Las organizaciones abajo firmantes hacemos público ante el pueblo salvadoreño nuestra profunda preocupación por el grave retroceso en la vigencia y cumplimiento de los Derechos Humanos que se registra en El Salvador al cierre del 2005. Los modestos avances que se lograron en materia de Derechos Civiles y Políticos con la firma de los Acuerdos de Paz se han venido desvaneciendo aceleradamente, y en la actualidad amenazan la configuración de una situación de ingobernabilidad, que pone en peligro el mismo futuro de nuestra nación. A este retroceso autoritario en materia de derechos civiles y políticos que busca evitar cualquier oposición al modelo, se añade el deterioro permanente en el cumplimiento de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA). La histórica deuda social y ambiental acumulada durante décadas, se profundiza notablemente con la implementación y consolidación del modelo neoliberal, cuya lógica de maximización de ganancias, privilegia los intereses del capital nacional y transnacional, sobre los derechos humanos de las salvadoreñas y salvadoreños. El incumplimiento y deterioro permanente de los DESCA se ha traducido en una situación de inseguridad ciudadana, de inseguridad alimentaria, habitacional, ambiental, laboral y social en que vive la población salvadoreña. Derechos inalienables como el acceso a la educación, la salud, vivienda, una alimentación adecuada, empleo digno y un medio ambiente sano siguen siendo violentados por el mismo Gobierno de la República a través de sus políticas públicas y la consolidación de un modelo excluyente y concentrador, que genera empobrecimiento y pérdida de la calidad de vida de la mayor parte de la población. Esta situación de retroceso en materia de seguridad pública, la inadecuada política criminal y la infuncionalidad del sistema judicial (1), así como la mayor exclusión y empobrecimiento de las familias salvadoreñas, se ha profundizado en el presente año, cuando el Gobierno de la República ha trabajado arduamente en la promoción de El Salvador como un modelo de vigencia del Estado de Derecho. El discurso mediático gubernamental nos vende como un país de "oportunidades" y gobernado "con sentido humano", aspectos que solo corresponden a un Estado "virtual" de derechos, que se contrapone a El Salvador profundo: excluyente, empobrecido, desbordado por la violencia, la impunidad e incapacidad de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Policía Nacional Civil (PNC) de hacerle frente a la situación, con un sistema penitenciario en crisis; un sistema judicial incapaz, falto de independencia y plagado de corrupción. Los principales hechos de violación a los Derechos Humanos registrados durante el 2005 se presentan en tres apartados: Derechos Civiles, Derechos Políticos y Derechos Económicos Sociales, Culturales y Ambientales. Derechos Civiles La vida y la integridad física se han visto afectados por la situación de violencia social y delincuencial fuera de control; las políticas gubernamentales no han ido encaminadas a combatir eficazmente la delincuencia. Es evidente que el Gobierno no ha trascendido de planes represivos, tampoco se ha aceptado la prohibición del uso público de armas de fuego. La integridad moral de las personas y su derecho a la imagen han sido objeto de las políticas gubernamentales al iniciar campañas de desprestigio, hasta de naturaleza injuriosa, a personas o instituciones que discrepan del discurso oficial. El núcleo de las libertades está siendo cada vez más violentado: libertad de expresión y difusión del pensamiento, el derecho a la información, la libertad de reunión, de asociación, de tránsito. La libertad de expresión es tal en tanto no se contradiga el discurso oficial y las políticas gubernamentales; el derecho de respuesta es negado sistemáticamente por los grandes medios de comunicación; una publicación que contraríe los intereses oficiales, puede ser vetada su publicación por los mismos medios, no obstante que la misma sea pagada. Libertades que están cada vez más limitadas --a un sector de la población--, para quien eleva su voz para exigir sus derechos o para protestar (libertad de expresión) por la violación a los mismos, o se manifiesta (libertad de expresión y de tránsito) en denuncia de las políticas públicas que están deteriorando cada vez más la calidad de vida, históricamente deterioradas de las y los salvadoreños. Una de las libertades más violentadas, es la libre sindicalización; la política gubernamental privilegiando los pactos comerciales, está volviendo nugatorio el derecho a la libre sindicalización y los derechos que de ella se derivan. Hay una tendencia respecto de las y los jóvenes pobres y excluidos, de colocarlos bajo la sospecha de la inseguridad ciudadana y como artífice principal de esta inseguridad. No obstante el reconocimiento constitucional, se niega la dignidad de las personas detenidas; de igual manera, el sistema penitenciario no cumple con su objetivo: corregir a los delincuentes, educarlos y formales hábitos de trabajo, procurando su readaptación y la prevención de los delitos Derechos Políticos Las irregularidades del sistema electoral, que debería ser garante de los derechos políticos de las y los salvadoreños, se pusieron en evidencia desde las elecciones en 2004; la campaña electoral generó un ambiente de incertidumbre e inseguridad. Se condicionó a votar por miedo. Hubo manipulación de la libertad ideológica, de la autonomía personal. Fue una nueva forma de violentar la pureza del proceso electoral. Posteriormente, no obstante su desaparición legal y en contra de la voluntad popular expresada en las urnas, se resucitó arbitrariamente, con la participación de los tres Órganos del Estado, al Partido Demócrata Cristiano (PDC) y al Partido de Conciliación Nacional (PCN). En la conformación del Tribunal Supremo Electoral (TSE), no obstante la claridad del procedimiento para la elección de sus magistrados, de manera inconstitucional, se nombró uno de ellos en uso de mecanismos arbitrarios. El TSE se niega a hacer valer sus funciones jurisdiccionales, su actuar se limita a meras actividades administrativas electorales, lo cual viabiliza la arbitrariedad y violación a la ley por parte de los partidos políticos. Se reforma el Código Electoral convirtiendo en mayoría simple la calificada que permitía la participación de las distintas corrientes de pensamiento en toma de decisiones, como la conformación de las mesas electorales. Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales Los derechos como la alimentación, la salud, la vivienda, la educación, la justicia, son mercancías; la persona es tal en cuanto es consumidora. Mientras que la protección al medio ambiente se considera una retranca al desarrollo. En consecuencia la población sufre de inseguridad alimentaria, habitacional, de acceso a salud, a educación; hay inseguridad ambiental, laboral, social y por ende, inseguridad ciudadana. Es un hecho que las nuevas generaciones ya no tendrán seguridad social a menos que personal o familiarmente la compren; la flexibilización laboral, que ya está presente en el sector público y en el sector privado, de hecho sin haber reformado ni la Constitución ni el Código de Trabajo, ha generado formas de contratación que niega los derechos laborales de las y los jóvenes. En este contexto de sistemática violación de los Derechos Humanos, las organizaciones firmantes queremos destacar especialmente la persecución y obstaculización de que están siendo objeto instituciones, organizaciones y personas que trabajan en la promoción y tutela de los Derechos Humanos en El Salvador por parte del mismo Gobierno de la República -a través del Ministerio de Gobernación-, algunos medios de comunicación y sectores nacionales poderosos. La persecución y los reiterados ataques de funcionarios públicos contra la misma Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y más recientemente contra la Fundación para el Estudio y la Aplicación del Derecho (FESPAD) y el Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA) son hechos de una enorme gravedad, que además de ser arbitrarios, inconstitucionales y antidemocráticos, violentan los principios de Naciones Unidas que le confieren una protección especial a las defensoras y defensores de los Derechos Humanos. Por lo anteriormente planteado las organizaciones firmantes nos pronunciamos por: 1. La atención inmediata del Gobierno de la República de El Salvador a estas graves situaciones y la corrección del patrón generador de violaciones de Derechos Humanos. 2. El cese de los actos ilegales y arbitrarios llevados a cabo por funcionarios públicos en contra de las instituciones y personas que trabajan en la promoción y defensa de los Derechos Humanos en El Salvador, garantizando su integridad física y moral, en particular de la Fundación para el Estudio y la Aplicación del Derecho - FESPAD-. 3. La interpelación por parte de la Asamblea Legislativa del Ministro de Gobernación para que explique las razones que tiene para acusar y descalificar la labor de las personas e instituciones que trabajan, en total apego al orden jurídico vigente, por el respeto y la vigencia de los derechos humanos de la población. Solicitamos a la comunidad nacional e internacional demandar al Gobierno de la República de El Salvador el cese de estos actos ilegales y arbitrarios en contra de instituciones y personas comprometidas con la aplicación de los Derechos Humanos. San Salvador, 21 de diciembre de 2005 ------- [1]El sistema judicial debería ser tal a partir de la labor coordinada de la Fiscalía General de la República, la Policía Nacional Civil y el Órgano Judicial. - Red Sinti Techan-El Salvador