A propósito de la reunión de la SIP, en la ciudad de Quito, Ecuador, algunos propietarios de medios privados de Venezuela realizan una campaña contra el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, acusándolo de violar la libertad de expresión. En el primer día de sus deliberaciones, a instancias de aquellos, la SIP, como vocera de la política del señor Bush, acordó emitir una resolución de condena del gobierno venezolano por violación a la libertad de expresión. La demostración de esta violación serían los juicios que cursan contra dos periodistas ante los tribunales de la República por causas estrictamente personales incoadas por terceros, que se han sentido vulnerados en sus derechos, sin que el Estado o el gobierno venezolano tenga ninguna injerencia en los mismos. Uno, el de Gustavo Azocar, se le acusa de estafa; otro, el de Ibeyise Pacheco, por injuria. Es de advertir que la propia periodista Pacheco ha mantenido una conducta reiterativa de publicar informaciones falsas, de algunas de las cuales hubo de retractarse públicamente y se le ha dado casa por cárcel, desde donde sigue cumpliendo sus actividades. Se señala también, la disposición de un tribunal, a solicitud del Ministerio Público, de prohibir a los medios de comunicación la publicación de las actas del expediente instruido en relación con el asesinato del fiscal del Ministerio Público, Danilo Anderson mediante la explosión de una bomba en su vehículo. A pesar de que es un hecho público y notorio la participación de algunos propietarios de medios en el golpe de Estado de 2002, de un encadenamiento sistemático las 24 horas del día, durante los 63 días del paro petrolero de 2002-2003, y de una continuada campaña de terrorismo mediático que ha incluido desde llamados a la rebelión civil hasta el asesinato de un Presidente que ha ganado holgadamente nueve elecciones consecutivas, en Venezuela no se ha cerrado ningún medio de comunicación ni encarcelado ningún periodista. Se ha denunciado sí, como aquí lo hacemos, la vulneración de la ética de quien se ampara en la condición de periodista para hacer abiertamente actividad política, para decir y atentar contra el honor de las personas o contra la seguridad nacional, amparándose en una supuesta libertad de expresión. Todo ciudadano tiene libertades civiles y políticas, pero si asume el apostolado de la comunicación entonces debe someterse a las normas éticas dictadas por ellos mismos para el ejercicio de la profesión, entre ellas, el apego a la verdad. Desde su promulgación, el 05 de octubre de 1789, en el artículo 11 de Los derechos del Hombre y el Ciudadano, todo el que use la libertad de expresión “es responsable de los abusos de esta libertad en los casos determinados por la ley”. Desde entonces, todo el ordenamiento jurídico internacional garantiza la libertad de expresión como derecho inalienable pero también fija responsabilidades ulteriores en ejercicio de dicho derecho. Nadie puede ampararse en él, para vulnerar la honra de las personas ni atentar contra “la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud y la moral públicas”. Faltan a la ética quienes, como el señor Granier, principal propietario del grupo de empresas 1BC, ocultan sus pretensiones presidenciales detrás de la libertad de expresión, violando las normas que los propietarios y periodistas se han dado en sus códigos de ética, las leyes de la República Bolivariana de Venezuela, el ordenamiento jurídico internacional sobre la materia y que, además, violan los derechos laborales de sus propios trabajadores e imponen leyes mordazas internas, cercenando los derechos de todo aquel que no acepte sus líneas editoriales. Ante la imposibilidad de demostrar con hechos ciertos la violación de la libertad de expresión se acude a casos aislados de la justicia ordinaria en la que están involucrados periodistas, se pretende violentar del derecho del Estado a proteger los testigos en juicios ordinarios ante la justicia, se habla de autocensura, de no recibir pautas publicitarias del gobierno o de que se les obliga a pagar sus impuestos, situación absolutamente normal en cualquier país. Sucede que en Venezuela, hasta diciembre de 2004, nunca existió una Ley de Responsabilidad Social de la Radio y la Televisión, la cual expresa la Constitución Nacional, que en sus artículos 57 al 61 recoge el espíritu y la letra de la legislación internacional sobre la materia. Hoy, las leyes en Venezuela obedecen al bienestar colectivo y no sólo a los intereses económicos y políticos de un sector absolutamente minoritario como son algunos dueños de medios de comunicación. Quito, 18 de marzo de 2006 - Daniel Hernández es Diputado a la Asamblea Nacional y Marco Hernández es Presidente de la ONG Periodistas por la Verdad