En nuestra calidad de organizaciones que trabajan por la defensa y la promoción de los derechos humanos y la democracia en América Latina, quisiéramos expresar nuestro apoyo por los esfuerzos de llevar al ex presidente peruano Alberto Fujimori a la justicia. Estamos complacidos de ver que un proceso de extradición se está llevando a cabo después de la detención del Sr. Fujimori en Chile el 7 de noviembre de 2005, y confiamos que la justicia prevalecerá. Mientras este caso se encuentre pendiente ante los tribunales chilenos, consideramos que existe una gran oportunidad para valorar la importancia de defender los derechos humanos y combatir la impunidad que ha afectado tanto a Perú como a Chile. Después de asumir el cargo por un tercer periodo mediante elecciones fraudulentas, el ex Presidente Fujimori huyó del Perú en noviembre de 2000 en medio de un gran escándalo de corrupción, renunció a la presidencia por fax y tomó residencia en Japón. Hoy Fujimori es un fugitivo del sistema judicial peruano, y enfrenta numerosos cargos criminales incluyendo homicidio, actos de tortura y desaparición forzada, y de malversación de fondos. Las organizaciones internacionales de derechos humanos han denunciado al gobierno de Fujimori por crímenes contra la humanidad. Tanto la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos como la Corte Interamericana, han concluido que violaciones sistemáticas a los derechos humanos se cometieron durante el gobierno de Fujimori. Según la Comisión de la Verdad y Reconciliación de Perú, los miembros de un escuadrón de la muerte que operó durante su presidencia, el Grupo Colina, fueron responsables de la ejecución de 15 personas en el distrito de Barrios Altos de Lima, en 1991, y de la desaparición y el asesinato de nueve estudiantes y un profesor de la Universidad de La Cantuta, en julio 1992, entre otras atrocidades. Tal como ocurrió con el ex dictador chileno Augusto Pinochet, Fujimori subvirtió las instituciones democráticas de su país. Como presidente, Fujimori impuso el control total del Congreso, la magistratura, el Ministerio Público, el sistema electoral y muchos de los medios de comunicación. Miembros del Congreso, dueños de medios de comunicación y otros fueron sobornados con grandes sumas de dinero para pagar su lealtad al gobierno. Casi 1.500 personas han sido o están siendo procesadas por actos de corrupción cometidos durante los diez años del régimen fujimorista. Transparencia Internacional ha declarado que Fujimori está entre los presidentes más corruptos del mundo en tiempos recientes. Si se logra imponer la justicia en este caso, el impacto se sentirá más allá del Perú. Este caso puede transformarse en un gran precedente que sirva de ejemplo en un continente renuente a confrontar su pasado, acabar con la impunidad y fortalecer los principios jurídicos que persiguen asegurar el respeto a los derechos humanos y la democracia en el futuro. Las organizaciones abajo firmantes apoyamos los esfuerzos dirigidos a lograr que el ex Presidente Alberto Fujimori responda ante la justicia peruana por medio de la extradición, y en caso de que no sea posible, ante la justicia chilena. Juntos alentamos respetuosamente al pueblo de Chile a unirse a nuestra causa. Washington, DC., 19 de diciembre de 2005 Cordialmente, Joy Olson, Directora Ejecutiva, Washington Office on Latin America (WOLA) José Miguel Vivanco, Director Ejecutivo, Human Rights Watch/ Américas Eric Olson, Director para las Américas, Amnesty International, USA Viviana Krsticevic, Directora Ejecutiva, Maria Clara Galvis, Abogada para Perú Center for Justice and International Law (CEJIL) Juan Méndez, Presidente, International Center for Transitional Justice (ICTJ) Marie Dennis, Directora, Maryknoll Office for Global Concerns Rev. Douglas B. Hunt, Coordinador de Programas Internacionales, Network for Environmental and Economic Responsibility, United Church of Christ Rev. Seamus Finn, Director de la Oficina de Justicia y Paz, Missionary Oblates of Mary Immaculate Richard Erstad, Director, América Latina y el Caribe, American Friends Service Committee John Cavanagh, Director, Institute for Policy Studies David A. Robinson, Director Ejecutivo, Pax Christi USA: National Catholic Peace Movement Bill Goodfellow, Director Ejecutivo, Center for International Policy Joe Eldridge, Director, Kay Spiritual Life Center, American University Carlos Quesada, Director del Programa de América Latina, Global Rights - Partners for Justice Personal de la Organización, School of the Americas Watch Lisa Davis, Directora de Programas, Estado de Derecho, Freedom House James E. Winkler, Secretario General, General Board of Church and Society, United Methodist Church Emily S. Goldman, Representante de Programa, Robert F. Kennedy Memorial Center for Human Rights Dr. Gabriela D. Lemus, Directora de Políticas y Legislación, League of United Latin American Citizens, National Office Andrew de Sousa, Organizador Nacional, Network in Solidarity with the People of Guatemala Tom Ricker, Co-Director, Quixote Center/Quest for Peace Mark L. Berenson, Co-Director, Committee for Inter-American Human Rights Ann Oestreich, IHM, Coordinadora de Justicia de la Congregación, Sisters of the Holy Cross The Rev. Fred Morris, Presidente, Faith Partners of the Americas