La victoria de los pueblos en la OMC
03/08/2006
- Opinión
A pesar de la insistencia de algunos países en salvar las negociaciones de la
llamada
Ronda de Doha, en la Organización Mundial de Comercio (OMC), no fue posible
llegar a un acuerdo. El último intento se desarrolló el 24 de julio en Ginebra,
cuando
el propio director general de la OMC, Pascal Lamy, recomendó la suspensión de
las
negociaciones. El ministro del Comercio de la India, Kamal Nath, fue más
enfático
al declarar que la ronda de Doha “está entre la terapia intensiva y el
cementerio”.
Esta fase de las negociaciones se inició en 2001, en la ciudad de Doha, capital
de
Qatar, y debió ser concluida en 2004. Sin embargo, incluso antes de este periodo,
la
OMC ya sufría de una falta de legitimidad prácticamente crónica. Este tipo de
encrucijada viene ocurriendo desde el fracaso de la Ronda del Milenio, marcada
por
grandes protestos en Seattle (EE UU), en noviembre de 1999.
Después de Seattle, la OMC tuvo dificultades incluso hasta para encontrar un
lugar
‘seguro' para sus reuniones, frente a las grandes movilizaciones de la sociedad.
Por
esta razón, la conferencia ministerial de 2001 se llevó a cabo en Qatar, un
pequeño
país del Golfo Pérsico, donde las protestas podían ser fácilmente reprimidas.
En 2003, el resultado de la reunión ministerial de la OMC en Cancún, México, fue
considerado un fracaso por sectores conservadores y un éxito por los movimientos
sociales. El lema de las organizaciones que prepararon las protestas era “sacar
la
OMC de su camino”, lo que realmente ocurrió.
En todas las situaciones de impasse en la OMC, se constatan los mismos motivos.
Los países industrializados no aceptan reglas justas y los países periféricos
resisten en
puntos estratégicos de la negociación. Otro elemento fundamental es la
visibilidad de
los movimientos de oposición a la OMC, que además de las movilizaciones también
producen estudios críticos sobre sus impactos.
Desde el inicio de las negociaciones de la Ronda de Uruguay, en 1995, la OMC
está
funcionando como un poder legislativo global, con el objetivo de favorecer a las
grandes empresas a través de la imposición de una serie de reglas para la
apertura de
mercados, en detrimento de derechos fundamentales como trabajo, salud, educación,
protección al medio ambiente y soberanía alimentaria.
Muchas políticas propuestas en el ámbito de la OMC han sido implementadas a
través de acuerdos comerciales bilaterales o regionales y de medidas impuestas
por
instituciones financieras multilaterales como el Banco Mundial y el Fondo
Monetario
Internacional. Sin embargo, el avance de la Ronda de Doha podía significar la
perpetuación y profundización de políticas que dificultan cada vez más la
capacidad
de que los países opten por un modelo de desarrollo basado en los intereses
nacionales y en la autodeterminación de los pueblos. A pesar del discurso sobre
“desarrollo”, las políticas defendidas en el ámbito de la OMC se basan en la
desregulación de sectores estratégicos que, a lo largo de la historia,
garantizaron el
bienestar de muchas sociedades.
El fracaso de la Ronda de Doha debe servir para desmitificar algunas
características
de la OMC. Una de ellas es la propia idea de la OMC como institución que
promueve
el “libre comercio”. En verdad, el principal papel de la OMC es establecer
mecanismos de control del mercado mundial, a través de la imposición de reglas
restrictivas que pueden inviabilizar las políticas nacionales de desarrollo,
sean
agrícolas o industriales.
Otro mito es el presunto carácter multilateral de la OMC. Luego de la reciente
suspensión de las negociaciones, el director general de la OMC, Pascal Lamy,
afirmó:
“Perdimos una oportunidad muy importante de mostrar que el multilateralismo
funciona".
Sin embargo, en la práctica, pocos de los 149 países miembros de la OMC
participan
efectivamente de las negociaciones. La mayoría de los gobiernos no tiene
condiciones de mantener representantes en Ginebra, donde está localizada la sede
de
la OMC. Además, existen otros mecanismos de exclusión, como la creación del
grupo de países “más interesados” o G6, que realiza reuniones cerradas para
intentar
imponer sus posiciones. Participan en este grupo Estados Unidos, Unión Europea,
Japón, Australia, Brasil e India.
Bajo el lema del “libre comercio”, la OMC busca interferir en cuestiones mucho
más
amplias que las negociaciones comerciales. Sus acuerdos incluyen la imposición
de
leyes de patente o “propiedad intelectual” que, entre otras cosas, dificultan el
acceso a
los medicamentos de las poblaciones más empobrecidas, y favorecen el control de
semillas y biotecnología por las grandes empresas. Los acuerdos sobre
“servicios”
defendidos en la OMC buscan privatizar derechos básicos como salud, educación y
previsión social, además de promover el monopolio privado de sectores
estratégicos
como transporte, correos, agua, energía y telecomunicaciones.
El debate en la OMC sobre la reducción de aranceles de productos no-agrícolas
excluye un elemento importante. En realidad, para muchos países no-
industrializados,
los aranceles de importación significan fuentes importantes de recursos, pues
operan
como impuestos cobrados a las empresas extranjeras por los lucros obtenidos en
estos mercados. Muchas veces, estos aranceles significan para estos países, el
mayor
ingreso para inversión en infraestructura y servicios esenciales. En relación a
los
países caracterizados como “emergentes”, o con alguna infraestructura industrial
significativa, la propuesta de reducción de aranceles discutida en la OMC puede
representar la inviabilidad de la continuidad de una estrategia de desarrollo de
este
sector.
A pesar la difusión constante de diversos “mitos”, la OMC sigue enfrentando una
grave crisis de credibilidad. Al final, sólo hay dos posibilidades de que los
gobiernos
lleguen a un acuerdo: (1) si los países “centrales”, como Estados Unidos y la
Unión
Europea renuncian a la protección de su industria, su agricultura y su economía;
o (2)
si los países “periféricos” aceptan las imposiciones de la OMC para abdicar de
un
modelo soberano de desarrollo.
Nadie debe realmente creer que la primera opción va a ocurrir. En relación a la
segunda posibilidad, esperamos que los gobiernos de nuestros países escuchen las
manifestaciones de la sociedad. (Traducción ALAI)
- Maria Luisa Mendonça es periodista e integrante de la Red Social de Justicia y
Derechos Humanos.
https://www.alainet.org/es/articulo/116440?language=es
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