ANEXO DOCUMENTAL

1) La criminalización de la pobreza

Caso testigo: Bariloche

La Corriente de Militantes por los Derechos Humanos, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y el Equipo Patagónico de Derechos Humanos solicitaron se declare la inconstitucionalidad de las medidas que reforzaron la cantidad de efectivos de seguridad en nuestra ciudad, solicitaron se tomen medidas cautelares que hagan cesar los operativos policiales y ampliaron los argumentos de la Acción de Amparo presentada la semana pasada ante el Juzgado Federal, a cargo del Dr. Leónidas Moldes. Por tratarse de acciones en las que han participado el estado municipal, provincial y nacional, en el caso correspondería la competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

En la acción judicial, presentada el martes 6 de diciembre de 2005, las organizaciones argumentan que no se siguieron los procedimientos previstos por la ley para llevar a cabo la intervención de fuerzas de seguridad federales, ya que esta medida sólo puede tomarse ante tres situaciones, que de ninguna manera ocurrieron en Bariloche: cuando está en juego el orden constitucional -es decir, si se está alterando el orden representativo, republicano y federal de gobierno-; cuando hay una situación de desastre -como terremotos, inundaciones, incendios, etc.-; o si existe peligro colectivo para la vida y el patrimonio de las personas. En este último caso, las organizaciones remarcan su solidaridad con las familias que sufrieron daños o la irreparable pérdida de un ser querido, al tiempo que condenan el accionar delictivo, pero aclaran que se ha trata do de "hechos aislados contra particulares", concentrados en un lapso de tiempo que pudieron generar "sensación de inseguridad", pero que "conforme a las estadísticas no ha habido un incremento dramático del delito, no existen bandas armadas que asolen los caminos o los barrios, no hay “zonas liberadas”, no se ha demostrado que existan estructuras mafiosas con poder suficiente para poner en peligro colectivo los bienes y la libertad de las personas".

Se destaca también que nunca en la historia de la provincia de Río Negro se había solicitado esta intervención, ni siquiera ante las graves inundaciones que asolan regularmente a la región andina o las nevadas que aislan extensas regiones de la Línea Sur. Por todo ello, las organizaciones concluyen que "el diagnóstico realiza- do por las autoridades municipales para el dictado de la resolución acatada fue, por lo menos, inexacto, apresurado y aventurado, lo cual degeneró necesariamente en decisiones erróneas, de cuestionada legitimidad y que arrastraron a nuevos desaciertos, esta vez en cabeza de los estados provincial y nacional". Apremiados entonces por una situación de presión social, los funcionarios llevaron adelante un recurso que resultó ser excesivo e improcedente.

 En la misma acción judicial se denuncia también que la aplicación del recurso de intervención se realizó de manera claramente discriminatoria, ya que los efectivos policiales fueron destinados únicamente a los barrios más pobres de la ciudad. Y los llamados "operativos de seguridad" "no solamente implicaron una estigmatización de los sectores pobres, sino que tuvieron un tono represivo y estuvieron rodeados de fuertes irregularidades". Los demandantes presentan numerosos casos de vecinos y organizaciones que denunciaron malos tratos y procedimientos irregulares por parte de las fuerzas de seguridad. Por todo ello, las organizaciones de derechos humanos solicitaron como medida cautelar que se retiraran de la ciudad todas las fuerzas federales y el grupo de ataque Bora. Al escrito se adjuntaron todos los comunicados de las organizaciones sociales y notas periodísticas sobre el tema.

Contacto:

Equipo Patagonico de DDHH

Tel: 02944-524555

aukin@ciudad.com.ar

S.C. de Barioloche – Río Negro

 

2) Criminalización de la protesta: hacia los juicios masivos. Los 52 procesados de Suteba Bahía Blanca

Cincuenta y dos trabajadores serán juzgados el próximo abril de 2006, por reclamar trabajo en el año 2002 ante la destilería de petróleo Eg3-Petrobras en Bahía Blanca.

Durante seis meses del 2001, trabajadores desocupados de Bahía Blanca estuvieron solicitando trabajo frente a la Municipalidad de la ciudad. Tras las recordadas jornadas del 19 y 20 de diciembre, insistieron en la exigencia al Municipio de concretar las promesas. Pero ante la falta de respuesta, trasladaron la protesta a la sede de la petrolera EG3 (en proceso de traspaso a Petrobrás), durante dos días enteros, al cabo de los cuales, fueron reprimidos por la fuerza policial, golpeados, gaseados y baleados, siendo procesados todos los detenidos. Es así que 52 personas irán a juicio, entre ellos Roberto Gavilán secre- tario de Salud y Acción Social del sindicato Suteba Bahía Blanca.

Contacto:

Javier Barrera (procesado de la causa Eg3 Petrobras)

E-mail saycov@hotmail.com

Teléfono 0291-154192054

 

3) Servicios públicos y empresas privatizadas: los detenidos en la estación de Haedo

Los hechos: El 1 de noviembre de 2005, “los usuarios y usuarias” del ex-ferrocarril Sarmiento (hoy el servicio es brindado por la concesionaria de ferrocarriles TBA Transportes de Buenos Aires, de la familia Corigliano), una vez más tuvieron que soportar hasta el hartazgo el pésimo servicio de la empresa concesionaria TBA: el mal estado de los trenes, el hacinamiento en los vagones, el agua que entra cuando llueve porque las ventanas están rotas, los pocos ganchos que hay en los furgones para que los trabajadores cuelguen sus bicicletas, la suspensión permanente del servicio sin previo aviso, demoras sistemáticas, accidentes continuos, incendios y desperfectos técnicos cotidianos que ponen en riesgo la integridad física de los pasajeros (más de 400 muertes por año), son sólo algunas de las situaciones que atraviesan habitualmente los usuarios y usuarias de esta línea.

Ese martes 1 de noviembre el cansancio y el hartazgo de “usuarios y usuarias” de la línea de trenes que une la Capital Federal con la zona oeste del conurbano bonaerense, se expresó en una espontánea acción-manifestación pública de sus reclamos.

El tren que partió de Moreno en horas de la mañana y que iba para la estación de Once, ya venía con un atraso de más de media hora y tenía serios problemas, al punto de que se incendió uno de los motores por lo que se conoce como “falta de retorno eléctrico”. En otras palabras, por la sobrecarga de motores y los cableados hubo un recalentamiento que deriva en un incendio. Son numerosos los testigos que cuentan que era imposible subirse a ese tren como a uno posterior porque estaban repletos, con la gente colgada, por lo que ya los pasajeros acumulaban una hora de atraso. Cuando la formación llegó a Haedo con el primer vagón incendiándose, les dijeron que el tren no continuaría viaje y que debían bajarse. Se juntaron entonces tres trenes. Había miles de pasajeros varados y a la deriva; así, los pasajeros de uno de los trenes debieron bajarse como pudieron en medio de las vías electrificadas y caminar los 500 metros que los separaban de la estación de Haedo. Allí estalló la bronca: los pasajeros ya no veían chances de llegar a la Capital, perdían el premio por presentismo –que en muchos trabajos es casi tan alto como el sueldo– y la furia se desató.

Varios pasajeros denunciaron que los incidentes sucedieron tras un intento de la Policía Bonaerense de desalojar a los miles de usuarios de los andenes con balas de goma y gases lacrimógenos (algunos testigos dicen que también dispararon con balas de plomo).

Hubo quince vagones quemados, parte de la estación de Haedo incendiada, algunos comercios saqueados y roturas de vidrieras. Pasaron más de cinco horas, y con la llegada al lugar de más de 40 móviles de las policías Federal y Bonaerense y de la Gendarmería Nacio- nal, se desató una cacería humana indiscriminada en busca de los “culpables”. Llegaron las detenciones, más de ochenta, luego las torturas y el encarcelamiento.

Ante estos hechos y a pesar de que los mismos aún no fueron clarificados, siete jóvenes de entre 19 y 30 años están presos en los penales federales de Ezeiza y Marcos Paz y un menor de edad se encuentra internado “en resguardo” en el Instituto Roca. Seis de los jóvenes junto al menor son defendidos por FIDELA. Existen más de 60 personas que están procesadas por los mismos hechos, entre los que se encuentran trabajadores, estudiantes, cartoneros y deportistas, a quienes se los responsabilizó de los incidentes ocurridos en ocasión de dicha protesta. Todos estos pasajeros están siendo acusados por los delitos de lesiones leves agravadas por haber sido cometidas contra efectivos de las fuerzas de seguridad, atentado y resistencia a la autoridad, obstrucción al transporte público, incendio agravado por el peligro común para los bienes y peligro de muerte para alguna persona, daño agravado por ser ejecutado en perjuicio de bienes de uso público, entre otros. Delitos cuyas penas van desde los 3 hasta los 30 años de prisión.

Rodrigo Valdez, José Gutiérrez, José Freddy, Roberto Canteros, Cristian Wenk, Matías Barreto, Julio Gutiérrez y Eduardo Navarro, son los nombres de los siete presos que están en los penales de Ezeiza y Marcos Paz y del menor internado en el Instituto Roca.

El juez federal que les niega la excarcelación es Germán Castelli, a cargo del juzgado nº 1 de Morón y argumenta que como la escala penal es muy grave –va de 3 a 30 años– los acusados pueden intentar fugarse. Además de los procesamientos y las prisiones preventivas, el juez trabó, sobre varios de los procesados, embargos de más de $ 3.000.000. Varios de los detenidos que están en la causa nº 13.806, tienen un embargo por $ 3.186.000 pesos. Si cualquiera de los detenidos tuviera bienes por más de $ 3.000.000, ¿viajaría todos los días en el tren Sarmiento para ir hasta un trabajo, a ganarse $ 600 aproximadamente?

Cabe destacar que ninguno de los detenidos tiene antecedentes penales y que los testigos que acusan con nombre y apellido a los supuestos culpables son casi en su totalidad policías, que previo a declarar habían visto los videos de seguridad en el Ministerio del Interior.

Según el gobierno nacional estos son los supuestos "activistas" de partidos de izquierda, de organizaciones populares y sindicalistas ferroviarios que "planificaron" la reacción ante el hartazgo de la cancelación de servicios. Son los “culpables” de haber organizado previamente los hechos sucedidos y aún no esclarecidos en la estación de trenes de Haedo. Estudiantes, cartoneros, deportistas y trabajadores son algunas de las víctimas del maltrato y la violencia a que TBA somete a miles de usuarios y usuarias todos los días y a los que hoy junto con el gobierno nacional hace responsables de los incidentes.

Los hechos de Haedo aún siguen confusos y lo cierto es que hay pasajeros encarcelados y que soportan vejámenes dentro de las cárceles argentinas, en las de Ezeiza y Marcos Paz.

Además del encarcelamiento y el procesamiento de decenas de pasajeros, la respuesta del gobierno a una semana de sucedidos los hechos, fue la de premiar a Trenes de Buenos Aires, junto a otras empresas ferroviarias concesionadas, aumentándole los millonarios subsidios que le brinda a esta empresa desde que obtuvo la concesión del servicio.

Por aquellos días, los pasajeros decían:

“La gente sale del tren de manera irracional y como viene acumulando bronca, sale enardecida. Lo primero que pensas es ‘este tren de mierda’.”

“Cuando vos estás ahí adentro y hay problemas técnicos, querés salir, porque no sabes la gravedad de lo que sucede. El miedo produce desesperación y violencia”

“Te da bronca, pagas el boleto y es todo un desastre”.

“Las condiciones del viaje hace que la gente se vuelva insensible, porque son condiciones dignas de un animal”.

“Se viaja como perro”.

“Era sabido que iba a pasar algo así”.

“Este tren para siempre. Es un desastre. Tomo el que viene de Temperley, pasa una vez por hora, así que uno viaja como ganado”.

 

La criminalización: La posible connotación política de lo sucedido no fue alimentada, por los funcionarios que se hicieron presentes desde temprano en el lugar de los hechos.

A las dos y media de la tarde, el subsecretario de Seguridad bonaerense, Martín Arias Duval negó la presencia de “infiltrados” entre la multitud que prendió fuego. Para Arias Duval, los incidentes fueron generados por “pasajeros comunes, en su mayoría trabajadores, que reaccionaron de esta manera frente a la incomodidad que, debe ser frecuente en la manera que viajan”.

Sin embargo, dos horas después, el ministro de Seguridad bonaerense León Arslanian planteó, en conferencia de prensa, la posibilidad de un complot, tal como lo había señalado antes el ministro del Interior.

El ministro del Interior, Aníbal Fernández, sostuvo que se trató de “un delito preparado y pensado para producir el desmán”, del que hizo responsables a “grupos de sindicalistas ferroviarios opositores, partidos de izquierda y agrupaciones políticas”. Aníbal Fernández realizó una conferencia de prensa donde presentó a los hechos como un “armado” de organizaciones políticas y delegados gremiales de la oposición ferroviaria.

A su vez, el comisario Iglesia declaraba que “algunos de los detenidos son de organizaciones sociales y es posible que estuvieran viajando hacia Mar del Plata, para la Cumbre, pero por el momento no tenemos identificados políticamente a los detenidos.” Al día de la fecha no apareció ninguna prueba que de cuenta de estos argumentos y acusaciones; así como tampoco hay evidencias de que los detenidos se conocieran con anterioridad y de que hayan “planificado” lo sucedido en Haedo.

Los principales gremios ferroviarios convalidaron el discurso del Gobierno sobre lo que ocurrió en la estación de trenes de Haedo. Dirigentes de La Fraternidad acusaron por los incidentes a “agentes de izquierda” y el titular de la Unión Ferroviaria, José Pedraza, avaló incluso lo dicho por la empresa TBA: “Eran grupos organizados que viajaban con destino a la anticumbre en Mar del Plata”. Tanto Omar Maturano, de La Fraternidad, como José Pedraza, de la Unión Ferroviaria, repudiaron los hechos y responsabilizaron a "sectores minoritarios, amparados en las necesidades que aún anidan en el seno de nuestro sociedad". Maturano se refirió direc- tamente a Edgardo Reynoso y otros "dirigentes de ultra izquierda que buscan manchar la democracia y desestabilizar".

Desde el Gobierno nacional, la voz que se pronunció fue la del ministro del Interior, Aníbal Fernández, quien insistió en que se trató de un "sabotaje" y confirmó la denuncia penal contra los sindicalistas Edgardo Reynoso y Armando Rivas. Hacia ellos y hacia los "grupos de ultra izquierda” apuntó el gobierno nacional. Los dos trabajadores que el ministro del interior acusó, Reynoso y Vivas, ambos fueron dirigentes de la resistencia contra las privatizaciones, en los años 91 y 92, quedaron en la calle, junto a 85.000 ferroviarios.

Cabe recordar que fue Aníbal Fernández –cuando era ministro de Producción del entonces presidente Duhalde– quien le convalidó a TBA su contrato de concesión y le amplió los subsidios.

Contrariamente a los dichos y supuestos del gobierno nacional, el defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, responsabilizó a la empresa Trenes de Buenos Aires (TBA) por los graves episodios de violencia registrados el 1 de noviembre en la estación ferroviaria de Haedo, al señalar que fueron consecuencia de "flagrantes violaciones a los derechos humanos que padecen millones de usuarios diariamente". El ombudsman recordó que en julio de 2005 promovió una acción judicial (la cuarta presentación ante la justicia) contra las empresas concesionarias del transporte ferroviario de pasajeros del área metropolitana "por prestar un servicio público en pésimas condiciones, con grandes desidias en el mantenimiento, que incluso en algunos casos acarrea un grave riesgo para la vida de las personas".

Gobiernos y empresarios: La empresa privada concesionaria de ferrocarriles Transportes de Buenos Aires (TBA), donde el Grupo Plaza-Cirigliano es el principal accionista (controlado por los hermanos Claudio y Mario Cirigliano), tiene en concesión a los ex-ferrocarriles Sarmiento y Mitre, además de ser propietarios de las líneas de colectivos 61, 62, 104, 133, 141 y 129, entre otras. Bajo el control de Plaza, los hermanos Cirigliano reclutaron a varias empresas colegas y armaron la compañía Cometrans para participar en las privatizaciones ferroviarias. Tras el reparto de las concesiones que había ganado con el grupo Roggio, Cometrans se quedó con el manejo de los ferrocarriles Mitre y Sarmiento y una participación en los subtes. Además de los trenes, el grupo Cirigliano explota los ex talleres militares de San Martín e integra el consorcio operador del Metro de Río de Janeiro.

A partir de 1983, el desguace del ferrocarril se intenta primero con Alfonsín de la mano de Terragno y, luego Menem, con toda la iconografía peronista y el embuste privatiza los ferrocarriles y expulsa a 85.000 trabajadores ferroviarios a la calle. Las huelgas de 1991 y 1992 fueron los actos de resistencia por parte de los trabajadores ferroviarios. Los burócratas de los gremios ferroviarios no sólo se opusieron a esas resistencias sino que fueron cola- boracionistas con las políticas nefastas del menemismo. Hoy las políticas implementadas por el menemismo continúan. El ferrocarril continúa concesionado, subvencionados con millonarios subsidios.

Durante la década del 90, los grupos empresarios se repartieron las concesiones ferroviarias de la siguiente manera: Cirigliano, patrón de TBA; Taselli, de Metropolitano; Roggio, de Metrovías. Ellos dieron su gran salto cuando Carlos Menem privatizó los trenes metropolitanos. La privatización subsidiada desde el gobierno de Menem hasta el de Kirchner significó la eliminación brutal de puestos de trabajo, desocupación masiva, el vaciamiento de la empresa, la tercerización y la flexibilización laboral, como así también la carencia de inversiones en mantenimiento y seguridad que dejan como resultado un servicio colapsado y en riesgo permanente. Juan Carlos Cena, miembro fundador del MoNaReFA (Movimiento Nacional por la Recuperación de los Ferrocarriles Argentinos) , autor del libro El Ferrocidio, denuncia toda esta situación y llama la atención sobre lo que vienen sosteniendo hace casi un año en relación a que en cualquier momento se produciría un “Cromañón ferroviario”.

El Defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, aseguraba hace tiempo, cuando se decretó la emergencia ferroviaria a través de un decreto firmado por Eduardo Duhalde, nunca derogado, que se está frente a un vaciamiento. En consecuencia elevó un informe al Ministerio de Economía recomendando que: “se abstenga de asignar subsidios, porque se transformarían en premio a la ineficiencia...además, no existen garantías de que el subsidio se utilice para lo que fue creado, mejorar el servicio”.

A su vez, el presidente de la Auditoria General de la Nación, Leandro Despouy, viene advirtiendo hace varios años el deplorable estado de los trenes, a través de diferentes informes. "En varios casos hemos recomendado la rescisión de los contratos".Despouy dejó claro que la CNRT tampoco hace nada: "El Estado tampoco cumple con obligar a las empresas a realizar las inversiones comprometidas obligatoriamente. Entonces incumplen las empresas con las inversiones y también incumple el Estado con los controles y no solo eso, en lugar de penalizar a las empresas, las subsidia”.

La Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), es el ente regulador que debería obligar a las empresas a cumplir con los contratos y en caso de incumplimientos está facultada para aplicar sanciones; depende de la Secretaría de Transporte. El secretario de Transporte, Ricardo Jaime es cordobés, durante la década de los 80, se radicó en Santa Cruz, fue funcionario del gobierno provincial de Kirchner, y un tiempo después recaló en la Capital Federal como Secretario de Transporte. Ricardo Jaime tiene varias causas penales y la denuncia del Defensor del Pueblo, Mondino, por la violación de los Derechos Humanos. En noviembre de 2005, la Cámara Federal ordenó reabrir una causa penal contra el actual secretario de Transporte, Ricardo Jaime, y el subsecretario de Transporte Ferroviario, Julio Tito Montaña. Es por el pago de subsidios millonarios a empresas concesionarias de ferrocarriles a pesar de que seguían sin cumplir con las mínimas condiciones de seguridad y confort exigidas por contrato. La investigación, impulsada por la Oficina Anticorrupción (OA), había sido archiva- da por decisión del fiscal Gerardo Pollicita y el juez Rodolfo Canicoba Corral.

En lo que respecta a las líneas Sarmiento y Mitre, la empresa TBA transporta por mes algo más de 9 millones de pasajeros y cobra un subsidio compensatorio de casi 7 millones de pesos mensuales. Pese a la ayuda estatal, la empresa entró en convocatoria de acreedores a mediados del año 2005. La mayor parte de la deuda corresponde a los embargos judiciales por accidentes. De los dos ferrocarriles que tiene a su cargo, el Sarmiento es el que acumula los mayores reclamos de los usuarios.

A menos de diez días de ocurridos los hechos en la estación de Haedo, el gobierno nacional decidió, gracias a las “facultades extraordinarias” delegadas por el Congreso al jefe de Gabinete, Alberto Fernández, aumentar los subsidios a las empresas concesionarias de los trenes y subtes. Mediante las “facultades extraordinarias”, que permiten modificar el Presupuesto 2005 votado en el Congreso, Alberto Fernández modificó sensiblemente los subsidios a los trenes que figuraban en el Presupuesto 2005. Por ley correspondían 60,2 millones de pesos de subsidios al total de concesionarios, pero hacia mediados de noviembre, ya se llevan gastados 244,7 millones de pesos. Se destinaron en subsidios cuatro veces más de lo presupuestado; por ejemplo, a la empresa TBA le correspondían 18 millones de pesos durante todo el año 2005, pero faltando un mes y medio para que termine el año ya había recibido 70,9 millones de pesos. La regla es clara: cuánta más deficiencia en los servicios, más transferencias de dinero a los concesionarios de los trenes suburbanos.

El ya citado Juan Carlos Cena, miembro del MoNaReFA, comenta en relación a la actitud y decisión del gobierno nacional, que: “este es el costo que debemos pagar y sufrir como consecuencia de las políticas de Estado impuestas por este gobierno: que es la de haber elegido continuar con la política ferroviaria de los 90, con la agravante de que los concesionarios han demostrado sus ineficiencias destruyendo y saqueando parte del patrimonio nacional”. Denuncia que: “el gobierno ha definido toda una política referente a los ferrocarriles: censura toda información donde se muestre la depredación y el desguace, o se informe sobre su estado calamitoso en manos de los industriales nacionales (se refiere entre otras cosas a la censura al programa televisivo “Huella Digital”, que iba a realizar una emisión en relación a la situación de los ferrocarriles hoy), la otra, es judicializar a los trabajadores ferroviarios. Sintetizando: censura a toda información y penaliza a los trabajadores que luchan por un ferrocarril al servicio del pueblo, ambas acciones son partes de una misma política: Silencio y Represión”.

Silencio al que están sometidos los “olvidados” pasajeros que se encuentran presos desde hace más de cuatro meses en las cárceles federales.

Contacto:

familiaresdehaedo@yahoo.com.ar

Anexo documental Caso testigo: los detenidos en la estación de Haedo

Carta de Cristián, 19 años, detenido por los disturbios de la estación Haedo

3 de Enero del año 2006

Me dirijo a quien quiera escucharme, ya que la justicia argentina democrática no lo quiere hacer.

 Mi nombre es Cristian, tengo 19 años y como cualquier persona de mi edad, algunas veces he tomado de más, una que otra vez me pelee con alguien, pero no soy un delincuente.

 Ese día 1° de noviembre viajaba en el tren hacia Caballito, tenia turno en el hospital odontológico, de allí tenia una entrevista de trabajo para las colonias de vacaciones de la ciudad de Buenos Aires y aprovechaba el viaje para cambiar marquillas de cigarrillos por unas entradas para el teatro.

 Recuerdo que el día anterior estuvimos hasta tarde con mi vieja para armar el currículo para el trabajo de las colonias con muchas expectativas.

 Llego a la estación a las 6:15 donde me encuentro con una demora del tren.

 Cuando llega, se encuentra desbordado de gente, todos malhumorados porque llegaban tarde a sus trabajos.

 Llegando a Haedo nos encontramos con el incendio del tren. El tren en que yo viajaba para en medio del campo, así que no llegamos a ver a los bomberos.

 Para bajar del tren tuvimos que hacerlo por las ventanillas ya que las puertas se encontraban cerradas, las señoras grandes se caían, se golpeaban, era indignante, no se podía respirar, la gente grande se desmayaba, había embarazadas descompuestas.

 Caminamos como pudimos hasta la estación, envío un mensaje a mi vieja que ya no llegaba a los lugares donde iba, sin imaginar lo que estaba por pasar.

 Escucho griterío, corridas y veo entre 20 o 30 policías tirando balas de goma al tumulto donde se encontraba gente adulta, chicos, mujeres, etcétera. Corrí hacia algún lugar donde protegerme, la gente empieza a responder a tanta violencia con piedras. Fue un tiempo que no hubo tiempo valga la redundancia, era una batalla campal. Los policías se retiraron.

 Me quedo en el lugar un tiempo, ayudo a sacar unas garrafas de un negocio incendiado no se cuanto tiempo paso y me fui de la estación para ver de que forma podía regresar a mi casa.

 Camino dos cuadras y media y una persona me golpea en la nuca y me tira al piso se identifica como policía de la brigada y me trasladan hasta la comisaría de haedo. Durante el traslado todo el tiempo me golpean y me acusan de haber quemado el tren y de haber robado todo.

 El tiempo transcurrido en la comisaría de Haedo fue un infierno, nos ponen en un calabozo pequeño a 50 personas, no se podía respirar, hacíamos aire con las remeras, cada tanto nos sacaban a un grupo para pegarnos trompadas, patadas, insultos y en medio de tanto dolor, impotencia y desconcierto el llanto de un nene que pedía por su hermano, que se encontraba detenido con nosotros.

 Aun hoy ese llanto se encuentra en mis oídos. Nadie nos escuchaba a nadie le importábamos, los alimentos que hacían llegar algunos familiares eran tirados adelante nuestro.

 A las 22 horas me trasladan a otra comisaría, donde nuevamente nos reciben con golpes. Mi vieja me hace llegar agua y un sándwich que por supuesto no me lo dan y si me gane una nueva paliza por ser como ellos decían “un nene de mama”.

 A los 5 días me dan la libertad por falta de merito, me encontraba angustiado, no entendía nada, tenia miedo.

 Pero cuando llego a mi casa respire creía que era una mala experiencia que ya había pasado.

 Mi familia me recomienda ir a un psicólogo pero no quiero.

 Empecé nuevamente el profesorado, primero con mucha vergüenza, pero cuando sentí que nadie me juzgaba continué con mi vida normal.

 Me ofrecen dos trabajos; uno en un cyber en villa crespo y otro para atender un negocio de inflables.

 Acepto este último porque estaba rindiendo parciales y acepto esperar que terminara de rendir. Empezaba a trabajar el 23/12.

 Tenia proyectos, sueños, quería ahorrar para irme a vivir solo e independizarme. Pero el 20/11 a las 9:30 llega un vehículo a mi casa, atiendo y me piden que me acerque para firmar unos papeles del juzgado, para verificación de domicilio pero era mentira. Me llevan a la comisaría y de allí al penal.

 Yo todas las noches, los días, las mañanas me pregunto ¿Por qué?, ¿Qué hice?, si nos castigan a nosotros, ¿porque no castigan a TBA?, que fue quien ejerció violencia.

 A mi me arruinaron la vida, mi carrera, mis proyectos.

 ¿Quién se hace cargo del dolor de mi vieja, del de mis hermanas y hermanito?

 Ellos cuando me visitan tratan de disimular pero yo se que sufren y mucho…

 Se que no soy el único en esta situación, que como yo hay otros viviendo esta injusticia.

 Yo no soy un delincuente, soy un simple chico que hoy esta en un penal con delincuentes y acá no se vive se sobrevive.

 Estoy asustado, tengo miedo y muchas veces pienso en matarme pero se que le voy a causar mas dolor a mi mama y a mi familia. Y que tampoco es justo para toda la gente que esta luchando para que yo salga de aquí.

 Les pido perdón por estos pensamientos, pero ya no aguanto más.

 GRACIAS POR ESCUCHARME

 GRACIAS POR APOYARME

 GRACIAS POR SOSTENER A MI FAMILIA

 CRISTIAN

 

4) La persistencia de la impunidad: la situación en General Mosconi[1]

General Mosconi pertenece al departamento de General San Martín, en el norte de la provincia de Salta. Es el conglomerado más importante de esa provincia, luego de la ciudad capital. General Mosconi es un territorio que concentra grandes riquezas naturales, es la segunda cuenca petrolífera y gasífera del país, y está próximo a una de las regiones más ricas en biodiversidad: la reserva de biosfera de la Yungas.La privatización del sector petrolero, de Yacimientos Petrolíferos Fiscales[2] (YPF) trajo aparejado, consecuencias nefastas para la comunidad de General Mosconi. Actualmente ésta enfrenta diversas problemáticas:

Desocupación La altísima tasa de desocupación es una problemática que vienen padeciendo desde hace años los habitantes de General Mosconi. Además de la imposibilidad de retiro jubilatorio por los mecanismos propios del proceso de entrega de la empresa petrolera estatal.

A los jóvenes se les presenta un escenario poco alentador: no pueden continuar sus estudios, ni tampoco tienen posibilidad de encontrar un puesto de trabajo. La falta de oportunidades educativas, la ausencia de proyectos laborales, la dificultad de ser comprendidos y la necesidad de ser independientes pone a los jóvenes en situación de especial vulnerabilidad.

La percepción de los adultos hacia los jóvenes que residen en Mosconi no es nada alentadora. En general los adultos tienen una gran preocupación por el avance del consumo de drogas y alcohol que se visualizan fuertemente en los últimos años.

La desocupación trajo aparejada otra problemática: la migración. Así, un alto porcentaje de personas tiene algún familiar que se mudó a otra región y lo hizo hace menos de 11 años, coincidiendo con la privatización de YPF y el advenimiento de la desocupación en la zona.

General Mosconi es una caso ejemplificador, que expresa cabalmente el predominio de grandes capitales priva- dos y extranjeros, en la esfera económica, como consecuencia de reformas estructurales implementadas desde los gobiernos; la extensión de la corrupción en los planos político y económico; el avance en el control de los recursos naturales y estratégicos por parte de empresas extranjeras. La implementación de ese modelo se materializó a través del desarrollo de políticas represivas y autoritarias que criminalizan la pobreza y la protesta social, que en este contexto aún siguen estando presentes.

Problemáticas ambientales Un porcen-taje elevado de la población de General Mosconi no posee cloacas, ni gas natural. En el casco céntrico de General Mosconi un 52% de la población no posee cloacas, y un 60 % utiliza garrafa y/o leña. Estas cifras adquieren mayor preocupación, si consideramos las zonas rurales donde la situación es más adversa. Se estima que más del 75% de la población no posee ni cloacas, ni gas natural.

Actualmente la comunidad está padeciendo los efectos de la contaminación que se refleja a través de la presencia de diferentes indicadores y diversas enfermedades. La actividad hidrocarburífera ejecutada por las multinacionales instaladas en la zona, esta comprometiendo severamente la salud de los pobladores, los suelos, las aguas y el aire. Las actividades petroleras inciden tanto en los acuíferos, como en los ríos y esteros, por la contaminación proveniente de los desechos que genera, y porque interrumpe su flujo. La contaminación petrolera no se limita al área inmediata de su operación; ésta fluye con el agua.

Dicha problemática se conjuga con la actividad agrícola presente en la zona basada en el monocultivo altamente dependiente de agrotóxicos. El departamental de General San Martín, es actualmente el tercer productor provincial de soja. De las 90.602 hecáreas plantadas del Dto. General San Martín, 30.380 corresponden a oleaginosas, es decir, soja. Este se convierte así en el tercer departamento sojero de la provincia de Salta (CNA, 2002).

La tala indiscriminada de árboles en el lugar generó desastres ambientales irrecuperables, desprendimientos de cerros enteros, como sucedió en Vespucio[3]. Se debe rescatar que la región posee una enorme variedad de árboles, conserva árboles de más de trescientos años. Por ello, la Unión de Trabajadores de Desocupados de General Mosconi sostiene; “es fundamental exigirle al agro que tenga en cuenta esto, ellos lo saben, pero es importante que la comunidad lo rescate y que no dejemos que maten estas reservas”. Greenpeace viene denunciando el proceso de desmontes de la provincia de Salta, cuyo propósito último es la expansión de la frontera agrícola para aprovechar los precios internacionales de la soja.

Suministro de agua Otro aspecto importante a destacar, es que la zona se caracteriza por tener un clima tropical. Por lo cual, las temperaturas oscilan entre los 40- 50 grasos, frente a esta situación los pobladores acarrean también con una problemática fundamental, no solo tienen sus aguas contaminadas, sino que arrastran con graves problemas en lo que se refiere al suministro de agua.

Los problemas con el suministro de agua están relacionados con la falta de obras del dique itiyuro (símbolo de la corrupción) y emblema de la realidad del departamento San Martín.

En diciembre de 2005, la empresa Aguas de Salta, que presta el servicio de distribución de agua potable en toda la provincia de Salta (una empresa de capital privado), cortó el suministro en el norte de la Provincia de Salta durante varios días, afectando a las localidades de Mosconi, Tartagal y Aguaray. Según la empresa el acueducto se rompió nuevamente. La empresa mostró no estar preparada con un plan de contingencia y mucho menos en condiciones de dar soluciones a problemas estructurales que tiene su origen en la falta de inversiones. Por esta situación la Asociación de Usuarios de Tartagal, Oscar Mongelli y Mario Andreani presentaron una denuncia penal contra la empresa en el ministerio público, dado que durante tres días ésta suministró el agua con barro, al punto de tener un color totalmente chocolate. La denuncia la recibió el fiscal Mendía Campos, pero fuentes judiciales inobjetables manifestaron que el fiscal minimizó la denuncia y no le daría curso efectivo con el responsable de Aguas de Salta.

 Cabe recordar que el Dr. Nallar, Presidente del Ente Regulador defendió a la empresa y habló de millonarias inversiones, tal como los promocionados pozos de agua que se adjudicaron por contratación directa en noviembre del 2004 y a la fecha solo uno de ellos fue finalmente incorporado en forma reciente a la red de agua. Dichos pozos -que tuvieron que rehacerse pues fracasaron en sus primeros intentos- costaron sumas de dineros excesivas. El Instituto Provincial de Seguros, busca minimizar las responsabilidades empresaria y política del sufrimiento de más de 120.000 habitantes del departamento de Gral San Martín, no hace otra cosa que confirmar el trípode sobre el cual se asienta la inescrupulosa situación del agua: Aguas de Salta, Gobierno Provincial y Ente Regulador[4].

Problemáticas de salud Los problemas de la salud comunitaria plantean situaciones críticas especial- mente para los pobladores, ya que encuentran obturada la posibilidad de ejercer el derecho a la salud. Los obstáculos simbólicos y materiales que se presentan en el acceso a los recursos oficiales en salud (hospitales, centros de salud, programas sanitarios, etc.) acompañado del deterioro en las prestaciones de los servicios sanitarios, incide en los procesos de salud-enfermedad-atención de dicha población.

Como ya se mencionó, General Mosconi también es una de las zonas más perjudicadas del país en lo que respecta a la desocupación. Se trata de un hecho económico, social e histórico con graves efectos materiales, pero que también impacta subjetivamente en los ciudadanos y ciudadanas mosconenses. En muchos casos, el impacto subjetivo que produce el desempleo se traduce en cuadros severos de angustia, malestar y/o sufrimiento psíquico, adicciones, violencias, etc., impactando no sólo en la persona afectada en forma directa, sino también en sus vínculos.

Los habitantes de la región tienen graves problemáticas relacionadas a sus condiciones de vida, por ejemplo en relación al suministro de agua, al cual acceden sólo cuatro horas por día. Asimismo, en los últimos años, la prevalencia de problemáticas de salud se ha incrementado considerablemente, especialmente aquellas relacionadas con problemas respiratorios, cánceres, hipertensión, diabe- tes, trastornos de ansiedad y depresiones, entre otros.[5]

Los lugareños de Mosconi sostienen padecer diversos síntomas (micosis de piel, cansancio, irritación de la nariz, de los ojos,) todos ellos indicadores de la contaminación de la zona.

Los ecosistemas degradados debido a la presencia de aire y/o agua contaminados, la falta de saneamiento adecuado, la alta toxicidad, implican el deterioro de las condiciones de vida y la transformación de los perfiles de salud-enfermedad-atención de la población, con un especial impacto en la población infantil.

El gobierno nacional hasta la fecha no ha diseñado una adecuada estrategia para prevenir futuros impactos en el ambiente y la salud.

Judicialización de la protesta social

Debemos señalar que, Mosconi, aún es uno de los pueblos con mayores índices de judialización de la protesta. Existe una gran cantidad de personas procesadas por denunciar la realidad que viven y exigir puestos de trabajos genuinos. Los procesos judiciales abiertos y la persecución policial contra integrantes de la Unión de Trabajadores Desocupados (UTD) de General Mosconi son otro claro ejemplo de ello.

§         Durante el 2005, los ex trabajadores de YPF continuaron reclamando por sus derechos que aún siguen denegados. Reclamaron frente a la embajada de España y frente las oficinas de Repsol, en Buenos Aires, por sus derechos, y por la nacionalización del petróleo y los hidrocarburos. También exigieron la jubilación para la población de General Mosconi, ya que el 90% de la población de General Mosconi trabajaba en YPF. Todavía no se ha resuelto esta situación, el gobierno nacional no ha accionado para resolver esta problemática.

§         A mediados del 2005, a José Fernández, referente de la UTD le iniciaron tres nuevas causas judiciales. En palabras de José Fernández: “Estas tres causas nuevas me las iniciaron cuando realizamos un corte a la empresa porteña Contreras Hnos. (La multinacional Pan American Energy ha contratado esta empresa para la ampliación de una planta y un gasoducto), exigiendo puestos de trabajos genuinos. Las causas son por amenazas y coacción. Realmente ya no sé qué cantidad de causas tengo. Ellos se manejan así, te acumulan causas y te inventan cualquier delito para encarcelarte. Cuando nosotros realizamos denuncias nunca tenemos respuestas. Las multinacionales, los grandes capitalistas y los políticos utilizan a los derechos humanos como caballitos de batalla, pero en la práctica concreta los que luchamos no tenemos respuestas. Sino no habría tantos presos, ni procesados y habría más repuestas que represiones. Nosotros exigimos el equivalente a los recursos que tenemos, a lo que las multinacionales se llevan de acá. Nosotros le exigimos a todos los gobiernos, no solamente a este gobierno”. (Entrevista, 2005).

§         El 14 de septiembre de 2005, mientras reclamaban el pago de salarios a la multinacional Pan American Energy. La policía provincial los reprimió salvajemente. El resultado de la represión fue la detención de 8 personas y un herido grave.

§         La localidad de Gral Mosconi, estuvo prácticamente sitiada por las fuerzas de gendarmería entre mayo de 2000 y diciembre de 2001, período en el cual se registraron las represiones que terminaron con el asesinato de cinco jóvenes (Aníbal Verón 2000, asesinado, Orlando Justiniano, asesinado en 2000, Alejandro Matías Gómez 2000, Carlos Santillán, asesinado 2001, Oscar Barrios, asesinado en 2001), y más de 200 heridos de bala de plomo y goma. Todos estos casos aún se encuentran sin investigar. Son casos impunes. Frente a esta situación, el 7 de diciembre de 2005, una delegación integrada por la abogada Mara Puntano, familiares de los jóvenes asesinados y heridos por los hechos ocurridos durante los años 2000 y 2001 en la localidad salteña de General Mosconi, viajaron a Buenos Aires. La presencia de la delegación tuvo como finalidad presentar al gobierno nacional una denuncia de denegación de justicia por parte de las justicias federal y salteña, respecto de la investigación, juicio y castigo de los responsables en las muertes de Matías Gómez, Orlando Justiniano, Aníbal Verón, Oscar Barrios y Carlos Santillán" y de los más de 200 heridos. Además de la contaminación ambiental en la localidad de General Mosconi atribuida a la actividad de las empresas petroleras que operan en la zona.

La actividad de las empresas petroleras En la zona operan grandes corporaciones de petróleo: Repsol y Techint, a través de Tecpetrol.

 Se trata de empresas que obtienen ganancias millonarias y de un pueblo empobrecido por la desocupación.

Se estima que la producción anual de la cuenca Noroeste con 1.600 pozos que producen 1 millón de m3 al año y tiene reservas por 11 millones de m3. Argentina se encuentra entre los países del mundo que más bajos impuestos cobra a las petroleras por la explotación y venta de petróleo

Repsol YPF, que tiene el 40% del mercado, anunció que en los primeros 9 meses del año 2005 obtuvo un resultado de 3.997 millones de pesos, un 2,6 % más que en 2004. Enrique Locutura, director general, anunció que la empresa aumentará la inversión en exploración y producción, un 74% de los 6.500 millones de dólares que desembolsará entre 2005 y 2009. Pan American Energy espera para este año un crecimiento del 6% en la producción de petróleo y concentrará sus esfuerzos en incorporar reservas. Además, está llevando adelante exploraciones[6].

El resultado de Repsol YPF se conformó con una utilidad neta de 6.405 millones de pesos, a lo que se deben restar 2.408 millones de pesos por pago de Ganancias. Las inversiones ascendieron a 2.290 millones de pesos, a lo que se suma un aporte de 207 millones para la ampliación del Gasoducto del Norte, lo que implicó un aumento de 29% sobre las efectuadas entre enero y setiembre de 2004[7].

Por otro ldo, recordemos que Repsol invade y contamina varias comunidades mapuches en la provincia de Neuquén. El conflicto más conocido es la contaminación del yacimiento de Loma de la Lata, donde las comunidades Kaxipayiñ y Paynemil presentan niveles de intoxicación alarmantes por la acumulación de más de 17 metales pesados en sus tejidos. En 2004, apareció el primer caso de anencefalia fetal. Desde hace años el problema se debate en la Corte Iberoamericana de Derechos Humanos. Por su parte los mapuches han demandado a Repsol por 445 millones de dólares en la justicia ordinaria, ya que las posibilidades de supervivencia cultural han sido arrebatadas a estas comunidades.

Al parecer, la multinacional repite el mismo accionar en otras áreas petroleras, entre ellas, en General Mosconi.

El 13 de diciembre de 2005 (Día nacional del Petróleo), el presidente Néstor Kirchner se reunió con el presidente de Repsol YPF, Antonio Brufau, quien detalló la marcha del plan de inversiones de la compañía para el período 2005-2009, cuyo volumen de desembolsos es un 32% superior al del quinquenio 2000-2004.

El gobierno nacional considera "prioritario" que el Parlamento argentino apruebe el proyecto de ley enviado por el Ejecutivo para dar incentivos fiscales a la exploración.

Durante 2005, la inversión de Repsol YPF en el área de exploración y desarrollo en Argentina fue de 1.030 millones de dólares (865 millones de euros) y entre sus estrategias está la de intentar obtener la concesión de dominios mineros no explorados aún.

Para el período 2006-2009, la inversión prevista de Repsol YPF en exploración en Argentina es de entre 80 y 100 millones de dólares por año.

Aislados en el departamento de San Martín El 31 de diciembre de 2005 un nuevo suceso afectó a la comunidad del departamento de San Martín, que abarca las localidades de Tartagal, Mosconi, Aguaray o Salvador Mazza, Oran y Embarcación. Aproximadamente a 75 Km. al sur de la ciudad de Tartagal (Capital del Departamento San Martín), tras una fuerte crecida del cauce el puente sobre el río Seco, ubicado a 15 kilómetros de Embarcación se cayó. Dicho puente constituye el único punto de unión con el resto del territorio nacional.

La situación de aislamiento afectó a la totalidad de la población. Cabe recordar que desde hace tiempo la comunidad del departamento de San Martín viene teniendo graves problemáticas con el suministro de agua, ya que la provisión de la misma se cumplía de manera irregular, situación que en diciembre de 2005 se agudizó aun más. La población quedó sin suministro de agua durante semanas enteras, sin una gota de agua en una zona de clima tropical. Además, la zona sufrió también la caída de las torres de media tensión, motivo por el cual el departamento San Martín durante semanas se quedó sin el servicio, al no contarse con la electricidad para bombear el agua a las plantas de purificación.

La única medida que hasta el momento han tomado las autoridades provinciales y nacionales en lo que respecta al deficitario suministro de agua que brinda la empresa la empresa Aguas de Salta fue que los vecinos de los barrios de Tartagal y de General Mosconi afectados por la falta de agua durante el mes diciembre, no tendrán que pagar el servicio, según lo dispuesto por el Ente Regulador de los Servicios Públicos (ENRESP).

Esta situación –y las consecuencias que produjo- generó el aislamiento de más de 200 mil habitantes que habitan en el norte de nuestro país. Eventos que sin duda continúan acrecentando el estado de vulnerabilidad de la población norteña, la cual desde hace más de quince años viene padeciendo los efectos que en términos de despojo y conculcación de los derechos más elementales han tenido las políticas privatizadoras, de la mano de las grandes empresas multinacionales. Ahora aislados, sin combustible, ni medicamentos, sin alimentos ni suministro eléctrico, sin agua potable y un sinnúmero de otras cosas que se tornaron escasas, simplemente porque “no llegan”. Los comercios de productos alimenticios, los hospitales y las farmacias entre otros, sufrieron la escasez de mercadería y elementos básicos para su primordial funcionamiento (por ejemplo el Hospital zonal se quedó sin oxígeno).

En este sentido, es necesario consignar la responsabilidad de las empresas petroleras. De ninguna manera se puede aceptar el argumento de que se debe a la inclemencia del tiempo, ya que las lluvias registradas en el lugar no fueron muy superiores al promedio histórico. Recordemos que se produjeron socavones y quebradas a lo largo de la ruta 34; las aguas se llevaron parte de la canalización del río Tartagal y numerosas viviendas. En Vespucio hay amenazas de aludes de lodo. En barrios de Mosconi y Tartagal, hay calles que se convirtieron en canales de un par de metros de profundidad, que amenazan las viviendas desde los cimientos.

Frente a este escenario, el obispo de Orán, monseñor Jorge Lugones, no sólo denunció que el gobierno salteño pretende "tapar" la situación y que "ningún medio de prensa provincial publica lo que ocurre", sino que reveló la existencia de numerosos casos de meningitis.

En realidad, esta catástrofe es consecuencia de la destrucción ambiental. Los desmontes masivos –por el crecimiento de las grandes plantaciones de soja– y las picadas y voladuras que realizan las petroleras para la construcción de gasoductos y para estudios sísmicos, modificaron totalmente las cuencas altas de los ríos y alteraron el sistema de escurrimiento de las aguas. El suelo de la zona, al perder su cubierta verde, se erosiona con facilidad y grandes masas de sedimento son arrastradas alterando todos los cursos de agua.

Por otro lado, estos hechos mostraron la ausencia de una política nacional y provincial destinada a evitar y prevenir la depredación del suelo, la devastación de los bosques y montes, la contaminación de nuestros ríos, y la expropiación de nuestros recursos.

Así, lo sucedido da cuenta de cómo la población continúa siendo víctima de los grandes poderes asentados en la región, con la complicidad de los gobiernos provinciales y nacionales. El norte argentino se ha convertido en una suerte de “región liberada” tanto para las multinacionales petroleras, como para los grandes productores de soja, quienes tienden a desarrollar un monocultivo intensivo, lo cual se traduce en términos de creciente desforestación y pérdida de biodiversidad.

Las primeras respuestas Frente a estas problemáticas, la comunidad comenzó a denunciar las diversas y elementales privaciones a las que son sometidos y a exigir que la situación se soluciones lo antes posible. Diferentes organizaciones entre ellas, la Unión de Trabajadores de Desocupados de Mosconi, que desde hace años vienen denunciando el despojo al que son sometidos, salieron una vez más a reclamar, a exigir una solución a los diversos problemas que padecen en lo cotidiano. Pero una vez más, el 24 de enero de 2006, recibieron la respuesta de siempre: así, la gendarmería reprimió a trabajadores desocupados de la UTD y vecinos de Gral. Mosconi que se movilizaban hacia el municipio de Tartagal para exigirle al vicegobernador de Salta Walter Wayar, la realización de obras públicas que permitieran solucionar cuanto antes la situación de aislamiento y desastre geológico que están padeciendo los pobladores.

El resultado fue veintitrés detenidos, vehículos secuestrados y varias personas severamente heridas con balas de goma. Las detenciones ocurrieron en lugares muy alejados del hotel donde estaba el vicegobernador. Walter Wayar, quien prefiere reunirse con representantes de las empresas petroleras apostadas en la zona, para tratar temas relacionados a los problemas de aislamiento que sufre esa región y reprimir a los lugareños.

Juan Carlos Fernández, Dirigente de la Unión de Trabajadores Desocupados de Gral. Mosconi fue uno de los detenidos y heridos de la represión desatada. Según Fernández: “Estábamos esperando que nos recibiera el vice Gobernador Walter Wayar, al que le entregaríamos un informe con fotografías satelitales sobre los últimos desplazamientos del rió Seco por losa desmontes indiscriminados y sin control que se realizan en cerros de la zona, lo que estamos denunciando desde hace más de 10 años, también le entregaríamos a Wayar una propuesta de construcción del nuevo puente realizada por desocupados de la zona”. Aclara Fernández: ”Cuando inexplicablemente los policías de la guardia de infantería trasladados desde Salta capital, comienzan a golpearnos sin haber ningún motivo. Luego disparan perdigones de goma y armas de fuego, lanzan gases reprimiéndonos feroz- mente, es cuando recibo los impactos de bala de frente y de espalda; luego me detienen para seguir golpeándome. Pensé que me mataban” [8]

Frente a la represión, la comunidad prosiguió reclamando y los días posteriores continuaron con diferentes actividades de reclamo (asambleas, cacerolazos y concentración en la plaza central).

La realidad es que nadie se ocupó del Departamento durante casi un mes mientras la población continúa sufriendo desabastecimiento de alimentos, com-bustible y medicamentos.

Desde el gobierno nacional, recién el 3 de febrero de 2006 se anunció que se gestionará un fondo de emergencia para el departamento San Martín, a través del Ministerio del Interior, dado que la zona se encuentra en emergencia hídrica. La Nación se comprometió a invertir de entre 40 y 50 millones de pesos en el departamento San Martín para atender la emergencia que dejó abierta la caída del puente carretero que cruzaba el río Seco. Tampoco se descartó asignar otra partida de 100 millones de pesos para la realización de obras que la Provincia considera postergadas y otras que el Gobierno central presupuestó el año pasado pero no ejecutó, como el aeródromo de General Mosconi, la línea de media tensión para Anta, la ruta Tolombón-Hualinchay y la cárcel federal en General Güemes [9]. Finalmente, el 15 de febrero de 2006 el Gobierno firmó el contrato para la construcción de un nuevo puente sobre el río Seco y la readecuación de accesos, para superar los problemas de comunicación en el norte salteño. La obra comenzará la hacia fines de febrero y estará lista en ocho meses. De esta manera, se reemplazará al viejo puente que al romperse por una crecida del río dejó incomunicado al departamento de San Martín con el resto de la provincia semanas atrás y que transitoriamente se trató de remendar con un paso provisorio.

En palabras del ministro de la nación Julio de Vido: “Estamos trabajando en la provincia de Salta en equipo en forma permanente con el staff del gobernador Romero, con los senadores y diputados nacionales en forma continua, a los efectos, como decía el intendente de Tartagal, de poder incorporar a esta suerte de zona periférica del país, transformarla y darle toda las posibilidades y potencialidades que tiene el resto de la Argentina. A su vez el ministro sostuvo: “a partir de la reestructuración de la actividad petrolera, donde muchísima gente quedó fuera del circuito laboral, donde muchas ciudades en las cuales las empresas del Estado habían estado durante muchos años no tuvieron los servicios, las obras de infraestructura necesarias. Porque también hay que hacer el análisis de qué pasó en los 50 años de la empresa estatal y ver que realmente ni el sur tiene una destilería ni las localidades del departamento San Martín tienen redes de cloacas y gas. Creo que esa autocrítica debemos hacerla y es una falencia a la cual este Estado presente tiene que dar respuesta”.[10]

En fin, mientras el ministro públicamente realiza estas declaraciones en la zona no se ha tomado ningún tipo de medida frente a las prácticas de contaminación que vienen llevando a cabo las petroleras y los sojeros desde hace años.

Casos que continúan sin ser esclarecidos

Alejandro Matías Gómez y Orlando Justiniano

Asesinados el 9 de mayo de 2000.

Para el 9 de mayo de 2000 los piqueteros de General Mosconi y del Departamento San Martín ya llevaban varios días de protesta sobre la ruta 34, reclamando por puestos de trabajo y por mejores condiciones de vida.

El juez federal nº 2, Miguel Antonio Medina, señalaba a la prensa que “en la zona se ha montado una suerte de operativo militar” por parte de los manifestantes. Anticipaba que no habría más intimaciones y que en las próximas horas se recuriría a la fuerza para desalojar la ruta 34 en el acceso a General Mosconi.

La historia oficial cuenta que encuentran los cuerpos de Justiniano y Gómez en Yuto, en la jurisdicción de Jujuy, al costado de la ruta, víctimas de un accidente de tránsito. El jefe de la comisaría de Yuto en el departamento jujeño de Ledesma, comisario Vicente Jiménez, determinó que a las 23:40 del 9 de mayo los efectivos policiales recibieron una alerta telefónica que informaba sobre un accidente ocurrido unos minutos antes. La comisión policial encontró la camioneta Toyota en la localidad de Arroyo Quemado. El cuerpo de Alejandro Gómez fue supuestamente hallado en la banquina, y el de Orlando Justiniano se habría encontrado sobre el asfalto de la ruta, ambos ya muertos.

 Alejandro Matías Gómez era un chico que colaboraba como periodista en una radio; Orlando Justiniano era un chico que trabajaba de albañil. Entre las 15 y 16 horas del 9 de mayo de 2001, ambos estaban juntando leña con otros compañeros, para llevar al piquete, cuando se les cruzó una camioneta traffic blanca de donde descendieron cinco policías de la provincia de Salta. El primero en descender tomó el arma, una escopeta, y disparó un tiro. Luego bajaron los otros y dispararon.

Uno de los que estaba con ellos, Luis Alberto Valdivieso, que tiene un tiro en la cabeza, es el testigo que dice, ahí nomás que pasa el hecho, a saber, que se les cruzó una traffic blanca, de la que bajaron los policías uniformados y empezaron a disparar a quemarropa. Él recibió un tiro en la cabeza y se escapó por el monte. Y a los otros se los llevaron y después aparecieron tirados al costado de la ruta. Los cuerpos se encontraron sin uñas de los dedos.

Hay testigos que vieron una camioneta blanca, con policías en su interior, que llevaban en la caja tres cuerpos cubiertos con bolsas negras.

Entrevista a Jacoba Olarte, madre de Alejandro Matías Gómez

“Fue el 9 de mayo del 2000, en el corte de ruta en General Mosconi. Mi hijo fue a ayudar a sus compañeros en una camioneta, trayendo leña, gomas y comida. Pasó por casa, se bañó, me pidió cinco pesos. Le di lo único que tenía. De ahí no lo vi más, hasta que me llamaron el día martes a la mañana, cuando yo estaba en el campo, para avisarme del supuesto accidente. Ahí me enteré que había fallecido, hasta que lo vi en la Morgue y lo comprobé”.

“Hay muchas pruebas que no fue un accidente. Tenía una pupila más dilatada que la otra, la boca abierta, las marcas de las esposas en la mano, le faltaban uñas, como si lo hubieran torturado”.

“Tengo una grabación de mi hijo en el que él le pedía al Comandante Hidalgo, que no reprima, que él también tiene hijos. Y al día siguiente desapareció. ¿Por qué lo mataron? Había visto mucho, hay muchas cosas sucias que no se pueden descifrar todavía”.

“A todas aquellas madres que hallan perdido a su hijo, por la represión o por el gatillo fácil, les decimos que no bajen los brazos. Acá con Primitiva Ruiz, que es la madre de Justiniano, no vamos a bajar los brazos. Y pienso que la vida de los hijos no tiene precio, por nada del mundo. Porque una es la que lo ha parido y una es la que lo ha criado. Como dijo Primitiva en un discurso, estamos preparados para perder una madre, un hermano, un tío, un cuñado, pero no un hijo. Y que lo saquen de la forma que lo sacaron, es imposible aceptarlo. Es muy doloroso. Por eso les pido a todas las madres del mundo, que no bajen los brazos. Y que sigamos en la lucha. Para que esto se aclare”.

Aníbal Verón

Asesinado el 10 de noviembre de 2000

El jueves 9 de noviembre del año 2000, en la ciudad de Tartagal, provincia de Salta, un grupo de empleados dejados cesantes reclamaban más de ocho meses de sueldos adeudados por la empresa Atahualpa, acompañados por desocupados de Tartagal y Mosconi. A través de sus protestas expresan nuevamente las desigualdades sociales, decidiendo realizar un corte sobre la ruta nacional 34. El mismo se concretaría frente al acceso sur de General Mosconi a las 20 horas.

El día jueves 9 de noviembre, a las 22 horas se presentó sobre la ruta nacional 34 el juez federal Abel Cornejo, acompañado de un comandante de gendarmería nacional y autoridades policiales. Según las denuncias, éste “reunió a los presentes para informarles que en ningún momento ordenaría la represión, manifestando que se quedaran tranquilos, que era un juez de la causa y que es el único que puede dar la orden de represión”.

El juez Abel Cornejo es uno de los responsables del asesinato. Su situación está muy comprometida legalmente por la muerte de Aníbal Verón, el 10 de noviembre del año 2000. Él estuvo durante todo el tiempo en la zona. La noche anterior al asesinato de Verón, estuvo en la ruta y les dio su palabra a los piqueteros de que no iba a haber represión, que se quedaran tranquilos que ya venían los arreglos. A las 7 de la mañana vino la represión y lo mataron a Verón. Sospechosamente Verón dependía de una empresa (-Atahualpa-)de un pariente del gobernador. Le debían 8 meses de sueldo.

En la madrugada del 10 de noviembre la policía provincial reprimía con crudeza a los manifestantes. Aníbal Verón caía, asesinado de un balazo en la cara. Posteriormente el médico Luis Flores certificaba que el deceso de Verón se había producido por herida de arma de fuego, lo que le provocó un paro cardiorrespiratorio traumático.

Luis Ricardo Gil, cuñado de Verón, que se encontraba dentro del grupo de manifestantes y cerca de Aníbal Verón, declara: “del grupo del personal policial que tenía enfrente, a escasos nueve metros del grupo de choque, se levantó uno de los uniformados, quitó el protector que tenía en su casco y con su arma apuntó directamente hacia delante y efectuó el disparo. En el acto cayó mi cuñado Verón, terriblemente herido con un disparo en la cara”.

Entrevista a Enriqueta Gómez, esposa de Aníbal Verón.

“Los responsables son el gobierno y el propio juez, que fue anoche a decir que no iban a reprimir. Y también Sonia Escudero (actualmente senadora del PJ) es responsable de todo lo que sucedió, porque ayer nos dividió con los aborígenes. Pero el gran culpable de que mi hijo haya quedado sin padre es el gobernador Romero, que mandó al juez que estuvo anoche, Abel Cornejo, a decir que nos quedásemos tranquilos, porque no iba a pasar nada”.

“Yo estaba a una distancia que no me dejó ver quién disparó el arma, pero fue del lado de los policías. Nosotros no teníamos armas en el corte, ya que éramos un grupo en el que estábamos todos juntos, no hacía falta nada de eso. Y es con ellos que estaba mi marido cuando lo balearon; mi hermano estuvo cerca y el vio cómo le pegaron, y cómo cayó”.

“Todo esto le pasa por pedir trabajo y por querer cobrar la deuda que le debían en Atahualpa, donde él trabajó 17 años y lo echaron como si nada, y no le pagaron”.

“Les pido el máximo apoyo para esclarecer el asesinato de mi marido como así también de los otros chicos caídos en mayo. Les doy las gracias a todos aquellos que tienen en la memoria a Aníbal Verón; yo me quedé con cinco hijos, y sacaré fuerzas para seguir luchando para obtener justicia y que se conozca al asesino de Aníbal Verón”.

Oscar Barrios y Carlos Santillán

Asesinados el 17 de junio de 2001

A fines de mayo de 2001, los obreros que trabajaban en la construcción del hospital de Mosconi pedían un mínimo salarial de dos pesos con cincuenta por hora laboral. Ante la negativa, decidieron ir a la ruta, con el apoyo de Unión de Trabajadores Desocupados.

Con más de dos semanas de corte sin respuesta del gobernador, los piqueteros convocaron para el 17 de junio una asamblea nacional de agrupaciones piqueteras. Mientras tanto, Romero declaraba ante la prensa que no realizaría ningún tipo de negociación con “delincuentes” y “sediciosos”, refiriéndose con estos términos a los desocupados.

El 17 de junio el juez federal Cornejo ordenó a gendarmería nacional la recuperación a cualquier precio de la ruta nacional 34. En el llamado “Operativo Recuperación de la 34”, el juez argumentó la decisión por una denuncia de la petrolera del lugar acerca del supuesto ingreso de un grupo de encapuchados a sus instalaciones.

En las primeras horas de la mañana del domingo 17, los pobladores de Mosconi se aprestaban a celebrar el día del padre, ignorando la magnitud del operativo represor que implementaría la gendarmería nacional avalada por el juez del caso. En el asalto fueron asesinados Omar Barrios y Carlos Santillán. Manuel, hermano de este último, se encontraba a su lado en el momento trágico: asegura que lo fusilaron los francotiradores de gendarmería que estaban apostados sobre los tanques de combustible de la petrolera.

Durante el Operativo Recuperación de la 34, según la versión del juzgado federal, hirieron casi a un centenar de civiles. Sólo un ejemplo, el joven Iván Dorado quedó parapléjico por un disparo que recibió en su espalda.

En el transcurso del acto represivo los medios de comunicación nacional daban a conocer la versión oficial. El juez Cornejo, el ministro del interior Mathov, y el ex secretario de seguridad provincial Daniel Nallar, decían que las fuerzas de seguridad habían sido emboscadas por los piqueteros, quienes además serían apoyados por grupos de francotiradores civiles escondidos en el monte. Desde luego, negaban la evidente presencia de francotiradores del grupo de elite de gendarmería.

Contacto:

UTD Mosconi: (03875) 481094

chiquiperalta_9@hotmail.com

Anexo documental: Caso testigo Mosconi

 Declaración de Mosconi, 18 de junio de 2005

Taller sobre recuperación de los recursos naturales y defensa de la soberanía

El día 18 de junio de 2005, se realizó en General Mosconi, Salta, convocado por la Unión de Trabajadores Desocupados, un Encuentro Internacional por la Soberanía Nacional, la Recuperación de los Recursos Naturales, la Defensa de la Educación y la Salud, el Desprocesamiento de los luchadores sociales, la Libertad de los Presos Políticos y el Castigo a los Responsables de los asesinatos de trabajadores.

En este Encuentro participaron representantes de organizaciones populares de Argentina y América Latina. Entre los temas centrales, se debatió la necesidad de ubicar la lucha por los recursos naturales y en defensa de la soberanía como parte de la lucha estratégica de los pueblos de este continente.

En relación a la defensa de los recursos naturales se planteó:

·         La problemática concreta de General Mosconi en relación al petróleo, ampliando la discusión a otros recursos naturales de Mosconi y del resto del país, incluyendo en el debate la tierra, el agua, los minerales y la biodiversidad.

• En el sistema capitalista, las empresas estatales hacen el trabajo sucio y abren el camino para la instalación de multinacionales, como en el caso de YPF que generó una estructura técnica y social funcional al tipo de explotación que, ante el retiro del Estado y la desregulación del sector, sirve a las multinacionales para multiplicar sus ganancias, sin hacer inversiones y sin generar beneficios sociales.

• En este marco, el poder político nacional y provincial, en connivencia con el poder económico, y mostrando el sistema de corrupción estructural, se convierte en un socio menor de las multinacionales, desviando fondos del Estado a tareas de exploración de los recursos, cuya explotación queda en manos de las grandes empresas multinacionales.

• Este tipo de explotación de los recursos naturales tiene consecuencias culturales, ambientales y en la salud, que se evidencian en el crecimiento de gran cantidad de enfermedades en los últimos años, que coinciden con la privatización del petróleo y la desocupación masiva.

• La discusión en torno a los recursos naturales debe ser integral, al igual que la lucha, cuyo objetivo deberá ser un cambio de modelo. En este marco, es necesario pensar en una producción de nuevo tipo que construya la soberanía desde abajo

• Se planteó la necesidad de problematizar el tema de los recursos naturales para generar conciencia en dos niveles: en el campo popular, en términos de llegar a una comprensión de que la lucha por los recursos naturales, hoy en América Latina, es fundamental para la definición de un proyecto político; y en la sociedad en su conjunto, pues el impacto de este tipo de explotaciones es global, no sólo local, y son además poblaciones no organizadas las que se constituyen en el primer frente de resistencia.

• Toda esta problemática responde a un diseño geopolítico de apropiación de los recursos naturales por parte del imperialismo, cuyas estrategias incluyen la militarización de los territorios con mayor proporción de recursos.

• La amenaza de desposesión de tierras de las comunidades indígenas por el paso de gasoductos y por el otorgamiento de las mismas a nuevos dueños, relacionados con el avance de la frontera agrícola, monoproductivista, profundiza la precariedad y vulnerabilidad de estas poblaciones, donde las mujeres están en la primera lìnea de batalla, a las que se les ha arrebatado el agua y casi todas las condiciones básicas para la vida, condenándolas a soportar cuadros epidemiológicos graves, de enfermedades de pobreza que, en otras circunstancias, serían curables.

Entre las propuestas surgidas se cuentan:

·         La confección de este Documento para su difusión en organizaciones sociales y medios de comunicación

• La elaboración de un Documento que fundamente la legitimidad de la lucha de la UTD de Mosconi en la defensa de los recursos del pueblo argentino, poniendo de manifiesto las irregularidades del proceso de privatización y explotación del petróleo, en las que incurren las empresas involucradas y los gobiernos nacional y provinciales

• Evidenciar el silencio y complicidad del Estado con las actividades de las empresas petroleras y otras que operan en la zona, generando una ambigüedad en el entendimiento y aplicación de las garantías constitucionales, que repercute en violaciones a los derechos humanos y ciudadanos de la población de Mosconi y del departamento de San Martín

• Trabajar en la conformación de una Coordinadora Nacional de Defensa de los Recursos Naturales, que apoye con sus iniciativas la lucha que viene desarrollando la UTD de Mosconi

• Respaldar el pedido de la UTD por la libertad de los presos políticos, el desprocesamiento de los luchadores sociales y la reparación a los familiares de las víctimas.

• Apoyar la Campaña Internacional por la Amnistía de los Presos Mapuches en Chile

• Solidarizarnos con las luchas que están llevando a cabo las comunidades indígenas, en especial la comunidad Caraparí, por el grave avasallamiento que sufren frente a la construcción del gasoducto de Pocitos-Campo Durán por parte de las empresas Refinor y Conta.

• Reafirmar nuestra solidaridad con el Movimiento Sin Tierra de Brasil, en su lucha por la Reforma Agraria, y en especial reclamar la libertad de los compañeros del MST presos

Desde Gral Mosconi, expresamos nuestra solidaridad con los familiares de los compañeros caídos y nuestro compromiso de continuar la lucha por la Justicia.

Llamamos a los movimientos populares que compartan estas ideas y propuestas para que coordinemos nuestros esfuerzos por una Argentina y una América Latina liberadas de todo tipo de opresiones.

General Mosconi, 18 de junio del 2005

Declaración de Mosconi

Documento elaborado en el taller de salud, educación y comunicación.

En el marco del Encuentro Inter-nacional por la Defensa de la Soberanía Nacional, la Recuperación de los Recursos Nacionales, la Defensa de la Educación y la Salud, el desprocesamiento de los Luchadores sociales, la Libertad de los Presos Políticos y el castigo a los responsables de los asesinatos de los trabajadores; realizado el 18 de junio de 2005 en General Mosconi, convocado por la UTD (Unión de Trabajadores Desocupados), en el que participaron diferentes organizaciones sociales de América Latina, se desarrolló el taller de salud, educación y comunicación, donde se plantearon las siguientes problemáticas que afectan a la región:

Situación de la educación

·                                 Graves problemas de infra-estructura en las escuelas de la zona.

·                                 Desde la institución escuela, no se reconoce la diversidad étnica, ya que el departamento cuenta con siete etnias diferentes, lo cual trae aparejadas diversas problemáticas de exclusión, debido a la invisibilización de la multiculturalidad existente.

·                                 Desde las políticas gubernamentales, no se contempla la diversidad lingüística.

·                                 En el dictado de clases, el docente cuenta con un auxiliar indígena que oficia de traductor, y no recibe capacitación pedagógica, y se encuentran con dificultad para traducir lenguas agráfagas.

·                                 Los contenidos de las currículas de estudio, no atienden a las necesidades culturales de la zona.

·                                 Actualmente existe superpoblación en las escuelas, se necesitarían varias escuelas más para responder a la demanda existente. Debido a este problema, los estudiantes del Departamento de San Martin, concurren a escuelas de Bolivia.

·                                 Se presentan dos problemáticas centrales: la deserción escolar y el bajo rendimiento de los estudiantes, producto de las problemáticas sociales y económicas que atraviesan:

-Desocupación de las familias.

-Falta de coberturas médicas

-Necesidades básicas insatisfechas.

-Violencias.

-Muchos jóvenes que estudian, tiene también que trabajar para ayudar en sus hogares o mantenerlos.

·                                 Las condiciones laborales de los docentes se fueron pauperizando debido a las nuevas demandas que le exige el contexto actual. En muchos casos deben contener a los estudiantes en lo afectivo, y en algunos casos en lo económico. Además de esto, tienen que desarrollar tareas en los comedores. Actualmente el gobierno provincial destina solamente 0.55 $ por día por estudiante para la copa de leche, y-o el almuerzo, que en la mayoría de los casos, significa la única comida del día.

·                                 Falta de recursos materiales en las aulas.

·                                 Falta de oferta educativa terciaria y universitaria en la zona, que provoca el éxodo y desarraigo de jóvenes.

·                                 Frente a la movilización docente, resulta preocupante la respuesta represiva del Estado, que avanzó en la criminalización y judicialización de los que luchan.

Situación de salud

·                                 Desabastecimiento del sector salud.

·                                 Escasos recursos materiales y humanos.

·                                 En la zona fronteriza no existe ningún tipo de cobertura médica. Ni siquiera se accede a los agentes sanitarios.

·                                 En los últimos años, la calidad de vida de la población se fue deteriorando considerablemente. Actualmente el promedio de vida en General Mosconi ronda los 50 años.

·                                 Se presenta una elevada prevalencia de las siguientes enfermedades: diabetes, diferentes tipos de cáncer, artritis, hipertensión, afecciones renales y cardíacas, Chagas, leshmaniasis, problemas respiratorios, y tuberculosis.

·                                 El programa nacional Remediar no cubre la totalidad de los tratamientos de las diversas patologías presentes en la comunidad del departamento de General San Martín.

·                                 Debido a las diversas problemáticas sociales y económicas que atraviesa la población se presenta un número elevado de casos de depresión.

·                                 Las diversas represiones sufridas por la población provocan diversas manifestaciones postraumáticas tanto en los directamente afectados como en sus familiares y amigos.

·                                 En los últimos años ha aumentado la incidencia de suicidios de jóvenes.

·                                 Una problemática destacable es el creciente consumo de alcohol en la población en general, y particularmente en la población joven se presenta un alto consumo de drogas.

·                                 El Programa Nacional de Salud Reproductiva y Procreación Responsable no es cumplido debidamente en relación al acceso de información y el suministro de métodos anticonceptivos

·                                 Alto índice de mortalidad infantil, producto de la desnutrición, deshidratación por diarreas y la dificultad de un seguimiento adecuado.

·                                 La ausencia de políticas preventivas en lo que respecta a las enfermedades de transmisión sexual provoca un aumento en la transmisión del VIH y otras enfermedades del mismo origen.

Situación de salud de las mujeres

El contexto actual incide de manera especial en el proceso salud-enfer-medad-atención de las mujeres; entre las problemáticas se encuentran:

·                                 Dificultad en el acceso al control ginecológico periódico

·                                 Aumento del embarazo adolescente e infantil

·                                 Incremento de la violencia física y psicológica ejercida fundamentalmente por los varones sobre las mujeres y niñas que se dan en el ámbito familiar y público, expresada en golpes, destrucción de la autoestima, violaciones, abuso, tráfico y explotación sexual, y en el consumo cada vez mayor de pornografía.

·                                 Abortos realizados en condiciones riesgosas para la vida de la mujer y un inadecuado seguimiento posterior, tanto físico como psicológico.

Comunicación

·                                 Influencia de los medios de comunicación del sistema que avalan la criminalización y judicialización de las luchas sociales, que contribuyen a crear un imaginario social de apatía y resignación en la población, siendo absolutamente funcionales a gobiernos y multinacionales, desprestigiando la lucha de los movimientos sociales

·                                 Asimismo generan violencia simbólica, a través de la invisibilización y discriminación étnica, etaria, de género y de opción sexual

Los presentes en el Encuentro comprometemos nuestros esfuerzos para realizar las siguientes propuestas:

·         Continuar, profundizar y ampliar estos espacios de reflexión

• Generar una mayor articulación entre la institución educativa y la UTD

• Crear en Gral. Mosconi una radio comunitaria que cuente con el aporte de la carrera de Comunicación de la Universidad de Salta

• Profundizar la articulación entre los trabajadores de la salud y de la educación de Gral. Mosconi y con los de otros movimientos populares del país

General Mosconi, 18 de junio de 2005

 

 

5) Petróleo y protesta social.

El caso Santa Cruz

“En los albores del siglo XXI, la Cuenca del Golfo San Jorge se encuentra en un proceso de reemplazo de un modelo de acumulación de capital basado en la fuerte participación del Estado (a través de políticas proteccionistas), por un nuevo modelo caracterizado por el mantenimiento de la extracción petrolífera como actividad principal, la reducción del costo laboral y la precarización de las relaciones salariales, la crisis en las instituciones gremiales, la flexibilización de los procesos productivos a través del uso intensivo del recurso tecnológico, la fuerte dependencia de los comportamientos de los mercados internacionales de crudo y la marcada ausencia de actores encargados de la Planificación y la definición de políticas sobre el Desarrollo Regional”.

Salvia, A. (comp.); La Patagonia de los Noventa. Sectores que ganan, sociedades que pierden; Buenos Aires; Editorial Colmena; 1999

 

Contexto: La Cuenca del Golfo San Jorge es una amplia región ubicada en la Patagonia central entre los paralelos 43 y 47 grados de latitud sur. Comprende la zona meridional de la provincia del Chubut, la parte norte de la provincia de Santa Cruz y gran parte de la plataforma continental argentina.

El área total de la cuenca se estima en unos 200.000 Km² de los cuales 70.000 Km² (35%) tienen interés petrolero (posibilidades potenciales de contener hidrocarburos) según los conocimientos y datos actuales.

En la provincia de Santa Cruz, la red de oleoductos está integrada por el que se origina en el yacimiento Las Heras con destino al tramo de ducto Pico Truncado. Estas instalaciones alcanzan un recorrido de 72 km de extensión con una capacidad de 9.600 m³/día, siendo el transportista Repsol /Y.P.F.

Desde el tramo de ducto Pico Truncado hasta el yacimiento Caleta Olivia se conectan las estaciones intermedias Cañadón León y Cañadón Seco, en 53 km de extensión y con una capacidad de 35.000 m³/día. A su vez, el ducto Pico Truncado se conecta con el ducto Huemul a través de un recorrido de 27 km y una capacidad de 3.500 m³/día, siendo el transportista Total Austral. [11]

Como podrá notarse, el trazado de estos oleoductos marcan el mapa de los más graves conflictos sociales de la actualidad.

a) Las riquezas en juego[12]

La Cuenca del Golfo San Jorge es como una mancha de otro color en el entramado de los reservorios hidrocarburíferos del país. Mientras los niveles de reservas de petróleo y gas, entre 1988 y 2004, se redujeron en los yacimientos de todo el país, en el sur del Chubut y el norte de Santa Cruz se produjeron incrementos. Esos aumentos son del 14,62% en el petróleo de dicha cuenca y del 8,56% del gas.

En mayo de 2005 la administración Kirchner lanzó un plan de incentivos fiscales para que las compañías destinen mayores inversiones a la exploración y la ampliación de los horizontes de explotación.

La iniciativa oficial contempló otorgar los siguientes beneficios para las inversiones petroleras:

¨              La devolución anticipada del IVA por la compra de bienes de capital e inversiones en infraestructura.

¨              La amortización acelerada de los bienes y equipos en el pago de Ganancias.

¨              La exención del Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta.

¨              La eliminación de derechos de importación para equipos y bienes de capital que se no produzcan en el país.

¨              Los beneficios se extenderán por 15 años para las nuevas áreas y 10 años para las subdivisiones de las zonas concesionadas.

¨              Los actuales titulares de permisos de explotación podrán acceder a áreas adyacentes con continuidad geológica.

¨              Las áreas que no están asignadas se concursarán según lo previsto en cada jurisdicción.

¨              Las concesiones actuales se podrán subdividir y el área generada se volverá a concursar, pero con derecho de preferencia para el concesionario actual en base a la prórroga de diez años que prevé la ley de hidrocarburos.

¨              Para acceder a estas áreas y a los incentivos fiscales será ineludible una asociación con Enarsa. Si bien no se dieron a conocer las condiciones para esa asociación, los funcionarios de Planificación destacaron que se instrumentará un mecanismo por el cual las empresas interesadas deberán ofrecerle una participación a Enarsa y la que plantee la opción más conveniente se adjudicará el proyecto. Si Enarsa desiste expresamente de alguna asociación, en ese caso la petrolera que impulsa el proyecto podrá realizarlo por su cuenta y recibir los beneficios fiscales.

Los planes de incentivos a la exploración han sido múltiples en los últimos 30 años y ninguno de ellos ha dado resultados satisfactorios, y cada vez que se exploró en forma abultada la inversión fue realizada por el Estado con el objetivo de facilitarle los negocios a las compañías privadas.

Entre 1999 y 2005 la rentabilidad de los pozos argentinos ha sido altísima, pero contradictoriamente a estos niveles de ganancia se puede apreciar como los pozos exploratorios fueron los de menor cuantía en las últimas tres décadas. Nunca antes se había explorado tan poco, ni siquiera tras la privatización de YPF, pero desde la llegada del grupo Repsol los niveles exploratorios fueron cada vez menores.

b) Los dueños del golfo

Las empresas que extraen las riquezas en esta cuenca son:

Repsol-YPF Según informa su página web, al 31 de marzo de 2004, sus principales accionistas son:

1)Repinves 5,6%

2)Repcon Lux 4,8%

3)Caixa 10,2%

4)BBVA (Banco Bilvao Vizcaya) 6,3%

5)Free float 73,1%

El diario El País, de España, el 10 de noviembre de 2002 anunció que el mayor accionista de Repsol es un californiano: “Una gestora norteamericana, Brandes Investment Partners, ha desplazado a la banca española como primer accionista de Repsol-YPF. La californiana Brandes, propiedad exclusiva de un financiero del mismo nombre, se convirtió en uno de los principales accionistas institucionales de Telefónica y de BBVA en España, de Portugal Telecom en Portugal y de Telmex y su filial América Móvil en América Latina”. Cuenta también con participaciones superiores al 2 % en Unilever, Hitachi, BAT, Matsushita o Tyco y Volkswagen.

Sin embargo, no es cierto, como aseguró El País, que Brandes pertenezca a un solo propietario. Tal cual informa el propio fondo, así fue en los comienzos. Pero la estructura de la corporación fue cambiada en 1985, primero; en mayo del 96 después y, por último, en junio de 2002, hasta licuarse en anónimas manos, apenas unos meses antes de la inversión en Repsol.

Tecpetrol: perteneciente a la División Energía del Grupo Techint, con operaciones en Argentina, Venezuela, Bolivia, Ecuador, México y Perú. Opera 12 áreas en las cuencas argentinas, con participación total o mayoritaria en concesiones de largo plazo. A fines de la década del ´80 - tras ganar una licitación del Chase Manhattan Bank - Tecpetrol se adjudicó el yacimiento José Segundo, en la Cuenca chubutense del Golfo de San Jorge. A mediados de 1991 -al ser licitadas cuatro áreas centrales- Tecpetrol se adjudicó El Tordillo (Chubut) junto a La Tapera y Puesto Quiroga y pasó a ser una de las áreas productoras de primera línea.

El Área El Tordillo, en el Golfo de San Jorge, es uno de los yacimientos de petróleo más importantes operados por Tecpetrol. Produce alrededor de 10 millones de barriles de petróleo y 6 billones de pies cúbicos de gas al año. El Tordillo posee actualmente más de 700 pozos en producción.

Vintage Petroleum: compañía estadounidense que hace negocios en el país desde 1995, a través de su subsidiaria Vintage Oil Argentina. El grupo compró en agosto de 2004 la petrolera Río Alto por 36,4 millones de dólares. Río Alto pertenecía a la petrolera canadiense Río Alto Resources International y había ingresado en el mercado hidro- carburífero de la Argentina en el 2000. Actualmente posee 52 pozos productivos en la cuenca de San Jorge.

Pan American Energy: es una compañía de BP (60%) y BRIDAS Corp. (40%). Sus directores son Carlos y Alejandro Bulgheroni

Chevron, la cuarta petrolera de los Estados Unidos, compró a la local San Jorge en 1999 por 1.000 millones de dólares. La empresa vendedora fue Bolland, una firma de servicios para la industria petrolera creada por Jorge Priú y Guillermo Ostry, dos ex funcionarios de YPF, a comienzos de los 60. San Jorge creció con la política de privatizaciones de Raúl Alfonsín.

Sipetrol: Sociedad Internacional Petrolera (Sipetrol) es la filial internacional de la Empresa Nacional del Petróleo de Chile (ENAP) dedicada a la exploración y producción de petróleo y gas en diferentes partes del mundo.

TERMAP S.A.: Es la canilla que concentra la producción de petroleo de toda la cuenca. Sus dueños son los principales operadores de la zona, que formaron un consorcio para centralizar las tareas de almacenaje y carga. Ellos son Repsol-YPF (37.35%), Pan American Energy (31.72%), Vintange Oil (13.79) y Shell (4,20). Opera desde febrero de 1994 las terminales de Caleta Córdova y Caleta Olivia ubicadas en las provincias de Chubut y Santa Cruz. Ambas terminales reciben el crudo de los distintos yacimientos de la cuenca del Golfo San Jorge que equivale aproxi- madamente al 35% de la producción del país. El petróleo es almacenado y preparado para ser bombeado a los buques tanques, de hasta 160.000 toneladas de Porte Bruto, que amarran en las monoboyas distantes a 3.500 metros de la costa. Mensualmente TERMAP S.A. recibe de los productores de la Cuenca del Golfo San Jorge un volumen promedio aproximado de petróleo crudo de 1.250.000 m3. Este volumen de petróleo constituye aproxi- madamente el 33,4 % del producido en el país.

c) Comprar la “paz social”[13]

Con el cliché de asegurar la paz social el 25 de agosto del 2004 se sentaron en una mesa las operadoras petroleras de YPF, representada por el sr Roberto Alfredo Domínguez, (quien el 9 de febrero de 2006 fue uno de los que se sentó en Comodoro Rivadavia a negociar con los petroleros de Las Heras) y el intendente de la ciudad de Pico Truncado, Osvaldo Maimo.

Allí uno por parte del Estado y otro por la parte privada decidieron firmar lo que denominaron “convenio de cooperación” en cuyos considerandos se establece que del análisis realizado por “las partes” (es decir Municipalidad y petroleras) respecto de la situación social en la zona del Golfo de San Jorge “ desean colaborar mutuamente en la generación de una red de contención transitoria que permita atenuar los impactos que se están dando en los niveles de ocupación territorial, generando situaciones de transición para disponer de plazos que posibiliten la puesta en marcha de nuevas obras de infraestructura básica por parte de la Municipalidad que habiliten paliar de mejor manera la situación ”, señala el fundamento de este acuerdo.

En el primero de los 9 puntos del convenio se advierte “ Que la Operadora asume el compromiso de subsidiar con carácter de excepción, el costo de los proyectos productivos de forestación y/o de saneamiento ambiental que lleva adelante la Municipalidad con la entrega de PESOS QUINIENTOS MIL (500.000 pesos) en forma mensual ”.

En el segundo punto aclara. “El presente convenio de Cooperación tendrá una duración de 12 meses prorrogables por otro período más en forma automática, en la medida que no se hubieran suscitado nuevos incidentes que afecten la actividad de la Operadora , caso contrario la prórroga solo será viable mediando acuerdo expreso de partes. El primer aporte se efectivizará el quinto día hábil de setiembre y los sucesivos pagos dentro de los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes”.

En el punto tercero se establece que la Operadora depositará el dinero a orden de la Municipalidad de Pico Truncado en la sucursal del Banco santa Cruz en la cuenta Nº 71363/9.

En el séptimo artículo que tiene el documento se insiste en que la Operadora con este dinero se “asegura” que nadie va a entorpecer su actividad. Al respecto destaca: “Las partes signatarias comprometen su máximo esfuerzo para garantizar la paz social y el normal desarrollo de las activi- dades que tiene a su cargo la Operadora en la zona, quien en caso contrario, podrá suspender el aporte referido en el artículo primero, sin que ello de lugar a reclamo alguno por parte de la Municipalidad ”.

Tal como se presenta el documento se inferiere que se trata de un seguro de producción donde la operadora YPF/Repsol paga para que la Municipalidad ejerza la vigilancia social a través de subsidios para controlar cualquier tipo de desbordes que impida el desenvolvimiento de la actividad extractiva. En ese marco la comuna de Truncado puede distribuir a su total arbitrio sin que, al menos públicamente, exista la menor idea de cómo se gestiona ese dinero, cómo se controla, quién los distribuye, cuál es el criterio de selección y de prioridades, qué se hace con lo que no se afecta al pago de sueldos y otros detalles por el estilo.

A través de este dinero la Municipalidad enfrió la atmósfera caliente de la zona norte y 700 personas usufructuaron inicialmente de un subsidio de 700 pesos cada uno lo que en total sumaba alrededor de 500 mil pesos que ingresaban a la comuna para afectar a ese concepto.

Lo cierto es que a medida que se fue depurando el padrón, el número de las personas que cobraban ese subsidio fue disminuyendo al punto que en diciembre de 2005 y de acuerdo a fuentes de la municipalidad de Pico Truncado que omitieron revelarse, no serían más de 100 los que cobran esa suma.

Averiguaciones practicadas en el medio de Pico Truncado dan cuenta extraoficialmente que a lo que abona Repsol se habrían sumado otros 500 mil pesos que aportan las empresas Panmerican y Vintage Oil, con lo cual la Municipalidad de Pico Truncado estaría recibiendo alrededor de 12 millones de pesos anuales distribuidos estos aportes en un 50% por Repsol YPF, 31% Panamerican y 19% Vintage.

A raíz de la inquietud que generó esto en medios sociales y laborales de Pico Truncado, los primeros días del mes de agosto de 2005 en una radio de la ciudad petrolera, el Secretario de Planificación Económica y Producción de la Municipalidad Luis Alberto Martínez, argumentó que el dinero que reciben de las operadoras (lo cual recordemos estaba destinado en principio al pago de subsidios a los desocupados) es utilizado inicialmente para cubrir este objetivo social y “lo que sobra” es destinado a la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos, señaló el funcionario como forma algo difusa de detallar cuánto, cómo y en qué se invierte tanto dinero mensualmente.

d) Los conflictos sociales

Un trabajo de investigación realizado por el Centro de Estudios Nueva Mayoría, consigna que durante 2005 Santa Cruz fue la provincia con más cortes de rutas y vías públicas en relación a su población, ya que con sólo el 0,5% de los habitantes concentró el 4,8% de las protestas, registrando un corte cada 3.455 personas.

El alto nivel de conflictividad no tuvo su correlato en una más activa participación de las autoridades locales y nacionales en la búsqueda de una solución.

Analicemos algunos de los casos más conflictivos que marcaron la agenda de la región durante el 2005:

Abril

A fines de abril de 2005 el Tribunal de Justicia de Santa Cruz hizo lugar a un recurso de casación y nulidad presentado por el abogado Ramón Amaya a favor de seis detenidos durante un reclamo social. Concluía así ocho meses de prisión en los calabozos de Caleta Olivia donde permanecieron encerrados Elsa Orozco (32 años, 2 hijos) Marcela Constancio (32 años, 6 hijos) Selva Sánchez (28 años, 3 hijos), Jorge Mansilla, Mauricio Perenacho y Hugo Iglesias . Los habían acusado de "usurpación con impedimento de funciones públicas", "privación ilegítima de la libertad y daños", "usurpación" y "entorpecimiento de la actividad económica". En su sentencia, los jueces realizaron un llamamiento a no aplicar el Código Penal para resolver los conflictos sociales. Para argumentar en esa dirección citaron a prestigiosos juristas como el ministro de la Corte Suprema de la Nación Raúl Zaffaroni, dictámenes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la obra de Roberto Gargarella, "El Derecho ante los Cortes de Rutas".

Todo había comenzado el 19 de agosto de 2004, cuando unas 200 personas, en su mayoría mujeres, reclamaron "trabajo genuino" frente a la Municipalidad. Unos días después, los manifestantes se trasladaron para reclamar a la playa de tanques de Terminales Marítimas Patagónicas (Termap), el consorcio de empresas multinacionales que controlan el negocio petrolero de la zona.

La tensión se había resuelto con la firma de un acuerdo con la Subsecretaría de Trabajo de la Provincia de Santa Cruz que prometió trabajo a los manifestantes –unos 500 puestos con sueldos entre 500 y 700 pesos– y aseguró que no iba a haber represalias. Sin embargo, en la noche del tres al cuatro de septiembre, cuando ya habían cerrado los tribunales, se hicieron efectivas las citaciones libradas por Marcelo Bailaque, del Juzgado Provincial de Instrucción Nº1 de Caleta Olivia: 21 órdenes de detención, de las cuales la policía concretó quince. Se llevó a las personas de sus casas a los golpes y sin explicar los motivos. Incluso, a un hombre que terminó en la comisaría con su bebé tras las rejas. La acción duró dos días y el saldo fue la detención de las seis personas que habían oficiado como voceros de los reclamos.

Mayo/Junio

Los estatales de la ciudad de Pico Truncado –unos 600 trabajadores– sostuvieron desde mayo un plan de lucha en reclamo de una mejora de 300 pesos y por el blanqueo del personal contratado. El reclamo se extendió por 44 días, en 37 de los cuales hubo piquetes. Finalmente, el municipio firmó un acta-acuerdo, pero luego el intendente denunció que la mejora había sido conseguida en forma “compulsiva” y aseguró que él y otros funcionarios fueron “tomados de rehenes hasta las 5 de la mañana para llegar a una propuesta”. Maimo sostuvo que los trabajadores rodearon el lugar donde se negociaba y lo amenazaron de muerte.

El ministro de Gobierno de Santa Cruz, Roque Ocampo, acusó a los manifestantes de haber roto bienes de la municipalidad valuados en 100 mil pesos. Así fueron tomados prisioneros e incomunicados Alejandro Garzón, secretario del gremio de empleados estatales de Santa Cruz y los delegados gremiales del municipio de Pico Truncado, David Esteré, Belisario Segel, Julio Pesolano, Pedro Pallagulla y Pilar Peralta. Al secretario gremial, de ATE, Alejandro Barriga, no pudieron llevarlo a la comisaría porque los vecinos de Río Turbio corrieron a los gritos al móvil policial. Los seis fueron imputados de coacción, privación ilegítima de la libertad y daños, y, por la gravedad de los delitos imputados, la jueza Graciela Roarte de Leone les denegó la excarcelación.

El sindicato ATE nacional declaró un paro que fue acompañado con movilizaciones. En Pico Truncado hubo una marcha con antorchas, mientras que en Río Turbio los mineros cortaron la ruta de acceso a Chile. Se hicieron manifestaciones en San Juan, Jujuy, Mendoza, Corrientes, Entre Ríos, Tierra del Fuego, Neuquén y La Pampa. En la Capital Federal hubo una concentración frente al Ministerio del Interior.

La esposa del detenido Alejandro Garzón, Olga Reinoso, denunció que en vísperas de la jornada de protesta su casa fue robada y que los ladrones se llevaron electrodomésticos. “Quiero creer que se trató de un robo común”, indicó. El secretario de ATE Santa Cruz cumplió su detención internado en el Hospital de Caleta Olivia, ya que sufrió una peritonitis. Los cinco detenidos restantes fueron repartidos entre esa ciudad, Perito Moreno y Los Antiguos. Además, el acta-acuerdo del aumento fue declarada nula por la Justicia tras la denuncia que dio origen a las detenciones.[14]

Por su parte, los abogados Mariano Mansilla y Matías Cremonte, de la Asesoría Jurídica del gremio estatal, elaboraron una carta modelo para que las organizaciones gremiales y políticas de todo el país sumen su pedido de libertad a los detenidos enviándola al Juzgado de Instrucción Penal de Pico Truncado, mientras que informaron que “tanto la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) como la Organización Internacional de Trabajo (OIT) han pedido a las autoridades provinciales y nacionales la inmediata libertad de los delegados”.

Pocos días después, la presentación de un video en donde se ve al intendente conversando relajadamente con las mujeres que protagonizaron el reclamo salarial desbarató la acusación que mantuvo siete días en prisión a seis representantes gremiales.

Julio

El 14 de julio de 2005, un grupo de desocupados mantuvo cortadas las rutas provinciales N° 12 y N° 99 en Cañadón Seco, en el norte de Santa Cruz, en reclamo de puestos de trabajo en la industria del petróleo. El martes 19, cerca de 200 desocupados tomaron una planta deshidratadora de Repsol y bloquearon las oficinas operativas de Vintage Oil.

Ese mismo día, Repsol formalizó una denuncia en la cual se acusaba a los trabajadores desocupados por usurpa- ción y daños contra la entidad. A raíz de esta presentación judicial, la jueza subrogante Marta Yánez dispuso el desalojo de la planta el miércoles 20 por la noche. En el operativo participaron más de 300 integrantes de las fuerzas de seguridad, junto al Grupo Especial de Operaciones Policiales (GEO) y gendarmería. El desalojo se produjo en forma violenta y 44 manifestantes fueron detenidos y trasladados a la Comisaría Tercera de Caleta Olivia, localidad a 12 kilómetros de Cañadón Seco. Allí distintas organizaciones sociales reclamaron la libertad de los presos. La policía respondió con balas de goma y detuvo a otras 50 personas, entre ellas 15 menores y 16 mujeres.

Los trabajadores desocupados afirmaron que fueron brutalmente golpeados por la policía. Varios de ellos sufrieron poli traumatismos, fracturas y golpes, por lo que algunos tuvieron que ser internados internados en el hospital zonal. El director del hospital local, Dr. Daniel Esloper, confirmó que tres personas habían sido internadas allí: un hombre con herida de bala de goma, una mujer con varios golpes y una niña menor que sufrió un golpe en una pierna. El médico informó que durante toda la tarde del 25 estuvo entrando gente con lesiones de distinta consideración e irritación en los ojos y garganta, resultado de la represión policial.

Los familiares efectivizaron una serie de denuncias por abuso de autoridad y malos tratos y catalogaron de "aberrante" el accionar de las fuerzas de seguridad.

Por estos episodios permanece aún detenido Cristián Ruiz, quien durante el reclamo actuó como vocero de los manifestantes.

Cañadón Seco no tiene intendente. Su gobierno está a cargo del presidente de la sociedad de Fomento de la localidad, José Claudio Dalle Mura, quien luego de estos hechos asumió como ministro de Gobierno de la provincia.

Setiembre

El 1 setiembre de 2005 los trabajadores del sector petrolero de la provincia de Santa Cruz protagonizan una protesta que tiene lugar en las puertas de dos plantas de Repsol y que bloquea la salida de los camiones. El Ministerio de Trabajo se ha visto obligado a intervenir y ha sentado en la misma mesa a empresarios y sindicalistas. Según denunció la empresa Repsol, cada día de paro le cuesta unos 1,8 millones de pesos. Inicialmente, la protesta surgió por el despido de dos trabajadores que eran delegados del Sindicato de Petroleros Privados, que luego fueron reincorporados. Luego, siguió cuando los representantes del Sindicato de Petroleros Privados se decidieron a pasar a la acción y exigir por la fuerza la firma de un nuevo acuerdo salarial que se discute desde hace tres meses y que supondría un aumento del 30% al 40% en los salarios. En la actualidad, los trabajadores de este sector cobran 650 pesos mensuales y quieren que se incrementen sus sueldos hasta 850 ó 900 pesos.

Octubre/Noviembre

El 21 de octubre los trabajadores el petroleo continuaron con su reclamo de aumento en las calles. A las 10 de la mañana, unos 400 trabajadores se instalaron frente a la Casa de gobierno de Santa Cruz. A media tarde, un grupo de familiares de policías que desde unos días atrás se habían autoacuartelado en reclamo de mejoras salariales, se sumó a la protesta. Por la noche, el gobernador Sergio Acevedo se reunió con los delegados petroleros y acordó de palabra acepar los reclamos del sector. Al no cumplirse este acuerdo, a mediados de noviembre se anunciaron medidas de fuerza.

e) Denuncias de contaminación: cómo afecta la salvaje extracción petrolera a la región

La industria petrolera necesita cada vez de mayores volúmenes de agua para la recuperación secundaria de petróleo y allí parece radicar uno de los mayores y menos debatidos conflictos. “La falta de agua suficiente para poder abastecer a toda la zona sur del Chubut y norte de Santa Cruz se debe fundamentalmente a la ausencia de una obra en alguna parte de la cuenca del río Senguerr que permita administrar de mejor manera el agua necesaria para el consumo humano, el riego de las zonas alta y medias de la cuenca y el abastecimiento a la industria petrolera. La cuenca hídrica del río Senguerr parece haber llegado a su punto de colapso. Los últimos veranos han mostrado con claridad que el agua que circula por el acueducto no es la suficiente y las propias autoridades han admitido que más allá de tener en funcionamiento el nuevo y el viejo acueducto los niveles de suministro son inferiores a la demanda existente”, informa el periodista Marcelo García en una nota publicada en octubre de 2005.

El otro tema silenciado es el de la contaminación. Además de escasa, el agua de la región está en riesgo por la descuidada acción de las empresas que allí operan. Un ejemplo:

Una serie de inspecciones realizadas por la delegación de Medio Ambiente de la Zona Norte de la provincia de Santa Cruz, determinó que las tareas de saneamiento que comenzaron luego de la privatización de YPF no fueron efectivas y sus consecuencias comienzan a desudar un importante pasivo ambiental. Inspecciones rutinarias que se llevan a cabo por parte del personal de esa delegación, en los distintos yacimientos petrolíferos de la Cuenca del Golfo San Jorge, detectaron un total de 310 piletas de petróleo mal saneadas, que constituyen una fuente de contaminación. Según el informe dado a conocer en febrero de 2005, la responsabilidad de estas violaciones a lo estipulado en el decreto N 3.316 de la Ley de Residuos Peligrosos, se distribuye de la siguiente manera:

¨              130 piletas en los diferentes yacimientos operados por Repsol

¨              58 en los operados por Pan American Energy,

¨              77 en Vintage Oil,

¨              27 en la UTE Lago del Desierto,

¨              10 en Ehrencap S.A., 4 en Misahar Argentina S.A.

¨              4 en Pionner.

Una vez detectadas estas piletas, el personal de la delegación, labró las actas correspondientes en las cuales se solicita a la operadora el correcto saneamiento y el traslado de los suelos afectados con el hidrocarburo a los repositorios habilitados, para su posterior tratamento.

Contacto

Dr Ramón Amaya

(0297) 4851450

6) Las fábricas recuperadas por sus trabajadores: el caso del Hotel Bauen

Las fábricas recuperadas y auto- gestionadas por sus trabajadores son un ejemplo de la batalla librada por los sectores olvidados por las políticas oficiales. Son más de 200 y han creado 15.000 puestos de trabajo. Pero solo una mínima parte ha logrado resolver su situación legal, librando engorrosos trámites judiciales en los estrados donde se derimen los fraudes que las llevaron a la quiebra.

Estas cooperativas de trabajo exigen, desde hace varios años, una política hacia el sector, siendo su principal reclamo de la sanción de una Ley Nacional de Expropiaciones para Fábricas Recuperadas y la reforma de la Ley de Quiebras que, durante la gestión Menem, fue modificada para dar privilegios a los acreedores bancarios, anteponiéndolos a los derechos de los trabajadores. En los hechos, esto significa una incentivo legal para desguasar los activos de las empresas, lo cual hace inviable cualquier opción para mantener en funcionamiento la unidad productiva y, con eso, las fuentes de trabajo.

El caso del Hotel Bauen es una clara muestra de la respuesta obtenida hasta ahora por los trabajadores. Su ubicación es estratégica: sobre la avenida Callao, a metros de Corrientes, es la más visible y céntrica de las cooperativas que integran este movimiento. En un año de funcionamiento, logró pasar de 35 a 140 integrantes que durante las 24 horas mantienen a pleno el funcionamiento del hotel, el auditorio, la cafetería, la librería y los salones para eventos. Obras de teatro, emisiones radiales de gran audiencia, ciclo musicales y exposiciones de arte formaron parte de la programación del año 2005. También fue sede de eventos internacionales, como la exposición de arte Ex Argentina, organizada por el Goethe Institut o la Feria Cultural, organizada por la Embajada de Venezuela. Pero el Hotel Bauen se caracteriza, fundamentalmente, por brindar solidariamente espacios para organizaciones sociales que se reunen allí para debatir, organizar y dar a conocer sus pácticas y necesidades.

Toda esta tarea, más la propia de un hotel cuatro estrellas, fue sostenida durante el año 2005 al mismo tiempo que libraba una dura batalla por su situación legal. Durante ese año, los trabajadores resistieron tres intentos de clausura. También, redactaron, presentaron y acompañaron el proyecto de Ley Expropiación Transitoria en la Legislatura de la Ciudad de Buenos, por cual propusieron pagar un cánon mensual a los acreedores de la quiebra. El trámite de este proyecto, que insumió cinco meses de reuniones con las diferentes comisiones legislativas, finalmente llegó al recinto en la última sesión del año 2005.

A las dos y media de la madrugada, con el quorum justo y tan solo 29 votos, la Legislatura porteña aprobó otra ley: desconociendo la comprometida situación legal de los antiguos propietarios, les otorgó derechos sobre la propiedad del Hotel, relegando a la actual cooperativa de trabajadores. Esa madrugada, los pocos trabajadores a los que les permitieron presenciar la sesión fueron desalojados a los palos y con gases lacrimógenos del recinto legislativo. En la calle, la golpiza policial continúo sobre el resto de los trabajadores que desde las tres de la tarde esperaban el resultado del trámite.

Los antecendetes del grupo empresario favorecido por esta ley y que llevó al Hotel Bauen a la quiebra son los siguientes:

• El empresario Marcelo Iurcovich inauguró el Bauen Hotel para el Mundial de 1978 con un crédito del Banade, que terminó en un juicio millonario, del que solo se cobró un pequeño porcentaje.

• En 1997 lo vendió a la empresa chilena Solari SA, que también contrajo deudas por no pagar los impuestos por más de 5 millones.

• El 22 de febrero de 2001 la justicia decretó la quiebra de la empresa Solari S.A., que hasta ese momento administraba el hotel. La causa comenzó a acumular pruebas y reclamos de los acreedores en el Juzgado Comercial número 9, secretaría 18, a cargo del juez Javier Duboise.

• Solari S. A había comenzado a comprar el inmueble de Hotel Bauen y por eso suscribió un boleto de compra/venta frustrado: sólo pagó algunas cuotas a Iurcovich, quien reclamó ante el juez la nulidad del contrato.

• Tras la quiebra, Iurcovich ofreció devolver los cuatro millones recibidos (de los 12 millones que cotizaba el total de la venta ) a cambio de que la justicia le devolviera el inmueble.

• El juez accedió al pedido, pero Iurcovich nunca pagó.

• Así las cosas, legalmente la propiedad no es de nadie: el que la compró no terminó de pagarla y el que la vendió no restituyó nunca lo cobrado al fondo de la quiebra. Semejante situación genera una indefinición legal sobre a quien le pertenece el inmueble.

• Iurcovich es dueño de Poliequipos, una empresa de servicios de salud que fundó hace 40 años y cuyo principal cliente es el gobierno porteño. La firma cobró notoriedad cuando se vio involucrada en la muerte de dos pacientes de la terapia intesiva del Hospital Santojanni, el 30 de junio de 2005. Poliquiepos tiene su sede en Callao 322, a metros del Hotel Bauen.

• Según una nota publicada en el diario Clarín en el momento de la venta del Bauen al grupo Solari, esta es la historia de Iurcovich:

• ”Fueron sus contactos con el Municipio los que lo pusieron en la pista para ingresar al negocio hotelero, hace 20 años. Buenos Aires era administrada con mano de hierro por Osvaldo Cacciatore, que quería modernizar la infraestructura hotelera para el Campeonato Mundial de Fútbol. La partida de nacimiento del Bauen data de 1976, cuando el Banco Nacional de Desarrollo (BANADE) le otorgó un crédito para financiar el 80% de la construcción del hotel a Iurcovich, su controlada Poliequipos y su socio Gregorio Rubens. La historia de ese crédito derivó en un millonario juicio cruzado, que se inició en 1980: Poliequipos le reclamó al BANADE por haber financiado solo el 40% de la construcción del Bauen. Y el banco estatal, que posteriormente fue absorbido por el Nación, amenazó con ejecutar la hipoteca a la que estaban sujetos el Bauen y otro hotel de Iurcovich, el Libertador, de Misiones. El juicio se resolvió en 1994, cuando el Banco Nación aceptó cobrar 6 millones de dólares a cambio de dar por cancelado un crédito que, 17 años después de otorgado, estaba calculado en 37 millones de dólares”.

En diciembre de 2005 la cooperativa de trabajadores inició una campaña para pedir el veto de la ley. Fueron recibidos por Jorge Telerman, por entonces a cargo de la jefatura del gobierno porteño, quien se comprometió a demorar hasta abril de 2006 la sanción definitiva, permitiendo así que la Legislatura trate un nuevo proyecto. La respuesta, por lo tanto, lejos de ser un solución es tan solo una demora que obliga a los trabajadores a permanecer en una indefinición legal que les trae graves consecuencias económicas: el cálculo es que de obtener la expropiación definitiva podrían duplicar la actividad del hotel y, con ello, las fuentes de trabajo.

Hasta ahora, la solidaridad fue una de las principales armas que exhibió el Bauen Hotel para evitar el desalojo. No sólo una gran cantidad de movimientos y agrupaciones locales se acercaron para acompañar a los trabajadores en los momentos cruciales: en un solo día, tanto el presidente Néstor Kirchner como el jefe de gobierno porteño, Jorge Telerman recibieron 1.118 mails, producto de una campaña internacional de apoyo a la cooperativa.

Contacto

Cooperativa de Trabajo del Hotel Bauen

Presidente: Marcelo Ruarte

prensatrabajadoresdelbauen@yahoo.com.ar

7) La expansión de la minería tóxica y sus consecuencias: la mina de oro de Andalgalá, Catamarca[15]

 

Andalgalá es la tercera ciudad en importancia de Catamarca. Desde hace diez años allí funciona una de las minas de oro y cobre más importante del mundo. Habitantes del lugar aseguran que el emprendimiento no trajo ningún bienestar, denuncian contaminación y un Estado cómplice. La empresa asegura que todo su accionar está sujeto a la ley. Los pobladores piden un plebiscito para evitar la instalación de otro yacimiento, que será el más importante de América y multiplicaría los problemas.

Agua para no beber. Aire que mejor no respirar. Un pueblo pobre, sobre montañas de oro. Son algunas de las contradicciones de Andalgalá, una localidad catamarqueña de 17 mil habitantes, a 240 kilómetros de la capital provincial, donde funciona desde hace diez años la mina de oro y cobre más grande de Argentina y una de las más importantes del mundo. La empresa, Minera Alumbrera, de un consorcio suizo canadiense, es denunciada por los pobladores de contaminar la tierra, el aire y el agua. Espacios sociales, gubernamentales y judiciales del noroeste argentino advierten que la contaminación afectaría a tres provincias: Catamarca, Tucumán y Santiago del Estero, pero el mayor desastre –-advierten-- comenzaría en breve: una nueva mina, tres veces más grande, aún más cerca del pueblo y en las cumbres que proveen agua a toda la región. Los Vecinos Autoconvocados aseguran que será el tiro de gracia para el pueblo. Por ello, piden un plebiscito al estilo Esquel. 

Los Vecinos Autoconvocados de Andalgalá son docentes, jubilados, comerciantes, obreros de la construcción y amas de casa que aprendieron de fórmulas químicas, historia, procesos de extracción, leyes ambientales y bene-ficios impositivos que gozan las compañías. “Es David y Goliat”, resumen desde una de las provincias más pobres del país. Enfrente ubican a las multinacionales mineras más importante del mundo: la suiza Xstrata (50 por ciento del paquete accionario) y las canadienses Goldcorp (37,5 por ciento) y Northern Orion (12,5); al Estado en sus tres niveles –-municipal, provincial y nacional-- y una comunidad dividida en torno a la empresa: familias desmembradas, hermanos que no se hablan, amigos de toda la vida hoy distanciados, comerciantes que perdieron clientes por oponerse a la minería, vecinos que ni se miran. Un pueblo donde la minera, como la polémica, afecta a todos.

Memoria del saqueo

Octubre de 1994. Cine-Teatro Catamarca, frente a la plaza principal de San Fernando del Valle. El gobernador Arnoldo Castillo; el entonces secretario de Minería y actual gobernador de La Rioja, Angel Maza; el ex presidente Carlos Menem y un ejecutivo, alto, rubio y asistido por traductora, anunciaron el lanzamiento de las obras de infraestructura del yacimiento Mina Bajo la Alumbrera, ante un centenar de funcionarios y empresarios eufóricos. “Hoy comienza el despegue, el día soñado para esta provincia tan postergada”, dijo con lágrimas el anciano gobernador. Menem, de prolijísimo traje azul, no fue menos: “Esta es la Argentina que necesitamos, que se abre al mundo, que recibe inversiones, que promete un futuro”. El ejecutivo de la multinacional, asistido por una traductora, agradeció: “Nuestra inversión se da gracias a las nuevas leyes impulsadas por el Gobierno, sin él no podríamos haber iniciado esta obra”.

Tres años después, el 31 de octubre de 1997, Carlos Menem voló con todo su gabinete a Andalgalá para inaugurar la etapa de extracción. Fiel a su estilo, fue protagonista activo de la primera explosión en la montaña y de la primera molienda. Luego sobrevino el fastuoso lunch en las instalaciones de la misma mina, a 2600 metros, en la exclusiva ciudad en las alturas para los profesionales y trabajadores de la multinacional.

Andalgalá fue fundada un 12 de julio, hace 347 años, y siempre había estado presente el buen recuerdo de la minería. A fines del siglo XIX, y hasta principios del XX, fue una región que conoció el bienestar al abrigo de la extracción de mineral con el sistema de galerías, en pequeña escala, con enorme demanda de mano de obra, pico y pala como herramientas, lomo de burro para el transporte. Fueron años de desarrollo, cuando Catamarca se erigía como sinónimo de crecimiento; momentos grabados en las memorias familiares, transmitidos a hijos y nietos. De ahí el germen de la bienvenida y alegría por la llegada de una empresa minera. “Pero esta vez la extracción sería diferente y los beneficios repartidos en forma diferente al siglo pasado”, lamentó Roberto Cecenarro, uno de los primeros opositores a Alumbrera y pionero en advertir que la luna de miel entre pobladores y empresa duraría poco.

La campaña publicitaria de la empresa y los políticos de turno prometía la construcción de un barrio para cinco mil personas, nuevas escuelas, un hospital de alta complejidad, rutas asfaltadas, 6.000 puestos de empleo. Ninguna de esas obras se plasmó. La compañía asegura, hoy, que emplea a 1.800 personas del lugar y, de forma indirecta, creó 8.200 puestos laborales nuevos. Los Autoconvocados lo desmienten: dicen que en la mina no trabajan más de 90 personas de Andalgalá. El resto todos “profesionales foráneos”. El intendente, aliado de la empresa, habla de cifras menores: “Se solía decir que iba haber mil, dos mil, tres mil puestos de trabajo, pero no hay más de 40 ó 50 andalgalenses efectivos”.

Aída Orellana, una mujer delgada, rubia, histriónica y de hablar firme, había creído, como todos sus vecinos, en las promesas. Invirtió todo lo que tenía, y más, para construir un pequeño hotel. Creyó que la ciudad crecería, que Alumbrera le daría huéspedes y prosperidad. Pero los cuartos rara vez alojaron visitantes. Cuando se dio cuenta del engaño comenzó su militancia contra la minera. “Fue todo una gran estafa y encima nos envenenan”, dice una y otra vez meneando la cabeza. Tanto se comprometió con la lucha que terminó distanciada con toda la familia, que aún hoy la sigue culpando por la ausencia de clientes. Alumbrera reconoce que al yacimiento le quedan diez años de vida y aún hoy sigue resaltando que el emprendimiento “es una fuente de oportunidades y beneficios económicos para la Argentina y en especial para las comunidades próximas a sus instalaciones”. “Prometía desarrollo del lugar, comprar a proveedores locales; pero lo cierto es que de acá no compran ni el tomate o la lechuga para las ensaladas”, refuta Orellana.

La Mina de oro y cobre

El yacimiento de oro y cobre pertenece al estado catamarqueño, la Universidad de Tucumán y el estado nacional, que conforman la sociedad Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD), pero cedieron la explotación a las multinacionales. Funciona a 40 kilómetros del casco urbano de Andalgalá, a 300 de la capital provincial, entre montañas y alambrados olímpicos.

Muy pocos pueden ingresar al yacimiento, que trabaja día y noche y donde una enorme olla de dos kilómetros de diámetro y seis cuadras de profundidad es el espacio donde explosivos, 36 enormes camiones mineros y monumentales palas mecánicas remueven 340 toneladas de roca por día. Lejos están las imágenes de las películas: no hay picos, nos palas, nos hay pepitas de oro y, ni siquiera, hay mineros.

Por cada tonelada de roca se obtienen seis gramos de oro y seis kilogramos de cobre. Datos de la misma empresa se ufanan de que Alumbrera utiliza en un solo mes la misma cantidad de explosivos que se requiere por año en toda la Argentina. No es casualidad que nubes de polvo llueven tierra en la ciudad. Además, los especialistas advierten que la remoción de las montañas de rocas acelera la producción de sulfuros, que con el aire y el agua producen drenajes y lluvias ácidas, con su contaminación a cuestas.

“Los drenajes ácidos representan uno de los principales problemas ambientales de la minería. Estos drenajes ocurren cuando los minerales que contienen sulfuros presenten en la roca se exponen al aire o al agua, convirtiéndose en ácido sulfúrico. Este ácido puede disolver metales pesados (plomo, zinc, cobre, arsénico, mercurio o cadmio) presentes en la roca y en los residuos o colas hacia el agua superficial y subterránea. Producen una contaminación grave. Los drenajes ácidos ocurren naturalmente, pero son significativamente magnificados como consecuencia de la minería. Además, estos drenajes pueden viajar largas distancias río abajo”, explican desde Greenpeace.

Según datos de la misma empresa, el yacimiento se encuentra entre los diez grandes emprendimientos de cobre del mundo (con 190 mil toneladas anuales) y entre los 15 de oro (con 23 mil toneladas). “Minera Alumbrera es el mayor consumidor eléctrico individual de Argentina”, cuenta la misma empresa en su página de internet. Cuenta con hoteles para empleados y visitantes, 500 habitaciones, comedor, salas de juegos, gimnasio, línea de colectivo interna y tres aviones propios que hacen de taxi aéreo para ejecutivos hacia Tucumán y Catamarca.

El proceso de extracción consiste en dinamitar las paredes de la montaña, transformar las rocas en polvo y diluirlas en soluciones ácidas que purifican el mineral. Esta solución viscosa es nuevamente purificada por un proceso de flotación de gran escala. Todos los desechos son destinados a un enorme basurero, de 30 hectáreas y 150 metros de alto, llamado “dique de colas”. El producto bruto es enviado por un monumental mineraloducto –-un caño bajo tierra-- de 310 kilómetros de largo que pasa por Catamarca hasta Tucu-mán. Transporta un barro con ácido y mineral diluido. Llega hasta Cruz del Norte, en Tucumán, donde el “Tren Alumbrera” (la empresa cuenta con cuatro locomotoras y 182 vagones propios) transporta concentrados hasta el puerto de Santa Fe. De ahí viaja rumbo al exterior, donde será refinado. El megaemprendimiento también cuenta con un electroducto de 220 kilómetros, líneas eléctricas de alta tensión que atraviesan gran parte de Catamarca y Tucumán.

Las obras de infraestructura requirieron una inversión de 1.200 millones de dólares. “Poco de ese gasto corre por cuenta de la empresa: el artículo 22 de la Ley 24.196 legisla que del tres por ciento que la empresa paga de regalías deben deducirse los costos de transporte, fletes, seguro, molienda, comercialización, administración, fundición y refinación. De esta forma, las monumentales obras las paga el Estado”, explica Marcos Pastrana, de la Intersectorial de Tafí del Valle, en Tucumán, donde también acusan la contaminación desde la vecina Catamarca.

Diez años después: las acusaciones

El fiscal de Tucumán Antonio Estofán denunció a la empresa por contaminación. El juez federal de Santiago del Estero Felipe Terán investiga una denuncia de presencia de cobre y plomo en el norte provincial y una posible contaminación de llegaría hasta las turísticas Termas de Río Hondo. La justicia de Rosario investiga el presunto tráfico documental y exportación ilegal de metales. Pobladores de Villa Vil, en Catamarca, denunciaron a la empresa por un derrame tóxico del mineraloducuto. Organizaciones sociales de Tafí del Valle, en Tucumán, advierten sobre la contaminación del aire, radiaciones del electroducto e invasión de cementerios indígenas. Son sólo cinco de las decenas de acusaciones que tiene en su contra Minera Alumbrera, impulsadas por una gran diversidad de sectores, localidades y provincias.

El titular de la empresa, Julián Rooney, respondió a las acusaciones: “No existe contaminación de ninguna índole. El importante trabajo desplegado y las conclusiones del monitoreo ambiental han servido para que la industria pueda demostrar su apego al cumplimiento de las normas ambientales.”

Los Autoconvocados exigen desde hace años estudios “independientes” de tierra y agua. Pero las únicas respuestas que obtienen son análisis a cargo de la misma empresa o esporádicos y selectivos relevamientos de la provincia. Descreen de esos estudios porque sindican a la empresa como cómplice de la empresa. “Alumbrera le significa al gobierno provincial el 70 por ciento de los ingresos fiscales. Conociendo a nuestra clase dirigente ¿usted cree que denunciarán a sus sostenedores económicos”, advierte Omar Ramos, vecino de lugar.

“Los especialistas recomiendan hacer seguimientos, estudios permanentes, de meses. Ellos no hacen nada de eso. Para que te des una idea: los estudios de tierra y aguas no los controla nadie: la empresa selecciona las muestras, las lleva ella misma al laboratorio y ella misma le informa a los órganos de control cuáles fueron los resultados”, denuncian los Autoconvocados.

Un estudio técnico que enarbolan variados sectores fue realizado por el perito minero Héctor Oscar Nieva. Se trata de su estudio de maestría para la Universidad de Nancy (en Francia), el cual confirmó que el dique colas (la enorme olla que hace de basurero minero) tiene filtraciones que contaminan las napas subterráneas de la zona. La empresa reconoció las pérdidas e instaló un sistema de retrobombeo para que la solución que escapa al corral minero vuelva a él. Nieva asegura que la contaminación sigue regándose por el subsuelo catamarqueño. “El problema podrá agravarse al cierre de la mina. Filtra al río Vis Vis y el destino final de toda la contaminación será la reserva de agua dulce más importante de la región. Ya hay mortandad de animales en la zona de impacto ecológico de la minera. Ellos dicen que no contaminan, pero es evidente que algo hay", afirmó el especialista.

El presidente de Alumbrera afirmó que “el estudio del ingeniero Nieva toma en cuenta datos parciales y realiza extrapolaciones que nada tienen que ver con la realidad de lo que realmente ocurre, por lo tanto carece de fundamento técnico. En nuestra página web puede encontrarse un trabajo con los argumentos que explican porqué son inexactas las conclusiones a las que arriba el ingeniero Nieva”.

Desde Greenpeace aseguran que “es evidente que las actividades mineras frecuentemente producen beneficios económicos a corto plazo a las comunidades. Pero también producen impactos ambientales y de salud a largo plazo que las compañías mineras frecuentemente evitan pagar”.

Sin embargo, en declaraciones al diario La Gaceta, el secretario de Minería de Nación, Jorge Mayoral –-que rechazó hablar con este diario--, sorprendió a los tucumanos y catamarqueños al negar que exista un problema ambiental ligado a la actividad minera y aseguró que “algunos, con picardía, pretenden generar incertidumbre”. La Federación de Organizaciones Ambientalistas de Tucumán no tardó en contestarle: "No puede ser que el funcionario desconozca que la actividad desarrollada por la firma no tan sólo mereció la condena de la comunidad, sino que, además, su principal directivo está imputado por presunta contaminación, por la Justicia Federal", coincidieron los representantes de la entidad, Pedro Ottonello y Juan Manuel Prado Iratchet.

En los valles calchaquíes, la Intersectorial de Tafí del Valle -que reúne a las organizaciones sociales del lugar- se declaró por el “no a la minería metalífera por los graves impactos ambientales que provoca en la comunidad”, aseguró Marcos Pastrana, referente de la Intersectorial, quién recordó que con las torres del electroducto se invadió espacios sagrados indígenas. Exigen que la zona de los valles tucumanos sea declarada “área protegida”.

El boca a boca en Andalgalá muestra que las enfermedades gastrointestinales se multiplicaron, pero ni el hospital local ni ningún estamento gubernamental dan cuenta de estudio alguno. Una sola vez, en 2003, se conocieron estadísticas del hospital local: confirmaron que, desde la instalación de la mina y hasta 2003, las enfermedades respiratorias en niños había aumentado de 1374 a 2244. Todos señalaron como responsable a la mina. Nunca más fueron difundidas datos de salud del lugar.

“El proyecto fue diseñado siguiendo los estándares ambientales equivalentes a los requeridos por los países líderes en producción de cobre y oro, y los lineamientos establecidos por el Banco Mundial”, explica Alumbrera en su carpeta de presentación.

Agua, divino tesoro

El agua es el oro del futuro, advierten diversos sectores que hasta aseguran que las guerras serán por ese recurso natural. En Catamarca “el líquido no falta, pero tampoco sobra a lo bruto”, sonríe Urbano Cardozo, el jubilado militante. Alumbrera cuenta con un permiso de extracción de 1.100 litros por segundo. Que es lo mismo a 66.000 litros por minuto: casi cuatro millones de litros por hora en una zona semidesértica. “Mejor no hacen la cuenta de cuanta agua al día se va con ese oro”, ironiza Blanca Rado, docente jubilada y estudiosa de lo que acarrea la minería a gran escala. Alumbrera cuenta con seis pozos perforados a profundidad, de donde chupa el agua subterránea durante las 24 horas.

La canadiense Northern Orion (accionista de Alumbrera) comenzará en breve las obras de infraestructura de otro yacimiento, tres veces más grande que Bajo Alumbrera, a sólo 17 kilómetros del pueblo, en la cima de las montañas ubicadas frente al centro de la ciudad. Planea extraer oro, plata, cobre y molibdeno. “El desarrollo de Agua Rica es técnicamente factible, y podría ser desarrollado como un yacimiento de bajo costo y de larga vida útil”, reconoce la carta de presentación de la misma empresa. Planea procesar, por día, 70.000 toneladas de roca, con una vida útil de 30 años.

Los Vecinos Autoconvocados remarcan que, además de la misma contaminación que acarrea Alumbrera, de esa montaña nacen los tres ríos -el Blanco, Candado y el Minas-, que alimentan de agua a toda la región: casi un cuarto de la provincia. Todos reconocen que ese será el último golpe al pueblo.

El agua utilizada, es irrecuperable. No hay tratamiento posible para que vuelva a ser aprovechable. De ponerse en marcha la nueva explotación la cantidad de agua utilizada será el triple. El nuevo emprendimiento minero se llama, paradójicamente o por humor negro, “Agua rica”. Ironía del destino, la mina tomará tres veces más de un agua.

En 2004, Minera Alumbrera facturó 683 millones de dólares: 1.980 millones de pesos. Tomando en cuenta los últimos cuatro trimestres (los dos últimos de 2004 y los dos primeros de 2005) Alumbrera pagó, en concepto de regalías, 51 millones de pesos. Es el 2,5 de su facturación total.

Según la propia empresa, en su publi-cación “Suplemento comunitario Minera Alumbrera y la comunidad”, se acaba de pagar al municipio de Andalgalá en concepto de regalías mineras: 14 millones de pesos. Lo que representa el 0.7 por ciento del oro y el cobre que en el último año se extrajo de las montañas catamarqueñas.

La diputada Marta Maffei visitó el año pasado la zona y repitió un dato: “Las diez grandes mineras se llevarán del país minerales por 25.000 millones de dólares, de los cuales sólo 380 millones quedarán en el país”.

Es que el dinero que las mineras se llevan no tiene retención a las expor-taciones (como si pagan, por ejemplo, los productos agropecuarios).

Los Autoconvocados impulsan un plebis-cito vinculante para antes de fin de año, pero saben que es un arma de doble filo. En caso de llegar a esa instancia, la gran incógnita es saber qué pasará.

Argentina, la niña mimada de la minería global

Esquel, en Chubut, es el antes de la explotación minera. Jáchal, en San Juan, el durante. Andalgalá, el después de la extracción: cuando el oro ya no está y la montaña es un coloso agujereado. Sólo tres del medio centenar de emprendimientos mineros metalíferos de Argentina, que tienen tantos impulsores como detractores. Estado y empresas- por un lado. Organizaciones sociales y pobladores por el otro. Promesas de inversiones, trabajo y desarrollo de un lado. Denuncias de degradación ambiental, pobreza y saqueos por el otro. Estado de situación de una polémica silenciada.

Las exportaciones mineras del país se multiplicaron en la última década. Según datos oficiales de la Secretaría de Industria, Comercio y Minería (Sicym), en 1993 Argentina exportaba 15,8 millones de dólares. Después de aprobadas las nuevas legislaciones mineras, el cambio fue drástico: en 1999, fue de 705 millones.; en 2001 de 754 millones, en 2002 de 990; 2003, 1.100; y las proyecciones para 2006 son de 1.466 millones.

Según los mismos datos oficiales: los minerales metaliferos como el oro, la plata y el cobre representan las dos terceras partes del volumen exportado de lo denominado “boom minero”. “Es que las leyes del menemato son seductoras: ambientales e impositivamente son altamente beneficiosas para las empresas”, explica Marcos Pastrana, de Tafí del Valle.

El legislador Carlos Tinnirello, especializado en el tema, aseguró que “las empresas mineras recién inician la invasión en el país, pero las proyecciones de las mismas empresas indican que nos espera una gran invasión de empresas. Y, desde ya, nunca se pueden desarrollar este tipo de emprendimientos sin compromisos políticos de los gobernadores y del ejecutivo nacional, que escuchan mucho a las mineras pero muy poco a las poblaciones que alertan sobre los riesgos, sobre todo las vertientes de aguas que se comprometen”.

“Las mineras manejan los medios, las municipalidades, las provincias, a los funcionarios aún más altos. Ejercen hostigamiento sobre las poblaciones que se oponen y engañan prometiendo un bienestar que nunca llegará. En tanto, los poderes ejecutivos, legislativos y hasta judiciales están a disposición de las empresas, que siempre tienen a mano artilugios políticos y legales para conseguir sus fines. Hay que tomar conciencia que se trata del saqueo de los recursos naturales del país”, denunció Tinnirello.

En el lujoso hotel de Toronto, Canadá, donde se desarrolló el Congreso Mundial de Minería, todos los especialistas prominería fijaran sus ojos en Argentina y la catalogaron como “la niña mimada” del sector. Remarcaron que la vedette del momento cuenta con 5.000 kilómetros de cordillera, un 75 por ciento de sus recursos inexploradas y una regalarías de sólo el tres por ciento. Multinacionales de Estados Unidos, Canadá, Australia, Chile y Europa señalaron a Argentina como la región a invertir y a Latinoamérica como del destino de la década. No dejan de fijar las ventajas de legislación vigente. En el shopping minero internacional estuvieron, junto al secretario de Minería de la Nación, Jorge Mayoral, gobernadores y autoridades mineras de San Juan, Mendoza, Catamarca, La Rioja, Salta, Jujuy y Santa Cruz.

Luego de la feria minera, el secretario de Minería viajó a Washington para mantener un encuentro con el titular del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Enrique Iglesias, quién impulsa la minería como “desarrollo para toda la región”. “Por solicitud del ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación, Julio De Vido, Mayoral se reunió con Iglesias a fin de evaluar planes de apoyo para impulsar la actividad minera de Argentina y fomentar el desarrollo sustentable de la pequeña, mediana y gran minería”, informó la gacetilla de prensa oficial de la Secretaría.

En ese congreso, la minera estatal YMAD –-propietaria del Yacimiento Alumbrera-- ofreció a compañías internacionales un conjunto de “áreas ricas en cobre, oro, plata y molibdeno, de Catamarca”. En una reseña comercial titulada "YMAD, A Great Opportunity (La Gran Oportunidad)”, la empresa explicó a los ejecutivos de las multinacionales: "Se han alumbrado nuevas reservas y se ha desarrollado un ambicioso plan de perforaciones. Hay un área con estructuras de oro, plata y manganeso”.

El Plan Bianual 2004-2005 de la Secretaría de Minería nacional insiste con que Argentina cuenta con oportunidades mayores que otras regiones por el “replanteo de marcos tributarios y jurídicos” con los que cuenta (las leyes de la década del 90).

Desde la Cámara de Empresas Mineras (CAEM) publicitan que el sector exporta casi tanto como el trigo. Pero las diferencias radicales son tres: el agro, a pesar de su industrialización, emplea mucha mayor mano de obra; tiene retenciones a las exportaciones (por cada tonelada que sale, un porcentaje queda en el país) y, sobre todo, la tierra sufre una degradación, pero que puede ser tratada; mientras que los minerales son un recurso no renovable: lo que se va, no vuelve. Resulta una zona improductiva, empobrecida –ya sin su riqueza mineral- y contaminada

Una legislación a medida

“Las leyes mineras son beneficiosas, al extremo para las empresas”, resumen desde la Red de Comunidades Afectadas por la Minería, que nuclea a habitantes de San Juan, Chubut, Córdoba, Tucumán, Río Negro y Catamarca. SI bien corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos, éstas (dueña del mineral) no pueden cobrar más del tres por ciento del precio internacional de venta de los metales. Pero a ese tres por ciento las compañías deducen los costos de transporte, fletes, seguro, molienda, comercialización, administración, fundición y refinación. “Las multinacionales no tienen retenciones a la exportación, no deben liquidar divisas (no ingresa el dinero de sus ventas al país, todo se dirige al exterior), no pagan impuestos de ingresos brutos, ni a los combustibles (el que todos pagan cuando cargan nafta), ni sellos, ni tasas para la importación; deducen gastos al doble a los fines del impuesto a las ganancias, en los primeros cinco años no pagan impuestos nacionales, provinciales ni municipales. Por ejemplo, no pagan impuestos a las ganancias ni ingresos brutos. No pagan IVA ni impuestos por ingreso de maquinarias”, explican desde la Red de Comunidades. Además, gozan de estabilidad fiscal por 30 años. Esto es: cualquier modificación –por ejemplo: el impuesto al cheque, que pagan todos los argentinos- no los afecta. Eufemísticamente lo llaman: “régimen minero confiable”.

 

Contacto:

Vecinos Autoconvocados de Andalgalá Edgardo Salas 03835-1552-0051 - ditosalas@yahoo.com.ar

Mariana Bettanin 02944-429-441 - mariana@cedha.org.ar

Dario Aranda

darioaranda@yahoo.com.ar

 

Anexo documental: Caso testigo Andalgalá

Declaracion de Andalgalá, 14 de agosto de 2005

A casi diez años de la puesta en marcha del primer emprendimiento minero a gran escala en nuestro país -Minera Alumbrera en la Provincia de Catamarca- la Red de Comunidades Afectadas por la Minería de Argentina, manifiesta que:

I-)Reafirmamos plenamente las declaraciones de Noviembre de 2003 en Buenos Aires, y de Abril del año 2004 en Tafí del Valle, Tucumán.

II-) La Gran Minería no significa otra cosa que un plan de entrega total e irrestricto de nuestros recursos minerales, nuestras tierras, y la afectación y contaminación de nuestras reservas de agua dulce y los ecosistemas en todo el territorio nacional.

III-)Todos los emprendimientos se localizan en zonas de fuentes y cursos de agua: glaciares, humedales, mallines, vertientes, arroyos, ríos, lagos y lagunas, de donde las poblaciones toman directamente el agua para sus acti-vidades vitales. La Gran Minería consume millones de litros de agua por día y la devuelve contaminada al ambiente.

IV-) Esta actividad sólo es posible en el país porque está legitimada e incen-tivada por un marco legal colonialista, que consagra un régimen brutal de beneficios y exenciones fiscales a las empresas mineras, discriminatorias de todas las actividades productivas sustentables, que son realmente el motor de nuestras economías regionales.

V-) La Gran Minería es incompatible con cualquier otro tipo de actividad social y económicamente sustentable, y cultural y ecológicamente sostenible, e impide su desarrollo a futuro en los lugares donde hubo emprendimientos mineros.

VI-) Estos emprendimientos se imponen a espaldas de la población: a) no se brinda la información pública que el Estado tiene obligación de otorgar; b) se manipulan y falsean las verdaderas consecuencias que provocan los emprendimientos mineros; c) se impide la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones.

Por todo ello, exigimos a los Poderes del Estado:

1) La inmediata paralización de todos los emprendimientos mineros a gran escala en marcha, en cualquiera de sus etapas, y la suspensión de nuevos permisos y concesiones bajo el régimen legal actual.

2) La reparación integral de los daños y perjuicios ya causados, sin la afectación de dineros públicos.

3) La Nulidad y Derogación del Régimen Legal Minero actual, y la elaboración de un nuevo régimen, con participación de las Comunidades.

4) La inmediata aplicación de la Legislación Indígena comprendida en el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales (ratificado por el Congreso Nacional) que consagra la Autodeterminación de los Pueblos Originarios sobre sus Territorios y su desarrollo.

5) Que se garantice a la ciudadanía el acceso a la Información Pública sobre la actividad minera.

6) Que se garantice la participación de las comunidades en los procesos de toma de decisión respecto a la evaluación y aprobación de emprendimientos mineros.

7) La impulsión de todas las causas judiciales concernientes a la contaminación ambiental y otros delitos provocados por la minería, y de las denuncias por violaciones a los Derechos Humanos de aquellos que se oponen a la minería.

8) Libertad y desprocesamiento de los luchadores sociales perseguidos por su oposición a la actividad minera.

14 de agosto de 2005

Este documento ha sido redactado y avalado por las siguientes comunidades participantes del III Encuentro de comunidades afectadas por la minería de la Argentina:

Vecinos Autoconvocados de Andalgalá - Catamarca

Vecinos Autoconvocados de los Valles Calchaquíes (Salta, Tucumán, Catamarca)

Vecinos Autoconvocados de Belén - Catamarca

Autoconvocados de Catamarca

Movimiento de Autoconvocados de Concepción - Tucumán

Jóvenes Autoconvocados de Andalgalá - Catamarca

Jóvenes Autoconvocados de Santa María - Catamarca

Jóvenes Autoconvocados de Belén - Catamarca

Intersectorial de Tafí del Valle - Tucumán

Comunidad Indígena de Tafí del Valle - Tucumán

Federación Ambiental de Tucumán

Pro-Eco - Tafí Viejo, Tucumán

Comunidad Indígena de Quilmes - Tucumán

Comunidad Indígena de Santa María - Catamarca

Comunidad Indígena de Amaicha del Valle - Tucumán

Comunidad Indígena de Ingamana - Santa María, Catamarca

Colegio de Abogados de Catamarca

Asociación de Prestadores de Turismo Aventura - San Juan

Frente Cívico por la Vida - San Juan

Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Neuquén, Río Negro, Chubut y Patagones

Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Esquel

Contacto:

Vecinos Autoconvocados de Andalgalá (integrante de la Red de Comunidades afectadas por la Minería en Argentina (CAMA). Contacto: Edgardo Salas - 03835-1552-0051 - ditosalas@yahoo.com.ar

Mariana Bettanin - 02944-429-441 - mariana@cedha.org.ar

 

8) La Patagonia en disputa: provincia del Chubut

En la región sur del país los derechos humanos se violan en forma constante por la tierra y por el agua, siendo los principales perjudicados los pueblos originarios y campesinos que ocupan territorios que poseen importantes riquezas. Desde hace tiempo, la Patagonia es una de las zonas más codiciadas por los grandes capitales, nacionales y extranjeros que, poco a poco, van adueñándose de grandes extensiones de tierras y de agua, para explotarlos siguiendo la lógica de la acumulación incesante de capital.

Las grandes masas de agua que posee esta región están representadas por enormes lagos, muchos de ellos sin explotación humana de ninguna especie, y ríos correntosos que descienden de la cordillera, característica que permite que una de las formas de aprovechamiento posible sea la generación de energía.

Uno de los proyectos que existe en este último sentido es el de Aprovechamiento Hidroeléctrico de la Cuenca del Río Carrenleufú, que llevaría a la construcción de seis represas en la zona de Corcovado, localidad ubicada a 100 kilómetros al sur de la ciudad de Esquel, en la provincia de Chubut.

Si bien durante el 2005 no se han cumplido los plazos de construcción que estaban expresados en el proyecto, en caso de concretarse implicaría la inundación de aproximadamente 11.000 hectáreas, provocando la pérdida de masa boscosa nativa, la muerte del río, que quedaría represado en su totalidad, la contaminación de sus cuencas y el desalojo y la relocalización de la población de la zona, que sería obligada a abandonar sus tierras en las que viven y trabajan.

Detrás del proyecto está la corporación española Santander, que es accionista de la planta de producción de aluminio Aluar, que está en vías de ampliación y por lo tanto, requiere de mayor volumen energético. Pero detrás de la propuesta de construcción de las represas también está el poder político nacional, provincial y local que, asociados a los intereses de las grandes corporaciones, se encargan de construir un discurso para convencer a la población de la necesidad de realizar el proyecto para lograr el desarrollo local, generar nuevos puestos de trabajo y obtener nuevas fuentes de energía para las poblaciones del lugar.

Tras los discursos basados en el progreso de la región, se encuentran las comunidades que serán afectadas por la muerte del río, las comunidades rurales de la zona, asentadas hace mucho tiempo en la región, que viven de la ganadería extensiva y de la agricultura de subsistencia; el pueblo de Corcovado, gobernado por un intendente justicialista que ejerce el poder en forma autoritaria, persiguiendo a quienes se oponen a los proyectos impulsados por la intendencia- como la construcción de las represas-, violando los derechos humanos de la población impunemente y controlando todos los resortes del poder local, factores que le permiten utilizar la violencia y manipular a la población a través del manejo de planes asistenciales; y una comunidad mapuche ubicada a 10 km. de la localidad de Corcovado.

Esta comunidad mapuche, que quedará 60 metros bajo el agua de concretarse el proyecto, es la Comunidad Pillán Mahuiza, constituida por dos familias que, en 1999, recuperaron 150 hectáreas que estaban en posesión de la policía provincial desde 1939, luego del desalojo violento de 30 familias mapuche.

Según la cosmovisión del pueblo mapuche, los seres humanos y la naturaleza constituyen un todo indivisible, un círculo perfecto de vida, y hay una relación circular y armónica entre ambos, que sería afectada en caso de realizar una transformación del ámbito natural. La relación con la naturaleza está basada en el principio de la reciprocidad –se da y se recibe a la vez- y para concretar esta relación es necesario estar en armonía con el todo, que incluye elementos naturales, culturales y espirituales que hacen a la identidad mapuche. Esta es la razón por la cual se oponen a la destrucción de cualquier elemento de la naturaleza y no permiten que se destruya el territorio.

En la lucha contra el asesinato de los ríos y por la vida de otros bienes naturales y culturales, la comunidad Pillán Mahuiza y los pobladores campesinos de la zona han conformado el Frente de Lucha Mapuche Campesino como un espacio político, social y cultural que se propone construir relaciones basadas en la reciprocidad entre la sociedad y la naturaleza y recuperar la identidad, la cultura y la espiritualidad de quienes lo constituyen, con el propósito de lograr no sólo la recuperación de las tierras, sino también el control del territorio.

En esta lucha han enfrentado las persecuciones del poder político local que ha acusado de usurpadores a la comunidad mapuche, por haber recuperado las tierras que pertenecían ancestralmente a su comunidad.

En enero de 2005 se realizó en la comunidad Pillán Mahuiza un encuentro de organizaciones sociales de la Patagonia y otras regiones del país que expresaron su apoyo a la lucha contra la represa a través de dos comunicados, uno rechazando la concreción del proyecto de construcción de las represas y otro, denunciando las violaciones a los derechos humanos que se producen en la región, tales como el derecho a la libre expresión, a peticionar a las autoridades, a la identidad cultural, incluyendo el derecho a la integridad física y a la vida, como consecuencia de las constantes amenazas que enfrenta la población del lugar debido al ejercicio de la violencia institucional.

Otra comunidad mapuche que enfrenta las amenazas de desalojo y que reclama la titularidad de las tierras es la Familia Cayún, que está localizada en Lago Puelo, a 180 kilómetros de la localidad de Esquel, también en la provincia de Chubut. La comunidad, ubicada en la margen oeste del Río Azul, está compuesta por 12 familias –55 personas en total- que ocupan una superficie de 674, de las cuales sólo siete son aptas para el cultivo, siendo el resto bosque nativo y cordillera. La familia Cayún reclama la titularidad de las tierras para evitar desalojos con el fin de explotarlas desde el punto de vista turístico o para concretar la especulación inmobiliaria de empresarios o magnates nacionales y extranjeros. La defensa de sus tierras ha traído a la familia muertes nunca resueltas de miembros de su familia y de vecinos. El intendente de Lago Puelo, Iván Fernández, ofrece a la comunidad Cayún 200 hectáreas para usufructuar con título de propiedad individual, con el propósito de utilizar el resto de las tierras para la especulación inmobiliaria. La familia no acepta esta propuesta porque reclama el título comunitario, siguiendo las prácticas ancestrales del pueblo mapuche. Manteniendo las tierras sin subdividir, la comunidad evita posibles proyectos de construcciones turísticas o de explotación irracional de los recursos, y permite que la población pueda tener acceso a las tierras y a sus recursos.

En la provincia de Neuquén, la comunidad mapuche Paichil Antriao de Villa La Angostura fue desalojada por la policía de sus tierras en Cerro Belvedere , en abril de 2005, por orden del juez Rolando Lima. En esa oportunidad el desalojo, con la participación de la policía local, fue violento y la camioneta utilizada para sacar las cosas era posesión de la municipalidad de Villa La Angostura. Frente a este hecho, en mayo, la comunidad volvió a ocupar un predio de 4 hectáreas, al mismo tiempo que se firmó un acuerdo con las autoridades municipales, representantes de Parques Nacionales, del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y de la Confederación Mapuche, a través del cual las partes se comprometieron a participar de una mesa de diálogo para esclarecer la situación y evitar que se vulneren los derechos indígenas.

Sin embargo, el compromiso de respetar los derechos indígenas sobre las tierras fue vulnerado meses después, cuando en septiembre hubo un nuevo intento de usurpación a la comunidad. En esa oportunidad el vecino de la comunidad, Miguel Barbagelatta, comenzó a realizar obras de remoción de tierras para hacer un camino de acceso a un lote situado sobre la costa del lago Nahuel Huapi y otorgado por el estado nacional a la comunidad a comienzos del siglo XX, a través de un decreto firmado paradó-jicamente por al General Roca. El interés sobre esa franja de playa se debe a que constituye un puerto natural con muelle, frente al resto de la costa que es rocosa.

En las tierras que pertenecen históricamente a la comunidad Paichil Antriao, unas 625 hectáreas cuyo título de propiedad fue entregado a mediados del siglo XX, se han ido vendiendo lotes a personajes famosos, con la complicidad de inmobiliarias de la zona, entre ellos, Huberto Roviralta, cuyo apoderado es Leonardo Bessone, de la inmobiliaria que lleva como nombre su apellido y el basquetbolista Manuel Ginobilli, que compró un lote vecino al REWE, lugar sagrado para los mapuche.

Con el propósito de impedir que continúen los desalojos y los atropellos contra la comunidad, varios miembros de la misma se trasladaron a Buenos Aires, en noviembre, para dar a conocer los conflictos que enfrentan e interpelar a los diputados de la nación a que aprobaran la Ley de Emergencia de la Propiedad Comunitaria Indígena que reconoce la propiedad comunitaria y permite el freno de las desalojos durante un periodo de cuatro años. A través de una conferencia de prensa realizada el 30 de noviembre, exhortaron a que los diputados se reunieran ese mismo día –último día de sesiones ordinarias- para aprobar esa ley, cuyo tratamiento había quedado suspendido en junio. Si bien estaba convocada una sesión especial de la Cámara para ese día, lamentablemente no hubo quórum y la ley permanece sin aprobación, hasta que vuelva a tratase el año que viene con una cámara renovada y sin varios de los diputados que habían elaborado el proyecto e impulsado su aprobación.

En la provincia de Río Negro, la presencia de un magnate inglés ha convulsionado la localidad de El Bolsón. El propietario de Hard Rock Café, y hoy dueño de Planet Hollywood, Joe Lewis, compró en 1997, 14.000 hectáreas, que poseen cascadas y bosques naturales sobre el Lago Escondido, que quedó incluido dentro de su propiedad. La venta de estas tierras entró en contradicción con la Constitución de la provincia de Río Negro, en uno de cuyos artículos se hace referencia al acceso libre a riberas, costas de los ríos, mares y espejos de agua de dominio público con fines recreativos, además de violar la ley provincial 279 que imposibilita la concentración de tierras fiscales y su uso indiscriminado y establece que si alguien ya posee un predio de tierras fiscales, no puede adquirir otro.

A lo largo de los años, la sociedad anónima Hidden Lake –propiedad de Lewis- ha ido comprando, con la complicidad de la inmobiliaria Van Ditmar de Bariloche, propiedades cercanas a importantes fuentes de agua en toda la cordillera, tales como el río Foyel, el río Manso, los lagos Montes y Soberanía. Para completar el enorme imperio natural que posee, Lewis está gestionando la compra de 100 has. fiscales sobre la margen del arroyo el Pedregoso, en la zona llamada Pampa de Luden ubicada en Mallín Ahogado, con el fin de construir un aeropuerto. Esta zona es de vital importancia para la población porque es una zona productora en la cual habitan antiguos pobladores que se dedican a la cría de animales y a la actividad silvopastoril. En caso de realizar la venta de estas tierras, la población del lugar dejaría de tener acceso al agua del arroyo para el riego y tendría aún más dificultado el acceso a los lagos, ya de por sí de poco acceso frente a las amenazas de gente armada contratada por la empresa. Frente a esta concentración de tierras y aguas en manos privadas y ante la posible venta de más tierras, los vecinos de la región se han organizado y constituido la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Mallín Ahogado y la Comarca Andina.

En esta región del país son muchos los magnates extranjeros que han ido comprando tierras con la complicidad de los gobiernos locales y las inmobiliarias dedicadas a la especulación. Entre ellos se cuentan los ya conocidos hermanos Benetton, que son dueños de 900.000 has en la provincia de Chubut, el empresario norteamericano de la comunicación Ted Turner , que posee 70.000 has en las cercanías de Bariloche, y los actores Silvestre Stallone y Michael Douglas que poseen hermosas estancias de miles de hectáreas cada una.

También existen problemas de violación de derechos humanos en las áreas urbanas. Algunas ciudades patagónicas están sufriendo la represión y el atropello a los derechos humanos, como es el caso de la ciudad de Bariloche en la cual organismos de derechos humanos han solicitado a la Justicia Federal, durante el mes de diciembre, que declare inconstitucionales las medidas municipales que reforzaron la cantidad de efectivos de seguridad en la ciudad y que se adopten medidas cautelares que hagan cesar los operativos policiales que se están realizando fundamentalmente en los barrios marginales de la ciudad, los de El Alto. Frente a un relativo aumento de inseguridad se declaró la emergencia en materia de seguridad en la ciudad y se solicitó la intervención de fuerzas de seguridad federales y del grupo de ataque provincial Bora. Los organismos de derechos humanos determinaron, a través de un escrito, que no se siguieron los procedimientos legales para solicitar la intervención de las fuerzas federales, ya que esta medida sólo puede tomarse en tres casos concretos que no están ocurriendo en la ciudad sureña, que son, en caso de que esté en juego el orden constitucional, durante una situación de desastre o cuando hay peligro colectivo para la vida y el patrimonio de las personas. En este último caso, las organizaciones declaran que se trató de hechos aislados y que en la ciudad no existen bandas armadas, zonas liberadas ni estructuras mafiosas que pongan en peligro colectivo los bienes y la libertad de las personas. Por otro lado, aclaran que la medida tiene carácter discriminatorio ya que los efectivos de la policía fueron destinados únicamente a los barrios más pobres de la ciudad, ejerciendo sus funciones a través de procedimientos irregulares y malos tratos. Este escrito de los organismos de derechos humanos amplió los argumentos de una Acción de Amparo, presentada una semana antes, que solicita medidas cautelares y declaración de inconstitucionalidad de la resolución municipal, del decreto provincial y de la resolución del Ministerio del Interior de la Nación que dispone la intervención de la Policía Federal, la Gendarmería Nacional y la Prefectura Naval Argentina en operativos conjuntos propuestos por la provincia de Río Negro. La medida implementada viola derechos reconocidos por la Constitución Nacional y se enmarca en el proceso de criminalización de la pobreza que se está dando en otras regiones del país.

La mayor parte de los conflictos que se dan en la Patagonia están relacionados con los ricos recursos naturales que posee la región e implican violaciones a los derechos humanos, tanto de pueblos originarios como de comunidades rurales que habitan la región desde largo tiempo atrás y han convivido con la naturaleza respetando los elementos que la conforman, a sabiendas de que sólo así podrán seguir teniendo una relación de reciprocidad con la misma. Los grandes intereses capitalistas nacionales y extranjeros han puesto su mirada ambiciosa sobre esas tierras y recursos naturales y las comunidades que allí habitan se constituyen en un obstáculo para su apropiación y explotación. Esa es la razón por la cual llevan a cabo todas las estrategias necesarias para eliminar ese obstáculo, utilizando la protección y la asociación con los poderes políticos que, como parte del negocio, no dudan en usar la represión abierta o a hacer oídos sordos a los reclamos de las comunidades perjudicadas y que, por lo mismo, se sientan a negociar el futuro de la naturaleza y de los seres humanos con quienes les ofrezcan el mejor negocio o la mejor tajada.

Contacto:

El Bolsón:

Vecinos autoconvocados de la

Comarca Andina del Paralelo 42

endefensadelaguaylatierra@yahoo.com.ar

Comunidad Mapuche Pillán Mahuiza.

02945-15692319

pillanmahuiza@yahoo.com.ar

frenteluchamapucamp@yahoo.com.ar

Comunidad Mapuche Paichil Antreao, Villa la Angostura:

Mirta 15637179

 

Anexo Documental 2: Caso Testigo Patagonia

1) Comunicado Abrazo al río 14 y 15 de marzo de 2005

2) Declaración del Consejo Argentino Indígena, El Bolsón 20 de febrero de 2005

1) Comunicado elaborado durante el encuentro ABRAZO AL RÍO en la Comunidad Pillán Mahuiza durante los días 14 y 15 de enero de 2005. Oposición al megaproyecto hidroeléctrico

Las organizaciones y personas que participamos en el encuentro, nos oponemos al megaproyecto hidroeléctrico en la cuenca del Río Carrenleufú, que implica la construcción de seis represas, la primera de las cuales es la denominada Central “La Elena”.

Este proyecto traería como consecuencia inmediata la inundación de 11.000 hectáreas y el desalojo de la Comunidad mapuche Pillán Mahuiza y los pobladores campesinos de la zona.

Los operadores políticos de las corporaciones transnacionales utilizan como señuelo la creación de puestos de trabajo, el desarrollo económico de la región, la obtención de nuevas fuentes de energía para la zona; en definitiva, el llamado “progreso”.

Sin embargo, silencian intencionalmente las consecuencias reales de este tipo de emprendimientos:

*Desalojo de los pobladores indígenas y campesinas y su relocalización en tierras donde no pueden subsistir.

*Pérdida de la naturaleza como sostén cultural de las comunidades.

*Destrucción y pérdida de ecosistemas, que implica la extinción de especies animales y vegetales.

*Incremento de enfermedades graves en la población afectada.

*Aumento del calentamiento global.

Frente a la prepotencia del poder económico y político, nos solidarizamos con las comunidades que luchan por el NO A LAS REPRESAS, por la defensa de la naturaleza y la vida.

 

Centro Cultural Antü-Quillén de Epuyén

Foro Social de Salud , zona Oeste, Provincia de Buenos Aires

Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Bariloche

CEPPAS (Centro de Estudios de Políticas Públicas al Socialismo)

Fundación Proteger de Santa Fe

Colectivo In(ter)vención de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA

FUICH (Frente Universitario Independiente de Chubut), en Movimiento Estudiantil Liberación

Taki Ongoy de Quilmas, Provincia de Buenos Aires.

Centro de Educación Popular “Antonio Alac” de Bariloche

Proyecto Lemú de Epuyén

UNTER de El Bolsón

Asamblea de Vecinos Autoconvocados por el No a la mina de Esquel

Movimiento de Lucha Campesina de Córdoba

CEFIDOC de El Bolsón

Autoconvocados de Lago Puelo

Sociedad Ecológica Regional de El Bolsón

FM Alas de El Bolsón

Asociación Ecologista Piuké de Bariloche

Corriente de Militantes por los Derechos Humanos de Río Negro y Neuquén

Vecinos por las costas libres de Bariloche

Frente de Defensa del Río Carrenleufú

Raíces

Educación Popular de la Universidad Popular de Madres de Plaza de Mayo

Amigos de la tierra

Comunidad Pillán Mahuiza

Autoconvocados por el No a las represas

Frente de lucha mapuche y campesino

 

Comunicado elaborado durante el encuentro ABRAZO AL RÍO en la Comunidad Pillán Mahuiza durante los días 14 y 15 de enero de 2005. Denuncia por violación a los derechos humanos

Las organizaciones sociales, de derechos humanos, ambientalistas, campesinas y de pueblos originarios; locales, regionales y nacionales, que suscriben la presente, reunidas en el marco del encuentro realizado los días 14 y 15 de enero con motivo de sensibilizar respecto del proyecto hidroeléctrico La Elena en la localidad de Corcovado, Chubut, manifestamos nuestra preocupación y repudio ante las gravísimas violaciones a los derechos humanos que hemos constatado ocurren en la región.

Hemos sido testigos del miedo infundido por las constantes amenazas y lesiones a los derechos fundamentales de las personas que habitan en la localidad, entre los cuales podemos destacar el derecho a la libertad de expresión, a peticionar ante las autoridades, a la información, a la vivienda digna, al trabajo y a la seguridad social, a la dignidad y no discriminación, a la identidad cultural, e incluso, el derecho a la integridad física y a la vida.

Advertimos que todo esto es producto de una avasallante violencia institucional que se traduce en el ejercicio abusivo de los poderes públicos, sometiendo a la comunidad al uso clientelar de planes asistenciales, a la injerencia arbitraria en los servicios públicos y al control de los organismos de participación democrática. Agravan este cuadro asesinatos y desapariciones no esclarecidos para la comunidad, repitiendo una metodología política históricamente conocida por nuestro pueblo.

Ante esta situación de opresión que paraliza el reclamo social es que no sólo manifestamos públicamente nuestra preocupación, sino que hemos acordado la creación de una Red de organizaciones sociales por los derechos humanos en Chubut, veedora del cumplimiento de las garantías constitucionales por parte del Estado municipal y provincial; cuyo compromiso es desde la fecha hacer un seguimiento sostenido en el tiempo de los casos que se nos ha presentado, denunciar amenazas y violaciones a los derechos de los pobladores de la región, y velar por la integridad física de los miembros de organizaciones sociales locales en el ejercicio y promoción de sus derechos.

Centro Cultural Antü-Quillén de Epuyén

Foro Social de Salud , zona Oeste, Provincia de Buenos Aires

Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Bariloche

CEPPAS (Centro de Estudios de Políticas Públicas al Socialismo)

Fundación Proteger de Santa Fe

Colectivo In(ter)vención de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA

FUICH (Frente Universitario Independiente de Chubut), en Movimiento Estudiantil Liberación

Taki Ongoy de Quilmes, Provincia de Buenos Aires.

Centro de Educación Popular “Antonio Alac” de Bariloche

Proyecto Lemú de Epuyén

UNTER de El Bolsón

Asamblea de Vecinos Autoconvocados por el No a la mina de Esquel

Movimiento de Lucha Campesina de Córdoba

CEFIDOC de El Bolsón

Autoconvocados de Lago Puelo

Sociedad Ecológica Regional de El Bolsón

FM Alas de El Bolsón

Asociación Ecologista Piuké de Bariloche

Corriente de Militantes por los Derechos Humanos de Río Negro y Neuquén

Vecinos por las costas libres de Bariloche

Frente de Defensa del Río Carrenleufú

Raíces

Educación Popular de la Universidad Popular de Madres de Plaza de Mayo

Amigos de la tierra

Comunidad Pillán Mahuiza

Autoconvocados por el No a las represas

Frente de lucha mapuche y campesino

2) Declaración del Consejo Argentino Indígena, El Bolsón 20 de febrero de 2005

Ante las recientes acciones del gobierno de Río Negro, en la zona de Mallín Ahogado, el CAI, como una de las organizaciones de base del Pueblo Mapuche, expresa su pensamiento.

Desde el CAI no tenemos dudas, el gobierno provincial tiene una clara Política de Tierras y una decisión tomada. A partir de su propio pensamiento, pero fundamentalmente por las exigencias de Organismos Internacionales, busca que las tierras (y sus ‘recursos naturales’) pasen a manos de los grandes capitales nacionales o extranjeros.

 En 1997 el gobierno provincial puso en venta en el mercado internacional las 5 millones de hectáreas de tierras “fiscales”, que casi en su totalidad están ocupadas por nuestra gente. Desde entonces venimos denunciando cómo el Banco Mundial (BM) financia la Regularización de las “Tierras Fiscales”, fomentando y facilitando esta política con su ‘apoyo económico’.

 Hace años los gobiernos de los países ricos (EEUU, Francia, Inglaterra, Japón, entre otros), ante su escasez de recursos naturales como el agua; propusieron a los gobiernos de los países empobrecidos -entre ellos el argentino- canjear Naturaleza por pagos de la Deuda Externa. Esto lo concretarían a través de fundaciones de desarrollo o ambientalistas, empresas-testaferros o supuestos ecologistas como Mister Joe Lewis. Éste multimillonario, cuenta por lo menos con 15.000 ha. de campo (incluidas 700 ha. de lago), logradas con la operación que realiza en su beneficio la Inmobiliaria Van Ditmar de Bariloche. Ahora pretende apropiarse de tierras, hacia el sur de sus dominios, llegando hasta el Mallín Ahogado.

En 1999 denunciábamos desde el CAI los movimientos de éste operador inmobiliario que ofrecía, a los pobladores de la zona del Alto Río Chubut, mensurarles las “tierras fiscales” con la colaboración de agrimensores de la Dirección de Tierras (Sr. Lapis y Sr. Grillo). La Inmobiliaria llegó a ofrecer en venta, en su página de internet (durante 1999), 10.000 ha. de tierras del Alto Chubut que serían parte del Territorio de la Comunidad Kom Kiñe Mu, del Paraje Arroyo las Minas y del Alto Río Chubut. Varias familias de dicha Comunidad recibieron presiones para que vendan. Algunos han perdido sus tierras, muchos continúan hoy resistiendo. Con las denuncias Van Ditmar levantó esas ofertas de internet.

En esta zona se encuentra el Cerro Carreras, donde ya tienen presencia Lewis y Van Ditmar. Desde allí nacen el Río Pichileufu, el Arroyo Las Bayas (afluente del Río Chico), el Río Chubut, el Río Foyel y el Río Villegas.

¿Y QUÉ PASA CON LAS LEYES?: Hoy existen distintas leyes que contemplan algunos derechos de los Pueblos Originarios, otras que buscan proteger el medio ambiente. Los funcionarios de gobierno son los primeros en violarlas, pisoteando nuestros derechos, manejándose con total impunidad. Con Programas o propuestas de supuesto desarrollo, como el aeropuerto de Lewis, van despojando a los pequeños productores de sus campos, desplazan a nuestras Comunidades de sus Territorios Ancestrales o pretenden ‘reducirnos’ a escasos espacios. Ésto lo viene soportando nuestro Pueblo Mapuche desde la misma creación del Estado Nacional, que invadiendo y buscando el exterminio de nuestro Pueblo, argumentaba que era en función del ‘progreso’. Progreso que sólo benefició a la Corona Inglesa y a los terratenientes locales. Ahora hablan de ‘desarrollo’ en beneficio de similares intereses económicos.

El gobierno provincial impulsa hace años esta POLÍTICA DE TIERRAS, para poder incorporarlas al mercado inmobil-iario y venderlas a grandes acaparadores mineros, forestales, turísticos o supuestos ecologistas como Lewis.

En nuestro caso tenemos ejemplos vigentes de conflictos Territoriales con el Estado, que reafirman estas palabras. Por nombrar algunos, están los conflictos en los Lof Casiano, Lof Antual, Lof Villar, Comunidad Kom Kiñe Mu, en donde hemos agotado todos los reclamos administrativos, soportado distintas formas de presión y amenazas; y a pesar de que en algunos existen sentencias judiciales a nuestro favor, el gobierno no reconoce en los hechos nuestros derechos. Todo esto nos lleva a una clara comprensión: el poder Ejecutivo provincial no está dispuesto a tomar la DECISIÓN POLÍTICA: de DEVOLVERNOS EL LUGAR AL QUE PERTENECEMOS, NUESTRO WALL MAPU (Territorio).

Sin embargo, con qué rapidez estos mismos funcionarios responden a la solicitud de Lewis de que se le entreguen en Mallín Ahogado 100 ha. más para construir su propio aeropuerto porque al decir de Van Ditmar, no puede viajar 2 hs. en automóvil desde Bariloche -supuesta razón de dicha solicitud.

En esta región va cobrando fuerza un tema de preocupación mundial como es el agua, como está demostrado por los lugares donde va comprando –lagos, nacientes de agua- a Lewis le interesa bastante. El Director de Tierras de la provincia, D. Tait ha estado recorriendo los campos en Mallín Ahogado, para luego analizar con el resto de los funcionarios cómo transformar lo ILEGAL E ILEGÍTIMO en algo legal, o simplemente en un hecho. Ésta es la impunidad a la que están acostumbrados.

Tanto Lewis, como los funcionarios de gobierno tienen una pobre valoración de la capacidad de los Pueblos ya que intentan cambiar con sus migajas, el valor de nuestra dignidad, nuestro derecho a la vida, y nuestra decisión sobre el futuro. Pretenden privarnos del legítimo derecho de vivir en nuestro lugar, con nuestras costumbres, con nuestra libre relación con el medio.

La propia experiencia de años nos fue enseñando que la única fuerza que puede no sólo detener el atropello, sino también construir una vida distinta, surgirá de las decisiones y acciones que encaremos de conjunto los distintos sectores de nuestra sociedad, que amamos –esencialmente- la libertad.

A partir de nuestro andar, de nuestra historia, venimos construyendo lo que pensamos y sentimos, y lo reafirmamos en el Traum para transformarlo en acción organizada:

¡ EL WALLMAPU NO SE VENDE SE DEFIENDE !

¡¡ MARICI WEU !! - ¡¡ MARICI WEU !!

Consejo A. Indígena – C.A.I. - Puel Mapu - Río Negro – Argentina

Anexo Documental 2: Caso Testigo Patagonia

1) Comunicado Abrazo al río 14 y 15 de marzo de 2005

2) Declaración del Consejo Argentino Indígena, El Bolsón 20 de febrero de 2005

1) Comunicado elaborado durante el encuentro ABRAZO AL RÍO en la Comunidad Pillán Mahuiza durante los días 14 y 15 de enero de 2005. Oposición al megaproyecto hidroeléctrico

Las organizaciones y personas que participamos en el encuentro, nos oponemos al megaproyecto hidroeléctrico en la cuenca del Río Carrenleufú, que implica la construcción de seis represas, la primera de las cuales es la denominada Central “La Elena”.

Este proyecto traería como consecuencia inmediata la inundación de 11.000 hectáreas y el desalojo de la Comunidad mapuche Pillán Mahuiza y los pobladores campesinos de la zona.

Los operadores políticos de las corporaciones transnacionales utilizan como señuelo la creación de puestos de trabajo, el desarrollo económico de la región, la obtención de nuevas fuentes de energía para la zona; en definitiva, el llamado “progreso”.

Sin embargo, silencian intencionalmente las consecuencias reales de este tipo de emprendimientos:

*Desalojo de los pobladores indígenas y campesinas y su relocalización en tierras donde no pueden subsistir.

*Pérdida de la naturaleza como sostén cultural de las comunidades.

*Destrucción y pérdida de ecosistemas, que implica la extinción de especies animales y vegetales.

*Incremento de enfermedades graves en la población afectada.

*Aumento del calentamiento global.

Frente a la prepotencia del poder económico y político, nos solidarizamos con las comunidades que luchan por el NO A LAS REPRESAS, por la defensa de la naturaleza y la vida.

 

Centro Cultural Antü-Quillén de Epuyén

Foro Social de Salud , zona Oeste, Provincia de Buenos Aires

Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Bariloche

CEPPAS (Centro de Estudios de Políticas Públicas al Socialismo)

Fundación Proteger de Santa Fe

Colectivo In(ter)vención de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA

FUICH (Frente Universitario Independiente de Chubut), en Movimiento Estudiantil Liberación

Taki Ongoy de Quilmas, Provincia de Buenos Aires.

Centro de Educación Popular “Antonio Alac” de Bariloche

Proyecto Lemú de Epuyén

UNTER de El Bolsón

Asamblea de Vecinos Autoconvocados por el No a la mina de Esquel

Movimiento de Lucha Campesina de Córdoba

CEFIDOC de El Bolsón

Autoconvocados de Lago Puelo

Sociedad Ecológica Regional de El Bolsón

FM Alas de El Bolsón

Asociación Ecologista Piuké de Bariloche

Corriente de Militantes por los Derechos Humanos de Río Negro y Neuquén

Vecinos por las costas libres de Bariloche

Frente de Defensa del Río Carrenleufú

Raíces

Educación Popular de la Universidad Popular de Madres de Plaza de Mayo

Amigos de la tierra

Comunidad Pillán Mahuiza

Autoconvocados por el No a las represas

Frente de lucha mapuche y campesino

 

Comunicado elaborado durante el encuentro ABRAZO AL RÍO en la Comunidad Pillán Mahuiza durante los días 14 y 15 de enero de 2005. Denuncia por violación a los derechos humanos

Las organizaciones sociales, de derechos humanos, ambientalistas, campesinas y de pueblos originarios; locales, regionales y nacionales, que suscriben la presente, reunidas en el marco del encuentro realizado los días 14 y 15 de enero con motivo de sensibilizar respecto del proyecto hidroeléctrico La Elena en la localidad de Corcovado, Chubut, manifestamos nuestra preocupación y repudio ante las gravísimas violaciones a los derechos humanos que hemos constatado ocurren en la región.

Hemos sido testigos del miedo infundido por las constantes amenazas y lesiones a los derechos fundamentales de las personas que habitan en la localidad, entre los cuales podemos destacar el derecho a la libertad de expresión, a peticionar ante las autoridades, a la información, a la vivienda digna, al trabajo y a la seguridad social, a la dignidad y no discriminación, a la identidad cultural, e incluso, el derecho a la integridad física y a la vida.

Advertimos que todo esto es producto de una avasallante violencia institucional que se traduce en el ejercicio abusivo de los poderes públicos, sometiendo a la comunidad al uso clientelar de planes asistenciales, a la injerencia arbitraria en los servicios públicos y al control de los organismos de participación democrática. Agravan este cuadro asesinatos y desapariciones no esclarecidos para la comunidad, repitiendo una metodología política históricamente conocida por nuestro pueblo.

Ante esta situación de opresión que paraliza el reclamo social es que no sólo manifestamos públicamente nuestra preocupación, sino que hemos acordado la creación de una Red de organizaciones sociales por los derechos humanos en Chubut, veedora del cumplimiento de las garantías constitucionales por parte del Estado municipal y provincial; cuyo compromiso es desde la fecha hacer un seguimiento sostenido en el tiempo de los casos que se nos ha presentado, denunciar amenazas y violaciones a los derechos de los pobladores de la región, y velar por la integridad física de los miembros de organizaciones sociales locales en el ejercicio y promoción de sus derechos.

Centro Cultural Antü-Quillén de Epuyén

Foro Social de Salud , zona Oeste, Provincia de Buenos Aires

Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Bariloche

CEPPAS (Centro de Estudios de Políticas Públicas al Socialismo)

Fundación Proteger de Santa Fe

Colectivo In(ter)vención de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA

FUICH (Frente Universitario Independiente de Chubut), en Movimiento Estudiantil Liberación

Taki Ongoy de Quilmes, Provincia de Buenos Aires.

Centro de Educación Popular “Antonio Alac” de Bariloche

Proyecto Lemú de Epuyén

UNTER de El Bolsón

Asamblea de Vecinos Autoconvocados por el No a la mina de Esquel

Movimiento de Lucha Campesina de Córdoba

CEFIDOC de El Bolsón

Autoconvocados de Lago Puelo

Sociedad Ecológica Regional de El Bolsón

FM Alas de El Bolsón

Asociación Ecologista Piuké de Bariloche

Corriente de Militantes por los Derechos Humanos de Río Negro y Neuquén

Vecinos por las costas libres de Bariloche

Frente de Defensa del Río Carrenleufú

Raíces

Educación Popular de la Universidad Popular de Madres de Plaza de Mayo

Amigos de la tierra

Comunidad Pillán Mahuiza

Autoconvocados por el No a las represas

Frente de lucha mapuche y campesino

2) Declaración del Consejo Argentino Indígena, El Bolsón 20 de febrero de 2005

Ante las recientes acciones del gobierno de Río Negro, en la zona de Mallín Ahogado, el CAI, como una de las organizaciones de base del Pueblo Mapuche, expresa su pensamiento.

Desde el CAI no tenemos dudas, el gobierno provincial tiene una clara Política de Tierras y una decisión tomada. A partir de su propio pensamiento, pero fundamentalmente por las exigencias de Organismos Internacionales, busca que las tierras (y sus ‘recursos naturales’) pasen a manos de los grandes capitales nacionales o extranjeros.

 En 1997 el gobierno provincial puso en venta en el mercado internacional las 5 millones de hectáreas de tierras “fiscales”, que casi en su totalidad están ocupadas por nuestra gente. Desde entonces venimos denunciando cómo el Banco Mundial (BM) financia la Regularización de las “Tierras Fiscales”, fomentando y facilitando esta política con su ‘apoyo económico’.

 Hace años los gobiernos de los países ricos (EEUU, Francia, Inglaterra, Japón, entre otros), ante su escasez de recursos naturales como el agua; propusieron a los gobiernos de los países empobrecidos -entre ellos el argentino- canjear Naturaleza por pagos de la Deuda Externa. Esto lo concretarían a través de fundaciones de desarrollo o ambientalistas, empresas-testaferros o supuestos ecologistas como Mister Joe Lewis. Éste multimillonario, cuenta por lo menos con 15.000 ha. de campo (incluidas 700 ha. de lago), logradas con la operación que realiza en su beneficio la Inmobiliaria Van Ditmar de Bariloche. Ahora pretende apropiarse de tierras, hacia el sur de sus dominios, llegando hasta el Mallín Ahogado.

En 1999 denunciábamos desde el CAI los movimientos de éste operador inmobiliario que ofrecía, a los pobladores de la zona del Alto Río Chubut, mensurarles las “tierras fiscales” con la colaboración de agrimensores de la Dirección de Tierras (Sr. Lapis y Sr. Grillo). La Inmobiliaria llegó a ofrecer en venta, en su página de internet (durante 1999), 10.000 ha. de tierras del Alto Chubut que serían parte del Territorio de la Comunidad Kom Kiñe Mu, del Paraje Arroyo las Minas y del Alto Río Chubut. Varias familias de dicha Comunidad recibieron presiones para que vendan. Algunos han perdido sus tierras, muchos continúan hoy resistiendo. Con las denuncias Van Ditmar levantó esas ofertas de internet.

En esta zona se encuentra el Cerro Carreras, donde ya tienen presencia Lewis y Van Ditmar. Desde allí nacen el Río Pichileufu, el Arroyo Las Bayas (afluente del Río Chico), el Río Chubut, el Río Foyel y el Río Villegas.

¿Y QUÉ PASA CON LAS LEYES?: Hoy existen distintas leyes que contemplan algunos derechos de los Pueblos Originarios, otras que buscan proteger el medio ambiente. Los funcionarios de gobierno son los primeros en violarlas, pisoteando nuestros derechos, manejándose con total impunidad. Con Programas o propuestas de supuesto desarrollo, como el aeropuerto de Lewis, van despojando a los pequeños productores de sus campos, desplazan a nuestras Comunidades de sus Territorios Ancestrales o pretenden ‘reducirnos’ a escasos espacios. Ésto lo viene soportando nuestro Pueblo Mapuche desde la misma creación del Estado Nacional, que invadiendo y buscando el exterminio de nuestro Pueblo, argumentaba que era en función del ‘progreso’. Progreso que sólo benefició a la Corona Inglesa y a los terratenientes locales. Ahora hablan de ‘desarrollo’ en beneficio de similares intereses económicos.

El gobierno provincial impulsa hace años esta POLÍTICA DE TIERRAS, para poder incorporarlas al mercado inmobil-iario y venderlas a grandes acaparadores mineros, forestales, turísticos o supuestos ecologistas como Lewis.

En nuestro caso tenemos ejemplos vigentes de conflictos Territoriales con el Estado, que reafirman estas palabras. Por nombrar algunos, están los conflictos en los Lof Casiano, Lof Antual, Lof Villar, Comunidad Kom Kiñe Mu, en donde hemos agotado todos los reclamos administrativos, soportado distintas formas de presión y amenazas; y a pesar de que en algunos existen sentencias judiciales a nuestro favor, el gobierno no reconoce en los hechos nuestros derechos. Todo esto nos lleva a una clara comprensión: el poder Ejecutivo provincial no está dispuesto a tomar la DECISIÓN POLÍTICA: de DEVOLVERNOS EL LUGAR AL QUE PERTENECEMOS, NUESTRO WALL MAPU (Territorio).

Sin embargo, con qué rapidez estos mismos funcionarios responden a la solicitud de Lewis de que se le entreguen en Mallín Ahogado 100 ha. más para construir su propio aeropuerto porque al decir de Van Ditmar, no puede viajar 2 hs. en automóvil desde Bariloche -supuesta razón de dicha solicitud.

En esta región va cobrando fuerza un tema de preocupación mundial como es el agua, como está demostrado por los lugares donde va comprando –lagos, nacientes de agua- a Lewis le interesa bastante. El Director de Tierras de la provincia, D. Tait ha estado recorriendo los campos en Mallín Ahogado, para luego analizar con el resto de los funcionarios cómo transformar lo ILEGAL E ILEGÍTIMO en algo legal, o simplemente en un hecho. Ésta es la impunidad a la que están acostumbrados.

Tanto Lewis, como los funcionarios de gobierno tienen una pobre valoración de la capacidad de los Pueblos ya que intentan cambiar con sus migajas, el valor de nuestra dignidad, nuestro derecho a la vida, y nuestra decisión sobre el futuro. Pretenden privarnos del legítimo derecho de vivir en nuestro lugar, con nuestras costumbres, con nuestra libre relación con el medio.

La propia experiencia de años nos fue enseñando que la única fuerza que puede no sólo detener el atropello, sino también construir una vida distinta, surgirá de las decisiones y acciones que encaremos de conjunto los distintos sectores de nuestra sociedad, que amamos –esencialmente- la libertad.

A partir de nuestro andar, de nuestra historia, venimos construyendo lo que pensamos y sentimos, y lo reafirmamos en el Traum para transformarlo en acción organizada:

¡ EL WALLMAPU NO SE VENDE SE DEFIENDE !

¡¡ MARICI WEU !! - ¡¡ MARICI WEU !!

Consejo A. Indígena – C.A.I. - Puel Mapu - Río Negro – Argentina

8) La Patagonia en disputa: provincia del Chubut

En la región sur del país los derechos humanos se violan en forma constante por la tierra y por el agua, siendo los principales perjudicados los pueblos originarios y campesinos que ocupan territorios que poseen importantes riquezas. Desde hace tiempo, la Patagonia es una de las zonas más codiciadas por los grandes capitales, nacionales y extranjeros que, poco a poco, van adueñándose de grandes extensiones de tierras y de agua, para explotarlos siguiendo la lógica de la acumulación incesante de capital.

Las grandes masas de agua que posee esta región están representadas por enormes lagos, muchos de ellos sin explotación humana de ninguna especie, y ríos correntosos que descienden de la cordillera, característica que permite que una de las formas de aprovechamiento posible sea la generación de energía.

Uno de los proyectos que existe en este último sentido es el de Aprovechamiento Hidroeléctrico de la Cuenca del Río Carrenleufú, que llevaría a la construcción de seis represas en la zona de Corcovado, localidad ubicada a 100 kilómetros al sur de la ciudad de Esquel, en la provincia de Chubut.

Si bien durante el 2005 no se han cumplido los plazos de construcción que estaban expresados en el proyecto, en caso de concretarse implicaría la inundación de aproximadamente 11.000 hectáreas, provocando la pérdida de masa boscosa nativa, la muerte del río, que quedaría represado en su totalidad, la contaminación de sus cuencas y el desalojo y la relocalización de la población de la zona, que sería obligada a abandonar sus tierras en las que viven y trabajan.

Detrás del proyecto está la corporación española Santander, que es accionista de la planta de producción de aluminio Aluar, que está en vías de ampliación y por lo tanto, requiere de mayor volumen energético. Pero detrás de la propuesta de construcción de las represas también está el poder político nacional, provincial y local que, asociados a los intereses de las grandes corporaciones, se encargan de construir un discurso para convencer a la población de la necesidad de realizar el proyecto para lograr el desarrollo local, generar nuevos puestos de trabajo y obtener nuevas fuentes de energía para las poblaciones del lugar.

Tras los discursos basados en el progreso de la región, se encuentran las comunidades que serán afectadas por la muerte del río, las comunidades rurales de la zona, asentadas hace mucho tiempo en la región, que viven de la ganadería extensiva y de la agricultura de subsistencia; el pueblo de Corcovado, gobernado por un intendente justicialista que ejerce el poder en forma autoritaria, persiguiendo a quienes se oponen a los proyectos impulsados por la intendencia- como la construcción de las represas-, violando los derechos humanos de la población impunemente y controlando todos los resortes del poder local, factores que le permiten utilizar la violencia y manipular a la población a través del manejo de planes asistenciales; y una comunidad mapuche ubicada a 10 km. de la localidad de Corcovado.

Esta comunidad mapuche, que quedará 60 metros bajo el agua de concretarse el proyecto, es la Comunidad Pillán Mahuiza, constituida por dos familias que, en 1999, recuperaron 150 hectáreas que estaban en posesión de la policía provincial desde 1939, luego del desalojo violento de 30 familias mapuche.

Según la cosmovisión del pueblo mapuche, los seres humanos y la naturaleza constituyen un todo indivisible, un círculo perfecto de vida, y hay una relación circular y armónica entre ambos, que sería afectada en caso de realizar una transformación del ámbito natural. La relación con la naturaleza está basada en el principio de la reciprocidad –se da y se recibe a la vez- y para concretar esta relación es necesario estar en armonía con el todo, que incluye elementos naturales, culturales y espirituales que hacen a la identidad mapuche. Esta es la razón por la cual se oponen a la destrucción de cualquier elemento de la naturaleza y no permiten que se destruya el territorio.

En la lucha contra el asesinato de los ríos y por la vida de otros bienes naturales y culturales, la comunidad Pillán Mahuiza y los pobladores campesinos de la zona han conformado el Frente de Lucha Mapuche Campesino como un espacio político, social y cultural que se propone construir relaciones basadas en la reciprocidad entre la sociedad y la naturaleza y recuperar la identidad, la cultura y la espiritualidad de quienes lo constituyen, con el propósito de lograr no sólo la recuperación de las tierras, sino también el control del territorio.

En esta lucha han enfrentado las persecuciones del poder político local que ha acusado de usurpadores a la comunidad mapuche, por haber recuperado las tierras que pertenecían ancestralmente a su comunidad.

En enero de 2005 se realizó en la comunidad Pillán Mahuiza un encuentro de organizaciones sociales de la Patagonia y otras regiones del país que expresaron su apoyo a la lucha contra la represa a través de dos comunicados, uno rechazando la concreción del proyecto de construcción de las represas y otro, denunciando las violaciones a los derechos humanos que se producen en la región, tales como el derecho a la libre expresión, a peticionar a las autoridades, a la identidad cultural, incluyendo el derecho a la integridad física y a la vida, como consecuencia de las constantes amenazas que enfrenta la población del lugar debido al ejercicio de la violencia institucional.

Otra comunidad mapuche que enfrenta las amenazas de desalojo y que reclama la titularidad de las tierras es la Familia Cayún, que está localizada en Lago Puelo, a 180 kilómetros de la localidad de Esquel, también en la provincia de Chubut. La comunidad, ubicada en la margen oeste del Río Azul, está compuesta por 12 familias –55 personas en total- que ocupan una superficie de 674, de las cuales sólo siete son aptas para el cultivo, siendo el resto bosque nativo y cordillera. La familia Cayún reclama la titularidad de las tierras para evitar desalojos con el fin de explotarlas desde el punto de vista turístico o para concretar la especulación inmobiliaria de empresarios o magnates nacionales y extranjeros. La defensa de sus tierras ha traído a la familia muertes nunca resueltas de miembros de su familia y de vecinos. El intendente de Lago Puelo, Iván Fernández, ofrece a la comunidad Cayún 200 hectáreas para usufructuar con título de propiedad individual, con el propósito de utilizar el resto de las tierras para la especulación inmobiliaria. La familia no acepta esta propuesta porque reclama el título comunitario, siguiendo las prácticas ancestrales del pueblo mapuche. Manteniendo las tierras sin subdividir, la comunidad evita posibles proyectos de construcciones turísticas o de explotación irracional de los recursos, y permite que la población pueda tener acceso a las tierras y a sus recursos.

En la provincia de Neuquén, la comunidad mapuche Paichil Antriao de Villa La Angostura fue desalojada por la policía de sus tierras en Cerro Belvedere , en abril de 2005, por orden del juez Rolando Lima. En esa oportunidad el desalojo, con la participación de la policía local, fue violento y la camioneta utilizada para sacar las cosas era posesión de la municipalidad de Villa La Angostura. Frente a este hecho, en mayo, la comunidad volvió a ocupar un predio de 4 hectáreas, al mismo tiempo que se firmó un acuerdo con las autoridades municipales, representantes de Parques Nacionales, del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y de la Confederación Mapuche, a través del cual las partes se comprometieron a participar de una mesa de diálogo para esclarecer la situación y evitar que se vulneren los derechos indígenas.

Sin embargo, el compromiso de respetar los derechos indígenas sobre las tierras fue vulnerado meses después, cuando en septiembre hubo un nuevo intento de usurpación a la comunidad. En esa oportunidad el vecino de la comunidad, Miguel Barbagelatta, comenzó a realizar obras de remoción de tierras para hacer un camino de acceso a un lote situado sobre la costa del lago Nahuel Huapi y otorgado por el estado nacional a la comunidad a comienzos del siglo XX, a través de un decreto firmado paradójicamente por al General Roca. El interés sobre esa franja de playa se debe a que constituye un puerto natural con muelle, frente al resto de la costa que es rocosa.

En las tierras que pertenecen históricamente a la comunidad Paichil Antriao, unas 625 hectáreas cuyo título de propiedad fue entregado a mediados del siglo XX, se han ido vendiendo lotes a personajes famosos, con la complicidad de inmobiliarias de la zona, entre ellos, Huberto Roviralta, cuyo apoderado es Leonardo Bessone, de la inmobiliaria que lleva como nombre su apellido y el basquetbolista Manuel Ginobilli, que compró un lote vecino al REWE, lugar sagrado para los mapuche.

Con el propósito de impedir que continúen los desalojos y los atropellos contra la comunidad, varios miembros de la misma se trasladaron a Buenos Aires, en noviembre, para dar a conocer los conflictos que enfrentan e interpelar a los diputados de la nación a que aprobaran la Ley de Emergencia de la Propiedad Comunitaria Indígena que reconoce la propiedad comunitaria y permite el freno de las desalojos durante un periodo de cuatro años. A través de una conferencia de prensa realizada el 30 de noviembre, exhortaron a que los diputados se reunieran ese mismo día –último día de sesiones ordinarias- para aprobar esa ley, cuyo tratamiento había quedado suspendido en junio. Si bien estaba convocada una sesión especial de la Cámara para ese día, lamentablemente no hubo quórum y la ley permanece sin aprobación, hasta que vuelva a tratase el año que viene con una cámara renovada y sin varios de los diputados que habían elaborado el proyecto e impulsado su aprobación.

En la provincia de Río Negro, la presencia de un magnate inglés ha convulsionado la localidad de El Bolsón. El propietario de Hard Rock Café, y hoy dueño de Planet Hollywood, Joe Lewis, compró en 1997, 14.000 hectáreas, que poseen cascadas y bosques naturales sobre el Lago Escondido, que quedó incluido dentro de su propiedad. La venta de estas tierras entró en contradicción con la Constitución de la provincia de Río Negro, en uno de cuyos artículos se hace referencia al acceso libre a riberas, costas de los ríos, mares y espejos de agua de dominio público con fines recreativos, además de violar la ley provincial 279 que imposibilita la concentración de tierras fiscales y su uso indiscriminado y establece que si alguien ya posee un predio de tierras fiscales, no puede adquirir otro.

A lo largo de los años, la sociedad anónima Hidden Lake –propiedad de Lewis- ha ido comprando, con la complicidad de la inmobiliaria Van Ditmar de Bariloche, propiedades cercanas a importantes fuentes de agua en toda la cordillera, tales como el río Foyel, el río Manso, los lagos Montes y Soberanía. Para completar el enorme imperio natural que posee, Lewis está gestionando la compra de 100 has. fiscales sobre la margen del arroyo el Pedregoso, en la zona llamada Pampa de Luden ubicada en Mallín Ahogado, con el fin de construir un aeropuerto. Esta zona es de vital importancia para la población porque es una zona productora en la cual habitan antiguos pobladores que se dedican a la cría de animales y a la actividad silvopastoril. En caso de realizar la venta de estas tierras, la población del lugar dejaría de tener acceso al agua del arroyo para el riego y tendría aún más dificultado el acceso a los lagos, ya de por sí de poco acceso frente a las amenazas de gente armada contratada por la empresa. Frente a esta concentración de tierras y aguas en manos privadas y ante la posible venta de más tierras, los vecinos de la región se han organizado y constituido la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Mallín Ahogado y la Comarca Andina.

En esta región del país son muchos los magnates extranjeros que han ido comprando tierras con la complicidad de los gobiernos locales y las inmobiliarias dedicadas a la especulación. Entre ellos se cuentan los ya conocidos hermanos Benetton, que son dueños de 900.000 has en la provincia de Chubut, el empresario norteamericano de la comunicación Ted Turner , que posee 70.000 has en las cercanías de Bariloche, y los actores Silvestre Stallone y Michael Douglas que poseen hermosas estancias de miles de hectáreas cada una.

También existen problemas de violación de derechos humanos en las áreas urbanas. Algunas ciudades patagónicas están sufriendo la represión y el atropello a los derechos humanos, como es el caso de la ciudad de Bariloche en la cual organismos de derechos humanos han solicitado a la Justicia Federal, durante el mes de diciembre, que declare inconstitucionales las medidas municipales que reforzaron la cantidad de efectivos de seguridad en la ciudad y que se adopten medidas cautelares que hagan cesar los operativos policiales que se están realizando fundamentalmente en los barrios marginales de la ciudad, los de El Alto. Frente a un relativo aumento de inseguridad se declaró la emergencia en materia de seguridad en la ciudad y se solicitó la intervención de fuerzas de seguridad federales y del grupo de ataque provincial Bora. Los organismos de derechos humanos determinaron, a través de un escrito, que no se siguieron los procedimientos legales para solicitar la intervención de las fuerzas federales, ya que esta medida sólo puede tomarse en tres casos concretos que no están ocurriendo en la ciudad sureña, que son, en caso de que esté en juego el orden constitucional, durante una situación de desastre o cuando hay peligro colectivo para la vida y el patrimonio de las personas. En este último caso, las organizaciones declaran que se trató de hechos aislados y que en la ciudad no existen bandas armadas, zonas liberadas ni estructuras mafiosas que pongan en peligro colectivo los bienes y la libertad de las personas. Por otro lado, aclaran que la medida tiene carácter discriminatorio ya que los efectivos de la policía fueron destinados únicamente a los barrios más pobres de la ciudad, ejerciendo sus funciones a través de procedimientos irregulares y malos tratos. Este escrito de los organismos de derechos humanos amplió los argumentos de una Acción de Amparo, presentada una semana antes, que solicita medidas cautelares y declaración de inconstitucionalidad de la resolución municipal, del decreto provincial y de la resolución del Ministerio del Interior de la Nación que dispone la intervención de la Policía Federal, la Gendarmería Nacional y la Prefectura Naval Argentina en operativos conjuntos propuestos por la provincia de Río Negro. La medida implementada viola derechos reconocidos por la Constitución Nacional y se enmarca en el proceso de criminalización de la pobreza que se está dando en otras regiones del país.

La mayor parte de los conflictos que se dan en la Patagonia están relacionados con los ricos recursos naturales que posee la región e implican violaciones a los derechos humanos, tanto de pueblos originarios como de comunidades rurales que habitan la región desde largo tiempo atrás y han convivido con la naturaleza respetando los elementos que la conforman, a sabiendas de que sólo así podrán seguir teniendo una relación de reciprocidad con la misma. Los grandes intereses capitalistas nacionales y extranjeros han puesto su mirada ambiciosa sobre esas tierras y recursos naturales y las comunidades que allí habitan se constituyen en un obstáculo para su apropiación y explotación. Esa es la razón por la cual llevan a cabo todas las estrategias necesarias para eliminar ese obstáculo, utilizando la protección y la asociación con los poderes políticos que, como parte del negocio, no dudan en usar la represión abierta o a hacer oídos sordos a los reclamos de las comunidades perjudicadas y que, por lo mismo, se sientan a negociar el futuro de la naturaleza y de los seres humanos con quienes les ofrezcan el mejor negocio o la mejor tajada.

Contacto:

El Bolsón:

Vecinos autoconvocados de la

Comarca Andina del Paralelo 42

endefensadelaguaylatierra@yahoo.com.ar

Comunidad Mapuche Pillán Mahuiza.

02945-15692319

pillanmahuiza@yahoo.com.ar

frenteluchamapucamp@yahoo.com.ar

Comunidad Mapuche Paichil Antreao, Villa la Angostura:

Mirta 15637179

 

9) Los derechos territoriales de los pueblos originarios: el caso Lof Casiano

En junio de 2004, el Lof Casiano-Epugner en una audiencia con el Fiscal de Estado, Domingo Carosio, le entregó una investigación que probaba el despojo ilegítimo de los Abi Saad de parte de su territorio comunitario. Y le exigió que, en base a las pruebas presentadas, ordenara el desalojo de la familia usurpadora y la restitución ! del campo y las mejoras al Lof, en cumplimiento de los derechos que le reconoce la Constitución Nacional, el Convenio 169 de la OIT y la ley provincial Nº 2287.

Esta ley provincial Integral del Indígena y su decreto reglamentario establecen que ante una denuncia de despojo de tierras en perjuicio de una comunidad o poblador mapuche, la Fiscalía de Estado debe desalojar a los estafadores y restituir las tierras a dicha comunidad o poblador. En particular contempla el caso de la lesión subjetiva, esto es, cuando los usurpadores se aprovechan para concretar el despojo de la situación de discriminación y opresión del pueblo mapuche, en muchos de los casos valiéndose de la complicidad de funcionarios del estado.

En el mencionado encuentro con el Fiscal, el funcionario se comprometió a tener el caso resuelto en una semana. Un año más tarde, ante el evidente incumplimiento de lo prometido, el Lof Casiano, después de haber agotado todas las instancias frente al gobierno provincial sin éxito, decidió iniciarle un juicio al gobierno de la provincia para exigirle el reconocimiento definitivo e incondicional de sus derechos de posesión y propiedad sobre los campos de Quetrequile.

Desde entonces la Fiscalía está impulsando un desalojo ordenado hace más de 10 años contra la familia Abi Saad acusándolos de haber violado la ley de tierras Nº 279 y que, por lo tanto, los obliga a restituir los mencionados campos a la provincia. Desalojo que, además, nunca se cumplió por negligencia o complicidad de diferentes funcionarios de gobierno y que sólo afecta parte de lo reclamado por el Lof.

De esta manera, la provincia se resiste a reconocer nuestros derechos, y oculta esa resistencia confundiendo a la opinión publica, al reactivar una sentencia de desalojo, que si bien nos favorece porque evita la generación de situaciones de peligro y agresión, en nada tiene que ver con nuestras pretensiones que son: el reconocimiento de nuestros derechos originarios y la restitución definitiva de nuestro territorio ancestral.

Consejo Asesor Indígena (CAI)

El Bolsón, 30 de noviembre del 2005

Contacto

El Bolsón. 02944-455409

Ing. Jacobacci: 02940-432812/432213

Laura Ramos lauraibressan@yahoo.com

9) Los derechos territoriales de los pueblos originarios: el caso Lof Casiano

En junio de 2004, el Lof Casiano-Epugner en una audiencia con el Fiscal de Estado, Domingo Carosio, le entregó una investigación que probaba el despojo ilegítimo de los Abi Saad de parte de su territorio comunitario. Y le exigió que, en base a las pruebas presentadas, ordenara el desalojo de la familia usurpadora y la restitución ! del campo y las mejoras al Lof, en cumplimiento de los derechos que le reconoce la Constitución Nacional, el Convenio 169 de la OIT y la ley provincial Nº 2287.

Esta ley provincial Integral del Indígena y su decreto reglamentario establecen que ante una denuncia de despojo de tierras en perjuicio de una comunidad o poblador mapuche, la Fiscalía de Estado debe desalojar a los estafadores y restituir las tierras a dicha comunidad o poblador. En particular contempla el caso de la lesión subjetiva, esto es, cuando los usurpadores se aprovechan para concretar el despojo de la situación de discriminación y opresión del pueblo mapuche, en muchos de los casos valiéndose de la complicidad de funcionarios del estado.

En el mencionado encuentro con el Fiscal, el funcionario se comprometió a tener el caso resuelto en una semana. Un año más tarde, ante el evidente incumplimiento de lo prometido, el Lof Casiano, después de haber agotado todas las instancias frente al gobierno provincial sin éxito, decidió iniciarle un juicio al gobierno de la provincia para exigirle el reconocimiento definitivo e incondicional de sus derechos de posesión y propiedad sobre los campos de Quetrequile.

Desde entonces la Fiscalía está impulsando un desalojo ordenado hace más de 10 años contra la familia Abi Saad acusándolos de haber violado la ley de tierras Nº 279 y que, por lo tanto, los obliga a restituir los mencionados campos a la provincia. Desalojo que, además, nunca se cumplió por negligencia o complicidad de diferentes funcionarios de gobierno y que sólo afecta parte de lo reclamado por el Lof.

De esta manera, la provincia se resiste a reconocer nuestros derechos, y oculta esa resistencia confundiendo a la opinión publica, al reactivar una sentencia de desalojo, que si bien nos favorece porque evita la generación de situaciones de peligro y agresión, en nada tiene que ver con nuestras pretensiones que son: el reconocimiento de nuestros derechos originarios y la restitución definitiva de nuestro territorio ancestral.

Consejo Asesor Indígena (CAI)

El Bolsón, 30 de noviembre del 2005

Contacto

El Bolsón. 02944-455409

Ing. Jacobacci: 02940-432812/432213

Laura Ramos lauraibressan@yahoo.com

10) Libertad de expresión: la prorroga arbitraria de la Ley de Radiodifusión

El viernes 20 de mayo, sorpresivamente y sin que mediara ninguna discusión ni reclamo público, el gobierno nacional sancionó el Decreto 527/05 que establece de suspensión del plazo de licencias de empresas de radiodifusión por 10 años. De esta manera los actuales propietarios de medios se ven beneficiados por una medida que suspende el cómputo de los plazos que la ley otorga de quince más diez de prórroga por única vez extendiendo por otros diez el término original.

Ante esta decisión, que supone la definición de una línea de política comunicacional de parte del gobierno acorde a los intereses de los propietarios de medios de comunicación, la Dirección y la Junta de la Carrera de Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires rechazan y deploran la sanción del Decreto 527/2005 por los siguientes motivos:

 “Una vez más, la política de comunicación se resuelve por decreto sin discusión pública. Mientras la ley de radiodifusión 22.285/80, sancionada por la dictadura militar, sigue vigente y excluyendo de la posibilidad de ser propietarios a gran parte de los miembros de la sociedad argentina (en particular a las organizaciones sin fines de lucro). El gobierno otorga un beneficio inaudito a los propietarios de medios de comunicación que formaron grandes grupos concentrados durante la década de los ´90.

 Así, por decreto, se ignoran plazos y condiciones de extensión de los mismos, debido a que para su prórroga se requiere el cumplimiento de compromisos asumidos por los licenciatarios. Tampoco se toman en cuenta las sanciones existentes ni las irregularidades en las titularidades que, hasta las propias autoridades, han hecho públicas: tanto por origen del capital como por la cantidad de medios en un área de cobertura.

 El Decreto 527/2005 beneficia especialmente a quienes tenían licencias que vencían indefectiblemente en el año 2007, luego de 25 años, dado que habían sido renovadas automáticamente durante la dictadura militar en 1982.

 Los beneficiarios de esta medida han sido quienes ganaron los concursos apoyados, en muchos casos en las leyes discriminatorias de los gobiernos militares y, en otros, en las reformas neoliberales de la década de los años 90. En la mayoría de los casos de los actuales titulares de los medios más poderosos, el único mérito para llegar a ser licenciatarios ha sido contar con fondos suficientes o créditos tomados (sobre todo en el exterior) para comprar canales y radios.

 La metodología del decreto, aunque criticable, pudo haber sido usada antes que para esta decisión de conservadora política de comunicación, para modificar el artículo 45 de la ley de radiodifusión, que sigue exclu-yendo a los sectores no comerciales de la posibilidad de tener una licencia. Hace 20 años que esta reforma es esperada. En la Argentina, la ley de la dictadura militar excluye a las entidades sin fines de lucro de la posibilidad de ser licenciatarios. Si bien este artículo 45 fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema en el año 2003, sigue vigente porque el Congreso no aprueba su reforma. Sin embargo, para el gobierno tiene más necesidad y urgencia de prorrogar el plazo de las licencias de los poderosos, que permitir que la sociedad civil pueda acceder a los medios de comunicación.

 La suspensión del plazo implica que todos los argentinos, que hoy no son propietarios de medios de comunicación, deberán esperar 10 años más para intentar formar parte del sistema de radio-difusión, salvo que se abran nuevos canales de televisión y radios.

 Algunas empresas de medios se han beneficiado –especialmente- porque el programa de pagos de la refinanciación sus deudas excede el término de sus licencias y, por lo tanto, no se podía asegurar su cumplimiento. Este cambio de escenario facilita su programa económico-financiero.

 El decreto 527/05 otorga la suspensión del plazo de las licencias sin establecer ninguna contraprestación de parte de los beneficiarios. Es irrisorio pedir al mercado que haga propuestas de responsabilidad de contenidos y culturales. No sólo porque la Constitución Nacional (art. 75 inc. 19) obliga a promover el espacio audiovisual nacional y la ley vigente ya lo exige y no se cumple sino, también, porque la defensa de los servicios y productos de la cultura audiovisual requiere políticas activas y definidas. No resulta convincente plantear que los beneficiarios de esta medida ilegal propongan como contrapartida espacios educati- vos. Para los Estados, alentar la creación de estos espacios es un mandato emanado de la Convención Universal de Derechos del Niño, así como el fomento al pluralismo y a la defensa de la diversidad de minorías lingüísticas.

 Es un pretexto fijar obligaciones de actualización de tecnologías para extender los plazos. Si fuera posible considerarlo como argumento, y con la velocidad de las innovaciones, las licencias deberían ser eternas, desconociendo que utilizan un recurso escaso como las frecuencias radioeléctricas, cuya administración corresponde al Estado Nacional.

 No es tampoco aceptable sostener que esto asegura fuentes de empleo o libertad de prensa. Los procesos de concentración no lo hicieron. Tampoco lo garantizan las tecnologías. Sí lo hacen el pluralismo, la diversidad y la democratización de la palabra y las expresiones culturales y artísticas.

 Luego de este decreto, el tratamiento de una posible ley de la democracia queda más lejos aún que antes. Los grupos concentrados ya tienen lo que necesitaban. El Poder Ejecutivo dio muestras claras de no estar dispuesto a discutirla: lo único que entiende necesario y de urgencia lo resuelve con su sola y única voluntad.

Buenos Aires. 23 de mayo de 2005

Consejo Directivo de la Facultadad de Ciencias Sociales

de la Univesidad de Buenos Aires

Contacto

Dr Damián Doreti

dloreti@mail.retina.ar

11) Causas armadas: el caso Roser

Gabriel Alejandro Roser es un militante popular, responsable de una Copa de Leche que funcionaba en su propio domicilio, en la zona de Tolosa, en una de las tantas barriadas pobres de la ciudad de La Plata; hasta el momento de su detención, era el encargado a nivel nacional del área de seguridad del Movimiento de Unidad Popular. Tiene veintiséis años, y estuvo detenido durante un año y siete meses en la Unidad Penal de Magdalena por ser imputado en una causa armada por personal policial de la comisaría sexta de Tolosa, y convalidada por el Agente Fiscal Marcelo Eduardo Martini a cargo de la UFI 3 y el titular del Juzgado de Garantías nro 3 Néstor de Aspro en la IPP N° 20743.

El 24 de abril de 2004, el comerciante y funcionario policial Marcelo Rodolfo Toni y otras dos personas, resultaron víctimas de un robo a mano armada que se consumó en autoservicio propiedad del mencionado, y del que participaron al menos tres personas, quienes se apoderaron ilegítimamente de dos relojes pulsera, dos aparatos de telefonía celular, y la suma de ochocientos noventa pesos.

Inmediatamente de cometido tal delito, el mismo Marcelo Rodolfo Toni, sale tras los autores del hecho a bordo de un vehículo propiedad de su amigo y también damnificado por el delito Diego Hernan Casagna. Mientras dicho seguimiento se producía, comunica lo ocurrido a sus camaradas de la seccional sexta de policía de Tolosa, quienes se suman a la persecución, hasta que los sospechosos lograron darse a la fuga.

Luego de ello, tanto Toni como su amigo Casagna se trasladan a la comisaría sexta de Tolosa a fin de participar en las diligencias de rigor. Esto es, suscribir el acta de procedimiento y prestar declaración testimonial. En esa ocasión el comerciante y funcionario policial Marcelo Rodolfo Toni todo lo que afirma es “...que los malvivientes que perpetraron el delito resultan a simple vista (...) mayores de edad, uno de ellos (...) de aproximadamente 1.75 de estatura, de tez trigueña, de cabellos crespos de color oscuro, ondulados y cortos, cara redonda de contextura física mediana, y el restante (...) de alrededor de 1.60 de estatura, de tez trigueña, cabellos cortos oscuros, de contextura física delgada (...) A preguntas refiere que se halla en condiciones de realizar un dictado de rostro de los dos malvivientes que perpetraron el ilícito y con relación al tercer sujeto manifiesta que observó su rostro...” (fs. 1/3, y 8 y vta.).

Dos días más tarde, es decir el 26/04/04, ante el Fiscal Martini, Toni no solo aporta la identidad de los presuntos autores, a quienes identifica como Timoteo de unos 22 o 23 años, Rossi (por Roser) de 25 aproximadamente y un tercero apodado “El Chino” de 30 años o algo menos. Sino que llamativamente y para dar razón de sus dichos, afirma que conocía a los mismos de tiempo antes, por haber actuado respecto de ellos en su condición de funcionario policíal de la comisaría 6ta. de Tolosa, y porque éstas personas además habían cometido en reiteradas oportunidades –cuatro- delitos contra la propiedad que lo habían tenido como damnificado. Esta declaración fue completada por los compañeros del testigo, y así se tuvo, que Rossi era Roser, y Timoteo un menor de edad.

Dicho paquete de pescado podrido fue gustosamente adquirido y convalidado tanto por el Fiscal Martini, quien no indagó de que forma Toni y los restantes damnificados habían llegado a adquirir esa información incongruente con sus primeras declaraciones en la comisaría, como por el Juez de Aspro, quien ordenó el allanamiento a la vivienda de Gabriel y posteriormente hizo lugar al pedido de prisión preventiva.

Desde la primera oportunidad, Roser declaró y afirmó su inocencia, e ingenuamente y en la creencia de que se trataba de un malentendido, solicitó que se lo exponga en una rueda de reconocimiento. Diligencia que fue cumplida por Toni y su amigo Casagna, no sin hacer ostentación del impune manoseo con el cual podía incorporar lo que desease en el expediente, conciente de que la suerte de Gabriel estaba echada (fs.92/93). Más aún cuando Marcelo Rodoldo Toni, en una verdadera profecía de autocumplimiento y como tributo al olfato policial de sus compañeros, señaló la fotografía de Gabriel que meses antes (1) había sido incorporada al álbum de sospechosos de la comisaría 6ta. (fs. 48).

Así, primero negó haber visto la fotografía que oportunamente se le había exbibido, y por cuyo reconocimiento Gabriel había sido detenido. Luego, como la contextura física de Gabriel es robusta, y no mediana como afirmara Toni desde un principio, en relación a uno de los autores del hecho, la modificó para así ajustarla a sus características Asimismo, como junto a Gabriel quiso involucrar a Timoteo, y éste resultó menor de edad, no tuvo ningún empacho en sostener que uno de los autores era de contextura chica y no llegaba a los dieciocho años. No obstante haber afirmado desde un principio, que a simple vista quienes habían intervenido en el hecho eran mayores de edad.Por último, al señalar a Gabriel agregó un nuevo dato, ahora lo conocía por la zona donde vivía.

Teniendo en cuenta lo relatado nos preguntábamos al momento de tomar la defensa técnica ¿es lógico creer que quien ha sido damnificado por un ilícito en el cual se lo habría desapoderado de diversos bienes, constándole previo a prestar su primer declaración, la identidad y zona de residencia de los autores del mismo, frustre el esclarecimiento del hecho y con ello la posibilidad de recuperar los bienes de los que fuera desapoderado, aportando solo la descripción física, sexo, edad estimada, vestimenta y refiera estar en condiciones del realizar un dictado de rostro? Más aún, si tenemos presente que el testigo, reviste la calidad de funcionario policial, mal podrá argumentarse que Marcelo Rodolfo Toni se sintió intimidado, incómodo, inhibido o mal tratado en dicha seccional policial, y dijo ante el Agente Fiscal lo no dicho por tales motivos antes a sus compañeros. O que sus compañeros no hicieron constar, lo que si hizo constar el Agente Fiscal. Pensábamos también en los propios dichos de Toni, cuando al momento de prestar declaración ante el Fiscal Martini, ratificaba su declaración anterior y decía impunemente lo que se le venía en gana, sin siquiera hacer una aclaración, aclaración que por cierto tampoco le fue requerida cuando esto último hubiera correspondido, no solo porque el curso natural y ordinario de las cosas así lo hubiera aconsejado, sino porque las normas que regulan la actividad de los representantes del Ministerio Público lo imponen (art. 56 del CPP, art. 54 Ley 12061).-

Es más, el Fiscal Martini debería haberle requerido aporte datos sobre los hechos previos a los que hizo referencia, cuándo fueron cometidos, quiénes fueron los damnificados, los testigos, los bienes ilegítimamente desapoderados, si los mismos fueron denunciados tomar vista de tales investigaciones. Pero nada de eso se hizo y ello no es casual. Puede constatarse en el sistema informático de Mesa General de Entradas de Fiscalía de Cámaras y Garantías de La Plata, que el señor Toni no reviste el carácter de denunciante/víctima/damnificado en ninguna otra investigación, como tampoco Gabriel Alejandro Roser el carácter de imputado.

Todas estas irregularidades quedarían palpablemente evidenciadas durante el debate oral.

El Juicio Oral.

El día 29 de Noviembre de 2005 comenzó el juicio oral contra Gabriel Roser por ante el Tribunal Oral Criminal N° 2 integrado por los jueces Torrisi, Bernard y Doménech, estando a cargo de la acusación el fiscal Jorge Betini. Durante las jornadas de debate y a medida que se fueron sucediendo las declaraciones, comenzaron a eviden-ciarse las contradicciones y los manejos arbitrarios de los funcionarios policiales que intervinieron en el procedimiento en el cual fuera implicado Roser.

Esclarecedora fue la declaración de Marcelo Toni, quién no solo no pudo explicar la forma en la cual pudo individualizar a los autores del hecho, siendo que en su primera declaración en la comisaría solo había aportado datos fisonómicos, para aportarlos luego en la fiscalía, sino que también elaboró una absurda historia en la cual refirió que con posterioridad a haberse producido el hecho y antes de declarar en la comisaría se dedico a buscar por el barrio datos que le permitieran dar con los autores del hecho y que fue así que finalmente dio con los datos de Rosi, Timoteo y El Chino. La elucubración no tuvo otro objetivo que el de ocultar lo que, de sus propios dichos, surgía como evidente: la foto que a Roser le sacaron en la Comisaría 6ta ya le había sido exhibida, los datos ya habían sido aportados por sus colegas de la bonaerense y el armado de la causa comenzaba a gestarse. Como quien esconde algo que sabe irregular, Toni al ser preguntado sobre si le habían sido exhibidas fotografías con anterioridad al reconocimiento en rueda de personas, manifiesta en forma rotunda que no, pero momentos después, al serle exhibida el acta de fs 28 incorporada por lectura, en la cual consta la exhibición de los libros de modus operandi (2) en la comisaría, no tuvo más opción que reconocer su firma y expresar que, ahora si recordaba y que los mismos le fueron exhibidos previamente a realizar la diligencia del reconocimiento en rueda. En conclusión, Toni no pudo explicar si el ingreso de Roser en la causa había sido por los elementos recabados en sus investi-gaciones personales (comentarios de personas que ni siquiera pudo individualizar y que referían que Roser se juntaba en una esquina con quienes le habían robado) o por el recuerdo de las características fisonómicas. Lo único que quedó demostrado por los propios dichos de Toni es que previamente a realizar el reconocimiento en rueda de personas, vio las fotos en el álbum de modus operandi, y que esto fue lo que con posterioridad le permitió individualizar a Roser.

En lo que respecta a Diego Hernán Casaña, otra de las víctimas del hecho y amigo de Toni, su relato, que comenzó siendo puntual y prolijo, se desmoronó al momento en que quiso ocultar lo inocultable, que es que él también había visto el libro de modus operandi junto con Toni. En tal sentido al ser indagado sobre si había visto álbumes fotográficos antes del reconocimiento en rueda, manifestó que los había visto después de la diligencia de reconocimiento en rueda y que él y Toni habían ido en días distintos a realizar tal diligencia. Luego ante preguntas formuladas comenzaría a contradecirse para terminar diciendo que fueron al reconocimiento del álbum fotográfico el mismo día solo que él fue a la tarde. Este dato puntual permitió evidenciar que tanto Toni como Casaña vieron la foto antes del reconocimiento en rueda de personas y que fue esto lo que les permitió identificar a Roser en dicha diligencia.

Finalmente culminó su declaración con idos acto fallidos, el primero al decir que Toni nunca le hablo de Rosi, dato que no es menor ya que es la forma en que Toni se refiere a Roser en su declaración ante el Fiscal, y el segundo al decir que no sabían que era Roser el que habían implicado en la causa.

Comentario aparte merecen los funcionarios policiales de la Comisaría Sexta. En primer lugar quienes en ese momento se desempeñaban como personal de calle, no pudieron verter datos que permitieran esclarecer como Gabriel Roser había llegado a la investigación, esto es, explicar de qué tareas investigativas surgió el nombre de Roser como uno de los autores del robo. La realidad es que lo que no podían decir es que el nombre estaba junto a la foto, que todos los datos fueron aportados por ese instrumento de estigmatización con que cuentan las comisarías de la provincia y que fue a partir de esos datos que comenzó a funcionar la maquina de armar causas.

Por otro lado, preguntados sobre cuales eran los criterios para detener a personas por averiguación de identidad, no dudaron en responder que se trata de criterios subjetivos, esto es la imagen que en el funcionario que procede genera la persona a detener. Así se dijo que la vestimenta, la cara, la forma de moverse, lo lugares de reunión, eran parámetros a tener en cuenta. Esto que solo parece un condimento, es trascendental ya que es reflejo de lo que constituye el conocido “olfato policial”, ese olfato en el que comienza la maquinaria represiva del estado y que en la mayoría de los casos es la base del armado de causas.

Finalmente, en relación a la forma de llevar los libros de “Modus Operandi”, fueron contestes en decir que son una herramienta habitual de las comisarías, que no tienen un orden sistemático que permita ubicar a personas de similares características (como necesariamente debe hacerse en un reconocimiento fotográfico), y que son manejados por el comisario de turno, es decir que es habitual que bases de datos de ciudadanos sean manejados al antojo de quien eventualmente sea titular de una dependencia policial. No es necesario aclarar los riesgos que esto implica y para muestra sobra un botón… la causa de Gabriel Roser (3)

El desistimiento de la acción:

Finalmente, al culminar la última jornada de debate oral, el fiscal de juicio, Jorge Betini, decidió desistir de la acción, argumentando que si bien no contaba con elementos suficientes que le permitieran corroborar que Roser era inocente, no contaba con elementos suficientes para sostener su acusación.

Lamentablemente no se pudo llegar a una sentencia absolutoria que diga lo que realmente surgió del debate: Roser fue víctima de la maquina policial-judicial de armar causas; los libros de “Modus Operandi” son una herramienta fundamental para ese armado; la policía da arranque a la maquinaria y fiscales y jueces le inyectan el combustible necesario para seguir funcionando; la prisión preventiva es una pena antici-pada que viola elementales garantías constitucionales.

Conclusiones

La causa seguida a Gabriel Roser no es una causa más, no solo por tratarse de un militante y desprenderse la relación del caso con ciertas implicancias de un puntero del Partido Justicialista, sino y fundamentalmente, por evidenciar claramente el mecanismo perfectamente aceitado de armado de causas. Es el caso Roser, un claro registro del poder territorial de la policía bonaerense al momento de implicar a sujetos estigmatizados por su procedencia barrial, por su condición de pobre, joven y piquetero, y del criterio discrecional e impune con que manejan su conocido “olfato policial”. También es un registro claro de sistemática convalidación de su accionar por parte de Fiscales y Jueces, evidenciando el menosprecio que el valor de la libertad humana representa. Finalmente es un testimonio del manejo arbitrario e ilegal que el estado provincial hace del instituto de la prisión preventiva, utilizando un medida cautelar como una verdadera pena anticipada… cabe recordar a los muertos en la Unidad 26 del Penal de Magdalena y preguntarse ¿cuál es la diferencia intrínseca entre los que allí murieron y Gabriel Roser?

NOTAS

1) En al menos dos oportunidades y con un mes de diferencia (25/02/04 y 19/3/04) Gabriel Roser fue detenido por averiguación de identidad por personal de calle de la Comisaría sexta de Tolosa (La Plata, Provincia de Buenos Aires). En una de esas oportunidades fue conducido junto a dos menores, no obstante contar con su Documento de Identidad y estar a dos cuadras de su casa, por averiguación de identidad a la mentada dependencia policial. En ese lugar fueron conducidos a un cuarto en la parte superior de la comisaría donde se le extrajo una fotografía… sería la foto que luego se ingresaría al libro de Modus Operandi.

2) El uso de álbumes fotográficos de sospechosos por parte de la Institución Policial Bonaerense, ha sido la forma inmemorial con la que los uniformados encargados de cumplir funciones de instrucción judicial se han relacionado con eso que todos conocemos como “delito”.

Desde la creación de Policía de la Provincia de Buenos Aires, el 13 de Diciembre de 1880, ha sido una práctica habitual que ésta desarrolle actividades preventivas identificando a personas sospechosas, imputadas de la comisión de un delito o infracción penal a través de los denominados “Prontuarios": suerte de legajo volcado de datos biográficos e historial de pases del llamado delincuente

La actividad preventiva de “prontuariar” fue instalando así un imaginario propicio dentro de la Institución Policial, al punto de tornarse en la forma más común de encararse -de manera previa- todas las pesquisas que se iban desarrollando. Cabe decir, la galería de rostros en prontuarios era el marco acotado de posibilidades que tenía una Comisaría para investigar y/o controlar -no los delitos cometidos-, sino los delitos a cometerse por los que eran llamados “los famosos delincuentes de la zona”

En el año 1967, se sanciona un nuevo reglamento que legaliza el uso de Prontuarios en cada Comisaría para individualizar e identificar delincuentes “en hechos ilícitos perpetrados que se ignorase su autor”. De este modo la reglamentación abría la puerta para que el personal policial saliera de la actividad prontuarial meramente preventiva, e ingresara de lleno en la escena de la actuación judicial, confeccionando sumarios penales a partir del cotejo de rostros fotografiados que se les enseñaban a las víctimas para que reconozcan la verdadera cara de quien los asaltó. Es a partir de este momento donde aparece la idea de Modus Operandi, concepto que en la jerga policial, viene a sustituir el de prontuario (preventivo) para devenir, como la palabra misma lo insinúa: el modo de proceder cotidiano de aquel personal policial afectado a la investigación; modo habitual de realizar tareas de pesquisa ante un hecho ilícito en el que se desconoce su posible autor.

Los Modus Operandi pasaron a ser carpetas numeradas en el ámbito de cada comisaría provincial, en la cual se registraban las fotografías que se iban tomando a todas las personas que, a criterio del comisario de turno, podrían llegar a ser pasibles de sospecha delictiva en un futuro.

Los instrumentos de recolección de imágenes, pasarían a ser: el hecho de haber quedado alguna vez detenido, la doble AA (detención por averiguación de antecedentes), la contravención, o la insólita situación de verse forzado a fotografiarse cuando alguien sólo acercaba a una comisaría para realizar un simple tramite administrativo. En ocasiones hasta un barrio entero podría llegar a estar fotografiado.

Aquí hay un dato fundamental a tener en cuenta, los rostros que colecciona en su armario un Comisario de turno, poseen si se quiere una característica común, una característica que escapa al mote de “delincuente”. Esa característica es la pobreza, una pobreza puesta entre paréntesis y observable por peligrosa. Una colección de gente marginal en varios tomos, un bestiario que se amontona en las periferias. Un inventario de monstruos reunidos por letras.

Pero no habrá una sola “carpeta”, en realidad habrá tantas “carpetas” como Comisarías haya. Las “carpetas” son territoriales. Cada Comisaría llevará su propio álbum de fotos de acuerdo a la reglamentación 2019/67, donde habrá de compilar las esfinges de la pobreza, afiliar a los “revoltosos” del barrio, a los menores hijos de esos pobres. Las carpetas Modus Operandi son una manera sutil de apresurarse a prejuzgar al otro por el sólo hecho de ser pobre, estar desocupado o ser un “negro”.

Hoy en día, estas carpetas Modus Operandi, han llegado a conformar voluminosos libros con imágenes fotográficas de miles de ciudadanos que desconocen por completo los usos que se le da a su rostro, como así el riesgo que corren cada vez que son expuestos ante los ojos descarnados de las víctimas de cualquier ilícito, quienes en pro de dar con un culpable seguro, no pierden la oportunidad de apuntar con su dedo a diestra y siniestra (la mayoría de las veces con la sugestiva indicación policial), dejando a personas absolutamente inocentes libradas a la peor suerte judicial: una prisión preventiva que de seguro durará varios meses.

En el Fuero Penal Provincial, el Modus Operandi constituye en prueba de cargo suficiente para fundar prima facie la libre convicción de un juez de garantías respecto a la autoría y responsabilidad de un imputado. Poder Policial y Judicial inician el proceso de simpatía que convalidará toda esta actividad.

Pues no nos escapa que en un punto, las facultades discrecionales de la Policía en la Provincia en lo que hace a las carpetas de Modus Operandi, producen información esencial a administrar y justificar en el área judicial. Si el hecho exhibir fotografías de ciudadanos inocentes a las víctimas de un ilícito resulta un modo de convalidar el proceso en el que recae la sospecha policial (el olfato policial); también resulta el punto de partida para fraguar procesos judiciales.

De este modo, las carpetas de Modus Operandi dejan la puerta abierta para el “armado de causas”, en cuanto generan una suerte de derecho penal paralelo dedicado a engrosar las estadísticas en “la lucha contra el delito”; creando una imagen de “efectividad” ante las autoridades y la sociedad.

Tan fácil como pedir documentos y detener por averiguación de identidad; tan sencillo como tomarle una fotografía; y tan simple como mostrar un álbum de fotos a quienes se acercan a la Comisaría más cercana a denunciar los hechos de los que fueron víctimas hace un rato. Las “carpetas modus operandi” es para nosotros la manera que tiene la Policía de imprimir una identidad cuando se ha desmantelado el Estado social. Cuando se anda sin trabajo y la escuela se vuelve expulsiva; cuando se rompe la sociedad salarial y el Estado se descompromete de toda una serie de problemas que hasta entonces constituían su razón de ser; la manera de imprimir una identidad, estabilizar, de fijar, marcar, señalar, será a través de las “carpetas modus operandi”. Devenir ilegal, al margen de las “buenas costumbres” y el consumo civilizado que será cartografiado en base a la utilización de estereotipos morales muy difundidos en las fuerzas de seguridad.

Las carpetas de Modus operandi son entonces la manera de disciplinar a los excluidos, de marcarlos y ubicarlos en un futuro en el espacio. Semejante actividad afecta de manera directa derechos humanos básicos como asimismo garantías constitucionales del debido proceso y defensa en juicio, todas ellas reconocidas en la carta constitucional y en tratados internacionales de máxima jerarquía.

Quizás en adelante, los Modus Operandi pasarán a ser pieza de museo. La era digital está entrando, las técnicas de mapeo y registro digital de imágenes antropomórficas dejará más que nunca en claro que Lombroso ha sido y sigue siendo el padre de la criatura. A través de estos universos informático-policiales, se podrá acceder con facilidad al rostro de poblaciones enteras. Sin embargo, por más inteligente que pueda presentarse el sistema, el mismo no nos podrá engañar, toda su inteligencia radica en recaer sobre los sospechosos de siempre: los pobres de siempre, que ahora estarán allí, a disposición de cualquier Comisario de turno que desde el despacho su comisaría, podrá acceder con su computadora al registro centralizado que le sabrá dar de inmediato detalles sobre la cara y detalle de todos los delincuentes de su zona.

3) A partir del caso Roser, y como parte de la estrategia de defensa que lleva adelante el CIAJ (Colectivo de investigación y Acción Jurídica), distintas organizaciones de derechos humanos de la ciudad de La Plata, la Asociación Miguel Bru, la Asociación Permanente por los Derechos Humanos (APDH), el CIAJ y la Defensoría General de Casación de la Provincia, en calidad de "amicus curiae", presentaron una habeas data colectivo contra el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires por entender que las fotografías y los datos que se volcaban en los registros que componen las “carpetas Modus Operandi” constituían un acto discriminatorio con finalidades indecibles, inciertas y, por ende, contrarias a la Constitución Nacional y Provincial.

La particularidad de la acción presentada, radicó en la invocación del carácter colectivo de la legitimación de las Asociaciones involucradas en la demanda. Cabe decir, el efecto buscado desde un inicio por el CIAJ y los otros organismos era la posibilidad de que la acción planteada tenga un efecto difuso, que permita interrumpir de entrada el uso inmemorial de los Modus Operandi en toda la Provincia, ello por violación manifiesta a garantías y derechos humanos básicos plasmados en nuestra Constitución Nacional y Provincial

Asimismo, el objetivo central de la Acción planteada fue el de declarar la inconstitucionalidad del decreto ley 2019/67 que dio vía libre al uso de los Modus Operandi, se pidió el secuestro de la documentación que exista en el ámbito de comisarías provinciales cuyo contenido sea producto de una actividad manifiestamente ilícita y discriminatorio hacia los ciudadanos; por último se dio fundamental importancia al efecto Habeas Data buscado: que los datos de ciudadanos de la provincia encerrados en esos registros y usados sin su permiso, incluso en su contra, sean dados a la luz y cancelados por la autoridad competente.

El pedido recayó en el Juzgado Contencioso Administrativo a cargo del magistrado Luis Arias quién aceptara la legitimidad colectiva a los presentantes para hacer el reclamo. Posteriormente, y con bastante celeridad, convocó a una audiencia de conciliación, homologando el acuerdo al que arribaron las partes, por el cual se ordenó al Ministerio de Seguridad: “1) se ordena a todas las dependencias policiales de la provincia de Buenos Aires la remisión de todos los álbumes o registros fotográficos exis-tentes” que “deberán ser remitidos a la Fiscalía de Cámara de cada Departamento Judicial dentro del plazo de 24 horas de la recepción de la orden que se instrumentará mediante acto administrativo del Ministerio de Seguridad. 2) Se prohíbe expresamente la utilización de fotografías o la extracción de copias para uso en las dependencias policiales a las que se hace referencia en en el punto 1, considerándose falta grave. 3) Las autoridades policiales podrán tomar exclusivamente fotografías de personas privadas de libertad con fines identificatorios, debiendo consignarse el motivo de la detención, y elevarse la ficha y la fotografía con sus negativos a la dirección de Antecedentes del Ministerio de Seguridad en el término perentorio de 24 horas.”

 De inmediato a la firma del acuerdo, el Ministerio de Seguridad dictó la Resolución Administrativa 784/05, por la cual se reconoce a la fotografía como herramienta fundamental para toda investigación penal en los casos en los que existan autores ignorados. En tal sentido, la resolución sigue en rigor lo prescripto en el acuerdo, pero se excede cuando determina en su artículo primero que: “… las policía de la Provincia obtendrán fotografías de la personas privadas de su libertad con el objeto de proceder a su identificación”. De este modo, bajo el concepto ambiguo de “privados de libertad” se abre la puerta para que la policía fotografíe e identifique por este procedimiento a cualquier persona demorada.

Asimismo, el artículo seis, una verdadera conquista refiere: “…Los álbumes fotográficos serán exhibidos en los casos y a las personas que la autoridad judicial competente determine”. El artículo siete dice: “….Las fotografías exhibidas en el álbum contarán al pie con un código identificatorio, los datos personales de la persona fotografiada y su correspondencia con el código adjudicado contarán en un listado aparte en poder del delegado responsable.” Se acaba así con los manejos discrecionales de los Comisarios con los libros, se designa a un responsable tenedor de los libros en área centralizada, quien deberá llevarlo y custodiarlo en su debida forma. Por lo que: “Las fotografías existentes en todas las dependencias policiales al momento del dictado de la presente resolución serán remitidas a los respectivos deleg-dos de la dirección de antecedentes”.

Por último, la resolución deja abierto el proceso de digitalización de imágenes, la sustitución de los Modus Operandi por un sistema más poderoso e inteligente: “…Otórgase el plazo de 180 días a las subsecretaría de investigaciones en función judicial para la digitalización de las fotografías y la puesta en funci-namiento de un sistema informático de almacenamiento”. Con la digitalización de las imágenes fotográficas ingresa la tecnología al uso policial cotidiano, el uso y control tecnológico como instrumento de mayor efectividad y discrecionalidad a la hora de ejercer el control social sobre los más pobres.

El acuerdo y la resolución 784/05, no obstante dar una solución transitoria al tema de los Modus Operandi que se llevarán a cabo en adelante, no resuelve el punto 1) del acuerdo, quizás uno de los puntos fundamentales de la acción planteada, en tanto la documentación existente en Comisarías hasta la fecha, y que fuera enviada a cada Dirección Departamental de acuerdo a la resolución 784, sigue sin ser analizada en detalle, y corre el riesgo de continuarse con su uso al pedido de cualquier funcionario policial/judicial que lo solicite, además de poder llegar a ser informatizada conforme ya lo hemos transcripto más arriba.

Ahora bien, pocos días después del mencionado acuerdo, los Fiscales Generales Departamentales, pidieron una reunión con la Procuradora General de la Corte, en dónde se decidió no recibir esa la polémica documentación. En declaración de prensa de numerosos Fiscales Generales, los mismos además de rechazar el acuerdo, reconocieron expresamente que los álbumes de Modus Operandi resultaban fundamentales para toda investigación delictiva, por lo que decidieron seguir avalando e impartiendo instrucciones en cada ámbito funcional del Ministerio Público, para que se continúe con la práctica.

Por último, y como consecuencia de todos estos traspiés desde el acuerdo homologado, ante la repercusión de la medida, las idas y venidas de los Fiscales, la continuidad de la documentación en manos de los Comisarios locales, como así la presión ejercida por numerosos organismos de Derechos Humanos que se solidarizaron y se expidieron teniendo en cuenta la trascendencia de la problemática; se solicitó al Juez Arias dicte una medica cautelar complementaria que aclare aspectos de la Repsol. 784/05 que no quedaron claros, e imponga algún tipo de sanción ante el virtual incumplimiento de lo resuelto.

En tal sentido, con fecha 8 de Julio, el Juzgado Contencioso Administrativo dicta una Medida cautelar, por la cual reconoce la verosimilitud del derecho afectado e invocado por la actora desde un inicio, como así el peligro procesal en juego. Por ello, el juez determina, ahora sí, con total precisión: “la prohibición de usar y exhibir los álbumes fotográficos o “Modus Operandi” a todos los efectivos de la Policía Bonaerense, salvo los que se encuentren expresamente autorizados por la Resolución Nº 784/05 y bajo las condiciones que se allí se establecen, bajo apercibimiento de aplicarse astreintes de $ 5000 en caso de incum-plimiento y de iniciarse las acciones penales correspondientes”.

La prohibición de uso y exhibición ha quedado ya sin discusiones, la única posibilidad de tener un contacto directo con la foto es para el comisario la de extraer la foto y elevarla en el mismo día al encargado de custodia de las mismas, o en su caso, solicitarlo a dicho custodia con autorización judicial para el uso y exhibición un caso determinado. Todo lo cual debe quedar debidamente documentado.

Asimismo, la cautelar “…ordena a los Jefes de cada dependencia policial de la Provincia que remitan en el término perentorio de cinco días los álbumes que se encuentren en su poder, a la Dirección de Antecedentes de la Policía Bonaerense con sede en la ciudad de La Plata, debiendo acreditar en autos dicha remisión mediante constancias firmadas por aquél organismo, bajo apercibimiento de aplicarse astreintes al funcionario o agente responsable en solidaridad con el Comisario o Jefe de la Dependencia Policial, las que se fijan prudencialmente en la suma de $ 100 por cada día de demora injustificada”. De este modo se pone coto a los manejos inescrupulosos de muchos Comisarios que pretendían seguir conservando documentación en su dependencia.

 Por último, el juez ordena: “…al personal que se encuentra autorizado por la Resolución Nº 784/05 para tomar las fotografías que consignen en cada caso el “motivo de la detención” y remita las mismas y sus negativos a la Dirección de Antecedentes de la Policía Bonaerense, hasta tanto se designe en cada Dirección Departamental de Policía Científica al delegado de la Dirección de Antece-dentes en carácter de responsable y custodia de dicho registro, ello bajo apercibimiento de aplicarse astreintes al funcionario o agente responsable en solidaridad con el Comisario o Jefe de la Dependencia Policial, las que se fijan prudencialmente en la suma de $ 100 por cada día de demora injustificada”. Con este último agregado en la cautelar, se trata de aclarar cierto contenido de la Resol. 784/04, buscando evitar las ambigüedades que genera el concepto “privados de libertad”. A partir de la resolución de Arias, personal policial debe consignar por escrito el “motivo de la detención”, cabe decir, al introducir la palabra “detención”, se supone no puede quedar incluida una persona demorada o contravenida.

Contacto:

CIAJ (Colectivo de investigación y Acción Jurídica)

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12) La política de seguridad ciudadana: el caso de la ciudad de Córdoba

La ciudad de Córdoba constituye un espacio en el cual, al igual que en el resto del país, la problemática de la seguridad ocupa un lugar central en el debate público. La política de seguridad puede ser leída como uno de los ejes de planificación de la política pública del gobernador José Manuel De la Sota: la criminalización de la pobreza y la limpieza de la ciudad, a través de la relocalización de villas (presentados como creación de viviendas), el aumento exponencial del presupuesto policial y la creación del cuerpo especial de la Policía denominado Comando de Acción Preventiva.

Este informe se concentra en el accionar de las dos fuerzas de seguridad de la Provincia, la Policía y el Servicio Penitenciario a través de la presentación de dos líneas de trabajo que se vienen desarrollando en la ciudad por un conjunto de organizaciones sociales: la situación carcelaria en Córdoba, a través del caso del Motín en el Penal de San Martín en febrero de 2005; y la multiplicación de detenciones arbitrarias a partir del uso de un Código de Faltas que vulnera derechos constitucionales básicos y permite un uso discrecional por parte de la policía de la provincia en función de la política de Seguridad. El importante aumento de presupuesto policial y de la implementación de una política fuer-temente represiva sobre los pobres, culmina en la elaboración de una Nueva ley de Seguridad que no contempla derechos básicos de los ciudadanos y profundiza la represión, marginación y estigmatización sobre los pobres, naturalizando la relación entre pobreza y delito.

La política de seguridad, elaborada con el asesoramiento del Manhattan Institute, sigue las pautas de la doctrina de la Tolerancia 0: una política que apunta al delito callejero, entendido como reflejo de la "corrupción moral" de una sociedad. De allí que reclame la intensificación del castigo al pequeño delito y a las infracciones menores. Estas políticas profundizan la selectividad del sistema penal, es decir, el hecho de que son los pobres quienes hoy llenan las cárceles de Córdoba. Al disociarse las causas estructurales que originan el delito, son los pobres quienes permanentemente son clientes de la Justicia por delitos menores.

La traducción de esta política a la política policial quedó clara en las denuncias publicadas por el diario La Mañana de Córdoba, donde aparecen las detenciones arbitrarias como condición para demostrar la “eficiencia” de la institución policial. “Por primera vez, policías admiten que hay órdenes expresas de “levantar a gente en las calles para abultar las estadísticas internas. La exigencia mínima es lograr de cinco a siete “contraventores” por patrulla y por turnos. Los que no cumplen, son sancionados con más horas de trabajo”[16]. Las cifras de las estadísticas policiales hablan de la multiplicación de las detenciones por contravención en los últimos 3 años. Durante la primer mitad del año 2005 se realizaron 8.978 detenciones a través del Código de Faltas, mientras que en el año anterior, completo, se registraron 5.201[17].

Esta situación, que multiplica el número de personas detenidas, junto al desentendimiento del Estado respecto de su responsabilidad sobre las condiciones y situación de quienes están presos –como parte de la sistemática política de implementación del neoliberalismo durante los ´90- ha sido clave para comprender el estallido que significó la rebelión del Penal de San Martín durante el mes de febrero de este año. Las condiciones de extremo hacinamiento[18], la vulneración de derechos básicos de quienes están presos a través del incumplimiento de la Ley Nº 24660, entre otras causas, desencadenaron uno de los hechos más importantes en la historia de la institución penitenciaria en la provincia.

En este marco, la respuesta del Gobernador de la Provincia dejó planteada con claridad su idea respecto de los problemas vinculados a la situación carcelaria y al lugar de la cárcel en la sociedad. En declaraciones del 10 de febrero, a horas de iniciado el motín, dijo: “El que va preso en Estados Unidos no tiene ningún derecho. Los presos son presos, no tienen visitas sexuales como en Argentina, o teléfonos públicos que algunos utilizan para hacer secuestros virtuales. Esa no es la rigurosidad que hay en Argentina en virtud de que nuestro país adhirió al Pacto de San José de Costa Rica", y remató: “El Pacto de San José de Costa Rica les concede algunos derechos que les dan algún margen de maniobra."[19] De este modo, el respeto de los derechos humanos es un problema para la política penal en la provincia, derechos que a su parecer son sólo para algunos: “Soy el Gobernador de todos los cordobeses, y lo soy para garantizar los derechos humanos de los que trabajan, de las familias, de los decentes.”[20]

El Motín del 10 de febrero en el Penal de San Martín:

Las imágenes del Motín recorrieron el país, sin que existan demasiadas claves para comprender cuáles fueron los hechos, las causas y las consecuencias de la toma del Penal por más de 24 horas, en la que los presos tuvieron el control del establecimiento, de las armas del Servicio Penitenciario y donde las muertes que se registraron se produjeron afuera del Penal por parte de la Policía[21].

La situación previa: superpoblación carcelaria, condiciones de vida en el Penal e incumplimiento de la Ley Nacional Nº 24660.

Teniendo en cuenta la población penitenciaria del país en Diciembre de 2004, la Provincia de Córdoba ocupaba el tercer puesto con respecto a la cantidad de personas presas: 5.661. Superada sólo por el Servicio Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires y el Servicio Penitenciario Federal.

Según las estadísticas del propio Servicio Penitenciario Córdoba (SPC) en mayo de 2005 había en toda la provincia una población penitenciaria total de 5.823 personas alojadas en estable-cimientos que tenían una capacidad total para albergar a 3.432 detenidos. En el caso del establecimiento penitenciario N° 2 de San Martín (Condenados, varones mayores de la capital) había 1.621 personas en un establecimiento que el SPC declara que tiene una capacidad real para alojar 850 personas[22]. Esto representa para este establecimiento una sobrepoblación del 91%.

Según estos datos, en Córdoba existían en 2005, 5.823 presos alojados en cárceles que tienen una capacidad real de 3.432 plazas, existiendo en consecuencia una sobrepoblación de 2.391 internos. Los datos oficiales señalan que la situación de hacinamiento varía según el establecimiento, pero en general se puede observar una sobrepoblación del 70%. Las diferencias entre establecimientos también mere-cerían una lectura más profunda. Aquí no intentaremos realizar esta lectura, sólo nos limitaremos a señalar que los dos únicos establecimientos donde no se verifica sobrepoblación, corresponden a las unidades con modalidades menos coercitivas de detención: el estable-cimiento de semilibertad (EP 9) y el establecimiento abierto (EP 4).

Ni siquiera la moderna cárcel de Bouwer (donde se alojan los procesados) escapa a los problemas de sobrepoblación: en esta cárcel “modelo” ya se han construido camas cuchetas en espacios diseñados para alojar una sola persona.

Es de destacar que la edad promedio de las personas detenidas en las cárceles de Córdoba es de entre 23 y 27 años. El 95% son hombres y el 90% tenía residencia urbana al momento de su detención. El 88% de estas personas estaba desocupada o era trabajador de tiempo parcial (la mayoría changas) al momento de su ingreso a prisión. Con relación al nivel de instrucción, el 6% de los presos de la provincia son analfabetos, el 30 % no han finalizado la escuela primaria y el 40 % sólo ha logrado completar el nivel primario de escolaridad.

El 52% está condenado y el 48% de los presos no ha recibido aún condena. Entre los condenados el 59% es al primera vez que cumplen una condena.

Sin embargo el problema del hacinamiento no es el único que existía en el penal antes de la revuelta de los presos. Es, sí, el más visible y el más obvio, pero quizá no el más grave. A la situación de hacinamiento y condiciones de inhabitabilidad[23] absoluta de las instalaciones de la cárcel, hay que sumar la situación de incumplimiento sistemático de la ley y por ende de violación sistemática de derechos de los presos.

¨              El derecho al trabajo: el régimen laboral del penal no garantiza lo establecido por la Ley de Ejecución Penal para el tratamiento criminológico. La retribución salarial se encontraba entre los $21 a $50 por trabajos que van de 10 a 40 horas semanales; sólo existían alrededor de 300 puestos de trabajo para 1.636 reclusos, relacionados en su mayoría con tareas directamente vinculadas al funcionamiento del establecimiento penal (fajina, mantenimiento, limpieza) o con la atención de empleados y jefes de unidad (casina y cantina de los jefes). Es necesario destacar que la mayoría de los puestos de trabajo no están relacionados con las posibilidades laborales posteriores a la liberación.

¨              Inexistencia de Jueces de Ejecución: en la provincia de Córdoba no se ha implementado hasta la fecha la figura del Juez de Ejecución, cuya tarea es el control judicial de las condiciones en que se ejecutan las penas privativas de la libertad, alegando razones presupuestarias. Esta situación favorece las condiciones de ilegalidad y violación de derechos fundamentales que se vivía en el Penal antes del 10 de febrero (y que continúa), y se agudiza por la ausencia de control judicial de la ejecución de la Pena Privativa de la Libertad.

¨              La inconstitucionalidad de la (in) adecuación de la legislación provincial a la Ley nacional: la legislación vigente en Córdoba – que corresponde a la reglamentación de la Ley nacional Nº24660 que debían realizar las provincias- a pesar de la declaración de intenciones se aparta sustancialmente de la misma, violando la jerarquía de leyes contemplada en la Constitución Nacional. Es así que deroga los capítulos 7 y 16 de la Ley Nacional, referidos al Trabajo y al Personal Penitenciario respectivamente. Esta derogación se realiza a través de un decreto del Poder Ejecutivo Provincial (1293/00) que también en sus anexos excede lo legislado a nivel nacional en materia disciplinaria a través de la introducción de sanciones no establecidas en la Ley, estableciendo una correlación entre faltas y sanciones[24] que viola de modo explícito el principio de legalidad establecido en la Constitución Nacional.

El Motín:

La lectura que se hace respecto de lo sucedido en el Penal de Barrio San Martín es que no fue un motín organizado por los presos. La rebelión del 10 de Febrero cobró fuerza como una forma de denuncia pública y un reclamo explícito a la sociedad en su conjunto para que, como sociedad, conozca lo que sucede en el interior de la cárcel y se haga cargo de su responsabilidad al respecto.

Fue, sin duda alguna, un auténtico caso de ejercicio del derecho de resistencia ante la violación sistemática de derechos humanos de un sector de la sociedad que cotidianamente se ve vulnerado en los derechos más fundamentales de cualquier ciudadano de un Estado democrático.[25]

Queremos destacar que las 8 muertes provocadas (5 reclusos, 2 guardia- cárceles y 1 policía) durante el Motín, se produjeron afuera del Penal, situación que da cuenta de la respuesta del Gobierno provincial a la situación.

La respuesta del Estado provincial

“No vamos a responder críticas infundadas; tenemos en claro lo que debemos hacer y lo estamos haciendo. Por eso estamos construyendo más cárceles que nadie.”

José Manuel De la Sota, 15 de febrero de 2005

Una vez desatada la rebelión el gobierno de la Provincia manejó la situación con total hermetismo, que se manifestó en el silencio y la falta de apertura al diálogo y a los ofrecimientos de diversos sectores de la sociedad para mediar en el conflicto por parte del Comité de Crisis que se constituyó a los pocos minutos del estallido. Frente al intento de los presos y de quienes intentaban mediar en el conflicto para lograr una salida pacífica y evitar la muerte de personas, el Gobernador dio a la policía la orden de “Tirar a matar”- como él mismo confirmó en una entrevista con Cadena 3-, provocando la muerte de 5 reclusos, 2 guardiacárceles y 1 policía de la provincia de las que el Gobernador De la Sota es directamente responsable.

En esa misma entrevista radial el Gobernador hizo declaraciones que dan cuenta de lo peligroso de su concepción restrictiva de los derechos humanos y la ciudadanía, desconociendo y cuestionando el Pacto de San José de Costa Rica incorporado con jerarquía constitucional en la Reforma de1994. En esa oportunidad señaló: “Soy el Gobernador de todos los cordobeses, y lo soy para garantizar los derechos humanos de los que trabajan, de las familias, de los decentes.”[26] “No vamos a responder críticas infundadas; tenemos en claro lo que debemos hacer y lo estamos haciendo. Por eso estamos construyendo más cárceles que nadie.”[27]

Queda claro, a partir de las declaraciones del gobernador que la respuesta del Estado frente al reclamo de los presos por el estado de ilegalidad y violación sistemática de sus derechos, es sólo más cárceles y la negación de su calidad de ciudadanos y sujetos portadores de derechos.

En el ámbito de la Legislatura Provincial, se solicitó la interpelación del Ministro de Seguridad Carlos Alessandri para que diera cuenta de lo sucedido en el penal. Esta interpelación no pudo realizarse por la decisión del bloque de Legisladores de Unión por Córdoba de no someter a ningún ministro del ejecutivo a un procedimiento de este tipo.

Por otro lado se apartó de sus cargos a la anterior Jefa del Servicio Penitenciario, Lic. Graciela Lucientes de Funes, y al anterior Director del Penal de Barrio San Martín, Daniel Corso. Además se decidió la intervención del SPC designando interventor del mismo al Crio. My. Ricardo Bonaldi[28]. Hasta la fecha, no se conocen los alcances de la intervención. Sólo se hizo pública la efectivización de 787 empleados penitenciarios que se encontraban en situación de contratados.

En el interior de la Penitenciaría, la respuesta ha sido la instalación de más rejas y el aumento de las restricciones y los controles para las salidas del pabellón. Los talleres de industria no se han vuelto a abrir; la panadería ha sido desmantelada y algunas versiones indican que no volverá a ser puesta en funcionamiento.

La respuesta de la Justicia

La investigación está a cargo del fiscal de instrucción Javier Paradaude, quien públicamente ratificó su decisión de investigar primero las causas de las muertes de los agentes de seguridad para luego pasar a investigar las causas de las muertes de los presos. El resultado de la misma lleva a la fecha la suma de 160 presos imputados por privación ilegítima de la libertad y/o robo calificado.

No hay ningún agente de seguridad imputado, a pesar de que se ha comprobado que, al menos, el guardiacárcel que iba en el camión es asesinado por balas de la Policía de la Provincia, en un acto de represión innecesario y alevoso, ya que no era imprescindible tirar a matar para impedir una fuga.

Además queremos resaltar que aún no hay resultados de la investigación por la muerte de 5 presos. Por el contrario, cuando la fiscalía solicita el archivo de la causa por la muerte del guardiacárcel Abregú, pide que se archive “el suceso histórico”, suceso donde también murieron los reclusos. De este modo, queda clara su intención de no investigar la muerte de las otras 5 personas que murieron asesinadas en el mismo hecho.

Hasta ahora, la única causa donde se ha avanzado en la investigación tiene que ver con las denuncias concretas realizadas por vejaciones, tratos degradantes, apremios ilegales durante los sucesos de febrero en contra de los presos Esta es la única causa donde se ha avanzado en la investigación y la justicia estaría en condiciones de imputar por las torturas y vejaciones a que fueron sometidos los reclusos a un grupo de efectivos de la Policía de la Provincia de Córdoba (que cumplen funciones en la Alcaidía de Barrio Güemes) y del Servicio Penitenciario Córdoba.

Dentro de la justicia cordobesa el único magistrado que se hizo presente para verificar e interiorizarse del estado de los presos fue un camarista federal que se presentó en el penal para constatar la situación de los presos por causas federales. Al salir de la penitenciaría, el Dr. Pérez Villalobos realizó declaraciones públicas absolutamente críticas y casi denunciantes sobre el estado deplorable en que se encontraban la población carcelaria y el propio edificio.

Recién dos meses después se presentaron a requerimiento de los presos los jueces de cámara provincial, circunscribiéndose a sólo a recibir declaraciones testimoniales en oficinas sin ni siquiera recorrer algún pabellón para verificar el estado de los mismos, aduciendo causas de seguridad.

Nos interesa destacar cómo tanto las declaraciones del gobernador de la provincia, así como el ejercicio concreto del Poder Legislativo, su sostienen en una concepción de los presos como ciudadanos sin derechos, ya que para ellos no existe posibilidad de acceder a la Justicia.

Por otra parte, tal como se plante en la presentación del HABEAS CORPUS COLECTIVO CORRECTIVO el 11 de agosto de 2005 (Presentado por Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas), las condiciones de detención de los presos no sólo no han mejorado sino que han empeorado. A través de este recurso se solicita a la justicia que investigue si las condiciones de detención en las cárceles superpobladas de la provincia (4 o más personas en una celda de 2x3m, sin comida suficiente, sin asistencia médica, sin educación, sin trabajo, sin baños, en un ambiente de violencia cotidiana, entre otras cosas) son acordes a lo establecido por la legislación nacional e internacional y los principios de dignidad y humanidad. Este recurso aún no ha sido resuelto por la justicia cordobesa a pesar de haber un antecedente directo en un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para un recurso similar presentado por la situación de los detenidos en la Provincia de Buenos Aires.

Frente a la complejidad de la problemática, la única respuesta conseguida ha sido la duplicación de las rejas antimotines en el Penal de San Martín y la construcción de más cárceles.

Se ha solicitado a lo largo de todo el año 2005 que se permita el ingreso de organizaciones de la sociedad civil y organismos de Derechos Humanos a los lugares de detención de personas para verificar el estado de los mismos y poder conversar con los detenidos a cerca de las condiciones en que viven. El Gobierno de la Provincia de Córdoba se ha negado sistemáticamente a autorizar estas visitas, sin dar explicaciones del porqué de su negativa.

Criminalización de la pobreza: Detenciones Arbitrarias y uso discrecional del Código de Faltas.

 “Te obligan a detener a cualquiera, a cinco personas por día y por patrulla. Nosotros sabemos que le estamos jodiendo la vida, pero de eso depende que te puedas ir a tu casa luego de hacer las 17 horas de guardia. Vos sabés que el tipo no hizo nada, pero en ese momento sólo pensás en que no te recarguen”, Raúl, cabo del Distrito 3[29].

Tal como planteábamos al principio de este informe, el gobierno de la Provincia de Córdoba se adelantó a los reclamos por mayor seguridad que tomaron su punto cúlmine con las manifestaciones de J. C. Blumberg, ya que los lineamientos de esta política de seguridad están esbozados desde el principio del segundo mandato del Gob. De la Sota con la creación de la denominada “Red Vida”. La erradicación de villas, el barrido de los sujetos potencialmente peligrosos de las zonas públicas simbólicamente reconocidas (lugares céntricos, barrios cotizados, plazas o parques) supone a la vez el barrido de derechos civiles y de la tarea niveladora del Estado en lo que respecta a la tarea social con grupos sociales precarizados, mientras se trabaja para el reposicionamiento de intereses económicos ligados a sectores con importante capacidad de inversión de capital[30], especialmente vinculados al mercado inmobiliario.

Esta suerte de problematización (Castel, 1995) de lo delictual ha puesto su acento en la "seguridad ciudadana”, concibiendo a ésta “siempre y solamente en relación con los lugares públicos y de visibilidad pública o con relación a un pequeño número de delitos que entran en la así llamada criminalidad tradicional (sobre todo agresiones con violencia física a la persona y al patrimonio), que están en el sentido común y son dominantes en la alarma social y en el miedo a la criminalidad"[31]. Esta afirmación, remite a reconocer cómo se fue abandonando una concepción de la seguridad que tenga en cuenta la provisión de garantías de derechos y de reaseguros sociales de toda la población, a toda persona que viva en un territorio, cualquiera sea, y por supuesto también la posibilidad de transitar sin riesgos de ser víctimas de diferentes presiones de la violencia en los espacios urbanos.[32]

Es en este sentido en que nos interesa trabajar una lectura de la multiplicación de casos de detenciones arbitrarias que sufre en particular la población joven de los barrios periféricos de la ciudad de Córdoba a través de la aplicación del Código de Faltas; sobre todo, a través del uso de la figura del merodeo, que constituye un 78% de las detenciones por contravenciones.

La aplicación de esta figura del Código de Faltas de la mano de la política de seguridad del Gobierno de la Provincia de Córdoba genera mayor cantidad de arrestos y privaciones de libertad que las detenciones por la imputación de delitos.

El antecedente inmediato es la Ley 6392, de 1980, dictada durante el gobierno de facto del Gral. de Brigada Adolfo Sigwald, en consulta con el entonces Ministro del Interior Gral. Albano Harguindegui. En particular, la figura del merodeo se establece en la ley provincial Nº 7462 del año 1987, como artículo 45 bis y encuentra su antecedente más remoto en un edicto policial dictado el 28 de enero de 1869 por el jefe de la Policía de Córdoba.

En los casos de aplicación del Código de Faltas provincial, la policía es la encargada tanto de efectuar la detención como de investigar, acusar, y juzgar la falta cometida. Esta facultad policial, constituye un importante dispositivo de control, ya que “en los hechos es el poder policial el que maneja y gestiona la (in)seguridad ciudadana (Ferrajoli, 1989) y no como se cree, esa institución subordinada a la Justicia”[33]. Con esta práctica se desconoce un principio básico del Estado de Derecho, ya que al recaer sobre la misma persona e institución la potestad de acusar y juzgar, desaparece la división de funciones que se establece como una garantía para el ciudadano y como un límite para el ejercicio de poder por parte de los funcionarios.

Nos interesa destacar que las conductas tipificadas en el citado Código son sumamente difusas, vagas e imprecisas sin que se detalle en forma clara y precisa la acción ilícita, es decir, el daño concreto provocado. Esto implica una violación al principio de legalidad que exige una descripción precisa de las conductas que la ley prohíbe. La mayoría de las mismas se focalizan en la descripción de condiciones de vida de las personas, tales como la “vagancia”, la “mendicidad”, “la prostitución” o normas de civilidad tales como desórdenes en la vía pública, o falta de respeto a las mujeres[34].

De este modo, la aplicación de las normas contravencionales constituye en la práctica el ejercicio de una política de control, selectiva y arbitraria en manos de la agencia policial, de la mano de una política de seguridad represiva pensada y puesta en práctica desde la redacción misma del Código de Faltas y sus posteriores modificaciones. Cabe señalar que la última modificación fue realizada por pedido del Gobernador De la Sota, y prevé entre otras cosas, que la pena de arresto pueda extenderse hasta 90 días en algunos casos, ampliando el límite legal de detenciones por contravenciones.

Observaciones sobre el Código de Faltas de la Provincia de Córdoba.

En el Código de Faltas se encuentran vulnerados principios y garantías fundamentales reconocidos en la Constitución, tanto Nacional como Provincial, así como en los tratados internacionales de Derechos Humanos.

¨              La inconstitucionalidad surge de la violación de las garantías básicas de la Constitución nacional previstas en el Art 18: privación de la libertad sólo con orden judicial, inviolabilidad de la defensa en juicio, condena de privación de libertad sólo como consecuencia de un juicio previo regular y legal con la intervención de un juez.

¨              El procedimiento Contravencional mutila la acción de la Justicia en el proceso de detención de una persona, ya que otorga al Jefe de Policía la autoridad de “dictar sentencia” contra un presunto contraventor y sólo interviene la justicia en el caso en que el detenido “conozca su derecho” a apelar ante el juez de faltas, para lo cual tiene un exiguo plazo de 48 horas. a quien no otorga el recurso de apelación a la Justicia.

¨              El Código de Faltas plantea una Justicia Contravencional que reproduce la lógica de la Justicia Penal, con la diferencia de que es implementada por personal policial sin ninguna formación jurídica. Así, su única respuesta es la sanción punitiva centrada en el arresto, cuando se supone que se caracteriza por ser una sanción que debe ser aplicada como último recurso o de estricta necesidad, recurriendo a este tipo de pena de manera discrecional e ilimitada.

¨              La prueba que demuestra la falta se limita por lo general a las declaraciones de los propios agentes que realizaron la detención. Estas declaraciones deberían valorarse con particular cuidado ya que los policías están obligados, en su propio interés, a justificar su conducta.

De este modo, el supuesto contraventor se enfrenta a un poder total que lo detiene, declara y reúne la prueba en su contra, sostiene la acusación y establece la pena. La suma de las funciones de acusar y juzgar en un mismo órgano vulnera de manera flagrante los principios constitucionales de independencia e imparcialidad y viola, por ende, el derecho del contraventor de obtener una sentencia justa.

En particular, en lo que hace a la figura de merodeo, es necesario destacar que:

¨              La incorporación de una presunción de sospecha delictiva que autorice la intervención policial por un supuesto “estado de peligrosidad” del contraventor contradice la propia Constitución Nacional y diferentes Tratados Internacionales.

¨              A diferencia de lo que sucede en nuestro Código de Faltas, el comportamiento punible debe estar perfectamente determinado en forma previa y de manera válida general, de manera que la sanción no quede sólo en el arbitrio de los agentes estatales.

¨              El merodeo sin motivo –esto es, el simple ejercicio del derecho a la libertad ambulatoria- se plantea en los siguientes términos: “en forma susceptible de causar alarma o inquietud a quienes estuvieren en esos lugares”[35].

¨              Una característica común de muchas de las figuras contravenciones de la que el merodeo es ejemplificadora, consiste en sancionar comportamientos no por el peligro o daño que el comportamiento acarrea en sí mismo, sino por la impresión –el juicio subjetivo- que el comportamiento provoca en terceras personas.

La política policial: engrosar las estadísticas.

En una provincia en la que existe una estructura policial específicamente destinada a la vigilancia de las zonas más pobres y de menor acceso a derechos básicos, como el Comando de Acción Preventiva de la provincia de Córdoba, los términos en que se encuentra redactado el Código de Faltas constituye una herramienta eficaz. Tal como lo establece la Doctrina de Tolerancia Cero, se pretende generar una sensación tranquilidad, seguridad e imagen de orden para las clases medias y altas a través de la violación de derechos básicos de los sectores más desprotegidos de la población. Por ello mismo, cabe preguntarse de qué seguridad hablamos cuando gran parte de los ciudadanos de esta provincia se sienten amenazados por la aplicación de una normativa legal que permite seleccionar arbitrariamente quiénes pueden ser detenidos sin motivo fundado. En este sentido, es posible hablar de la traducción concreta de la Doctrina de Tolerancia O: “En la fuerza te van adoctrinando: por ser morocho y vivir en un barrio son potencialmente delincuentes. Hay mucho de portación de rostro: es la franja más débil y la más fácil de apremiar con detenciones”, admitió, de manera inaudita, Jorge, un suboficial del Comando de Acción Preventiva (CAP)[36]. Por otra parte, también en declaraciones realizadas al mismo diario, otro de los policías afirmó “pide cinco detenidos todos los días, menos el sábado que quiere siete y los martes baja por es un dia “colados”. Entonces vos el domingo a la mañana le llenás la patrulla, pero son chicos que vienen de bailar”, en relación a las órdenes del Comisario del Precinto 3.[37]

A modo de cierre.

Durante el año 2004, en la ciudad de Córdoba se realizaron 5.201 detenciones por aplicación del Código de Faltas, frente a 909 realizadas por imputaciones por hechos delictivos. Durante los primeros 6 meses del año 2005, las detenciones por contravenciones en los 5 distritos en que está dividida la ciudad fueron 8.968. Es decir que sólo en la primer mitad del año, casi se duplicaron las detenciones de todo el año anterior.

La multiplicación de las detenciones por contravenciones, el altísimo porcentaje de detenciones aplicando la figura del merodeo y las confirmaciones policiales de las órdenes de detener arbitrariamente en función de llenar cupos diarios de detenciones como indicador de eficacia, constituyen una preocupación central de muchas de las organizaciones sociales, en particular, aquellas que trabajan con jóvenes de los barrios pobres de la ciudad de Córdoba.

Una política de seguridad que profundiza la exclusión, que se sostiene en una herramienta legal que viola garantías constitucionales básicas, que circunscribe la noción de seguridad a la defensa social contra el delito fundada en la violación de derechos de los sectores económicamente más desfavorecidos constituye una situación de violencia institucional permanente. Si a esto le sumamos que a quienes “se les pintan los dedos” se les disminuye aún más sus posibilidades de ingreso al mercado laboral (ya que las contravenciones aparecen en los certificados de buena conducta que emite la policía), la situación que describimos constituye una problemática que requiere del debate público y de medidas que tiendan a disminuir la discrecionalidad del aparato represivo estatal.

Contacto

Comisión Intersectorial de Observación y Seguimiento de la Situación Carcelaria en Córdoba

Casa del Liberado: 0351-4577205 / 155920620/ 155394147/ 155936616

Dr. Gustavo Cosacov, gcosacov@dcc.com.ar;

 Dr. Jorge Perano, jorgeperano@hotmail.com

Prof. Mirta Antonelli, coordinadora mantonel@ffyh.unc.edu.ar

Anexo documental, caso testigo Córdoba

1)     Sobre la nueva ley de seguridad pública, por Jorge Perno

2) ¿Está seguro? Apuntes para el rechazo de la nueva ley de seguridad,

por Hernán Bouvier-Gustavo Cosacov

3) No hay “seguridad” sin respeto a los “derechos humanos”, por Gustavo Cosacov

I. Del proyecto oficial a la sanción de la nueva Ley de Seguridad Pública Nº 9235- 04/05/2005

 

II. 1. Estado (Administración) y Orden SocialÅ

Por Abog. Jorge Perano¨

 

I – Introducción: Concepción de Estado y orden social

Creemos que asiste razón a Oscar Oszlak cuando afirma que el Estado no es algo que se encuentra constituido desde siempre, que nació por azar o por el simple transcurso del tiempo; por el contrario el surgimiento, la formación y la transformación del Estado tiene que ver con un proceso de construcción social en el cual intervienen distintos factores o fuerzas sociales, políticas, económicas, institucionales, etc.. De la interrelación de ellas y del predominio de unas sobre las otras, es que se va diseñando y tomando forma el Estado tal cual lo tenemos en la actualidad.

En este sentido afirma nuestro autor que “La formación del Estado es un aspecto constitutivo del proceso de construcción social. De un proceso en el cual se van definiendo los diferentes planos y componentes que estructuran la vida social organizada. En conjunto, estos planos conforman un cierto orden cuya especificidad depende de circunstancias históricas complejas...”[38].

En efecto, la constitución del Estado es bastante más amplio que el frío reparto de funciones en los distintos poderes (legislativo, judicial y ejecutivo), y tiene más que ver con la posibilidad de articulación de las distintas políticas públicas entre esos poderes y las organizaciones civiles que conforman la vida social.

En esta misma concepción, entendemos que el orden social –y su contrapartida el desorden social- es algo que se construye desde el Estado y las distintas instancias sociales, a través de las variadas políticas o acciones que se adoptan para construir ese orden y abortar ese desorden. No solo con medidas del tipo de acciones penales–como lo son por ejemplo incorporando distintas conductas como delictivas al Código Penal-, sino también con medidas del tipo extra penales –como por ejemplo asignando mayores presupuestos a las fuerzas de seguridad en desmedro de distintos programas sociales o de área educativa-[39].

II – Una forma de construir el orden social:

Centralizando nuestra cuestión en lo relacionado con el orden social, es claro el rol central que cumple el Estado en la configuración y formación de la conciencia colectiva[40] en distintos valores defendidos por ese Estado en un tiempo y contexto determinado.

En este sentido, el poder legislativo posee un arma decisiva en estas cuestiones al erigirse en el intérprete de la voluntad popular, desoyendo en muchas ocasiones precisamente esa voluntad popular, o bien en otras desvirtuando la verdadera intencionalidad, o tal vez utilizando esa intencionalidad para finalidades ocultas y escondidas al clamor popular[41].

En el caso específico de la provincia de Córdoba, el poder legislativo ha operado de muy distintas maneras en la construcción del orden social, aunque siempre lo ha hecho en un mismo sentido, que podríamos sintetizar a groso modo, en la restricción de la participación y ejercicio de la ciudadanía, principalmente cuando la misma viene de la mano de la defensa de derechos y garantías de todos los ciudadanos, especialmente de los sectores más vulnerables.

III – Administración del orden social:

Nos detendremos en este apartado solamente a realizar una mirada rápida desde el año 1995 hasta la fecha, sobre el lugar asignado al área de seguridad[42] y de justicia en el organigrama institucional oficial del Estado de la provincia de Córdoba.

El poder ejecutivo provincial ha organizado sus funciones mediante ministerios, secretarías y fiscalía de Estado. Esta división ha sido creada y sancionada por distintas leyes de la legislatura provincial, pero los organismos referidos son comunes en todo el tiempo analizado. A ello hay que sumarle que al organigrama provincial se le adosó en el año 2004 distintas agencias en la cual participan no solo el sector estatal, sino también el sector privado. Estas agencias tienen distintas áreas de incumbencia específica.

Vale la pena aclarar que, a los fines de la organización institucional de la provincia, el poder ejecutivo envía al poder legislativo una propuesta con el diseño del aludido organigrama funcional. Es el poder legislativo quien decide en definitiva cuál es el esquema que va a tener el Estado, es decir si un área de gobierno determinada va a tener la jerarquía de ministerio, o bien de secretaría.

En los organigramas, es evidente que los ministerios son las dependencias que mayor jerarquía poseen. Cada ministerio tiene una persona responsable de toda el área, llamada ministro y que responde políticamente al gobernador. A su vez dentro del ministerio existen distintas dependencias –o secretarías- que atienden a un área específica de ese ministerio; a su vez cada una de estas áreas tiene al frente a un Secretario[43].

En lo que respecta al área de seguridad en la provincia de Córdoba, la misma ha tenido distintos vaivenes en el organigrama, oscilando entre el ministerio de justicia y el ministerio de seguridad, según la época de que se trate. En ambos casos, queda en claro que la impronta que tendrá ese tema, será absolutamente bajada y controlada por el Poder Ejecutivo Provincial, existiendo una cuestionable ausencia de aquel poder que debería ejercer fuertemente un control sobre las políticas establecidas por el ejecutivo, nos referimos al poder legislativo.

Así, durante el período 1995/1999[44] existieron 6 ministerios, dos secretarías y la Fiscalía de Estado. El área de seguridad, justicia y lo relacionado a la vigencia de los derechos de los ciudadanos frente al poder del Estado, estaba dentro del denominado “Ministerio de Asuntos Institucionales y Desarrollo Social”[45]. Vale tener en cuenta que, en esta ocasión no existía un ministerio de justicia, siendo ésta un área que fue subsumida por otro ministerio. Todo un símbolo.

En el período de gobierno que va desde el año 1999/2001, fue el primer año desde el retorno de la democracia en el año 1983, que asume la gobernación el peronismo, y lo hizo de la mano del actual gobernador –el Dr. José Manuel De La Sota-. Se plantea desde el inicio un organigrama bastante más amplio –quizás para diferenciarse de la gestión anterior- y con mayores áreas específicas. Se planificaron un total de 8 ministerios, 4 secretarías, dos organismos interministeriales y la Fiscalía de Estado[46].

El área de justicia quedaba con un ministerio independiente, pero el segmento policial quedaba formando el Ministerio de Gobierno, es decir que las políticas de seguridad que aplicaba la policía, se diseña desde ese ministerio. Cabe recordar que en el período referenciado, comenzó por tener un protagonismo mayor el poder judicial y quizás algunas visiones un poco críticas hacia el actuar oficial de los otros ministerios tratando de terciar en los debates políticos para que se cumpliera –al menos- la normativa vigente de derechos humanos-.

Esta situación, no duró demasiado tiempo y ya en la gestión 2002/2003 del mismo gobernador, se rediseña la estructura ministerial. En estos años, quedan 4 ministerios y 5 secretarías. Justicia pasa a ser directamente una secretaría del poder ejecutivo, todo un símbolo sobre las prioridades que el estado provincial da al tema de justicia. Ya no le da más el rango de ministerio y la autonomía e independencia necesaria, sino que por el contrario, quien pasa a tener un control más directo por sobre esa área, es el propio ejecutivo.[47] Como se ve, hay una clara opción gubernamental de priorizar el segmento seguridad que justicia, quedando, reiteramos, como ministerio el de seguridad, en tanto que justicia para a ser una Secretaría del poder ejecutivo.

Por último, en el año 2004 hay un nuevo rediseño funcional. Por medio de la ley orgánica de ministerios Nº 9156 se crearon 8 ministerios, 3 secretarías, la fiscalía de estado, y 3 agencias. En este momento existe el denominado ministerio de justicia y seguridad, el cual está dividido en dos Secretaría, la secretaría de justicia y la secretaría de seguridad.

IV – A modo de conclusión:

 Se debe poner de manifiesto que tradicionalmente, dos organismos que deberían estar íntimamente ligados precisamente por la relación estrecha que tienen en su accionar cotidiano, han estado en esfera diferentes, nos referimos a la policía y al poder judicial. Es decir, si tenemos en cuenta que la policía actúa cotidianamente con la restricción o no de derechos hacia la comunidad, es la justicia quien debería estar controlando ese tipo de acciones. Es más, aunque es claro que el poder judicial ese control lo ejerce al momento de administrar justicia, en el expediente concreto, a nuestro entender debería quedar en una misma órbita y bajo un mismo ministro el poder judicial y la policía.

Sumado a ello, a nuestro entender, es el poder legislativo, que conceptualmente no es ni más ni menos que el poder de la ciudadanía organizada democráticamente, quien debería tener un desempeño mucho más activo en todas estas cuestiones referentes a la seguridad y a la vigencia de los derechos de todos los habitantes. En este sentido, su desempeño podría consistir –por ejemplo- en la elaboración y control de un plan de políticas de seguridad en el cual se diseñen los principios que la provincia deberá tener en cuenta en esta materia. A mayor abundamiento aún, no solo la elaboración de principio sino que se debería fijar concretamente cuáles son las acciones que el Estado Provincial llevará adelante, debiendo ser las mismas permanentemente monitoreadas por el legislativo y solicitando la participación de la ciudadanía en esas discusiones.

Entendemos que esa participación ciudadana, lejos de burocratizar el debate, aporta soluciones y, por sobre todas las cosas, perfecciona la democracia al debatir sobre la “cosa pública”. De hecho, este debate ya ha comenzado a realizarse de manera organizada en diferentes barrios de la ciudad de Córdoba, con el fin de discutir las medidas que el Estado decide en relación con su hábitat concreta –por ejemplo-. Situaciones con esta metodología, se han planteado en la comunidad de barrio Matienzo cuando de manera espontánea se discutió sobre las condiciones de habitabilidad e infraestructura que ese barrio debía poseer a fin de que el traslado de otra comunidad al mismo, no produjera reacciones adversas en su seno (al respecto para una crónica de ese episodio, puede consultarse el diario “Hoy Día Córdoba” durante sus publicaciones de la segunda y tercer semana de julio del año 2005).

Por último vale la pena recordar las palabras de Zaffaroni, Alagia y Slokar cuando afirman “en los casos en que las criminalizaciones primarias se establezcan sin amplio debate, consulta y elaboración responsable, bajo el impacto emocional de un hecho notorio o en consecuencia de reclamos de las agencias publicitarias del sistema penal, o de grupos que explotan la ingenuidad o el afán clientelista de las agencias políticas, es deber de las agencias jurídicas, extremar el celo en el análisis y crítica limitativa del texto legal, agotando los recursos a los principios contenedores (...), sea para restringir los efectos de cualquier exceso político o para declarar la inconstitucionalidad, especialmente cuando se trata de leyes penales de emergencia”[48].-

II. 2.-La Violación abierta del Estado de Derecho democrático

El proyecto “Ley de Seguridad Pública para la Provincia de Córdoba, enviado por el Poder Ejecutivo al Legislativo, ingresó como expte. nº 06567/e/04. con el siguiente mensaje de remisión:

“MENSAJE DE REMISIÓN A LA LEGISLATURA PROVINCIAL

Sr. Presidente de la Legislatura Provincial

Vice Gobernador Juan Schiaretti

El Poder Ejecutivo tiene el honor de remitir a ese Cuerpo el adjunto proyecto de Ley de Seguridad Pública para la Provincia de Córdoba, con su consecuente exposición de motivos, en ejercicio de las facultades conferidas por el art. 144 inciso 3° de la Constitución Provincial.

FUNDAMENTOS

Desde el inicio del nuevo mandato institucional y con la creación del Ministerio de Seguridad, se comenzó a diseñar una política de Estado en materia de Seguridad basada en la concurrencia de los tres poderes del Estado, en su discusión y en la participación multisectorial. Ahora es el momento que esa política de Estado adquiera cohesión a través de la adecuación del andamiaje normativo. Ello implica devolverle la tranquilidad a los ciudadanos que temen por su seguridad y por lo tanto significa legislar de manera ordenada y sistemática, escuchando a la gente y desarrollando mecanismos cada vez más ágiles que garanticen la disuasión, la prevención, la conjuración temprana del delito y su represión efectiva. En este sentido el presente proyecto persigue la unificación legislativa en materia de seguridad, a los efectos de evitar la dispersión normativa, vicio que generalmente impide una adecuada inteligencia de los fines de la norma.

En este proyecto de ley se establecen en una primera parte los fines y el objeto de una política de seguridad como Política de estado y se señalan los organismos comprometidos con la obtención del orden y la tranquilidad pública, así como también las relaciones entre ellos. Especialmente el manejo racional de los datos del delito, que permita la toma de decisiones acertadas y oportunas en la lucha contra la inseguridad, todo ello a través de un centro de concentración de datos, con el cual se hallan comprometidos todos los integrantes del sistema provincial de seguridad pública.

Dentro de estos organismos, la Institución policial es uno de los pilares fundamentales de la seguridad pública, por lo que en este proyecto de ley se establece la estructura orgánica de la fuerza, la que permitirá reorganizar los recursos policiales a los fines de posibilitar una más ágil y eficiente lucha contra el delito, mediante la readecuación de los recursos, evitando el sobredimensionamiento de tareas administrativas en el personal de la fuerza e insertando el planeamiento Ministerial en la determinación de la política criminal.

Asimismo este proyecto reconoce la necesidad del involucramiento de la sociedad civil en la reducción de las inconductas, por lo que se establecen ámbitos no burocratizados, a través de un plan de participación ciudadana, que permita escuchar a los vecinos, garantizando así la participación de la comunidad, estableciendo espacios eficaces para la reconstitución de redes sociales que hagan efectiva la prevención integral en pos de la seguridad humana.

Dentro de los esfuerzos institucionales que en este sentido ya se han instrumentado, se encuentra la creación del Tribunal de Conducta Policial, órgano responsable del efectivo control civil de la fuerza policial y encargado del juzgamiento de las inconductas de los efectivos policiales en materia de faltas leves, graves y gravísimas, como así también el control de gestión y la formación de la fuerza policial. Se pretende por el presente darle fuerza normativa a una estructura que ya ha demostrado excelentes resultados en materia de control civil y republicano de la fuerza.

De igual manera, este proyecto propugna extender los efectos de la aplicación del paradigma del no autocontrol al Servicio Penitenciario, en cuanto éste constituye un organismo de vital importancia para la reinserción social del condenado en la procura de obtener el respeto a la ley.

También se regula otra manera de injerencia privada en materia de seguridad como son las Agencias de Servicios de Vigilancia, las que como auxiliares del sistema de seguridad pública se encuentran contempladas en el presente proyecto.

Ello se integra con la profundización ya lograda en la participación de la ciudadanía en el Poder Judicial haciendo obligatoria la integración en mayoría de jurados populares para que el pueblo juzgue a los sometidos a proceso en casos de corrupción y delitos aberrantes.

Estas medidas son las que permiten hablar, con base en la realidad incontrastable de los hechos, de una verdadera POLITICA DE ESTADO EN MATERIA DE SEGURIDAD EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.

Saludan al Sr. Presidente con su mayor consideración.

José Manuel de la Sota

Gobernador

Carlos Alessandri

Ministro de Seguridad”

 

Este proyecto fue duramente comentado por la Comisión Intersectorial, la que pidió participar, como se ha dicho más arriba, en la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización de la Legislatura por escrito el día 18 de abril, a fin de realizar aportes y observaciones para la discusión de la Ley de Seguridad. La Comisión Intersectorial fue recibida recién el día 3 de mayo, solo un día antes de la aprobación definitiva con el voto de la mayoría absoluta con que Unión por Córdoba cuenta en la Legislatura Unicameral. Reiteramos que no es insignificante si se tiene en cuenta que se trata de una ley que pretende promover la participación de la sociedad civil en la definición de las políticas de seguridad, el que las organizaciones de la sociedad civil sean recibidas en la legislatura cuando ya el proyecto de ley se encuentra presentado para su tratamiento. Citamos en lo que sigue el comentario al texto del proyecto de Ley que la Comisión Intersectorial facilitó a distintos actores institucionales a fin de publicitar y sumar voces de alerta ante el carácter violatorio de la inciativa del gobernador de la Sota y la mayoría legislativa que responde a él políticamente.

 

“Descripción:

El proyecto de ley ingresado por el Poder Ejecutivo de la Provincia, pretende a través del articulado del proyecto, definir los “fines y objeto” de una política de estado sobre seguridad. Con ese fin, el proyecto regula las fuerzas de seguridad provincial (policía, servicio penitenciario y seguridad privada) y lo que se denomina como participación ciudadana.

 En términos generales, el proyecto mixtura –no casualmente- distintas posiciones en referencia a la “seguridad”. Menciona por ejemplo el término seguridad humana, dándole un contenido distinto del que le ha concedido las Naciones Unidas. Tal cual es utilizado por esta organización, la Seguridad Humana debe entenderse como “El derecho que tienen las personas de vivir seguros y en paz, lo que debe ser conciliado e implementado desde el marco normativo de los Derechos Humanos. Estos son defendidos en todas sus manifestaciones en las áreas de salud, educación, justicia y seguridad y acción social en términos de acceso equitativo para todos los habitantes, sin generar discriminaciones que puedan llegar a favorecer a personas o grupos. Entonces la seguridad humana, mediante la protección de los derechos humanos, sustenta: el imperio de la ley, la democratización, la solución pacífica de los conflictos”[49]. Si se pretende un plan integral de seguridad, y una acción conjunta citando los conceptos de seguridad humana, habría que analizar si el resto de las políticas sociales implementadas desde el estado provincial, son consecuentes con la intención manifestada. Considero que esto no es así, debido a que un somero análisis de las medidas de política social implementadas recientemente como por ejemplo el traslado compulsivo de barrios vulnerables hacia otros sectores de la ciudad en donde se ocultan, con la excusa de concederles viviendas dignas, peros que sin embargo los han alejado de centros de salud, establecimientos educativos y su fuente laboral y produciendo el desarraigo. En otras ocasiones, se han construido barrios en donde se tiene acceso a distintos servicios construyendo de esta forma ghetos dentro de la misma ciudad.-

De igual manera habla de participación ciudadana, sin especificar cómo esta se llevaría adelante, lo que sin dudas deja abierta a la posibilidad de aplicación de parte de las ideas de la “vitrina rota”, que generalmente propugna la participación de los vecindarios y su organización como auxiliar de la policía. Estas generalmente adoptan las modalidades de vigilancia barrial o patrullaje, que se reduce a alarmas comunitarias, uso de perros, cercas electrificadas, y la disposición de teléfonos para la comunicación de hechos contra la propiedad o el tránsito de personas ajenas al barrio. Lola Aniyar de Castro habla de que la desvirtuación de las prácticas participativas de la ciudadanía corren el riesgo de convertirse en prácticas de “vigilantismo” o “caza del enemigo”. Esta por otra parte ha sido la experiencia concreta que ha tenido en las juntas barriales de seguridad que se habían impulsado con anterioridad en la provincia. Se trataba de reuniones de vecindarios, presididas por la policía y donde los participantes exigían el mayor patrullaje de la zona por ej.

Las propuestas de reformar los vínculos locales entre la comunidad barrial y la policía aplicando el “Policiamiento Comunitario”, que consisten principalmente en un acercamiento de la fuerza en la atención de problemas de violencia familiar, seguridad en los espacios públicos, etc., no fue adoptado por la ciudad de Nueva York, la cual basó sus políticas de seguridad en las denominadas políticas de “mano dura” de corte neoconservador.

Es demostrativo desde mi punto de vista, la poca importancia dada a este items, (pese a la propaganda oficial dispuesta desde los medios de comunicación, ver La Voz) debido a la escasa regulación en términos progresistas contenida solo 8 arts. y posteriormente se regula extensamente lo relativo a fuerzas de seguridad, públicas o privadas, utilizando terminología militar, pese a haberlas definido como instituciones civiles.

El proyecto tomó estado parlamentario el 24 de noviembre y los convenios con el Manhattan Institute y la Fundación Blumberg fueron firmados el 15 de octubre del mismo año. Esto desvirtúa la intención explicitada por el gobierno provincial a través de los convenios y de la puesta a disposición de estos organismos de la información que el estado les brindará, para realizar un diagnóstico previo con el objetivo de “implementar medidas, cursos de acción y planes concretos en pos de mejorar la seguridad en el territorio”[50]. Esto demuestra un doble discurso de parte del estado que por un lado dice que va a realizar estudios conducentes a la realización de políticas de seguridad “fundadas” cuando en realidad aparece como una copia de un modelo ya elaborado (no se sabe si por el poder ejecutivo o por los organismos parte en el convenio).-

La finalidad de la ley es de acuerdo a lo que expresa el mensaje de elevación “mantener el orden y la tranquilidad pública”.-

El art. 2 del proyecto define qué se entiende como seguridad pública “...a los efectos de esta ley, es la función a cargo exclusivo del estado provincial que tiene como fines salvaguardar la integridad y los derechos de las personas, así como preservar la libertad, el orden y la paz pública, cuya vigencia se alcanza dentro del estado de derecho, mostrándose como el goce y pleno ejercicio por parte de las personas de las libertades, derechos y garantías constitucionalmente consagradas” – Esto, traducido sería salvaguardar la integridad y los derechos de las personas, preservar la libertad, el orden y la paz pública dentro del estado de derecho? Esta pareciera una definición de seguridad intermedia, no tan amplia como la de las Naciones Unidas, pero tampoco tan restringida. Pero lo que pasa es que a medida que el articulado se va desarrollando el concepto se limita a la preservación de la paz, el orden y la tranquilidad públicas. Este último objetivo se repite en varios arts. de la ley, apareciendo desde mi punto de vista como prioritario y que va más allá de evitar la comisión de delitos. Por ejemplo, el art. 3 plantea los objetivos del servicio de seguridad: I- Mantener el orden y la tranquilidad pública...” este en un concepto omnicomprensivo, fuera del principio de legalidad, posibilitando la intervención de órganos del poder punitivo (policía) en otro tipo de conductas al ampliar sus facultades.-

En el art. 8 se crea un Centro de Obtención, almacenamiento y análisis de datos para la administración de la información relativa a la seguridad pública, imponiendo a los integrantes del sistema provincial la proporción de los datos y por los medios que la reglamentación disponga. En un tema tan delicado como el manejo de información personal, de carácter confidencial, considero que no es posible la delegación legislativa de esta cuestión a quién para qué, de qué y con qué fines.

El art. 10 dentro de la coordinación entre policía judicial y administrativa, se impone la obligación de transmitirse la información, salvo cuando se trate de “ funcionario público, agente de la policía, servicio penitenciario o de otras fuerzas de seguridad”. Esto corrobora que el manejo de información y datos lo es solo en referencia a determinado sector de la población.-

En la parte III regula en dos títulos la misión, funciones y organización de la policía administrativa. La misión contemplada en el art. 22 es igual a lo que ya decía la ley orgánica de la policía 6701/82. Es igual también la regulación de la función de la policía, salvo lo contenido en el art. 30 incs. n) a p) esto es absolutamente ilegal, autoriza en forma preventiva a :

n) inspeccionar, con finalidad preventiva, vehículos en la vía pública, talleres, garages públicos, locales de venta y estacionamiento o guarda de vehículos;

ñ) Inspeccionar, con finalidad preventiva, casas de hospedaje y establecimientos afines, controlar el movimiento de pasajeros, huéspedes y pensionistas, en cuanto intereses a la función de policía de seguridad y de acuerdo a las disposiciones legales vigentes;

o) Organizar registros de vecindad conforme a la reglamentación respectiva. Dichos registros incluirán, además, centros vecinales, clubes, cooperadoras e industrias;

Estos incisos, por su redacción abierta, ambigua pareciera que permiten la actuación sin necesidad de orden y habla de disposiciones legales vigentes (¿Código Procesal Penal?). Si es así no hace falta esta disposición porque las facultades las concede la ley al juez, o está regulado cuándo pueden hacerlo sin orden. Si no habla de reglamentación respectiva, ¿cuál?.

Utiliza el término “registros de vecindad”, esto implicaría la posibilidad de registros masivos en barrios, ¿sería blanquear las órdenes en blanco?. Esto es compatible con la doctrina de la ventana rota, que propulsa la reorganización policial, con el fin de intervenir incluso ante conductas que no constituyen delito, pero que pueden constituir incivilidades o conductas que podrían caer contenidas dentro del Código de Faltas.-

En la parte IV regula el control civil y republicano de la policía y del servicio penitenciario, creando a este fin un Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario. El art. 54 le asigna a este órgano “la inspección y el control interno de la prestación regular de los servicios policiales y penitenciarios, en la gestión de los niveles ejecutivos, y en la observación, prevención, detección y sanción de las conductas reprochables, como así también en la planificación y acción concreta en cuanto a la adecuada formación ética y promoción de la debida disciplina y sujeción a las leyes y reglamentos por parte de los cuadros policiales y penitenciarios, procurando a su vez, estimular, mediante un sistema de premios extraordinarios, el accionar eficiente y conforme a la ley”.

Este Tribunal de conducta, que sería el que ejerce el control civil y republicano, está integrado por un legislador, un representante de la fiscalía general y un representante del Poder Ejecutivo, es decir, es republicano, se contemplan los tres poderes, pero no contempla la posibilidad de control de gente que no sea del Estado (por ej,. Organizaciones Intermedias). Por otro lado, aparece como riesgoso la introducción del criterio de eficiencia, aunque se pretende que ésta sea dentro del marco de la ley, debido a que, hasta ahora, los criterios que se han manejado son cuantitativos, sin importar qué conductas son atrapadas, ni cuáles son los medios para ello. Igual criterio se ha sentado en materia judicial, produciendo un abarrotamiento del sistema de justicia penal, al que ingresan todo tipo de hechos y se generan estadísticas requeridas por el Tribunal Superior de Justicia sobre el rendimiento en cuanto a cantidad de causas resueltas.

La parte V del proyecto regula los “Servicios de prestación privada de seguridad, vigilancia e investigación”. Esto aparece como contradictorio debido a que la prestación del servicio de seguridad es un servicio que la misma ley define como de exclusividad de parte del estado, y si bien no se permite el uso de armas por parte de esta gente, igual se hace y los controles son ineficientes y por más que el proyecto diga que no es posible que ocupen estos lugares ex personal de seguridad, sólo ellos son los dueños.

En la parte VI regula la misión y organización del servicio penitenciario y si bien lo coordina con la Ley Nacional de Ejecución Penal, dentro de las funciones contenidas en el art. 116 a) MENCIONA COMO UNA Función “preservar y mejorar las condiciones morales”. En el inc. f) habla de “régimen de pena” cuando esto debe estar regulado por el Código Penal, y lo último en este art. es el inc. h) que dice “propiciar la creación de establecimientos penitenciarios”.-

Conclusión:

En líneas generales y pese a la terminología usada y desvirtuada por el proyecto se puede decir que el mismo constituye un intento de copia del modelo neoyorquino. Este ha suscitado grandes críticas debido a la fuerte estigmatización que ha ejercido sobre los sectores más vulnerables socialmente y por estar nutrido de teorías criminológicas de corte “naturista” y que llevan hacia una fuerte fragmentación cultural entre los habitantes de la ciudad. Como nos señala Loic Wacquant: “Esta teoría, nunca confirmada empíricamente, sirve de coartada criminológica para la reorganización de la actividad policial impulsada por William Bratton, responsable de la seguridad del subterráneo de Nueva York ascendido a jefe de la policía municipal. El objetivo de esta reorganización es calmar el temor de las clases medias y altas –las que votan- mediante el hostigamiento permanente a los pobres en los espacios públicos (calles, plazas, estaciones, ómnibus y subterráneos, etcétera). Para ello se emplean tres medios: la multiplicación de los efectivos y el equipamiento de las brigadas, la reasignación de las responsabilidades operativas a los comisarios de barrio con la obligación de obtener resultados en términos cuantitativos y un relevamiento informatizado (con un archivo central señalético y cartográfico que puede consultarse en las microcomputadoras instaladas en los patrulleros) que permite el redespliegue constante y la intervención casi instantánea de las fuerzas del orden y redunda en una aplicación inflexible de la ley contra infracciones menores como la ebriedad, el ruido, la mendicidad, los atentados a las costumbres, las meras amenazas y `otros comportamientos antisociales vinculados a las personas sin techo`, según la terminología de Kellig” (Wacquant; 2000, pp. 29), a lo que sin duda el proyecto tiende.-

El modelo implementado por la dupla Rudolph Giuliani - William Bratton, y con sus fundamentos en los principios de la criminología neoconservadora elaborada en centros de estudio e investigación como el Manhattan Institute y la Heritage Foundation representan una clara combinación de nuevas tecnologías y técnicas de policiamiento (ni buenas ni malas en si mismas) con una fuerte concepción de la criminalidad como fenómeno individual producto de la no adaptación de las personas a los valores del mercado, fundamentada en una suerte de correlación entre el nivel de inteligencia y la tendencia futura al éxito social. En varios estudios realizados por las instituciones mencionadas y otras afines se llega a la conclusión de que el coeficiente intelectual de los negros y marginados tiende a ser en promedio menor que el de grupos sociales de clases más acomodadas; esto explica cierta tendencia futura de los grupos a la no integración y a caer en la marginalidad, y de ésta a la criminalidad. De esta forma se invierte la ecuación pobreza-delito, llegando a conclusiones del tipo de que los pobres y delincuentes se encuentran en esa situación debido a que son “naturalmente inferiores” al resto de la población (Wacquant; 2000).

Otra de las grandes críticas que ha suscitado el modelo de Nueva York consiste en el enorme aumento de la población carcelaria y por ende de toda la industria (paradójicamente privada) de la prisión. En los Estados Unidos se encontraban en 1997 1.785.079 presos con un índice de 648 presos por cada 100.000 habitantes. Este índice es abismalmente superior al de otras naciones europeas como Alemania (90); Francia (90), Holanda (87), Dinamarca (62) y, Suecia (59). Entre los distintos modelos de seguridad pública aplicados en las ciudades norteamericanas mencionadas se observa que aquellas que han aplicado modelos de “policía comunitaria” como San Diego o Boston poseen un número promedio considerablemente menor que las políticas de “mano dura” seguidas en Nueva York.

Como hemos mencionado, la penalización se ha transformado en un verdadero negocio en los Estados Unidos; en el año 1983 no existía ninguna cárcel privada, en 1998 nos encontramos con un total de 132.572 plazas disponibles en prisiones de este tipo.

El estudio comparado de las estrategias en política de Seguridad Pública seguida en otras ciudades y estados es muy importante para el diseño e implementación de una política integral de Seguridad Pública. Sin embargo no se pueden traspolar “paquetes” de medidas sin contemplar las condiciones sociales y culturales específicas de una población. Determinadas medidas pueden obedecer a coyunturas específicas y el aplicarlas en otras situaciones pueden causar el efecto contrario al deseado.

La disminución global de la criminalidad en los EE.UU. ha obedecido principalmente a las mejoras a nivel económico y social y no a la aplicación de políticas de seguridad pública de tipo “mano dura” o “represivas”. Prueba de ello es que la disminución se ve reflejada en todas las ciudades mencionadas, más allá de haber aplicado políticas de seguridad y técnicas de policiamiento totalmente diferentes.

En cuanto al caso concreto de la ciudad de Nueva York es innegable que han disminuido los delitos considerados “violentos”, pero aquí habría que preguntarse si se debe a los factores comunes a toda la sociedad norteamericana mencionados, o a la política de seguridad neoconservadora de “mano dura”. Lo que si es cierto es que esa política se ha inspirado en concepciones criminológicas que tienden a estigmatizar y a degradar a los sectores marginales, excluidos y culturalmente `diferentes´.”

Con modificaciones, el proyecto de ley fue sancionado por la mayoría oficialista el día 4 de mayo, luego de un aplazamiento de dos semanas para su tratamiento por la Legislatura Unicameral. A continuación se aporta un análisis crítico de la ley sancionada[51]:

II.3. “¿Està seguro? Apuntes para el rechazo de la nueva ley de seguridad”

Hernán Bouvier-Gustavo Cosacov

ES MEJOR TENER ALGUNA REGLA QUE NO TENER NINGUNA

Subyacen a la noción básica de un Estado de derecho que se precie de democrático dos ideas básicas. En primer lugar, debe existir un conjunto de reglas básicas que indiquen a la gente qué cosas están prohibidas y cuáles no, y otro conjunto de reglas básicas que indiquen quién y bajo qué procedimiento se encuentra facultado para decidir cuándo se ha llevado a cabo una conducta prohibida. En términos más simples, existe algún valor en conocer por anticipado qué conductas deberíamos abstenernos de realizar, y quién, bajo qué procedimiento decidirá si hemos o no llevado adelante la conducta referida. Es mejor tener alguna regla que ninguna, es mejor saber a qué atenernos que no saberlo en absoluto.

En segundo lugar, esas reglas, sea quien sea que las dicte, deben ser claras, irretroactivas, generales y públicas. No basta con tener una regla antes que ninguna, esa misma regla o conjunto de ellas) debe indicarnos claramente (de forma pública, general e irretroactiva) cuál es el ámbito de lo prohibido y lo permitido. Si así no es, vale tanto tener reglas como no tener ninguna. Estas dos exigencias, esto es, una regla antes que ninguna, más su claridad y precisión, persiguen conjuntamente favorecer que la gente sepa por anticipado a qué atenerse, así como evitar que la autoridad (sean jueces, fiscales, policía, gobernador, ministros, ediles, legisladores, etc.) pueda cambiar intempestivamente las reglas de juego o, lo que es lo mismo, alegar que las reglas de juego indican lo que cualquier autoridad dice que indican.

Si se quiere – y como alguien ha dicho ya, a propósito de otras cuestiones – el juego del derecho consiste en que las autoridades no puedan inventar un juego en el que jueguen con las mismas reglas (esto es, consiste en evitar que se juegue con nosotros mismos). Es esto lo que se conoce con el nombre de garantía: la posibilidad de rechazar la intención punitiva o represiva del Estado si aquello por lo que nos pretende castigar no estaba previamente regulado de forma clara.

EL ZORRO NO PUEDE CUIDAR A LAS GALLINAS

Pero hay más. También se pretende que esas reglas, si claras y precisas, no provengan de cualquier persona, sino de un órgano plural donde la voluntad de las mayorías y minorías se encuentre representado. Si este ideal es o no logrado por lo que se da en llamar el Poder Legislativo, si en ese foro son escuchadas o no todas las voces, y qué tendría que hacerse para remediar tal déficit es una cuestión debatida. Lo importante, por ahora, consiste en señalar que en el diseño del que hablamos (el Estado de Derecho democrático) se asume que deben existir reglas claras, precisas, públicas, y que quien tiene que decidir esas reglas (sobre qué deber prohibirse y permitirse) no puede ser la misma persona (o conjunto de personas) que tiene en sus manos la decisión sobre si Juan o María han cometido la conducta prohibida por la regla, o si deben ser perseguidos por la supuesta comisión de esa conducta. La idea es simle: no se puede ser juez y parte al mismo tiempo. Para el caso, no se puede ser el poder legislativo, judicial y ejecutivo al mismo tiempo. Si quien decide, de forma general, qué está prohibido, es también quien decide si tal o cual conducta en particular (la de Juan o María) encaja o no en eso que ha decidido prohibir o permitir, existe el riesgo de que se colapse lo que está prohibido en lo que la autoridad quiere que esté prohibido. Cuando quien legisla es el mismo que ejecuta o aplica las leyes o reglas, siempre es posible que esté prohibido aquello que a la autoridad le da la gana. El zorro (quien pretende avanzar sobre nuestras garantías) no puede cuidar a las gallinas.

Quien decide si algo está prohibido (Poder Legislativo) y quien persigue en consecuencia (Poder Ejecutivo) no puede decidir a la vez si la conducta de Juan o de María está verdaderamente prohibida o permitida. Aquél no puede al mismo tiempo estipular el juego y decidir cuándo se está jugando o no el juego por él diseñado. Se trata, en definitiva, que todo no colapse un juego donde el Poder decida arbitrariamente, y sobre la marcha, en qué consiste el juego mismo.

COMO EVITAR QUE EL JUEGO SEA LO QUE CUALQUIER AUTORIDAD DICE QUE ES

Una característica esencial de aquello que se ha llamado la división de poderes consiste no sólo

en que es deseable que las funciones se encuentren divididas, sino también en que esté prohibido que las autoridades de un poder deleguen sus potestades en otras. No sólo es deseable que el legislativo no delegue sus facultades de decidir qué está prohibido, a quién perseguir, y bajo qué supuestos, también está prohibido que lo haga. Dicho llanamente, los poderes no pueden disponer (enajenar) sus propios poderes. Permitir que se “reglamente” una ley, cuando eso equivale a decir cuál es el contenido de la ley misma, equivale a poner en manos del zorro el cuidado de las gallinas. Esta forma de delegación de poder (inconstitucional, por otra parte) puede realizarse de dos formas: una expresa y otra encubierta. La expresa (y que haría fácil la detección de la falta cometida por el Poder Legislativo al enajenar una facultad que no está en sus manos enajenar), consiste en lisa y llanamente permitir al Ejecutivo que regule sobre una determinada cuestión, sin indicar los límites dentro de los cuales debe hacerlo. De nada vale que, en esa delegación expresa, se indique que el Ejecutivo debe “respetar garantías constitucionales”.

La segunda forma es más común, consiste lisa y llanamente, en dictar reglas lo suficientemnete vagas tales de hacer posible que cualquier cosa que decida hacer el poder a quien se dirige esas normas (Judicial y Ejecutivo) pueda ser presentado como un “verdadero respeto al mandato del Legislador”. En estos supuestos, la autoridad ejecutiva o judicial, cuando recibe leyes imprecisas y vagas, puede modificar cuantas veces quiera, puede jugar con las reglas mismas, ampararse al mismo tiempo en el hecho de que no está jugando al juego que le place, sino aquél que le viene impuesto por la legislación. Puede jugar con las reglas mismas, ocultando la trampa. El proyecto de ley de seguridad realiza conjuntamente las dos cosas. Delega poder de forma expresa e implícita.

O QUIEN DECIDE QUE ESTA PROHIBIDO, Y LAS CONDICIONES BAJO LAS CUALES ALGUIEN PUEDE SER PERSEGUIDO

Es claro que la pregunta sobre quién decide (quién tiene el derecho a decidir) sobre qué está prohibido, en término jurídicos, en una sociedad, constituye un tema delicado. En primer lugar, ¿por qué imponer una pauta de conducta a otros?; en segundo lugar, y en caso de que se considere que ello debe hacerse, todavía resta responder: ¿Qué cosas pueden ser objeto de prohibición? (¿Puede intervenirse sobre la intimidad, sobre la privacidad de las personas, sobre la educación, sobre la sexualidad, etc.?); en tercer lugar, y suponiendo que hemos delimitado cuál es el ámbito de cosas sobre las que está justificado intervenir: ¿Quién decide cómo se debe intervenir en esos ámbitos que, creemos, pueden ser abordados por el derecho?. La respuesta que se ha dado a este último interrogante es conocida: sólo un poder con representatividad democrática. ¿Esta pregunta indica que lo que esta bien o mal hacer depende de lo que diga la mayoría?, No, claro - se responde-, ni la verdad (ni lo bueno ni lo bello) depende necesariamente de lo que diga la mayoría. ¿Indica que toda cosa que se prohíba por este órgano democrático deberá ser aceptada sin más?, no claro-se responde- por un lado existe un coto vedado de los derechos que no pueden ser adulterados por ninguna ley (sucintamente, aquellos que están en la Constitución), por el otro, del hecho de que algo constituya derecho no se sigue que sea justo. Pueden existir razones morales o políticas para desobedecer el derecho. Los esfuerzos, hasta ahora truncos, por lograr la mayor reprsentatividad en los distintos foros sociales (llámense legislatura, asamblea barrial, etc.) no niegan que la representatividad no sea valiosa, ni que no sea necesario que ciertas decisiones las tome un órgano plural. Lo que sostiene, más bien, es que tal o cual foro decide de manera opaca frente a las voluntades que representa. Esta forma de representatividad, nueva en algún sentido, da la posibilidad de una mejor decisión, pero no la garantiza. Es precisamente esto lo que se quiere alcanzar cuando se sostiene que sobre determinadas cuestiones (como la libertad) debe decidir un foro plural, con el mayor grado de representatividad posible. Es precisamente este procedimiento el que se requiere mejorar cuando se pretende introducir “actores no tradicionales” en los mecanismos de decisión. La idea básica, para resumir, sigue siendo que la única forma que conocemos para decidir sobre qué sería bueno hacer o dejar de hacer en una sociedad, es mediante un procedimiento de decisión colectivo y representativo.

Entonces, en un Estado de Derecho democrático deben existir leyes claras y precisas dictadas por un órgano representativo cuyo poder no puede ser delegado a los otros poderes, y pagar el costo de que se diseñe un juego donde la autoridad juegue con las reglas mismas.

COMO LA NUEVA LEY DE SEGURIDAD VIOLA ABIERTAMENTE TODAS LAS CONDICIONES ENUMERADAS

Lo que pretende ser la nueva ley de seguridad, remitida por el propio ejecutivo al legislativo, viola, para ahorrar argumentos, todos y cada uno de los principios antes señalados. La ley en cuestión ha sido diseñada para regular, básicamente, quién y bajo qué condiciones puede intervenir por cuestiones de “seguridad” en la libertad de los ciuddadnos. Como se sabe, el término “seguridad” es altamente vago. Si por “seguridad” se entiende la situación en virtud de la cual el ejecutivo y la policía pueden intervenir en ciertas libertades de los individuos, se sigue que no especificar en qué consiste claramente “seguridad” equivale directamente a no especificar las condiciones bajo las cuales la policía tiene permitido o prohibido intervenir sobre nuestras libertades. Si “seguridad” equivale a a posibilidad de intervención en las libertaddes para el resguardo de la primera, no específicar qué es algo que genera inseguridad, equivale a no decir cuándo puede (y cuándo no puede) la autoridad intervenir en nuestras libertades. El interogante radica en saber cuál es el alcance del valor “seguridad” (si es que se considera un valor) y qué cosas constituirían una violación de este y, consecuentemente, una ocasión para que la polícia intervenga. Por lo tanto, definir qué se entiende por “seguridad” no resulta trivial. Nos interesa saber bajo qué condiciones, según la ley, se autoriza a la polícia y al ejecutivo en general, a intervenir en nuestras libertades invocando “razones de seguridad”. Aquí existen dos posibilidades, o bien se entiende que la policía puede intervenir en las libertades sólo en los límites y marcos delimitados por el Código Procesal Penal y la Constitución (nacional y provincial) o bien la ley entiende que se puede intervenir más allá de esos supuestos. La primer opción resulta legítima, la segunda ilegítima (e ilegal, inconstitucional).

El razonamiento aquí debería ser simple: si por “seguridad” se está entiendo un valor para cuyo resguardo habilita a la policía a intervenir en las libertades, y la policía puede intervenir en las libertades sólo ante la comisión de delito o riesgo inminente de un delito ( y de acuerdo a ciertas restricciones), entonces se sigue que “seguridad” no pude significar en esta ley (no debería significar) “posibilidad de intervenir en las libertades fuera de los supuestos autorizados por la ley”. Dicho sucintamente, el ejecutivo no puede intervenir en las libertades invocando razones de “seguridad”, si esas razones no constituyen las taxativamente previstas por ley (esto es, si se trata de un delito a punto de cometerse o recién cometido).

¿Existe alguna razón para pensar que el proyecto que el ejecutivo quiere transformar en ley está pensando en este sentido restringido de “seguridad” (i.e. entendidad como intervención en las libertades sólo ante la comsión de delitos o sospecha fundada de comisión)?. Claramente no. El proyecto de ley habilita a la polícia, entrando en contradicción con el Código Procesal Penal (arts. 272-281), y violando tanto la Constitución Provincial (art. 19, 45, 50, 51), como la Nacional (arts. 14, 18, 19 y 37), a intervenir en la libertad (de reunión, deliberación y movimiento) y en la intimidad de las personas con fines preventivos. Es decir, no ante la inminencia de la comsión de un delito o su efectiva comisión, sino ante cualquier actividad de la que puede seguirse la comisión de algún delito. En términos prácticos, esto equivale a permitir que el Ejecutivo controle cualquier actividad (de paseo, reunión, expresión de ideas, etc.). Puntualmente la ley permite: vigilar las reuniones públicas, adoptando las medidadas necesarias para asegurar su normalidad (art. 23, inc. K, ley 9235), e inspeccionar, con finalidad preventiva vehículos en la vía pública, talleres, garajes, locales de venta y estacionamiento o guarda de vehículos, casas de hospedaje y establecimientos afines (art. 23 incisos ñ y o, Ley 9235).

La Corte Suprema de Justicia de la Nación y el Tribunal Superior de Justicia se ha encargado de aclarar numerosas veces que tanto vale como violación del derecho a la intimidad, al pensamiento, al desarrollo del propio plan de vida, etc., la intromisión en un domicilio, como la intromisión en en un vehículo cuando no se dan los supuestos enumerados taxativamente por las leyes nacionales y la constitución (alta probabilidad de comisión de un delito, autorización judicial, etc.). Intervenir en la circulación de vehículos con fines preventivos, y sin prueba de que se ha cometido un delito o se lo vaya a acometer, equivale a ingresar a un domicilio y registrarlo sólo por la posibilidad hipotética (no real ni probable), de que en ese lugar se esté gestando algún tipo de plan delictivo. Si esto último es inconstitucional, y nadie duda de eso, lo primero también. El apartado referente a la vigilancia de reuniones públicas no resiste el más mínimo análisis. Resulta difícil encontrar en las legislaciones vigentes un inciso que viole de manera tan abierta y al mismo timepo, casi todas las garantías constitucionales (derecho de reunión, asociación, libre expresión, libertad de circulación, intimidad, por sólo citar algunos).

FALTA DE PARTICIPACION CIUDADANA

El proyecto de ley, por último, y de manera alarmante, lleva adelante las siguientes reformas con respecto a la injerencia de organismos o actores no tradicionales en la decisión sobre las políticas de seguridad: en primer lugar elimina los Consejos de Participación Ciudadana, un órgano supuestamente diseñado para controlar y decidir sobre las po´liticas de seguridad adoptadas por el Ministerio de Seguridad. En segundo lugar regula una disfusa participación ciudadana puesta en manos de las llamadas “Juntas de Participación Ciudadana para la Prevención por la Paz y la Convivencia Social” (arts. 12 y 13 de la Ley 9235). Las potestades y conformación de estas Juntas no se encuentran especificadas en la ley. Por lo tanto nada garantiza que terminen siendo representativas, ni mucho menos que el Ejecutivo termine proveyendo a su conformación (de hecho, fue esto o que sucedió con antiguos Consejos, los cuales fueron conformados provisoriamente y luego privados de decisión alguna sobre las políticas de seguridad).

ACERCA DE LA IDEOLOGIA QUE SUBYACE EN EL PROYECTO DE LEY DE SEGURIDAD

Es posible sostener que este proyecto de ley tiene suficiente material como para realizar un festín (triste, por otra parte) de análisis políticos, filosóficos, jurídicos, e incluso económicos (se ha dejado de lado aquí, expresamente, el análisis de artículos que permiten inferir sin duda alguna que el contenido de esta ley le permitirá al ejecutivo disponer de recursos presupuestarios para implementar la la informatización y puesta en marcha de todo aquello que se considere conducente a lograr “la seguridad y la paz social”). Nos detendremos sobre dos problemas: el el problema del desplazamiento y el problema de la “seguridad como servicio”.

El problema del desplazamiento ( o “mejor no ver para creer”).

Cuando uno repite innumerables veces una palabra o un estribillo, suele ocurrir que tenemos la sensación de que las plabras que se pronuncian han perdido sentido. Ya no dicen ni generan lo que decían y generaban. No existe ningún gobierno en la actualidad que no repita, al momento de hablar del “problema de la seguridad”, el siguiente estribillo: para solucionar el problema de la seguridad no basta con intensificar la persecusión, también hay que complementarlo con políticas sociales dirigidas hacia los sectores más necesitados. Es en este sentido que las políticas que dicen paliar a la política de seguridad, más bien terminan por complementarla. Se erradica de la vista cotidiana los factores peligrosos, se traslada a lugares alejados y “cerrados”, y bajo estricto control policial, a grupos enteros de personas, rotulando estos emprendimientos urbano-carelarios como “ciudades”.

La seguridad como servicio

Mal que le pese a los que se denominan “nominalistas”, (esto es, aquellos que creen que se puede cambiar el nombre de las cosas sin que las cosas cambien) cambiar el lenguaje siempre implicará cambiar el estado de cosas. La ley, pero no sólo esta ley, ha transformado la semántica de una serie innumerable de derechos en “servicios”. El efecto más inmediato de esto sobre el estado de cosas es el siguiente: aquello sobre lo cual teníamos el poder de decidir (básicamente, sobre nuestras libertades), es ahora algo que sólo podemos limitarnos a peticionar.

Por último, tampoco estamos libres de transformarnos en una sociedad que se autoexcluye. Es decir, que cree que dentro de una sociedad hay inlcuidos y exluidos. Como si el oxímoron no fuera lo suficientemente claro como para invitarnos a pensar la noción misma de excluidos e incluidos. No estamos exentos de siberias, porque aquí no haya clima polar, no estamos exentos de la nave de los locos porque Córdoba sea mediterránea. Hay muchas más formas de desentendernos de nuestros propios problemas de los que nuestra propia imaginación puede concebir.

II.3.

El siguiente aporte del Dr. Cosacov contextualiza y referencia la ley de seguridad, introduciendo otras condiciones para su inteligibilidad y ponderación violatoria dstacándose, entre otros, el señalamiento de que la “tolerania cero” es mucho más que un slogan.

 

 No hay “seguridad” sin respeto a los “derechos humanos”

Gustavo Cosacov

¿Se acuerda usted de la “mano de obra desocupada”? Ese era el nombre que se le daba al fenómeno post dictatorial en el que los protagonistas de los grupos de tareas del terrorismo de estado pasaron a formar parte de nuevas bandas delictivas, o bien en el que viejas bandas delictivas (integradas por militares, policías y agentes de inteligencia) se “privatizaron” para seguir ejerciendo sus habilidades. ¿Estamos seguros o podemos dudar que como sociedad hayamos logrado superar esas lacras? En una atmósfera social densa como la nuestra el tránsito de la dictadura a la democracia no es fluido.

Menos aún si prevalece una visión tan simplista como la de algunos abanderados de multitudes que creen que la seguridad es inversamente proporcional al respeto a las garantías individuales y directamente proporcional a los abusos de poder y a la pérdida de libertades civiles y políticas. La doctrina de la seguridad nacional sigue sonando en numerosas leyes pergeñadas en la actualidad.

Los gobiernos viven, en buena hora y en cierta medida, del apoyo popular expresado a través del voto y la participación ciudadana. No pueden ignorar el “clamor popular” que irrumpe de manera imprevista (aunque no puramente espontánea), cuando la frecuencia de los delitos aumenta. Pero no están obligados a seguir y menos estimular de manera rastrera el sentimiento de temor que nutre discursos proclives a hacer “respetar” las leyes desde afuera de la ley. La “sociedad” no es un ámbito homogéneo sino un lugar de conflicto y cooperación. Pretender que la delincuencia sea visualizada como un cuerpo extraño, algo que está fuera de la sociedad, es el primer paso para introducir una distinción políticamente eficaz pero de consecuencias nefastas: ellos, los delincuentes, y nosotros, la gente decente. El paso siguiente es prestarle oídos a la corrosiva enunciación formulada como pregunta inocente: “¿Acaso nosotros no tenemos derechos humanos y ellos sí?”.

La discusión en torno a la ley de seguridad que se sancionó en 2005 en la Provincia de Córdoba[52] no pasa por el eje que algunos pretenden instalar profusamente. No se trata de “o seguridad, o derechos humanos para todos”. Esa falsa oposición le permitió a los “cruzados” reunirse multitudinariamente gratificándose con apariciones multimediáticas a cambio de perder la conciencia moral. Porque una multitud que no reúne más que a los que se califican mutuamente de “decentes”, multitud de gente decente para pedir justicia, es una multitudinaria hipocresía. Justicia pueden pedir y piden a veces sin escucha, las víctimas de la injusticia. Para estar legitimadas, las víctimas no necesitan ser “decentes”[53]. El manifiesto de la “Cruzada Axel”[54] no es un exabrupto. Es una expresión bastante lograda de un modo de cruzar el conflicto social del cual la inseguridad es un emergente. Uno de los párrafos que mejor resume su postura básica es el que declara, luego de una serie de denegaciones, su voluntad de educar y reformar a los otros, a los arrepentidos dispuestos a entrar en la Ciudadanía del Bien[55]:

Ciertamente este llamamiento no es una invitación a formar parte de la Iglesia Invisible kantiana, que implica un Estado ético, carente de toda coacción. Por el contrario, se trata de incrementar el poder punitivo, como lo demuestran las propuestas legislativas que impulsaron los neo cruzados. Pero la retórica del país que “queremos”, de la “Argentina que soñamos”, emplea un discurso que oculta la práctica actual de los “empresarios morales” que impulsan la “Cruzada Axel”: “emigrar”, “contratar custodios y vigilancia”, “erigir murallas”, “esconder los hijos”. Casi todos los párrafos que componen el manifiesto comienzan con negaciones. “No queremos”, para continuar después con sentencias afirmativas: “Somos gente de nuestra Patria que DEMANDA que cumplan a los que juraron cuidarnos, protegernos y proveer el bienestar común”.Como dice M. Foucault en “¿Qué es la ilustración?”, cuando el poder pastoral se unió con el poder policial, nuestras ciudades se convirtieron en un infierno.

Hay que señalar claramente que no nos podemos sentir seguros si no vivimos en una sociedad medianamente democrática y, aún con muchas fallas, republicana. Es decir, que no podemos querer seguridad y al mismo tiempo querer una dictadura o su sucedáneo, la “mano dura” cuya factura es desde el comienzo irrespetuosa de los derechos humanos. Antes bien, las dictaduras se instalan cuando la gente (¿decente?) se arroja en manos de algún salvador, bien terrenal por cierto, como se ha encargado de demostrar la justicia chilena en el caso de Augusto Pinochet. O peor aún en las de un salvador ascético como Jorge R. Videla quien, en un impulso demoníaco, sacrificó su pobre persona dejándose nombrar Presidente de una Junta de Gobierno encargada de desorganizar sistemáticamente las instituciones destinadas a custodiar la seguridad de los habitantes del país. En primer lugar la Constitución Nacional.

Me interesa sobremanera comprender el mecanismo por el cual resulta, en muchos espacios de escucha, legitimado el falso eje: o seguridad o derechos humanos para todos. Parece que quienes oponen seguridad y derechos humanos tienen una visión de la primera que podríamos llamar doctrina de la seguridad restringida[56]. Bastaría que examináramos con cuidado lo que implicaría asegurar a cada trasgresor un espacio para ser oído en su defensa antes de ser retribuido con una privación o un sufrimiento, para darnos cuenta por qué los que predican “tolerancia cero” visualizan la defensa de los derechos humanos como obstáculo, ya que es materialmente imposible para una sociedad como la nuestra aumentar el ya inflado poder punitivo del Estado y asegurar al mismo tiempo un procedimiento respetuoso de los derechos y garantías del ciudadano. Hoy es un hecho de conocimiento público que el costo de hacer que se cumplan las reglas, en las que están incluidas las reglas para hacerlas cumplir, es enorme. Por supuesto que si la sociedad es indiferente frente a los métodos para decidir quién, cómo, cuándo y dónde debe soportar un castigo, el costo fiscal se reduce significativamente. Pero el costo social es mayúsculo. A mediano plazo el horizonte de una “política criminal” criminal, es inconmensurable porque destruye a la sociedad misma[57].

Numerosas investigaciones han dejado constancia de la impunidad inevitable que acompaña aún las más eficientes maquinarias judiciales. Esta realidad ha puesto en evidencia que la hipótesis de la selectividad es el único modo de entender lo que sucede en el hiato que va desde la comisión del un hecho penalmente relevante, hasta la respuesta estatal punitiva. Las investigaciones relativas al control social punitivo han mostrado la existencia de diversas “instancias de criminalización” responsables de los mecanismos de selección. Cualquiera entiende que no tiene sentido poner el mismo empeño en aclarar un asesinato que en esclarecer un hurto. Las tasas de impunidad para el homicidio son menores que las de los delitos contra la propiedad no calificados. ¿No sería descabellado pedir que fuera a la inversa?

Los defensores de la doctrina de la seguridad restringida quieren inmunidad para un tipo particular de delitos: aquellos que se cometen desde las agencias de control social duro. Si el sistema de justicia está rebasado y no hay dinero para extender su acción, pues no importa, ¡hagamos del policía un juez[58] y del ciudadano un súbdito! Es decir que, lo que está verdaderamente en juego es qué toleramos, qué acciones criminalizamos, qué delitos no podemos dejar de investigar, juzgar y sancionar frente a una enorme multitud de conductas que no podrán ser objeto de examen. ¿No vamos a perseguir a quienes utilizan la tortura, la privación ilegal de la libertad, el asesinato, si cometen estos delitos contra personas “poco decentes”? Los criterios de selectividad nunca han sido discutidos democráticamente. Igual que en la lógica del mercado, la mano invisible ordena y jerarquiza las demandas y los satisfactores. Pero como el proveedor de estos tiene capacidad limitada y constituye un monopolio, las alternativas que se presentan son las siguientes: o bien se respeta el status monopólico del uso de la fuerza (legítima) o bien se elude la interdicción y el uso de la fuerza (ilegítima) se disemina socialmente en múltiples agencias fuera del control de la ley. La policía y las agencias de vigilancia privada ejercen entonces una “violencia instituyente” porque imponen de facto su ley. La ley del “atajo” (nos ahorrarnos el costo del respeto a los derechos humanos) es una trampa. Nunca conducirá a un mayor respeto y a una mayor seguridad entre las personas la instauración del miedo fascista. La cárcel, también un monopolio desbordado por la demanda, es hoy un lugar de violencia instituida: los jueces envían a los procesados y a los condenados a lugares que no corresponden porque no cumplen con las condiciones mínimas de privación de la libertad en el marco de nuestras propias leyes. Es violencia instituida porque lo no pensado en el ejercicio de la justicia judicial penal es aquello que de serlo le impediría continuar esa práctica. ¿Basta que un campo de concentración se llame “campo de liberación” para que los jueces mantengan tranquila su conciencia?

La antigua pregunta “¿quién custodia a los custodios?” no ha perdido vigencia. Por el contrario, en un mundo tecno-burocrático como el que nos toca vivir, las “agencias” constituyen un lugar donde se gestan en forma permanente los mecanismos de la violencia instituida e instituyente. Los consumidores son portadores de creencias modeladas por la forma mercado y esperan que el servicio se preste en los mismos términos. Haciéndose eco de la malformación ideológica hegemónica, las leyes destinadas a regular las agencias de control social duro se estructuran para ofrecer la seguridad como un producto o un servicio. Y la nueva industria tiene sus empresarios morales. Por ahora sólo ofrecen asesoría gratuita. Pronto, cuando estén dadas las condiciones de mercado, nos harán conocer algunos desarrollos a precios promocionales. Más adelante nos venderán sus artículos de primera generación, obsoletos para ellos, en atractivos paquetes de parafernalia punitiva. La empresa Instituto Manhattan ofrece hacernos entrar en el programa “Tolerancia Cero”[59]; ha elegido la Provincia de Córdoba como cabeza de puente para futuras operaciones en el resto del país y en el Mercosur. Venir aquí a decir que los muchachos limpiavidrios son “terroristas urbanos” es más que un error transcultural. Es la elección de objetivos represivos, es la construcción del enemigo de la doctrina de la seguridad restringida, de la seguridad sin respeto a los derechos humanos.

En definitiva, el problema de la selectividad, que es político antes que técnico, queda en las sombras mientras se levanta una escenografía en la que seguridad y derechos humanos se presentan como valores opuestos. La violencia institucional (instituida e instituyente) es el hecho nefasto con el que tendremos que convivir si nuestra sociedad no supera falsas dicotomías.

La “cuestión seguridad” es hoy un tópico de la técnica. Los individuos integrados al sistema de relaciones de producción y de propiedad en el que vivimos, constituyen un producto antes que resultar los artífices del sistema. El supuesto antropológico de las teorías económicas contemporáneas es la del “hombre oportunista” en sentido fuerte[60]. La racionalización creciente (que no significa mayor razonabilidad) de la vida social, hace a los individuos cada vez más dependientes unos de otros y, al mismo tiempo, engendra un tipo humano que cree ser portador “natural” de derechos y obligaciones, escindido de su ser social. De esta manera, cada quien se siente totalmente desvinculado, no implicado, en el producto colectivo y complejo de las acciones individuales. En una sociedad de estas características, la seguridad es considerada como un servicio que recibe el cliente y que está en manos de expertos. La delincuencia es considerada como un mal innecesario, es decir, como un fenómeno que puede ser evitado. Incluso “expulsado”, porque es transformado en externo (externalización de la trasgresión, podríamos llamar a esta operación retórica de los que profundizan la inseguridad creyendo “honestamente” ser sus promotores).

El enfoque técnico es necesario pero no constituye el pivote de la problemática de la seguridad. Cuando se transforma en tecnocrático oculta, bajo el velo de la apoliticidad[61], la profunda cuestión política que se halla en juego en ese valor. Querer una sociedad que eleva el egoísmo a virtud cardinal es al mismo tiempo y sin eufemismos aceptar determinados riesgos. Como dijo muy bien la antropóloga Mary Douglas: “dime que sociedad quieres y te diré qué riesgo debes aceptar”. O en una versión más popular: “cría cuervos y te sacarán los ojos”[62].

 

 

13) La situación de los jóvenes: el caso Cromañón

La masacre producida la noche del 30 de diciembre de 2004 en el local llamado “República Cromañón” ubicado en el Barrio de Once, durante un recital del grupo de rock “Callejeros”, tuvo un resultado devastador, que además de traducirse en victimas concretas, se manifestó como una metáfora de nuestro país, llamado a partir de ese momento por los familiares, sobrevivientes y amigos en lucha Argentina Republica de Cromañón.

Este gravísimo hecho visibilizó el espacio y la importancia que tienen los jóvenes en nuestra sociedad. En el lugar del horror, se encontraban más de 4000 personas, en su mayoría adolescentes que llegaban de diversos barrios del conurbano bonaerense.

La oscura y siniestra “República Cromañón” tenía una capacidad para 1200 personas, sin embargo allí, en el momento del incendio, había más de 4000 personas. Las condiciones de funcionamiento del local eran inaceptables desde todo punto de vista, a tal punto que expertos internacionales consideran que nunca debió ser habilitado. Puntualmente, en la noche del 30 de diciembre, el incendio se habría producido por la combustión de una suerte de tela o lona extendida en el techo, como del tipo “media-sombra”, la cual funcionaba como aislante acústico. En realidad, una “media-sombra” no tiene nada de aislante acústico. Dicha tela habría entrado en combustión al ser alcanzada por una “bengala” o cañita del tipo “tres tiros”. La mayoría de los fallecidos perecieron por asfixia vinculada no solamente al monóxido de carbono sino también al cianuro que se desprendió de la media sombra. Otros murieron entrando a rescatar a otros chicos (según se comprobó, al funcionar muy mal el sistema de Emergencias de la Ciudad, y dejar a las víctimas su propio rescate, el 40 % falleció intentando salvar a otros chicos. Además, al menos una de las puertas de emergencia estaba trabada con candado, con lo cual varios habrían fallecido aplastados por la multitud en el ímpetu de escapar del desastre.

Desde el evitable episodio ocurrido en diciembre de 2004; 194 personas murieron, cientos de personas continúan con graves problemas de salud tanto físicos, como psíquicos. Además de considerar las consecuencias psicológicas, los efectos traumáticas de aquellos que sobrevivieron y de los familiares de las víctimas.

En lo que respecta a la atención de la salud de los sobrevivientes, el estado, desde un primer momento actuó agudizando el malestar de los perjudicados, ya que la respuesta para enfrentar las problemáticas que acarrea este hecho traumático desde un primer momento se enmarcó en contemplar solo o exclusivamente un tipo de tratamiento psicológico de corte individual, condenando a los damnificados a llorar y ampararse en un consultorio privado. Una vez más, el accionar de nuestros gobernantes montando una “política pública” de este tipo, demuestra el nulo interés de remitir a procesos grupales, comunitarios en los que se pueda tramitar una elaboración del duelo colectivamente, ya que el hecho por si mismo es un fenómeno social y colectivo.

Lo que agrava más el panorama es que con el transcurso del tiempo se fue demostrando el poco interés para garantizar aún este tipo de intervención. La respuesta del estado en materia de salud para abordar dicho problema fue deficitaria. Aunque el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a través de diversos medios en los primeros meses haya montado un escenario de política sanitaria destinada a trabajar “activamente “ con los damnificados, en concreto no se destino ninguna acción solvente con respecto a este tema. No se han destinado profesionales para que trabajen específica y conjuntamente con los familiares, con los jóvenes, en las escuelas prácticamente no se ha trabajado el tema.

Desde el estado no se impartió ninguna medida o acción seria y comprometida con la magnitud de lo sucedido. No se ha asumido el carácter público de lo ocurrido, su control y seguimiento como responsabilidad de los estados y los gobiernos.

Los jóvenes hoy

Este acontecimiento nos interpela, denuncia la situación de los jóvenes y adolescentes en nuestra Argentina, que provoca cotidianamente serias consecuencias en la vida de miles de adolescentes. Solo que la agonía cotidiana de los/ las jóvenes no la visualizamos como un homicidio en el que también hay responsabilidades políticas.

Un estudio realizado por Artemio López[63] y publicado, refleja la grave situación de los jóvenes en la actualidad. En lo que respecta a pobreza e indigencia entre los jóvenes 3,5 millones (de entre 14 y 24 años) viven hoy en hogares pobres. De ellos, 1,3 millón son indigentes. La pobreza entre los adolescentes de 14 a 19 años promedia el 55 por ciento. Mientras que la indigencia alcanza al 21 por ciento. En cuento a los adultos de entre 20 y 24 años, la pobreza promedia el 40 por ciento y la ciento y la indigencia el 14 por ciento.

Teniendo en cuanta la heterogeneidad regional, se debe aclarar que en el NOA y NEA son regiones que siguen mostrando los mayores índices de pobreza e indigencia y vulnerabilidad entre los jóvenes.

En lo que respecta a la esfera laboral, el desempleo sigue siendo elevado en muchos contextos y las tasas de desempleo de los jóvenes son especialmente elevadas. Los jóvenes tienes dos o tres veces más probabilidades que los adultos de estar desempleados. Hoy 27,3 por ciento de los adolescentes y jóvenes argentinos se encuentra desocupado, por cuanto no trabaja pero busca activamente insertarse en el mercado laboral. Son 830.000 jóvenes y adolescentes a la búsqueda de un contrato. La tasa de desocupación entre los jóvenes ha crecido desde comienzos de los noventa un 137 por ciento. Todavía duplica la tasa de desocupación de principios de los noventa, cuando era del 13 por ciento.

Entre los jóvenes de entre 18 y 20 años, la exclusión laboral es todavía más marcada: el desempleo ronda entre el 35 y el 40 por ciento. Es decir, 4 de cada 10 buscan trabajo, pero no lo encuentran. 550.000 adolescentes de entre 14 y 18 años desertaron de la escuela secundaria. Hay más de 300 mil adolescentes y jóvenes de entre 14 y 24 años que no estudian ni trabajan. Esta situación es especialmente notoria en adolescentes entre 17 y 19 años.

El trabajo de los jóvenes

Los jóvenes se enfrentan a un escenario de flexibilización-precarización laboral, de desocupación, de la sobre explotación, etc.

Los trabajos que realizan los jóvenes están vinculados a ocupaciones de menor calificación, más sobreexplotadas y mal pagas. En general, los jóvenes acceden a puestos laborales como: repositores/as, cajeras, vendedores, cadetes, peones o empleadas domésticas. La mayoría de los jóvenes o adolescentes que trabajan, trabajan a destajo, con contratos basuras, por sueldos miserables, en pésimas condiciones de salubridad, sin posibilidad de sindicalizarse, sin ningún tipo de cobertura social.

 El 68 por ciento de los ocupados adolescentes y jóvenes se desempeña en puestos informales. Para los de 20 años la informalidad ronda el 71 por ciento, en tanto que para los menores de 19 años promedia el 85 por ciento. Son 1,2 millón de trabajadores jóvenes en negro. 7 de cada 10 jóvenes ocupados estén en negro se traduce en los magros salarios que perciben, que para estos trabajadores promedian los 300 pesos mensuales”, es decir, menos que lo necesario para adquirir la canasta básica de alimentos que mide la indigencia.

El futuro incierto

En la actualidad las instituciones tradicionales (escuela, trabajo, salud, etc.) se encuentran degradas y desbastadas por las políticas sociales y económicas implantadas en las últimas décadas.

Como sostiene Graciela Zaldúa: “El mercado neoliberal atravesó las instituciones, en un presente de contingencia y de fragmentación, desestabilizando sus supuestos de educar, cuidar, proteger, sanar. Los efectos de vulnerabilidad y fragilización con relación a los sostenes materiales y simbólicos y los lazos afectivos impactan en la constitución subjetiva, particularmente en la infancia y adolescencia”. (Graciela Zaldúa, 2005)[64]

Los jóvenes, en su gran mayoría, carecen de la posibilidad de generar proyectos futuros, como pensar en un trabajo seguro, independizarse económicamente, contar con la posibilidad de estudiar en la universidad pública y luego ejercer una profesión, etc. En muchos casos sus familiares y amigos más próximos también se encuentran desocupados. Dicha situación sumada a otras (que exige la “posmodernidad” actual), provoca en muchos adolescentes procesos de desubjetivación. Dichos procesos se caracterizan por habitar situaciones marcadas por la imposibilidad, estar a merced de lo que acontezca, habiendo minimizado la posibilidad de decir no, de hacer algo que desborde las circunstancias. Se trata de modos que despojan al sujeto de la posibilidad de decisión y de la responsabilidad. La desubjetivación hace referencia a una posición de impotencia, a la percepción de no poder hacer nada diferente con lo que se presenta (Duschastzky, 2003)[65]. Es prudente aclarar que dichos procesos no son estados puros, homogéneos. Si bien las subjetividades tienden a desvanecerse en el capitalismo actual, debemos considerar que los sujetos tienen potencialidades y que también se producen procesos de construcción de subjetividades reflexivas, creativas.

En este contexto las faltas de alternativas para los jóvenes son múltiples, desde la falta de educación, la discriminación, violencia familiar, falta de espacios culturales y recreativos, falta de empleo, vivienda y salud, son problemas a los que miles de jóvenes se enfrentan día a día.

 Los mecanismos de exclusión impacta de diversas formas sobre los jóvenes, no sólo hace referencia a una situación de inequidad y discriminación en lo pertinente a bienes y servicios sino que alude a las subjetividades que quedan, de este modo ubicadas fuera de los circuitos formales de la sociedad. Lo cual impacta considerablemente sobre la subjetividad de los jóvenes y la determinación que ejerce sobre la salud mental, incidiendo directamente en la producción de malestares colectivos de frustración.

Las problemáticas actuales a las que cotidianamente se enfrentan los jóvenes afectan considerablemente el desarrollo de su autonomía, creando una sensación de “falta de lugar”. (Cecilia Moise, 2000)

 Las privaciones a las que son expuestos los jóvenes y adolescentes son diversas, y afecta considerablemente sus capacidades creativas, su realización en el plano simbólico, en la posibilidad de expresión y de transmisión de sus pensamientos, vivencias y sentimientos.

La criminalización de los/as jóvenes

Un cóctel peligroso es ser pobre y joven. Se criminaliza, se judicializa a la pobreza y la juventud. Las causas de gatillo fácil cada año se van incrementando. Según el informe presentado en diciembre de 2005 por la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi): “El gatillo fácil es practicado como herramienta de control social. Desde el 10 de diciembre del año pasado el aparato represivo estatal mató un total de 183 personas en hechos de gatillo fácil, por la tortura, en cárceles y comisarías, lo que lleva la cuenta, desde diciembre de 1983, a 1888. Las policías federales, provinciales, los servicios penitenciarios federales y provinciales, la gendarmería y la prefectura están matando una persona cada 48 horas, lo que incrementa la frecuencia que el año pasado era de una muerte cada 60 horas. El 44,6 por ciento de las muertes se produjo en cárceles y comisarías, o con posterioridad a ser liberados pero a raíz golpizas recibidas durante la detención. Este porcentaje incluye los hechos de tortura. El resto de los casos corresponden al denominado gatillo fácil, que a su vez contiene fusilamiento o ejecución de "delincuentes" reales o presuntos; homicidios en ocasión de discusiones o prepotencia, asesinatos de terceros ajenos a hechos reales, causas fraguadas que resultaron en homicidios, y otras circunstancias. Respecto de las fuerzas involucradas, casi el 80 % corresponde a la policía, un 69 % las provinciales sumadas y 10 % la federal; 13,8 % a los servicios penitenciarios, 1,2 % a la Prefectura, el 1,7 % a la Gendarmería y el resto a otras fuerzas. La provincia de Santa Fe es la de mayor cantidad de casos en proporción a la cantidad de habitantes, seguida por Catamarca, Buenos Aires, La Pampa, Corrientes, Córdoba y Capital Federal. El 64 por ciento de las víctimas son jóvenes de 15 a 25 años, y más de la mitad eran menores de 18”. [66]

La lucha contra la impunidad

Desde un primer momento los familiares y víctimas de Cromañón reclamaron justicia. Enfrentando a los distintos poderes involucrados. Exigieron a la justicia argentina que actuara sobre los responsables directos e indirectos. Por lo cual se involucró a los inspectores, al director de habilitaciones, al secretario de Seguridad y Justicia del Gobierno de la Ciudad, a Aníbal Ibarra, y al jefe de Bomberos. Entendiendo que la cadena de responsabilidades no terminaba en Omar Chabán el gerenciador del local y su hermano, Yamil Chabán

Hasta este momento en la causa principal hay 25 procesados, entre ellos el dueño de la discoteca, Omar Chabán, los miembros del grupo Callejeros, funcionarios del gobierno de la ciudad y policías. En el juicio político que se le inció al Jefe de gobierno porteño, Aníbal Ibarra, se lo encontró responsable político de la masacre y se proclamó su destitución.

Contacto:

lospibespresentes@yahoo.com.ar

Anexo documental; Caso testigo Cromañón

Documento consensuado por familiares y amigos de las víctimas de la Masacre de Cromañón, 30 de junio de 2005

A seis meses

“Cuando decimos que TODOS SOMOS SOBREVIVIENTES, queremos llamar la atención de todos en cuanto a dos cuestiones: la necesidad inmediata de comprender la magnitud de esta masacre no solamente en cuanto a las vidas que destruyó físicamente, ese 30 de diciembre, sino a las vidas que tocó para siempre con la vara del dolor. Los sobrevivientes concretos, a esa noche terrible, son miles. Estamos conociendo y queriendo contener, recién, a unos cientos. Significa que hay más personas, en su mayoría muy jóvenes, que han sufrido el dolor terrible de ver morir a sus amigos, a sus conocidos, a sus hermanos. Hacemos cargo entonces a los empresarios avariciosos y a los gobiernos cómplices, no solamente de la muerte evitable, de casi 200 personas, sino de las secuelas físicas y psíquicas de miles de sobrevivientes. Y como sociedad, nos parece importante que demos la palabra a los sobrevivientes, que permitamos en las calles, en las escuelas, a través del arte, de todas las maneras posibles, que se expresen. El testimonio, el dolor, no solamente serán importantes para completar la causa judicial, sino también por salud mental. La palabra es necesaria, es terapéutica. Y desconfiamos de aquellos espacios, llámense escuelas, universidades, empleos, donde se oculta la palabra. ¿Será porque se pretende ignorar todos los Cromagnones presentes en los lugares por donde circulamos?

La segunda cuestión es que en un sentido amplio, todo el pueblo, todos, somos sobrevivientes. Sobrevivientes a sucesivas formas de muerte, desde el acontecer cotidiano que nos muestra pobreza, analfabetismo, desnutrición galopante, falta de escuelas adecuadas, deserción escolar, violencia institucional y doméstica –sin agotar el listado- ; y violencia empresarial e institucional, que tiene hitos en nuestra historia, como por ejemplo el accionar represivo de la dictadura militar, los crímenes del gatillo fácil, el atentado a la AMIA, entre muchos otros. Seguir vivo, y luchando, creando, es un mérito en este país”.

• “Soportamos y debatimos la culpabilización que desde el poder y gran parte de los medios masivos de comunicación, se hizo de las víctimas. “Por algo será”, se dijo, en palabras similares a las utilizadas para justificar en épocas no tan pasadas, las desapariciones de personas. La juventud, uno de los sectores más castigados de la población, fue culpabilizada por supuesta irresponsabilidad, por ser desprolijos, ruidosos, descui-dados… No bastó hacer morir a nuestros pibes en lo más parecido a una cámara de gas masiva, sino que se ensució sus formas de ser jóvenes, su alegría y rebeldía.

• “Asistimos al nombramiento de personajes puestos por acuerdos políticos de cúpulas, para “ordenar” la situación, como Juan José Alvarez, señalado por numerosas organizaciones socia-les y políticas como respon- sable directo de la masacre de Puente Pueyrredón, que cobrara las – qué casualidad- también jóvenes vidas de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán en el año 2002”

• Debimos discutir con los grandes medios de comunicación los adjetivos que utilizaron al comienzo para hablar del 30 de diciembre. Accidente, tragedia, desgracia… términos que parecen hablar de algo inevitable; pero logramos finalmente que se imponga en nuestra sociedad el nombre que le corresponde: masacre, asesinato en masa. Las palabras no son neutrales, pues si un grupo de empresarios y políticos corruptos es respon-sable de una masacre no es lo mismo que si solamente estuvo presente en el momento de un “accidente” o de una “tragedia”.

• Comprobamos que la llamada Justicia puede ser diferente para unos que para otros. Tomamos como propias las palabras de nuestros abogados cuando declaran: “…las garantías que los hoy circunstanciales integrantes de la Sala V aplicaron al Sr. Chabán y (…) fueron reconocidas a la Sra. María Julia Alsogaray por otro Tribunal, no valen, en el marco de este sistema, para todos. No valen para los excluidos, los que luchan, los que reclaman, ni existen para los olvidados de la sociedad. Valen, como regla de oro, para los poderosos y los socios del poder; para los que roban mucho y los que matan mucho”. Un solo ejemplo concreto lo constituye el rechazo a la excarcelación de los 15 detenidos en julio de 2004 por manifestarse contra la reforma del Código Contravencional porteño – supuestos delitos cuyas carátulas no pasan, en el más importante de los casos, de daños a las cosas, por ejemplo vidrios rotos- frente a la concesión de excar-celación a un acusado por un homicidio múltiple como es Chabán.

• Tuvimos pruebas abundantes, por si no fueran suficientes las que involucraron la atención de nuestros hijos fallecidos, del colapso del sistema de salud en una Ciudad que recauda millones de pesos en impuestos, colapso que fuera denunciado por traba-jadores de la salud y negado por el Secretario de Salud Sr. Stern.

Como síntesis de este conjunto de hechos terribles, decimos entonces que:

Una vez más, aquí se ha matado por dinero; y una vez más, nadie ha muerto por dinero: muchos que han sido asesinados por dinero han muerto por justos, por humanos, por amor: estuvieron dispuestos a morir por rescatar a otros. Por ellos, no olvidaremos.

El poder político intenta mirar hacia otro lado y lavarse las manos. Lavarse las manos manchadas de la sangre de nuestros chicos. Lavarse las manos con las lágrimas de los miles de sobrevivientes angustiados. Pero le decimos: no es posible. Esa mancha es indeleble. No quieran apelar a nuestra desmemoria.

 

14) Feminización de la pobreza

el caso Romina Tejerina

Las mujeres vienen sufriendo distintas violencias, el acoso sexual y las violaciones son una problemática que vienen padeciendo en distintas regiones del país. La presencia de dichos casos y la ausencia de justicia en la mayoría de ellos, acompañada de una campaña feroz que apunta al olvido, invisibilización e indiferencia, demuestra que vivimos en una sociedad que naturaliza las violencias existentes hacia las mujeres.

Tan sólo el 11% de los casos son denunciados, y sólo uno de cada 10 de los denunciados recibe castigo, en promedio de 4 años y medio de cárcel, aunque algunos se fugan.

Romina Tejerina, es víctima de una sociedad enceguecida por prácticas y discursos patriarcales Ella es una joven jujeña, que vivía en el barrio Roberto Sánchez de San Pedro, a 30 kilómetros de San Salvador, Jujuy, cursaba el quinto año de la secundaria. Esta joven a los 18 años conoció el dolor, la impotencia, la discriminación y de la ausencia de justicia. El 1º de agosto de 2002 comenzó el atropello a su persona, fue víctima de una violación, fue abusada sexualmente por un vecino cuyo nombre es Eduardo Vargas. El violador actualmente tiene 42 años, es comerciante y hermano de un policía y se encuentra impunemente en libertad.

Romina Tejerina en la madrugada del 1º de agosto de 2002, fue a buscar a una de sus hermanas a una bailanta en las afueras de San Pedro, a 63 kilómetros de la capital jujeña. Un vecino la persiguió, la violó y como consecuencia quedó embarazada.

Romina como tantas otras mujeres no denunció en su momento la violación que sufrió. La sensación de desprotección estatal, legal e institucional frente a esta problemática, opera de diversas maneras. Primero culpabiliza a la víctima, ya que denunciar una violación es un proceso tan traumático como el delito denunciado, allí se pone en evidencia la ineficiencia del Estado. Transitar por todos los espacios obligatorios para exigir justicia resultan ser un claro testimonio de las inoperancias y desprotección que sufri-mos las mujeres en estos casos. El Estado exige la denuncia pero, a la vez, desampara a las denunciantes.

Siete meses más tardes, en febrero de 2003, en silencio, Romina se dirigió al baño de su casa, viò la cara del violador y mató al recién nacido. La joven se encontraba en medio de un brote psicótico causado por el trauma de la violación, según su abogada.

Desde el 23 de febrero de 2003 se encuentra privada de su libertad por orden del juez Argentino Juárez. Fue Detenida en el Penal de Mujeres de San Salvador de Jujuy.

La justicia argentina desde un principio, desestimó y no contempló el shock de la joven. Además separó la violación del resto del caso, desvinculando la violencia sufrida por Romina de su consecuencia; buscaban mostrarla como una asesina fría y despiadada, llegando a negar que hubo una violación.

Esta joven que debía enfrentar su situación ante una sociedad, que se niega a observar la intolerancia y la imposibilidad que tienen las mujeres a decidir sobre sus propios cuerpos.

Los primeros tratos en palabras de Romina:

“Me acuerdo de que me llevaron al hospital y ahí me agarró un oficial Reyes, que yo conocía del barrio, y me empezó a zamarrear, a decirme ‘pendeja de mierda, qué haz hecho’... Y yo muda, lo miraba. Después vino la neonatóloga y de vuelta a sacudirme, así con odio, que qué había hecho, que no me haga la mosquita muerta porque era un monstruo. Esas son las palabras que tengo grabadas.”[67]

 “Lo único que dije ahí mismo es que me habían violado, pero nadie quería escuchar eso, querían que declarara lo otro”[68]

“Después se agarran de eso para decir que soy una desalmada, o hablan de la ropa que uso. Igual que en el juicio por la violación, me preguntaban si usaba pollera corta. Y claro que usaba, como todas las chicas. Ahora no sé si alguna vez voy a volver a ir a bailar, lo único que quiero es terminar la escuela, porque ya perdí mucho tiempo.”[69]

La vergüenza de la “justicia”

La fiscal argumentó que Romina usaba minifaldas, salía a bailar y se peleaba con los padres, este proceder daba motivos para considerarla una homicida. También remarcó que haber intentado abortar era otra razón para condenarla, sosteniendo así el argumento de la Iglesia de que las mujeres que abortan son asesinas, idea que fundamenta la ilegalidad del aborto.

Mientras Romina Tejerina está desde hace 2 años y nueve meses tras las rejas, en la cárcel, el violador Eduardo "Pocho" Vargas camina por las calles de Jujuy con total impunidad. Este sujeto estuvo detenido apenas 23 días y el juez lo eximió de culpas.

Un fallo ejemplificador

El viernes 10 de junio de 2005, fue el día del fallo. Los jueces Antonio Llermanos, Héctor Carrillo y Alfredo Frías, de la Sala II de la Cámara Penal de San Salvador de Jujuy, en Argentina, condenaron a Romina a 14 años de prisión por el cargo de homicidio calificado.

Sobre su cuerpo y sobre su vida pesa la hipocresía de una justicia que arbitra-riamente habla de "homicidio calificado por el vínculo", que invisiviliza la realidad por la que atravesó y atraviesa Romina.

Mientras se dictaba la sentencia, en las calles se encontraban diferentes organi-zaciones de mujeres que exigían la libertad de Romina Tejerina y la cárcel al violador; ellas también fueron desoídas.

Los jueces Antonio Llermanos, Héctor Carillo y Alfredo José Frías consideraron que la joven vivió una "infancia plagada de violencia tanto física como moral", que "se encontraba sola esperando un niño sin padre [conocido]" y que "no tenía apoyo familiar", dado que la única que sabía de su embarazo era su hermana Erica. Por estas circunstancias el tribunal no dio lugar al pedido de la fiscal, Liliana Fernández de Montiel, de sentenciar a la joven a prisión perpetua.

El alegato de la Fiscal de Sala, Liliana Fernández de Montiel, intentó demostrar que Romina estaba en pleno dominio de sus actos al momento del hecho y deses-timar cualquier potencial atenuante.

La abogada de Tejerina, Mariana Vargas, consideró positivo que la Cámara Penal tuviera en cuenta algunas circunstancias atenuantes e insistió en que apelará el fallo.

En diciembre de 2005 la justicia denegó el pedido que solicitó la defensa de Romina para que pueda pasar las fiestas de fin de año en su casa con sus familiares.

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Anexos Documentales I: Reflexiones

1) Sobre la justicia y el uso del espacio público

Roberto Gargarella

Enero de 2006

En estos últimos años, y por una diversidad de razones que incluyen como datos salientes un proceso acelerado de privatizaciones y, correlativamente, un súbito ascenso en las tasas de desempleo, el espacio público pasó a ser escenario central de la vida colectiva y del conflicto social. En él se instalaron vendedores ambulantes, “puesteros” y –lo que aquí más nos interesa- manifestantes varios, todos ansiosos de encontrar, en estos ámbitos todavía no privatizados, algún remedio a las dificultades que les creaba el devenir político. Enfrentados a este nuevo fenómeno, sucesivos gobiernos diseñaron respuestas por demás diversas, que incluyeron desde reacciones intempestivas hasta una tensa inmovilidad, actitudes que en todo caso develaron lo difícil que resultaba manejar problemas antes casi desconocidos en la Argentina. Durante estos últimos años, el gobierno ha asumido una actitud deliberadamente ambigua frente a quienes ocupan el espacio público y protestan en las calles, plazas y avenidas, alternando gestos de acercamiento y hostilidad hacia ellos. Dicha actitud del gobierno, coherente con su sistemática pretensión de tratar a los derechos como privilegios, y de confundir sus deberes con concesiones graciosas, ha sido habitualmente acompañada por la justicia. En efecto, en sus decisiones sobre el tema, los tribunales han tendido a acompañar a la política, como si la cuestión con la que se enfrentaban dependiese de algún modo de los humores populares y de los cambios de actitud del gobierno, y no de una reflexión sobre los derechos en juego, que en ocasiones puede contradecir directamente las inclinaciones oficiales.

La pobreza de la respuestas dada por la justicia sobre la cuestión del uso del espacio público obedece a una diversidad de causas. Algunas de ellas tienen que ver con una vocación indebida por contentar al gobierno, otras con los prejuicios y dogmatismos propios de una mayoría de sus miembros, y unas más, seguramente, con el genuino desconocimiento de alternativas sobre cómo tratar el tema de la protesta pública. Afortunadamente, sin embargo, la reflexión académica y jurídica sobre el tema lleva ya largas décadas. Y dado que en este punto -sorprendentemente tal vez- las opiniones de la Corte Europea de Derechos Humanos y la Corte Suprema de los Estados Unidos (cabe decirlo, dos de los tribunales más influyentes sobre los tribunales argentinos) tienden a coincidir, en lo que sigue convendría detallar el contenido de tales acuerdos, que podrían servirnos de guía en una futura aproximación al problema.

Las coincidencias entre ambos tribunales comienzan en un punto clave, cual es el de considerar a ciertos espacios públicos -fundamentalmente plazas y calles- como “foros públicos” dado que ellos “han sido confiados, desde tiempo inmemorial,” para la reunión y expresión de ideas. Ambos tribunales están de acuerdo, también, en sostener que para algunos grupos dichos espacios pueden representar el único disponible para presentar sus puntos de vista y sus quejas frente al Estado. Dicho reconocimiento resulta notable, por ejemplo, cuando lo comparamos con la actitud negligente, cuando no directamente confrontativa, de los tribunales argentinos sobre el mismo punto. Ahora bien, este valioso compromiso de los tribunales internacionales hacia los derechos de los más desaventajados no ha implicado, sin embargo, su negativa a reconocer validez a toda posible regulación estatal sobre el uso de la propiedad pública. Por el contrario, en ambos contextos se reconoció que el Estado debía conservar “su poder para mantener las propiedades bajo su control asociadas al uso para el cual han sido reservadas legalmente.” Veamos entonces qué tipo de reglamentaciones han tendido a considerarse aceptables, en tales casos.

Ante todo, ambos tribunales, con lenguajes diferentes, fijaron fortísimas restricciones a la posibilidad de que el poder público regulase el “contenido” de las expresiones presentadas en tales foros. Así, y en principio, ambas jurisprudencias consideran inválidas todas las reglas por las cuales las autoridades públicas establezcan distinciones discriminatorias en cuanto a los contenidos de las protestas en juego. Los tribunales rechazarían toda regulación que permitiera, por ejemplo, las manifestaciones de los partidos de izquierda pero no la de los partidos de derecha, o las de los abortistas pero no las de los anti-abortistas. Al mismo tiempo, y en segundo lugar, en ambos casos se reconoce al Estado la posibilidad de establecer regulaciones en cuanto al tiempo, lugar, y modo en que se utilizan los foros públicos. Por ello, tales tribunales tienden a considerar válidas las regulaciones que impiden, por ejemplo, la realización de manifestaciones ruidosas a las tres de la mañana; o aquellas que se realizan, sin razón especial, frente a una escuela en horario de clases. Este tipo de regulaciones sobre la protesta tienden a permitirse pero –y estas salvedades son también cruciales en ambos contextos- ello es así en tanto y en cuanto las mismas cumplan con algunos requisitos esenciales. Es importante que prestemos mucha atención a dichas reservas.

Las regulaciones que se quieran establecer sobre el “tiempo, lugar y modo” de las protestas deben responder a una “necesidad estatal imperiosa” y, otra vez, “neutral en cuanto al contenido.” Así, una prohibición que tenga su origen real en la intención del poder público de suprimir puntos de vista “molestos,” va a considerarse siempre inadmisible. En segundo lugar, la reglamentación del caso debe estar diseñada del modo “más estrecho posible,” de forma tal de evitar que, con la excusa de lograr una finalidad plausible –digamos, impedir los ruidos molestos- se prohíba por completo la expresión de algún tipo de ideas. Finalmente, y esto es lo más importante, las regulaciones que se establezcan deben dejar “amplias alternativas disponibles” a quienes quieren expresar sus quejas o puntos de vista, y a la vez deben ser “no-discriminatorias.” Para entender lo dicho, la jurisprudencia dominante considera que de ningún modo basta con que, simplemente, exista “otro lugar utilizable” (por ejemplo, los manifestantes podrían expresarse en alguna otra plaza menos transitada) para entender satisfecho el requisito de “alternativas disponibles.” Dicho requisito sólo se considera cumplido si quienes quieren expresarse tienen a su disposición otro foro con tanta llegada al público como el que se les cierra. Por otra parte, el requisito de “no-discriminación” es igualmente severo, ya que unánimemente se asume que los grupos menos aventajados –los que no tienen el dinero suficiente como para comprar su acceso a los medios de comunicación- pueden quedar sin alternativas expresivas de importancia si se les obstruye sistemáticamente el acceso a ciertos foros públicos. En tal sentido, los tribunales han sabido advertir que muchas restricciones de uso sobre los foros públicos, dirigidas –pretendidamente- a “todos los grupos por igual,” tienden, en definitiva, a impactar de modo desigual sobre algunos de ellos, afectando especialmente a los grupos con menos recursos.

La existencia de este consenso generalizado en torno a los principios que deben regular el uso de los foros públicos merece ser bienvenido, especialmente porque el mismo puede ayudarnos a pensar mejor un tema demasiado importante, y sobre el cual todavía hemos pensado demasiado poco. Nuestros jueces, en particular, deberían reflexionar sobre tales acuerdos, y explicarnos si existen razones públicas que justifican su acercamiento tan diferente sobre la materia.

Anexo documental Caso testigo Romina Tejerina

1)Presentación ante Amnesty Internacional

2) Carta de Romina Tejerina desde la cárcel

3) Campaña por la liberación

1) Buenos Aires, febrero de 2005

SRES AMNESTY INTERNACIONAL

Romina Tejerina nació en San Pedro, Jujuy (provincia del Norte argentino). Se encuentra presa desde hace dos años en el Penal de Mujeres de la capital de la provincia acusada de homicidio calificado agravado por el vínculo y puede ser condenada a cadena perpetua.

 Romina fue violada por un vecino a la salida de un baile en agosto de 2002. Cursaba en ese momento el 5to. y último año de la escuela secundaria, tenía 17 años. Quedó embarazada producto de esa violación. Ella ocultó los hechos, la violación y el posterior embarazo. Por las costumbres, por los mandatos sociales, que generan vergüenza y culpa. Intentó abortar, no pudo. A los 7 meses, pensando que abortaba, tuvo el bebé en el baño de su casa. En medio de un episodio psicótico, lo apuñaló. “Ví la cara del violador”, fueron sus palabras. El recién nacido murió luego en el hospital. Desde ese momento Romina vive una tragedia.

La justicia jujeña y los poderes políticos de la provincia se han ensañado con ella. Fue víctima del peor de los ultrajes que puede sufrir una mujer, la violación de su cuerpo, de su intimidad. Y se transformó en culpable. Durante 9 meses se le negó la asistencia psicológica y hasta hoy no ha podido estudiar, a pesar de los reiterados reclamos de su defensa y del movimiento que reclama su libertad. 

La causa de Romina y la pelea por su libertad es bandera de lucha en el movimiento de mujeres y de otras organizaciones populares en la Argen-tina. La historia de Romina es la de miles de mujeres que sufren la naturalización de la violencia, del abuso y quedan pre-sas del accionar de una justicia y un poder político sexista y feudal que tiene desde hace dos años a Romina en la carcel y le bastaron sólo 23 días para sobreseer al violador. 

 Cientos de firmas y movilizaciones en distintos lugares del país reclamamos por su libertad y carcel al violador. Hemos intentado entrevistar al gobernador de la provincia de Jujuy, Dr Felner, con resultados negativos.

 Las personas y organizaciones abajo firmantes nos dirigimos a Uds., conociendo la campaña contra la violencia hacia las mujeres que desarrollan en todo el mundo, para solicitar la inclusión del caso de Romina en dicha campaña y todo otra iniciativa que esté a su alcance para sumar a la lucha por su libertad.

 Adjuntamos antecedentes de la causa, cartas de la familia de Romina y de su abogada defensora.

Se reciben adhesiones en libertadaromina@yahoo.com.ar.

 

2) Carta de Romina desde la cárcel

Gracias a todos los que de alguna forma se suman a esta lucha donde de una vez por todas tiene que haber justicia para las personas que pasan y que pasarán la misma situación que yo.

Les escribo desde este lugar tan frío y de esta celda de cuatro paredes. Después de tanto sufrimiento y de tanta espera casi llevo dos años y tres meses sin poder estudiar.

Escucho hablar a la Sra. De Derechos Humanos del gobierno provincial que todavía supone que no me violaron. Me da tanta bronca que ella como mujer me juzgue así, me gustaría que se ponga en mi piel.

Me pone muy triste que hasta el día de hoy sigan dudando de que fui violada y ultrajada. Hay momentos que pienso en hacerme algo, pero a su vez digo: ¿porqué yo tengo que atentar contra mi vida? Eso es como darle el gusto a esta Justicia para que el violador quede impune y pienso en mi familia que me necesita.

Me gustaría que algunos de los jueces se pongan en el lugar de mis padres y van a ver lo doloroso que es tener a alguien privado de libertad y en la misma situación en la que hoy estoy.

Yo le pido a esta Justicia que no me siga castigando. ¿No le basta con todo lo que pasé desde ese 1° de agosto, tanto dolor, sufrimiento y discriminación por el tan solo hecho de ser mujer?

Quiero que se haga justicia, y que no se repita esta historia tan desagradable y horrenda.

Estoy tan emocionada y tan contenta por todas esas personas que me apoyan y que vienen de tan lejos y por qué no de tan cerca, para manifestarme su acompañamiento y su comprensión.

Les agradezco eternamente por el apoyo que me brindan y no bajen los brazos, no me abandonen. ¡Vamos a ganar esta batalla, así se terminan de una vez por todas estas injusticias y actos de corrupción y de violencia hacia las mujeres!

Los quiero mucho.

Romina Tejerina[70]

3) SIGUE EL ENSAÑAMIENTO CON ROMINA TEJERINA

REPUDIAMOS EL FALLO QUE CONFIRMA SU PROCESAMIENTO[71]

Con fecha 12 de julio la Sala de Apelaciones de la Cámara en lo Penal de Jujuy confirmó el procesamiento dictado por el juez Argentino Juarez contra Romina Tejerina acusándola de homicidio calificado agravado por el vínculo. Esto podría implicar cadena perpetua para Romina. 

Este es un duro golpe para ella, pero lo es también para miles de mujeres que como Romina han sufrido o sufren la violencia más ultrajante que es para las mujeres una violación. Mientras el violador sigue en libertad y a pesar de las pericias realizadas que demuestran que Romina actuó en estado de shock post traumático y de todas las manifestaciones de apoyo y movilizaciones, tanto nacionales como internacionales, que se han sucedido durante este tiempo, la Cámara hace oídos sordos y con la firma del juez Paoloni y de las juezas Franck de Moreno y Liliana Snopek deciden con toda crueldad descargar su hipocresía sobre Romina.

El movimiento de mujeres y popular expresa su más enérgico repudio ante esta medida que agrega más tragedia a la ya sufrida por Romina y se prepara para hacer del juicio a Romina un hito en la lucha de las mujeres por terminar con la opresión y exigir un verdadero castigo a los violadores como Pocho Vargas.

DESPROCESAMIENTO Y LIBERTAD YA A ROMINA TEJERINA

CARCEL AL VIOLADOR POCHO VARGAS

 Enviar adhesiones a: libertadaromina@hotmail.com

 

Anexo documental Caso testigo Romina Tejerina

1)Presentación ante Amnesty Internacional

2) Carta de Romina Tejerina desde la cárcel

3) Campaña por la liberación

1) Buenos Aires, febrero de 2005

SRES AMNESTY INTERNACIONAL

Romina Tejerina nació en San Pedro, Jujuy (provincia del Norte argentino). Se encuentra presa desde hace dos años en el Penal de Mujeres de la capital de la provincia acusada de homicidio calificado agravado por el vínculo y puede ser condenada a cadena perpetua.

 Romina fue violada por un vecino a la salida de un baile en agosto de 2002. Cursaba en ese momento el 5to. y último año de la escuela secundaria, tenía 17 años. Quedó embarazada producto de esa violación. Ella ocultó los hechos, la violación y el posterior embarazo. Por las costumbres, por los mandatos sociales, que generan vergüenza y culpa. Intentó abortar, no pudo. A los 7 meses, pensando que abortaba, tuvo el bebé en el baño de su casa. En medio de un episodio psicótico, lo apuñaló. “Ví la cara del violador”, fueron sus palabras. El recién nacido murió luego en el hospital. Desde ese momento Romina vive una tragedia.

La justicia jujeña y los poderes políticos de la provincia se han ensañado con ella. Fue víctima del peor de los ultrajes que puede sufrir una mujer, la violación de su cuerpo, de su intimidad. Y se transformó en culpable. Durante 9 meses se le negó la asistencia psicológica y hasta hoy no ha podido estudiar, a pesar de los reiterados reclamos de su defensa y del movimiento que reclama su libertad. 

La causa de Romina y la pelea por su libertad es bandera de lucha en el movimiento de mujeres y de otras organizaciones populares en la Argen-tina. La historia de Romina es la de miles de mujeres que sufren la naturalización de la violencia, del abuso y quedan pre-sas del accionar de una justicia y un poder político sexista y feudal que tiene desde hace dos años a Romina en la carcel y le bastaron sólo 23 días para sobreseer al violador. 

 Cientos de firmas y movilizaciones en distintos lugares del país reclamamos por su libertad y carcel al violador. Hemos intentado entrevistar al gobernador de la provincia de Jujuy, Dr Felner, con resultados negativos.

 Las personas y organizaciones abajo firmantes nos dirigimos a Uds., conociendo la campaña contra la violencia hacia las mujeres que desarrollan en todo el mundo, para solicitar la inclusión del caso de Romina en dicha campaña y todo otra iniciativa que esté a su alcance para sumar a la lucha por su libertad.

 Adjuntamos antecedentes de la causa, cartas de la familia de Romina y de su abogada defensora.

Se reciben adhesiones en libertadaromina@yahoo.com.ar.

2) Carta de Romina desde la cárcel

Gracias a todos los que de alguna forma se suman a esta lucha donde de una vez por todas tiene que haber justicia para las personas que pasan y que pasarán la misma situación que yo.

Les escribo desde este lugar tan frío y de esta celda de cuatro paredes. Después de tanto sufrimiento y de tanta espera casi llevo dos años y tres meses sin poder estudiar.

Escucho hablar a la Sra. De Derechos Humanos del gobierno provincial que todavía supone que no me violaron. Me da tanta bronca que ella como mujer me juzgue así, me gustaría que se ponga en mi piel.

Me pone muy triste que hasta el día de hoy sigan dudando de que fui violada y ultrajada. Hay momentos que pienso en hacerme algo, pero a su vez digo: ¿porqué yo tengo que atentar contra mi vida? Eso es como darle el gusto a esta Justicia para que el violador quede impune y pienso en mi familia que me necesita.

Me gustaría que algunos de los jueces se pongan en el lugar de mis padres y van a ver lo doloroso que es tener a alguien privado de libertad y en la misma situación en la que hoy estoy.

Yo le pido a esta Justicia que no me siga castigando. ¿No le basta con todo lo que pasé desde ese 1° de agosto, tanto dolor, sufrimiento y discriminación por el tan solo hecho de ser mujer?

Quiero que se haga justicia, y que no se repita esta historia tan desagradable y horrenda.

Estoy tan emocionada y tan contenta por todas esas personas que me apoyan y que vienen de tan lejos y por qué no de tan cerca, para manifestarme su acompañamiento y su comprensión.

Les agradezco eternamente por el apoyo que me brindan y no bajen los brazos, no me abandonen. ¡Vamos a ganar esta batalla, así se terminan de una vez por todas estas injusticias y actos de corrupción y de violencia hacia las mujeres!

Los quiero mucho.

Romina Tejerina[72]

3) SIGUE EL ENSAÑAMIENTO CON ROMINA TEJERINA

REPUDIAMOS EL FALLO QUE CONFIRMA SU PROCESAMIENTO[73]

Con fecha 12 de julio la Sala de Apelaciones de la Cámara en lo Penal de Jujuy confirmó el procesamiento dictado por el juez Argentino Juarez contra Romina Tejerina acusándola de homicidio calificado agravado por el vínculo. Esto podría implicar cadena perpetua para Romina. 

Este es un duro golpe para ella, pero lo es también para miles de mujeres que como Romina han sufrido o sufren la violencia más ultrajante que es para las mujeres una violación. Mientras el violador sigue en libertad y a pesar de las pericias realizadas que demuestran que Romina actuó en estado de shock post traumático y de todas las manifestaciones de apoyo y movilizaciones, tanto nacionales como internacionales, que se han sucedido durante este tiempo, la Cámara hace oídos sordos y con la firma del juez Paoloni y de las juezas Franck de Moreno y Liliana Snopek deciden con toda crueldad descargar su hipocresía sobre Romina.

El movimiento de mujeres y popular expresa su más enérgico repudio ante esta medida que agrega más tragedia a la ya sufrida por Romina y se prepara para hacer del juicio a Romina un hito en la lucha de las mujeres por terminar con la opresión y exigir un verdadero castigo a los violadores como Pocho Vargas.

DESPROCESAMIENTO Y LIBERTAD YA A ROMINA TEJERINA

CARCEL AL VIOLADOR POCHO VARGAS

 Enviar adhesiones a: libertadaromina@hotmail.com

 

Anexos Documentales I: Reflexiones

2) Ambivalencias y complejidades de las organizaciones piqueteras

Maristella Svampa*

Junio de 2005

En varias oportunidades hemos afirmado que, en nuestro país, la mayor experiencia de resistencia al neoliberalismo nació en los márgenes, en los límites, en el extremo de la descolectivización masiva. En efecto, fueron los desocupados, aquellos que estaban fuera del sistema, los que desde el fondo de la descomposición social fueron gestando nuevas formas de lucha y autoorganización territorial. Sin embargo, una vez dicho esto, es necesario recordar que este proceso tiene como telón de fondo un importante pasado de integración social, asociado a la vigencia de los derechos sociales.[74] Por ello mismo, la experiencia argentina termina por ser muy ambivalente, pues si bien es cierto que en la práctica nace en el extremo de una descolectivización acelerada, en los discursos recoge diferentes tradiciones y memorias, sobre todo la asociada a la tradición nacional-popular, que alimenta la esperanza de volver a ser lo que se era, a saber, un “pueblo trabajador”.

Así, pese a que mucho se ha dicho sobre la naturaleza del nuevo actor, la mayor parte de las categorías empleadas traicionan la complejidad del sujeto. En realidad, para comprender la realidad emergente del proceso social consumado en los 90 es necesario abandonar las viejas categorías sociopolíticas (así como las visiones normativas) y partir de una lectura que privilegie una doble mirada, esto es, que tenga en cuenta tanto la conformación de las bases sociales como la dinámica organizativa interna. Ni pueblo o clase trabajadora como antaño, tampoco ejército industrial de reserva, ni nuevo lumpemproletariado, las bases sociales que componen las organizaciones piqueteras presentan un carácter multiforme y heterogéneo, que suma y yuxtapone nueva y vieja informalidad con tradición obrera y militantismo político; rabia juvenil y consumista con talante antirrepresivo y anticapitalista, protago-nismo femenino con trabajo comunitario.

En suma, vistas“desde abajo”, las organizaciones piqueteras son muy ambivalentes, con diferentes inflexiones políticas, que van de la demanda de reintegración al sistema, a la afirmación de una radicalidad anticapitalista. A la vez, es un fenómeno fuertemente plebeyo, proclive a la acción directa, que apunta a la afirmación de lo popular, en cuanto ser negado, excluido y sacrificado en aras del modelo neoliberal.

 Por otro lado, más allá de los planteos estratégicos y de sus diferentes dimensiones, las organizaciones piqueteras son estructuras organizativas con diferentes niveles de participación. En este sentido, existe claramente un núcleo en el que se sitúan los voceros o referentes (pues, más allá de los estilos de construcción y la flexibilidad de las organizaciones, todo movimiento posee dirigentes); un primer círculo, en donde se hallan militantes y cuadros intermedios (en general, delegados barriales), que comparten la visión estratégica del movimiento y los estilos de construcción política; luego, una serie de anillos o círculos concéntricos, más alejados del centro, en el cual se sitúan otros militantes y simpatizantes, con menor nivel de involucramiento y participación y, por último, una gran periferia, constituida por familias completas que se acercan no por una cuestión de convicciones ideológicas, sino en función de sus necesidades más elementales. El gran desafío de los movimientos, esto es, de aquellos que componen el núcleo organizativo y el primer círculo de militantes (cuya cercanía, hay que subrayar, es estrecha, en función del fuerte anclaje territorial del movimiento) es, sin duda, la politización de esa amplia periferia, suerte de actualización de la figura del “humilde” o “el pobre”, al cual antaño se dirigía el discurso y la práctica del peronismo histórico, en su versión “evitista”.

Gran parte de las ambigüedades, dificultades y desafíos políticos residen en la manera como se articulan y relacionan estos diferentes niveles organizacionales con lo que hemos llamado “la periferia”. Ello ha venido alimentando una serie de interrogantes, dudas y cuestionamientos que ponen en tela de juicio tanto la naturaleza de la acción como el horizonte político de las organizaciones. Más aún, sobre estas dificultades se han montado diferentes lecturas que recorren hoy la sociedad argentina y que están en la base de un fuerte discurso criminalizador. Lo particular de dichas críticas es que apuntan a negarle el carácter de movimiento social “auténtico” o bien, a despojarlo de su dimensión específicamente política. Podemos sintetizar dichas críticas en tres argumentos: la hipótesis miserabilista, la hipótesis de la manipulación política, y la crítica normativa.

En primer lugar, la hipótesis miserabilista parte de la idea de que la política no puede nacer del reino de la necesidad. En consecuencia, tiende a destacar el carácter defensivo y reivindicativo de la acción piquetera, circunscribiendo, de esta manera, sus logros y objetivos. Este argumento suele combinarse con otro, más ortodoxo, que subraya las “limitaciones” propias de las bases sociales (consideradas “lúmpenes”), para explicar tanto su escasa capacidad de interpelación social como los obstáculos en el proceso de formación de un verdadero movimiento social.

En segundo lugar, siguiendo esta línea interpretativa, no son pocos los que instalan en la base del cuestionamiento la hipótesis de la manipulación política, aludiendo a la “injerencia” de partidos y/o dirigentes (de izquierda), ideologizados, cuando no provenientes de otros sectores sociales. Es cierto que las organizaciones piqueteras nacen como una respuesta defensiva frente a los efectos destructivos del modelo neoliberal, en medio de un marco de precariedad e indigencia (la desocupación y el hambre). Pero estas condiciones iniciales no implican necesariamente una suerte de límite ontológico para la política, como señalan algunos invocando el pensamiento de Hanna Arendt (1988 y 1996). En realidad, sólo aquellos que –desde el punto de vista teórico– adhieren a una visión miserabilista de los sectores populares, en desmedro de la complejidad de los procesos sociales, pueden concluir que el destino de un movimiento originado en el mundo de las necesidades básicas sea una suerte de acción defensiva, reivindicativa, que no puede alcanzar la “verdadera” dimensión de la política (leída esta como autodeterminación y como creación de mundos alternativos). Sin embargo, las condiciones socioestructurales nos advierten sobre el alto grado de fragilidad de las construcciones colectivas, sobre la vulnerabilidad del lazo social solidario, en fin, sobre las dificultades de consolidación de las nuevas prácticas políticas en un medio permanentemente atravesado tanto por los llamados al individualismo como, sobre todo en la actualidad, por las diversas formas de clientelismo existente.

En tercer lugar, en los últimos tiempos tiende a instalarse una mirada normativa, que coloca el acento en la exigencia de “lo políticamente correcto”. Esta visión simplificadora está difundida en ciertos sectores de las clases medias progresistas (ONGs y sectores académicos) y, como ya ha sucedido en otras épocas, suele proyectar las propias expectativas políticas –y normativas– sobre las organizaciones piqueteras (exigiéndoles que hagan lo que se espera de ellos: para el caso, que se comporten de manera “políticamente correcta”, siguiendo prolijamente los manuales de ONGs, expresándose en un lenguaje “ideológicamente correcto” y, de ser posible, renunciando a la acción no institucional). En este sentido, lo que evidencia esta visión es la dificultad de elaborar o pensar la complejidad actual de las organizaciones de desocupados, que son, como hemos indicado, movimientos impuros, plebeyos y orientados a la acción directa. Como consecuencia de ello, esta mirada normativa tiende a refugiarse y legitimar sólo aquellas pocas experiencias más acordes a una visión más estilizada y estetizada de los pobreza.

Entre la criminalización y el cuestionamiento del relato identitario

Finalmente, los efectos estigmatizadores de esas tres críticas se actualizaron y difundieron entre 2003 y 2005, durante una fuerte campaña antipiquetera que se desarrolló en el marco de la pulseada política que enfrentó las organizaciones piqueteras con el gobierno nacional, los sectores de derecha y los grandes medios de comunicación. Ahora bien, para comprender el alcance de esta campaña, es necesario volver sobre los componentes identitarios que han ido surgiendo de esta experiencia de autoorganización y acción colectiva. Recordemos que, tal como lo analizamos en otro lado (Svampa y Pereyra:2003), por encima de la fuerte heterogeneidad social, de género y generacional, y más allá de las diferencias que pueden encontrarse entre las distintas organizaciones piqueteras, la historia parece indicar que ha ido constituyéndose una identidad piquetera, cuyo anclaje no es otro que un cierto relato, constituido a partir de 1996, en el que se narra la experiencia de los piqueteros. Todos los testimonios –no sólo las entrevistas sino también las crónicas periodísticas– coinciden en que ese relato comienza con el corte en Cutral–Có y Plaza Huincul, donde surge el nombre “piqueteros”. Esa narración, esencial sobre todo en las fases constitutivas de los movimientos, vincula tres términos fundamentales: en primer lugar, un nombre “piqueteros”, referido al agente principal de las acciones que la historia narra; en segundo lugar, y diremos que como eje central, se encuentran precisamente esas acciones que son los cortes de ruta –los “piquetes”– y, en tercer lugar, la historia se complementa con los motivos y las consecuencias de esas acciones, lo que remite centralmente tanto al vínculo entre modelo económico y crisis, cuanto a la demanda de trabajo, la recepción y administración de planes asistenciales. Ese relato es el que da sentido a los acontecimientos que recorren la historia piquetera y que finalmente explica el surgimiento de las organizaciones de desocupados como una consecuencia de la desestructuración productiva del país.

Sin embargo, la historia piquetera no fue definida de esa manera desde el principio, sino que atravesó un camino sinuoso –cruzado por otros relatos posibles–, hasta que se produjo cierta estabilización. Así, se habló de un “rebrote subversivo” en Cutral Có, de “francotiradores de la FARC” en General Mosconi y desde un “complot piquetero” hasta una “matanza entre piqueteros” en el Puente Pueyrredón. Estas operacio-

nes fueron, empero, desbaratadas por los hechos posteriores. Ahora bien, otro proceso comienza en 2003, a partir del cambio registrado en la estructura de oportunidades políticas. En realidad, el escenario remite a una contienda política por demás compleja, donde intervienen y se entrecruzan activamente las presio-

nes del poder económico, sus voceros políticos y mediáticos, con la política de control y disciplinamiento del gobierno peronista actual para con los sectores excluidos (Svampa:2004).

Más allá de las dificultades visibles de un conjunto importante de las organizacio-

nes piqueteras para reposi-cionarse frente al cambio del escenario político, respecto de 2002, esta contien-da desigual se fue traduciendo en un corrimiento del significado de la protesta social. Más simple: en poco tiempo, los piqueteros dejaron de ser la mayor expresión de la resistencia al modelo neoliberal, para convertirse en una de las consecuencias “perversas” del mismo modelo. La centralidad que adquirió la problemática de la (in)seguridad con la entrada de Juan Carlos Blumberg en escena, en 2004, sirvió también para recrudecer el lenguaje, como bien lo reflejan los titulares –casi el lenguaje de guerra- de los diarios nacionales a partir de 2003.

Así, en el contexto actual, es posible advertir que el relato sobre una identidad piquetera se ha visto sacudido por los efectos estigmatizadores que ha tenido la difusión de un sentido común antipiquetero en la sociedad argentina. Más aún, asistimos a la instalación de un marco de interpretación de la acción piquetera que busca desestabilizar este relato identitario, estableciendo un nuevo corte, diferente de los anteriores, esta vez, entre “lo auténtico” (las primeras manifestaciones piqueteras y los levantamientos comunitarios) y, por otro lado, “lo inauténtico” (su evolución a partir de 2002). Es aquí donde se expanden y se combinan los tres argumentos que hemos enunciado al principio de este apartado (hipótesis de la manipulación, la visión miserabilista y crítica normativa).

El impulso que tomó crimina-lización del conflicto social en los últimos tiempos no es ajeno a este proceso, pues a través de su constante judicialización se apunta a desdibujar el reclamo esencial de los desocupados (los derechos básicos conculcados), reduciendo la protesta a una acción “ilegal”, al tiempo que se invisibilizan otras dimensiones constituti-

vas de la experiencia piquetera, por ejemplo el trabajo comunitario en los barrios.

Ahora bien, frente a ello, en un escenario de fuerte confrontación y pulseada política, las organizaciones piqueteras han venido afirmando mucho más sus componentes plebeyos. Esta afirmación de lo plebeyo, que apunta a reivindicación de lo popular, en cuanto ser negado y excluido, ha acompañado la irrupción y desarrollo de los movi-mientos piqueteros. Recordemos que en la Argentina, lo plebeyo como voluntad de autoafirmación de lo popular ha emergido como resultado de un conflicto con otros sectores sociales (clases medias y altas), que asimilan el carácter impugnador de lo plebeyo con la incultura, al tiempo que reclaman la superioridad de sus modelos culturales y estilos de vida. En este sentido, la presencia de lo plebeyo remite la historia de otros movimientos populares, tanto del yrigoyenismo como sobre todo del peronismo,. Lo particular, sin embargo, es que en la actualidad esta reivin-dicación del carácter plebeyo e iconoclasta de lo popular ya no se realiza desde el aparato del Estado (como sucedía con el peronismo histórico), sino que interpela y desafía al propio peronismo institucional que hace tiempo decidió enterrar su tradición contestaria y contracultural. Por otro lado, su emergencia se da en un contexto de gran crisis, más aún, de descenso y caída social de numerosos sectores sociales. Por ello mismo, la potenciación de lo plebeyo tiende a alimentar el “voyeurismo” y el rechazo de las clases medias, tan necesitadas de construir contrafiguras negativas a partir de las cuales afirmar una supuesta superioridad de clase. No es casual entonces que los componentes plebeyos se hayan exacerbado, a partir del ingreso de los movimientos en la escena nacional, que alcanzaría un clímax entre 2003 y 2004. Así, fue en el marco de una fuerte puja, visible en los conflictos por la ocupación del espacio público en la ciudad de Buenos Aires, donde lo plebeyo volvió a convertirse en un principio de (auto)afirmación de lo popular.

En resumen, la entrada en los espacios más tradicionales de la política nacional, sobre todo a partir de 2002, tuvo efectos sumamente contrastantes. Por un lado produjo adhesiones e importantes cruces sociales, sobre todo, con parte de los sectores medios movilizados, ligados al proceso asam-bleario, los colectivos culturales y los partidos de izquierda. Por otro lado, esta presencia inquietante y a la vez perturbadora de lo plebeyo en el centro político de la Argentina, terminó por instalar una vez más la imagen del “aluvión zoológico” como elemento importante de la dinámica recursiva entre movimientos populares y opinión pública, base sobre la cual gobierno, sectores conservadores y grandes medios de comunicación se montaron para construir el consenso negativo con relación a las movilizaciones sociales. Lo dicho aparece patentizado en un discurso social y periodístico que vehiculiza una cierta lectura político-cultural, que coloca el acento en la inferioridad antropológica y cultural y, por ende, en la peligrosidad de los sectores populares. Ello ha actualizado en amplios sectores medios y altos una (histórica) actitud de desprecio hacia lo plebeyo, tanto como acentúa el temor a las “clases peligrosas”, a través de los dos estereotipos negativos, el “piquetero violento” y el “piquetero plebeyo”. En fin, este desprecio a lo plebeyo reactiva la imagen fundadora de la Argentina moderna, “civilización o barbarie”, que históricamente ha estado en la base de diferentes dispositivos simbólico-políticos para justificar la exclusión de lo popular.

Lo dicho no significa negar las dificultades internas que atraviesan las organizaciones piqueteras, que hemos abordado en el capítulo anterior. Antes bien, nos interesa llamar la atención sobre el modo como se han combinado y actualizado ciertos elementos presentes en diferentes tradiciones, en el proceso de redefinición identitaria de las organizaciones de desocupados: por un lado, la puja política llevó a los actores más poderosos (gobiernos, sectores conservadores, medios de comuni-cación) a actualizar el estigma de la barbarie, asociado a la representación de las nuevas clases peligrosas. Por otro lado, como hemos visto en el capítulo anterior, el gobierno peronista y las agrupaciones populistas que lo apoyan, actualizaron ciertos elementos de la tradición nacional-popular, sobre todo, aquel que hace referencia al vínculo populista, caracterizado por la subordinación de los actores sociales al líder. En definitiva, tanto la actualización de la memoria de las clases medias y altas (la estigmatización de lo plebeyo), como ciertos elementos de la memoria nacional-popular(la dependencia respec-to del líder), han venido a cuestionar el relato identitario –el piquetero–, quizá demasiado centrado en la “memoria reciente”, a saber, centrada en la dimensión mítica que tomaron los piquetes y puebladas de los 90 y, sobre todo, las jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001.

Anexo documental: DECLARACIÓN de Alerta Argentina del 1 de setiembre de 2005LA MILITARIZACIÓN FRENTE A LOS RECLAMOS SOCIALES

La Argentina es un país que vive en un estado de emergencia social e institucional, visible en la extensión de la pobreza, la persistencia del hambre y las altas tasas de desempleo. Ni la política económica ni la política social se han orientado a la solución de estos problemas de fondo: el hambre de millones, la injusta redistribución de la riqueza y la destrucción de la ciudadanía social.

El desinterés y el desprecio que manifiesta la gestión Kirchner por los derechos sociales -los cuales debe ser prioritarios- confirma y refuerza este cuadro contra el cual muchos luchamos y unos pocos, niegan.

Hoy, además, nos sentimos en la obligación de señalar que en los últimos tiempos, el gobierno nacional ha cruzado un umbral. Frente al aumento de los reclamos sociales y laborales, la respuesta ha sido la judicialización y la implementación de un modelo represivo, mediante un grandilocuente despliegue policial en puentes, calles y plazas en la ciudad de Buenos Aires. Este proceso es acompañado por el deplorable espec-táculo político electoral, que ilustra una vez más la ceguera, la arrogancia y la lucha de camarillas de la clase política, que cree haber recuperado sus fueros de casta y un sentimiento de impunidad, típico de los noventa.

 

Frente a todo ello, queremos manifestar claramente nuestra preocupación por el avance en el cercenamiento de los derechos civiles, visible en la creciente militarización en el tratamiento de los reclamos sociales y la amenaza de represión. No creemos que estos métodos constituyan una respuesta democrática a los acuciantes problemas de desigualdad y exclusión, que hoy atraviesan millones de argentinos.

Llamamos a los diferentes sectores sociales a la reflexión y al diálogo, recordando que ninguna sociedad con aspiraciones de justicia y paz social puede construirse sobre la base de la exclusión de una parte sustantiva de ella; ningún proclamado nuevo contrato social puede ser duradero si se funda en una concepción disciplinaria, clientelista y delegativa de la política, que en pos de la defensa del "orden" propicia, con el Código Penal en la mano, el cierre del espacio público y la militarización de la política.

Buenos Aires, 1 de septiembre de 2005

Alerta Argentina

 

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