La estrategia militar de EE.UU.
31/10/2005
- Opinión
Históricamente, la política externa de Estados Unidos ha
estado marcada por constantes intervenciones militares
alrededor del mundo. Después de los ataques del 11 de
septiembre de 2001, en Nueva York y Washington, la estrategia
militar estadounidense entra en una nueva fase, signada por
una política de "guerra sin límites".
Diversos analistas debaten el significado de esa estrategia.
Algunos creen que Estados Unidos utiliza sus últimos recursos,
o mueve todas sus "fichas", para mantener su hegemonía
política, económica, cultural y militar, ya que los ataques
del 11 de septiembre demostraron su vulnerabilidad. Otros
creen que estos eventos propiciaron condiciones favorables
para el mantenimiento, e incluso la ampliación, del poder
político, económico, cultural y militar que Estados Unidos
ejerce en el mundo.
Sin embargo, para organizaciones que defienden los derechos
humanos, lo importante es entender los mecanismos utilizados
en esta nueva fase del imperialismo. El actual gobierno de
Estados Unidos establece su política externa a partir de la
imagen del mundo como un "campo de batalla". Su estrategia
frente a aquellos pueblos o países que considera como
"enemigos" puede expresarse a través del combate directo
(utilizando desde campañas de difamación hasta la intervención
militar) o a través del control de recursos que garantizan el
bienestar o la propia supervivencia de esos pueblos.
Uno de los principales objetivos de esta política es el
control de bienes estratégicos, que incluye recursos naturales,
energéticos y biodiversidad, además de la implementación de un
modelo económico que promueve la privatización de "servicios"
básicos. Estos "servicios" son, en realidad, derechos
fundamentales, como salud, educación, sanidad, etc. Según el
escritor Eduardo Galeano, Estados Unidos siempre encuentra
"causas nobles" para justificar la guerra. Nunca admite que
"mata para saquear".
Es evidente que el gobierno estadounidense difundió
informaciones mentirosas sobre la existencia de armas de
destrucción masiva para justificar su intervención en Irak,
cuando el principal motivo para la guerra era el control de
las reservas de petróleo del país. Además de eso, Irak cuenta
con una de las más importantes fuentes de agua dulce del
Oriente Medio, provenientes de los ríos Tigris y Éufrates.
Recientemente, representantes del gobierno de Estados Unidos
intensificaron sus críticas a Irán, especialmente en el
sentido de propagar la imagen de que el programa nuclear de
aquel país representa una amenaza para el mundo. Irán es hoy
una de las principales potencias del Oriente Medio y posee
grandes reservas de petróleo y gas natural. Estos serían los
reales motivos para una posible intervención militar en ese
país, además de la preocupación de Estados Unidos por los
acuerdos de cooperación económica entre Irán, China y Rusia.
América Latina en la mira
En América Latina, la Campaña por la Desmilitarización de las
Américas (CADA) ha realizado estudios sobre la presencia
militar estadounidense. Esta presencia se concentra en
regiones ricas en recursos naturales, como la región del Plan
Puebla Panamá (sur de México, América Central y el Caribe), la
región Amazónica y la Triple Frontera (entre Brasil, Paraguay
y Argentina).
La visita a Brasil del Secretario de Defensa de Estados Unidos,
Donald Rumsfeld, en marzo de 2005, representó un ejemplo claro
de esa política. Los principales tópicos en la agenda de
Rumsfeld fueron el interés por el SIVAM (Sistema de Vigilancia
de la Amazonia), el monitoreo de la Triple Frontera, la
continuidad de la presencia militar brasileña en Haití y la
preocupación por las relaciones de colaboración de Venezuela
con otros países latinoamericanos.
El SIVAM es un conjunto de radares y sensores con capacidad
para monitorear 5,5 millones de kilómetros cuadrados en la
Amazonia. Este proyecto, que se inició en el gobierno de
Fernando Henrique Cardoso (FHC), costó 1.4 mil millones de
dólares a las arcas brasileñas, y su ejecución fue entregada a
la Raytheon, una de las principales empresas bélicas de
Estados Unidos, después de una licitación fuertemente
cuestionada.
Con relación a la Triple Frontera, uno de los principales
intereses de Estados Unidos es el control del acuífero Guaraní,
que representa la mayor sábana freática de agua del planeta,
con 1,2 millones de kilómetros cuadrados. Para justificar su
presencia en la región, el gobierno estadounidense ha alegado
la necesidad de combatir "células terroristas". Sin embargo,
el ex-jefe del FBI en Brasil, Carlos Alberto Costa, desmiente
esa tesis. "Investigamos exhaustivamente, nosotros, la CIA,
los servicios secretos de los países, y no conseguimos probar
la existencia de células terroristas allí", afirmó en
entrevista con la revista Carta Capital.
Como una forma de garantizar el control de la región, Estados
Unidos propuso un acuerdo militar bilateral con Paraguay,
iniciado en junio de 2005. El acuerdo prevé una serie de
ejercicios militares, intercambio de informaciones militares y
de "especialistas en asuntos civiles", seminarios estratégicos
con miembros del Comando Sur (un sector del Pentágono que
actúa en América Latina), programas de "inmersión cultural" en
la Academia Militar de Estados Unidos, entre otros. Un grupo
de 400 marines norteamericanos ya está en Paraguay. Estos
oficiales cuentan con una serie de beneficios, como inmunidad
diplomática y liberación aduanera, como describen los
siguientes ítems de la Ley 2594, aprobada por el Congreso de
la Nación Paraguaya:
C: "El Gobierno de la República de Paraguay otorgará
igualmente liberación aduanera sobre importación y/o
exportación, así como exención de inspección e impuestos
locales para los productos, propiedades y materiales para o en
representación del personal del Gobierno de los Estados Unidos.
(...) El Gobierno de los Estados Unidos y su personal podrán
disponer libremente de sus bienes de propiedad en el Paraguay,
siempre que la disposición de los mismos fuera de conformidad
con la legislación paraguaya vigente en la materia".
E: "(...) El Gobierno de la República de Paraguay asumirá
absoluta responsabilidad por cualquier reclamo surgido por el
uso de los proyectos construidos, total o parcialmente,
durante el desarrollo del ejercicio".
Organizaciones de derechos humanos han alertado sobre la
posibilidad de que Estados Unidos pase a controlar la base de
Mariscal Estigarribia, en el occidente de Paraguay. Esta base
tiene capacidad para albergar hasta 16.000 soldados y posee
una pista de aterrizaje de 3.800 metros, que utilizarían
aviones militares, garantizando acceso rápido a los
territorios de Bolivia, Brasil y Argentina. Estados Unidos
intensificó las negociaciones para alcanzar un acuerdo militar
con Paraguay, después de que el Congreso argentino había
vetado un proyecto que permitiría entrenamientos militares
liderados por el Comando Sur en su territorio. Estas
operaciones, conocidas como Águilas III, deberían haberse
iniciado en 2003.
La estrategia de buscar países vecinos, después del rechazo de
un proyecto, también aconteció con la implementación de la
Academia para el Cumplimiento de la Ley (ILEA, por sus siglas
en inglés). Esta "academia", en verdad, es una versión de la
Escuela de Américas para policías latinoamericanos, y apunta
también a influenciar los poderes legislativos y judiciales de
los países de la región. Después de que la propuesta fue
rechazada por Costa Rica, Estados Unidos inició negociaciones
con el gobierno del Salvador, y la ILEA comenzó a
implementarse hace poco en aquel país. Hay, sin embargo, un
fuerte movimiento de rechazo por parte de organizaciones
sociales que denuncian falta de transparencia en la
negociación y demandan que el proyecto sea votado en el
Congreso Nacional.
La intervención militar estadounidense, en varias partes del
mundo, ha generado un incremento de las violaciones de
derechos humanos, la migración forzada de millones de personas,
la destrucción del medio ambiente y la pérdida de la
autodeterminación de los pueblos. En América Latina, un
ejemplo reciente fue la intervención en Haití.
A partir de un largo proceso de represión a los movimientos
populares, se crearon las condiciones para la deposición del
presidente Jean Bertrand Aristide, conducida por Estados
Unidos y por Francia. Actualmente, esa intervención es
legitimada por las "Fuerzas de Paz" de la ONU, comandadas por
Brasil. La actuación de las Fuerzas Armadas brasileñas en
Haití ha sido el blanco de serias denuncias de violaciones de
derechos humanos.
El rol del Banco Mundial
Para mantener su hegemonía económica y militar, Estados Unidos
invierten en un gran aparato tecnológico. Este aparato abarca
desde sistemas de comunicación y espionaje, hasta "bombas
inteligentes" (cómo aquellas que destruyeron escuelas,
hospitales, museos, universidades y sitios arqueológicos en
Irak), y mecanismos de control de la reproducción de la vida,
como la biotecnología.
Esa estrategia necesita también de agentes que promuevan una
política económica articulada con la militar. Uno de ellos es
el Banco Mundial (BM), que funciona como una especie de
"cerebro", elaborando conceptos incorporados también por otras
instituciones como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la
Organización Mundial del Comercio (OMC). El actual liderazgo
del Banco Mundial hace aún más evidente la relación entre
estrategias económicas y militares. El actual presidente del
BM, Paúl Wolfowitz, fue subsecretario de Defensa de los
Estados Unidos. El presidente del Banco Interamericano de
Desarrollo (brazo del Banco Mundial para América Latina) es
Luis Alberto Moreno, ex-embajador de Colombia en Washington y
mentalizador del Plan Colombia.
Además de eso, el Banco Mundial es responsable por la
implementación de grandes proyectos de infraestructura para la
apropiación de recursos naturales y funciona como el principal
conductor de la "reconstrucción", en situaciones de desastres
naturales o de "post-conflicto". En Afganistán, por ejemplo,
el Banco Mundial promovió la privatización del sistema público
de salud, como parte del proyecto de "reconstrucción" del país.
En los países de Asia afectados por el Tsunami (olas gigantes),
el Banco incentivó la entrada de grandes empresas de pesca y
de turismo, expulsando definitivamente a las comunidades de
pescadores que vivían en el litoral.
La actual estrategia militar del gobierno estadounidense
representa un gran desafío para las organizaciones de derechos
humanos en todo el mundo. En ese sentido, es importante
fortalecer las redes de movilización social y de solidaridad.
Una articulación importante fue aquella que dio origen a las
protestas simultáneas, a nivel internacional, contra la guerra
en Irak, que movilizaron a más de 40 millones de personas en
febrero de 2003.
En América Latina, se creó la Campaña por la Desmilitarización
en Américas (CADA), que busca articular organizaciones
sociales, difundir denuncias e impulsar campañas de incidencia
sobre los gobiernos. CADA tiene además como prioridad el
apoyo a movimientos sociales en cada país, que luchan por su
tierra, su cultura, su trabajo y su dignidad, en el sentido de
construir una alternativa igualitaria y sustentable para la
integración latinoamericana. (Traducción: ALAI)
Maria Luisa Mendonça, periodista brasileña, es integrante de
la Red Social de Justicia y Derechos Humanos.
https://www.alainet.org/es/articulo/116050?language=es
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