. Esto sucede, un vez más, en un contexto de lucha política mientras las organizaciones sociales que la integran se encuentran en trabajos de emergencia, siendo parte de procesos públicos de auditoría social y mientras demandan la expropiación de tierras para reubicación de las familias campesinas afectadas por la tormenta Stan. Un día antes, sin estar concluido el proceso, un personero de la Contraloría aseguraba que Emiliana Sancoy y Jorge Tzunún(2) habían sido acusados ante el Ministerio Público por anomalías en el manejo de recursos. Prensa Libre, en lugar de abrir el espacio a Plataforma Agraria, incluyó la foto de su principal portavoz, colocándola en una situación de desventaja, ya que privilegió las declaraciones del vocero de la Contraloría y redujo a unas cuantas líneas la opinión de Úrsula Roldán, representante social con reconocida trayectoria nacional e internacional. Con tales declaraciones, la Contraloría ignoró el procedimiento especial de resolución de controversias por la vía conciliatoria y planteó una denuncia ante el Ministerio Público por malversación de fondos, violando así los derechos al debido proceso, audiencia y defensa de dirigentes e integrantes de las organizaciones sociales de Plataforma Agraria. La Contraloría General de Cuentas realizó únicamente una auditoría administrativa con los criterios que se aplican a las entidades del Estado. No evaluó la calidad del gasto (ello implicaba conocer la opinión de las personas beneficiarias) ni el impacto del Plan en la población, pese a que Plataforma Agraria así lo solicitaba. La Contraloría descartó auditar los fondos que manejó el MAGA para el Plan de Atención Social, a pesar de que ese ministerio se había comprometido a establecer instrumentos de evaluación y seguimiento, los cuales nunca cumplió. En el momento actual, las organizaciones sociales con personería jurídica –integrantes de Plataforma Agraria- que distribuyeron los fondos del Plan de Atención Social siguen el proceso de aclaración de reparos indicados por la Contraloría General de Cuentas. Esto significa que no está concluido el proceso y por tal razón se siguen los procedimientos de ley, pese a que en este camino se ha comprobado que el Estado de Guatemala carece de procedimientos para ejecutar fondos públicos en condiciones de urgencia nacional (huracán Mitch, crisis por la caída de los precios internacionales del café, tormenta Stan, etc.); de igual manera, no cuenta con experiencia para auditar recursos ejecutados por organizaciones sociales en situación de emergencia. Guatemala, 3 de noviembre de 2005. Notas: 1. Eduardo Ochoa, representante del viceministro de Alimentación; Mario Figueroa, coordinador departamental; y Elizabeth de Chacón, de la Comisión Liquidadora. 2. Los dos son dirigentes de ASUDI, conocidos por su gran honorabilidad, lealtad con los intereses de sus comunidades indígenas y campesinas, honestidad a toda prueba y amplia capacidad de entrega al trabajo social a nivel municipal, departamental y nacional.