Los Obispos de la Conferencia Episcopal de Costa Rica nos sentimos preocupados por las actuales circunstancias que vive el país con ocasión del envío a la Asamblea Legislativa del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y República Dominicana con los Estados Unidos de América (TLC). Por un lado, constatamos cómo existen grupos que quieren convencer de la urgencia en la aprobación del TLC y, por otro, aquellos que concluyentemente lo adversan. Así pues, como ciudadanos, consideramos conveniente y necesario en un Estado que protege y garantiza los derechos y libertades fundamentales, el que existan opiniones diversas sobre el tema en cuestión y que, tanto promotores como opositores, tengan ocasión de manifestarse en igualdad de condición, permitiendo una sana confrontación de ideas que logre los consensos necesarios y el consecuente fortalecimiento de nuestra democracia. Cómo es lógico, la discusión se ha centrado en la ratificación o rechazo del TLC. No obstante, contemplamos con profunda preocupación cómo, al encontrarnos en un periodo electoral, el diálogo político y social se ha condicionado en distintas esferas y las posiciones radicales de algunos sectores, niegan los espacios necesarios para la reflexión y el debate sincero, transparente y productivo. En efecto, la creciente polarización de nuestra sociedad nos hace advertir en el panorama nacional situaciones violentas, destructivas y estériles. Alentamos a los miembros del Primer Poder de la República para que en torno a este delicado tema, realicen un debate de altura que profundice, con esmero, las diversas contribuciones de los sectores, las organizaciones y los movimientos sociales a fin de resolver el futuro del Tratado. Nosotros reafirmamos nuestros mensajes anteriores [1], en los que invitamos al pueblo costarricense a analizar las condiciones éticas, sociales, económicas y culturales bajo las cuales debe darse un TLC y las proyecciones en el desarrollo social de nuestro país con su eventual aprobación o rechazo. Igualmente, suscribimos el Informe de los señores notables en el que se subrayó, con vehemencia abandonar la polarización estéril del debate, las excesivas simplificaciones, y se tome conciencia de las decisiones políticas que es necesario adoptar, y se busque un acuerdo político nacional que lleve al país en una vía diferente a la seguida hasta ahora y conduzca a decisiones fundamentales para alcanzar las metas de desarrollo humano que todos anhelamos[2]. En este momento presente, Costa Rica tiene la posibilidad de afianzar su opción por la paz, recordando que la verdadera paz es fruto de la justicia, virtud moral y garantía legal que vela sobre el pleno respeto de derechos y deberes, y sobre la distribución ecuánime de beneficios y cargas.[3] En estas circunstancias, los costarricenses estamos llamados a dialogar para alcanzar una Agenda Nacional de Desarrollo pues, como personas de fe, no queremos renunciar a la convicción de que aún se nos da la oportunidad para construir una Costa Rica más justa, más solidaria, más respetuosa de los valores que hasta ahora han sido parte esencial de su historia y de su fisonomía. [4] El pueblo costarricense requiere una propuesta de desarrollo humano sostenible e incluyente de las experiencias de los diversos sectores de nuestra sociedad. Exhortamos a todos los sacerdotes, a los agentes de Pastoral, a las comunidades religiosas, así como a las comunidades parroquiales, los grupos y los movimientos, a animar este importante esfuerzo de debate y diálogo nacional. Respetuosamente, invitamos a la comunidad nacional y muy particularmente a las Universidades Públicas y Privadas y a otras denominaciones cristianas, a que unamos esfuerzos en la construcción de espacios de diálogo. Porque sabemos que la violencia y la intolerancia constituyen una fuerza disgregadora que debilita y destruye la unidad nacional, llamamos a todos los costarricenses a consolidar la paz, fruto de la justicia y del buen entendimiento. Que Nuestro Señor Jesucristo, Príncipe de la Paz, y Nuestra Señora de los Ángeles, Reina de la Paz, acompañen a nuestro pueblo en este momento crucial de su historia. Dado en San José, en la Sede de la Conferencia Episcopal, el día 7 de noviembre del 2005. Mons. José Francisco ULLOA Rojas, Obispo diocesano de Cartago, Presidente de la Conferencia Episcopal. Mons. Hugo BARRANTES Ureña, Arzobispo Metropolitano de San José, Vicepresidente de la Conferencia Episcopal. Mons. Oscar FERNÁNDEZ Guillén, Obispo diocesano de Puntarenas, Secretario General. Mons. José Rafael BARQUERO Arce, Obispo diocesano de Alajuela. Mons. Guillermo LORÍA Garita, Obispo diocesano de San Isidro de El General. Mons. Vittorino GIRARDI Stellin, Obispo Diocesano de Tilarán. Mons. Ángel SANCASIMIRO Fernández, Obispo diocesano de Ciudad Quesada. [1] Cf. Conferencia Episcopal de Costa Rica. Justicia, Equidad y Solidaridad para todos 30 de mayo del 2004; Los Obispos de Costa Rica y el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos de América, 23 de mayo del 2005. [2] Informe de los Notables, número 11 de las consideraciones finales. [3] Juan Pablo II “No hay paz sin justicia. No hay justicia sin perdón” 8-12-2001 [4] 90ª ASAMBLEA ORDINARIA DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL DE COSTA RICA, Mensaje al Pueblo de Dios Renovando La Esperanza, agosto 2005