Los conflictos del país y del mundo aparecen en estos inciertos tiempos ligados al petróleo. Las mujeres estamos atentas a estos acontecimientos que afectan directamente nuestras vidas y la del planeta todo. En Ecuador, hechos recientes confirman la escalada de violencia que tiene como principal escenario la Amazonía, y nos llevan a interrogar cuál es el rol actual de las Fuerzas Armadas en vínculo con la explotación petrolera. Vemos con preocupación el uso de la violencia indiscriminada e irracional, ejercida en común por las empresas petroleras y las Fuerzas Armadas en contra de la población y de las organizaciones que reclaman el respeto a los derechos humanos y ambientales. Nos avergüenza constatar que las Fuerzas Armadas declinen el mandato constitucional de precautelar nuestra soberanía, y opten por degradar su rango hasta convertirse en guardias de seguridad privada al servicio de las compañías petroleras transnacionales. Nos indigna, de manera particular, el enjuiciamiento instaurado contra Alexandra Almeida, directora Presidenta de Acción Ecológica. Señalamos como absurdo este enjuiciamiento penal contra Alexandra Almeida, que fuera anunciado el pasado 4 de julio por el Ministro de Defensa, Gral. Oswaldo Jarrín, por supuestas injurias contra las Fuerzas Armadas. El Ministro afirmaba que es inadmisible que tal institución haya sido acusada de "desaparecer" al defensor de derechos humanos Wilman Jiménez, quien estuvo detenido por 15 días en un recinto militar, bajo el dudoso amparo de la suspensión de los derechos civiles por la vigencia del estado de emergencia en las instalaciones petroleras. El Ministro demanda ante la justicia civil -esa que el estado de emergencia desconoce- a una mujer que denunciaba precisamente que el defensor de derechos humanos estaba siendo distraído de sus jueces naturales, privado de su libertad ilegalmente, violando sus elementales derechos. Ella denunció que el estado de emergencia invocado para tales acciones correspondería a una situación de guerra, y que resultaba fuera de lugar aplicarlo contra conciudadanos desarmados, cuyo único objetivo es lograr que una empresa petrolera extranjera cumpla con las leyes nacionales y con sus responsabilidades con la población local. Preguntamos: ¿Qué situación está detrás del ataque de la máxima institución militar contra una mujer que representa la lucha de los ecologistas por la defensa de la soberanía y el ambiente? ¿Qué puede haber pasado para que los militares resulten en el bando contrario, junto con empresas petroleras extranjeras, de quienes defienden la soberanía, la dignidad y la integridad ambiental de nuestro país? ¿Por qué Wilman Jiménez y otras cinco personas que han protestado por los daños provocados por las petroleras están siendo procesadas por "terrorismo y sabotaje", mientras las empresas que cometen actos de ese tipo al contaminar el agua, el suelo, el aire, provocando enfermedades y muerte en los lugares donde se asientan, permanecen en la impunidad? Consideramos que estos acontecimientos profundizan la violencia inherente a la explotación petrolera en sí misma, pues, tal como ha sido realizada en nuestro territorio, implica la depredación de la naturaleza, la destrucción de las culturas indígenas, la militarización. En las zonas petroleras florece la explotación sexual comercial, y las mujeres estamos más expuestas a diferentes formas de acoso y violencia sexual. Nos declaramos directamente perjudicadas por el injusto reparto de la renta petrolera, cuyas magnitudes extremas llevaron a la reciente reforma a la Ley de Hidrocarburos. En 34 años de explotación, las transnacionales se han apropiado del recurso dejando destrucción y pobreza. Los ingresos provenientes del petróleo, en promedio han significado el 42 % del presupuesto público, sin embargo, de este mismo presupuesto, también en promedio, se ha destinado cada año el 50% para pagar la deuda externa. Nosotras, con el trabajo cotidiano mal pagado o no pagado, hemos sostenido la vida, aún en las etapas más críticas de una economía sometida a los dictámentes neoliberales. Compensamos con nuestros esfuerzos, cada vez más, las deficiencias de los servicios públicos de salud, de educación, de bienestar social, afectados por las políticas privatizadoras. Somos cada vez más entre quienes migran en busca de recursos que un país entregado a las transnacionales nos niega. Estamos junto a los pueblos indígenas y a la población de la Amazonía que enfrentan con valentía a sus depredadores y, al defender sus legítimos derechos a la existencia, precautelan un ecosistema que es garantía de vida para todas/os. Estamos junto a Alexandra, que como blanco de la persecución de las FF.AA, encarna la lucha de organizaciones y ciudadanas/os inconformes con la destrucción y las injusticias causadas por las transnacionales petroleras, amparadas ahora más que nunca en la prepotencia imperial y en la debilidad de las instituciones nacionales. Rechazamos la criminalización de la protesta y de la acción ciudadana. Reivindicamos nuestro pleno derecho a expresar desacuerdo, a denunciar, a realizar acciones en defensa de los derechos y de la vida, de la dignidad y de la libertad. Demandamos a las Fuerzas Armadas el inmediato cese de la persecución contra Alexandra Almeida y las/os defensores de los derechos humanos en la Amazonía. Los juicios deben ser levantados y reparada su honra. La caduca Ley de Seguridad Nacional y las acusaciones de terrorismo y subversión deben dejar de ser usados para perseguir a activistas del ecologismo y de los derechos humanos. Acción Ecológica,
Altercom,
Centro de Derechos Economicos y Sociales -CEDES-,
Comisión Ecuménica de Derechos Humanos -CEDHU-,
Corporación Humanas,
Fundación Pueblo Indio,
Red de Mujeres Transformando la Economía - REMTE Invitamos a adherirse a este manifiesto, enviado un mensaje de respuesta con su nombre y el de su organización (de ser el caso) a la siguiente dirección electrónica: remte@fedaeps.org