El informe sobre Salud en el Mundo 2005 recalca que todos los años mueren más de medio millón de mujeres por causas maternas, incluyendo el aborto inseguro, y millones de niñas y niños también fallecen en el momento del parto o en sus meses o años de vida, quienes podrían ser salvados con decisión política para asignar los recursos necesarios a nivel de servicios. Lo anterior ocurre con mayor frecuencia en los países de ingresos medios y bajos, y en especial en las capas más pobres de la población, lo que demuestra que la mala salud y las muertes maternas e infantiles tienen directa relación con la pobreza, con el nulo o escaso acceso a la atención de salud de buena calidad y sobre todo a la falta de escolaridad de las mujeres. Cada minuto muere una mujer por complicaciones durante el embarazo y el parto, lo que significa mil 400 fallecimientos diarios y más de medio millón al año. En ese minuto mueren 20 niños y niñas menores de cinco años, lo que significa que casi 30 mil pequeños fallecen a diario y 10.6 millones anualmente. Pero el mayor riesgo lo corren los recién nacidos. Sin embargo, el ex secretario y el actual secretario de Gobernación introducen el debate sobre el aborto en México cuando el término "derechos reproductivos" aparece en el siglo pasado para designar al conjunto de derechos humanos que tienen que ver con la salud reproductiva y más ampliamente contados los derechos humanos que inciden sobre la reproducción humana, así como aquellos que afectan el binomio población–desarrollo sostenible. Los derechos del cuerpo están arraigados en los principios más básicos de los derechos humanos. En términos generales, los derechos del cuerpo en la sexualidad y la reproducción abarcan dos principios básicos: el derecho a la atención a la salud sexual y reproductiva, y el derecho a la autodeterminación sexual y reproductiva. Estos derechos bajo el derecho internacional de los derechos humanos son resultado de una combinación de una serie de derechos civiles, políticos, sociales, culturales y económicos: el derecho a la salud, a la salud sexual y la salud reproductiva, el derecho a la planificación familiar, el derecho a decidir el número de hijos y el espaciamiento de los nacimientos, el derecho a casarse y a constituir una familia, el derecho a la vida, a la libertad, integridad y a la seguridad, el derecho a no ser discriminado por cuestiones de género, el derecho a no ser agredido ni explotado sexualmente, el derecho a no ser sometido a tortura ni a otro tipo de castigo o tratamiento cruel, inhumano o degradante, el derecho a modificar las costumbres discriminatorias contra las mujeres, el derecho a la privacidad, el derecho a la intimidad, el derecho a disfrutar del progreso científico, entre otros. Fundamentalismos Varios tratados de derechos humanos y documentos aprobados por consenso internacional consagran estos derechos de aplicación universal. El Programa de Acción de la Conferencia Mundial sobre Población y Desarrollo de 1994 fue la primera conferencia que definió el término de derechos reproductivos. Además se definió la salud reproductiva como un estado general de bienestar físico, mental y social, y no de mera ausencia de enfermedades o dolencias. Esta última condición lleva implícito el derecho del hombre y la mujer a obtener información y acceso a los métodos de planificación familiar de su elección seguros, asequibles y aceptables. Ninguno reconoce el aborto como un método anticonceptivo. Los fundamentalismos siempre son políticos, sean estas religiosos, económicos, científicos o culturales y prosperan en sociedades que niegan a la humanidad en su diversidad, legitiman mecanismos de sujeción de un grupo sobre otro, y generalmente es en estas sociedades en las que la salud de las mujeres y los niños y niñas está en los índices más bajos. La salud es un bien público. A pesar de ser evitables, las muertes por aborto inseguro y complicaciones del embarazo, parto y puerperio siguen siendo las principales causas de las muertes maternas. Una educación sobre la sexualidad responsable es mucho más provechosa que proponer castigar a quienes no se les brinda esta educación; para una correcta toma de decisiones, debe proporcionarse una información objetiva y científica.