La revelación de un dictamen de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que considera a la llamada genéricamente Ley de Medios contradictoria y anómala, y que ya fue entregado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fortalece la idea de que el alto tribunal la declare anticonstitucional de acuerdo con la controversia que presentara un grupo de 47 senadores. Se informó que el 4 de abril pasado la dependencia entregó al Ejecutivo Federal su dictamen, que ignoró, no obstante que en el mismo le advierten que las leyes federales de Radio y Televisión y de Telecomunicaciones contienen toda una serie de inconsistencias, lagunas legales, contradicciones, favorece los actos discrecionales; favorece a concesionarios específicos y limita a las autoridades para regular esas actividades prioritarias de la comunicación social La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a mayor abundamiento, consideró que dichas normatividades son contradictorias entre sí, contienen aspectos inconstitucionales y lagunas legales que favorecen la operación discrecional de los concesionarios y, en contraparte, reducen la capacidad de las autoridades federales para regular y controlar esas actividades. Además, abren la puerta para que la inversión extranjera llegue al ciento por ciento en materia de telecomunicaciones. Hasta el dinero del narcotráfico pudiera llegar a esa industria, por ahora considerada cien por ciento mexicana, ante la entrega de concesiones por medio de la subasta pública que también indican las mismas. La historia del dictamen se remonta a los tiempos en que la Cámara de Diputados, que fue la de origen, aprobará por la vía fast track las aberrantes leyes que pasaron al Senado de la República, donde se formó un grupo compacto de legisladores de los partidos Acción Nacional y del Revolucionario Institucional para sin mayor trámite también sacarlas por mayoría de votos sin siquiera tomarse la molestia de subir a tribuna para defender sus puntos de vista. Todo estaba condicionado para hacer realidad la "Ley Televisa". Medios de comunicación escritos y los electrónicos independientes, así como los culturales, indigenistas, comunitarios, del estado y universitarios no obstante que dieron la voz de alerta, sobre las inconstitucionalidades y demás inconsistencias de esas leyes y que inclusive podría borrar del mapa del espectro radioeléctrico a la radiodifusión social y a la independiente, el Senado las aprobó. De inmediato el grupo de los 47 anunció que recurriría a la controversia constitucional. Faltaba aún que el presidente, Vicente Fox Quesada la firmara y la publicara en el Diario Oficial de la Federación para su promulgación; inocentes, muchos creímos que la iba a vetar. No fue así y es cuando se entera el senador panista, Javier Corral Jurado del dictamen de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en contra la "Ley Televisa", firmado por el propio titular, Pedro Cerisola y Weber. Exige una copia del mismo a Presidencia, le es negada, recurre infructuosamente al también inconsistente Instituto Federal de Acceso a la Información, el llamado IFAI. Para nosotros: Instituto de Falla en la Información. Enterado de ese documento, la Suprema Corte exige se le entregue; la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República se ve acorralada y tiene que enviarlo al alto tribunal. Algunos medios también reciben copias y ante el nuevo escándalo de la revelación del mismo que da además cuenta de 55 observaciones a esas leyes de marras por parte la dependencia y que ignoró el presidente Fox, viene lo absurdo de las explicaciones mañaneras. El vocero presidencial, Rubén Aguilar Valenzuela, al igual que a la Selección Mexicana, le mete un golazo tempranero a su jefe, al afirmar que "el señor Presidente desconocía el dictamen de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes" porque se consideró que no era necesario hacer del conocimiento del Presidente de la República el contenido del texto, porque la Consejería Jurídica a cargo de Juan de Dios Castro Lozano señaló que en el dictamen técnico y legal elaborado por la SCT no había contradicciones jurídicas importantes que justificaran la posibilidad de un veto presidencial a una ley que fue aprobada por unanimidad en la Cámara de Diputados y por mayoría en la de Senadores. Así se trabaja en la Presidencia de la República: negándole información al Jefe del Ejecutivo. Esperemos que el entuerto sea reparado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. México no merece leyes que limiten y contravengan los grandes intereses del pueblo. - Teodoro Rentería Arróyave es periodista y escritor, vicepresidente de la Federación Latinoamericana de Periodistas, FELAP.