Representantes de un conjunto de nueve organizaciones de derechos humanos de Centroamérica expusieron este 19 de julio ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) un informe sobre el impacto en el goce y protección de los derechos de la mayoría de la población centroamericana en el texto y consecuencias del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana RD-CAFTA- vigente en Honduras, El Salvador y Nicaragua desde marzo 2006, entrado en vigor en Guatemala desde julio del mismo año y pendiente de ratificación en Costa Rica. La Audiencia temática “Tratados de Libre Comercio y Derechos Humanos en Centroamérica” fue otorgada por la CIDH en su 125 período extraordinario de sesiones que se celebrado del 20 al 21 de julio en la ciudad de Guatemala. Expusieron el economista salvadoreño Raúl Moreno, de FESPAD; el abogado hondureño Javier Acevedo, de CIPRODEH; el Director Ejecutivo del GAM, Mario Polanco y Celia Medrano, del programa Centroamérica de la FLM. Las organizaciones responsables del informe son el Grupo de Apoyo Mutuo (GAM) Guatemala; la Fundación para el Estudio y Aplicación del Derecho (FESPAD) y el Comité de Familiares de Víctimas de Violaciones a los derechos humanos (CODEFAM) Marianela García Villas-" de El Salvador; el Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos de Honduras (CIPRODEH); el Comité de Derechos Humanos de Honduras (CODEH); el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH); el Departamento Jurídico Iglesia Luterana Costarricense (ILCO)- Costa Rica y la Comisión de Derechos Humanos de Panamá (CONADEHUPA). Estas organizaciones conforman un equipo regional que monitora la situación de los derechos humanos en Centroamérica mediante un proceso facilitado por el programa Centroamérica de la Federación Luterana Mundial -FLM- En la exposición se ha señalado la violación al derecho a una vida digna que implica el RD-CAFTA y la discriminación de la que han sido objeto sectores vulnerabilizados como las mujeres, niñez, pequeños productores y comunidades indígenas. Tal situación transgrede instrumentos internacionales de obligatorio cumplimiento de los Estados Centroamericanos. Se ha señalado que el RD-CAFTA inhibe a los Estados de sus responsabilidades de proveer el goce efectivo de los derechos humanos, así como sus deberes de protección mediante políticas públicas o medidas preventivas. Las organizaciones también han señalado la urgencia de sentar jurisprudencia que establezca claramente la prevalencia de principios e instrumentos de protección de derechos humanos sobre mecanismos de carácter comercial. Finalmente, se ha pedido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que realice una investigación sobre este tema, se pronuncie sobre el mismo y active el mecanismo de opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para establecer si los tratados de libre comercio vulneran derechos humanos contemplados en la Convención Americana y el Protocolo de San Salvador.